La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que este jueves 4 al mediodía cerrarán las inscripciones para carrera Contrarreloj que se llevará a cabo el 7 de noviembre en Avenida General Paz.
Además se comunica que esta arteria permanecerá cerrada desde las 8 hasta las 12 horas de esa jornada mientras se lleve adelante la competencia ciclística.
Toto Caputo está desesperado para conseguir los dólares que le faltan para pagar el vencimiento de deuda del próximo viernes 9 de enero y, entre otras maniobras, está presionando a Maximiliano Pullaro para que liquide los 800 millones de dólares que Santa Fe tomó para obras.
«Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares», dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación. En el mercado descuentan que eso empujará el precio del dólar, por lo que para Santa Fe la liquidación en este momento podría ser desventajosa.
Las fuentes del gobierno de Pullaro agregaron que tienen 180 días para liquidar esos dólares y que la idea es ingresando esas divisas a medida que avance el plan de obras para el que fue tomada esa deuda.
El próximo viernes 9 de enero Caputo tiene que pagar el vencimiento de bonos por 4.324 millones de dólares. Según estimaciones del mercado, el ministro tiene entre 2000 y 2600 millones de dólares, aunque hay otros más pesimistas como la consultora 1816 que sostienen que tiene algo más de 1800 millones de dólares.
Un factor clave respecto de las dudas que hay en el mercado sobre con cuántos dólares cuenta Caputo es que hasta la semana pasada estuvo reventando divisas para que no se vaya el precio. La semana previa a Navidad quemó USD 241 millones en dos días y, aunque no hay datos certeros, se estima que la pérdida fue peor la semana pasada.
La exigencia a Pullaro no fue la única maniobra desesperada de Caputo. Este fin de semana salió a decir por la red social X que los bancos «no rompan las pelotas» a sus clientes con exigencias legales para que puedan sacar los dólares del colchón amparados en la nueva ley de inocencia fiscal.
Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares, dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación
Al mismo tiempo, Caputo le pidió al Banco Nación que salga a pedir a la gente que vayan a depositar los dólares. «El Banco Nación está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros», informó la entidad.
Por otro lado, en Economía se enojaron con el diario Clarín por una nota que sostiene que Caputo quiere evitar el default. «En tema deuda, no hemos hecho otra cosa que pagarla», tuiteó el canciller Quirno. «No hay ninguna duda que se van a pagar los vencimientos», dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo mismo hicieron otros funcionarios y dirigentes libertarios que atacaron al medio por utilizar la palabra default.
El sábado, Javier Milei aseguró en una entrevista que «Argentina va a pagar», pero se escapó cuando le consultaron cómo. «Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar», respondió.
El problema es que justamente Caputo no sabe todavía como conseguir los dólares que le faltan. Semanas atrás el ministro aseguró que tenía un préstamo repo con bancos internacionales por hasta 7 mil millones de dólares, pero no hay novedades. Tampoco está claro que pueda activar el swap con el Tesoro de Estados Unidos.
Otra maniobra desesperada de Caputo fue la publicación de una resolución para apurar el pago del canon de los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia, por 706 millones de dólares. Según la consultora 1816, todavía no ingresaron.
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El cambio de mando en el Puerto Dock Sud disparó un choque con gerentes que vienen de la pasada estructura y que ahora fueron desplazados por sospechas de negociados y de una intervención irregular en la licitación clave del dragado.
La reestructuración que encaró Mónica Litza al asumir como titular del consorcio portuario fue rechazada por la Unión de Personal Superior Ferroviario (UPSF), gremio en el que están encuadrados los gerentes desplazados y que denunció un «avasallamiento» a los trabajadores de carrera.
Por eso, UPSF convocó para este martes a una movilización «en solidaridad a los compañeros de carrera del Consorcio Dock Sud» y «por la defensa de la carrera administrativa».
«No mencionan despidos porque no hay ninguno», señalaron a LPO cerca del directorio portuario, donde sostienen que tampoco se tocará la carrera administrativa de los desplazados ya que solo se trata de un cambio de funciones.
En Dock Sud sostienen que la marcha es motorizada por el ex miembro del directorio Leonardo Salom, quien conformó el sindicato UPSF tras perder la interna y ser expulsado del gremio de los trabajadores jerárquicos Apdfa, que está en el convenio del consorcio y tiene una silla en el directorio.
En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones fueron apoyadas por unanimidad en el directorio.
Fuentes de Apdfa señalaron a LPO que no sólo no se sumarán a la movilización de este martes contra Litza, sino que aseguran que se trata de «una movida que está armando Salom» para sostener como gerente de Legales al desplazado Ignacio Leonardi, que a la vez es el delegado del gremio en el puerto.
En Apdfa lo ubican a Leonardi como el brazo ejecutor de Salom y lo culpan de ser el ejecutor de despidos de trabajadores que, ahora, están logrando reincorporar.
Previo a su llegada a Dock Sud, Leonardi tuvo durante el macrismo un paso como director de Recursos Humanos del Hospital Posadas, donde una asamblea de trabajadores lo declaró persona no grata a partir de despidos.
Mónica Litza junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al asumir al frente del Puerto Dock Sud semanas atrás.
Actualmente, Leonardi es acusado de ser el emisario de Salom en el puerto de Comodoro Rivadavia para ejecutar persecución de trabajadores enrolados en Apdfa.
En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones (fundamentalmente la relativa a Leonardi) fueron apoyadas por unanimidad por los miembros del directorio.
Además, recalcaron que UPSF no cuenta con personería jurídica en la seccional que abarca al puerto. «Están invocando una representatividad que no tienen», aseguran voces con llegada al directorio.
En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo.
En concreto, las sospechas que se posan sobre Salom y Leonardi hablan de «un circuito paralelo» y una serie de irregularidades con epicentro en las gerencias de Legales y Finanzas que habían desarticulado áreas del organigrama original del puerto para así tener el control del circuito de compras y licitaciones.
«La movida que hacen no es por una reivindicación de los trabajadores sino para seguir manteniendo una posición de poder», señaló una fuente que defendió el desplazamiento de Leonardi.
En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo.
LPO contó que aquella compulsa fue ganada por la UTE compuesta por Compañía Sudamericana de Dragados (filial local de la Belga Jan de Nul) y ServiMagnuss.
No obstante, hoy ese proceso está observado, a la espera de lo que dicten los organismos de control provinciales, siendo una posibilidad concreta que se caiga y se haga un nuevo llamado.
Hay voces del entramado portuario que hablan que hay presiones de la china CCCC para que se haga un nuevo llamado y así poder ingresar su oferta.
«Se va a encargar una auditoría», adelantaron a LPO cerca del directorio, donde señalaron que uno de los objetivos centrales es transparentar los procesos licitatorios.
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
Muchos buscan cual sería el concepto más poderoso de todos.Algunos dicen que es el tiempo. Ya que gracias al tiempo la semilla logra dar sus frutos. Pero los frutos si no son aprovechados, en si mismos, ¿Qué propósito cumple?.Otros dicen que lo mas poderoso no es el tiempo, si no a lo que le prestas…
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