Lula cree que la prohibición de las apuestas online le dará la ventaja que necesita para ganar el balotaje

Lula cree que la prohibición de las apuestas online le dará la ventaja que necesita para ganar el balotaje

Lula firmó el decreto que prohíbe las apuestas deportivas online. La medida prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas bets en todo Brasil y alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos online, incluso aquellos autorizados por gobiernos estaduales. 

Según el gobierno en el acto de anuncio realizado en San Pablo, la decisión busca enfrentar los efectos asociados al endeudamiento familiar, la adicción al juego y la pérdida de ingresos destinados a necesidades básicas. Lula sostuvo que las apuestas digitales llevaron el «casino» al interior de los hogares, especialmente por la facilidad de apostar desde el celular. 

En su discurso, Lula dijo que «este país que estaba en contra de los casinos, en contra de las peleas de gallos, en contra de muchísimas cosas, ha traído el casino a su propia casa. El casino está en la cocina, está en la sala de estar·.

 «No permitiremos que se dejen usar por las tarjetas de crédito o las apuestas para gastar el dinero destinado a la leche de sus hijos, al pan de sus hijos, al dinero de sus comidas», afirmó.

El 75% de los brasileños apoya la propuesta de Lula para prohibir las apuestas on line

En ese marco, el gobierno brasileño presentó un cronograma que comenzó este viernes con la  prohibición de los nuevos depósitos. Luego, hasta el 5 de octubre, los usuarios pueden retirar voluntariamente el dinero que tengan en las plataformas.

El proceso sigue el 6 de octubre con la salida de circulación de los sitios y aplicaciones deberán salir de circulación. El 7 y 8 de octubre, las empresas deberán informar a los bancos los saldos pendientes y del 9 al 14 de octubre las entidades financieras deberán devolver esos fondos a los apostadores. Si existen problemas para concretar los pagos, la Caixa Econômica Federal actuará como intermediaria.  

No permitiremos que se dejen usar por las tarjetas de crédito o las apuestas para gastar el dinero destinado a la leche de sus hijos, al pan de sus hijos, al dinero de sus comidas

La prohibición también alcanza a la publicidad y los patrocinios. No podrán celebrarse nuevos contratos y los anuncios ya contratados podrán mantenerse solamente durante el período de transición, hasta el 5 de octubre. 

Esto puso en pie de guerra a los principales clubes de fútbol de Brasil como Flamengo o Fluminense que lo un golpe de muerte al ingreso de recursos económicos y volvieron a salir con comunicados criticando la medida. 

Lula cree que la prohibición de las apuestas online le dará la ventaja que necesita para ganar el balotaje

Sin embargo, las encuestas muestran una abrumadora mayoría en defensa de la medida porque se trata de un flagelo que afecta de manera notable a las familias brasileñas y un proceso de endeudamiento que está en crecimiento. 

La prohibición también alcanza a la publicidad y los patrocinios. No podrán celebrarse nuevos contratos y los anuncios ya contratados podrán mantenerse solamente durante el período de transición, hasta el 5 de octubre.

El gobierno afirma que Brasil había concedido 85 autorizaciones, por un valor de R$ 30 millones cada una, equivalentes a R$ 2.550 millones. La extinción de esas autorizaciones se plantea por razones de interés público y, según la medida, no genera derecho a indemnización por ganancias futuras o inversiones realizadas. 

La decisión crea además un Comité Institucional de Fiscalización y Combate a la Explotación Ilegal de Apuestas, coordinado por la Casa Civil, para integrar a organismos como la Policía Federal, Receita Federal, Banco Central, Anatel y Coaf. El gobierno prevé bloquear sitios y aplicaciones ilegales y crear mecanismos para impedir que operadores identificados como ilegales reciban dinero mediante Pix o TED. 

Lula quiere prohibir las apuestas on line y abre un frente de conflicto con los clubes de fútbol 

También utilizará herramientas de inteligencia artificial para detectar plataformas clandestinas y rastrear sus movimientos financieros. Paralelamente, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer penas de prisión de hasta seis años para determinadas formas de explotación clandestina de apuestas y sanciones administrativas que podrían alcanzar R$ 2.000 millones.

 En efecto, la decisión supone un cambio radical respecto del modelo de regulación de las bets implementado en Brasil y en el equipo de campaña de Lula están convencidos que será bien recibido por la población en un escenario electoral de extrema paridad. 

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  • Explosión Ezeiza: los parques industriales niegan responsabilidad

     

    Tras la explosión ocurrida este viernes en una planta química de Ezeiza, que generó un incendio de enormes proporciones, las autoridades del Parque Industrial de Ezeiza difundieron un comunicado para aclarar la situación

    En el comunicado las autoridades indicaron que el estallido no sucedió dentro de sus predios ni del vecino Parque Industrial de Spegazzini, como se había difundido en algunos medios. Además, solicitaron expresamente que se rectifique esa información para evitar confusiones y consultas innecesarias a las empresas instaladas en la zona. Remarcaron que el siniestro tuvo lugar en una zona conocida como Polígono Industrial, un espacio externo a ambos parques que agrupa otras actividades industriales. Aclararon que tanto el Parque de Ezeiza como el de Spegazzini continúan operativos y fuera de peligro.

    Respecto a las personas afectadas, los parques industriales señalaron que no hubo víctimas fatales y que los heridos trasladados a centros asistenciales fueron dados de alta. Explicaron que se dispusieron ambulancias y recursos adicionales para apoyar a los equipos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales durante la emergencia. Los destacamentos de ambos parques fueron los primeros en llegar al lugar, aportando información clave y activando los protocolos establecidos.

    Las autoridades añadieron que, conforme a las normas internas, los tanques de agua de los parques volcaron parte de su capacidad para abastecer a las autobombas que trabajaban en el incendio. Durante horas, los equipos de bomberos cargaron agua en esos predios mientras continuaban las tareas de enfriamiento y control del fuego. Al cierre del comunicado, se agradeció el accionar de bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y funcionarios municipales y provinciales.

    Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que ya no quedan pacientes internados por el incidente. Detalló que la mayoría de los heridos fueron dados de alta y que los casos restantes permanecen estables. También señaló que hubo 15 lesionados leves por la onda expansiva y destacó la intervención del Centro Provincial de Toxicología, que atendió más de 40 consultas relacionadas con la explosión sin necesidad de derivaciones.

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

  • El Gobierno apuesta al diálogo federal para avanzar con su agenda de reformas

     

    Milei convocará a mandatarios provinciales en busca de un nuevo pacto político en noviembre.

    El Gobierno nacional prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas para el mes de noviembre, con el propósito de impulsar acuerdos estratégicos que allanen el camino hacia la aprobación de reformas laborales y tributarias en el Congreso. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, busca reconstruir un consenso político amplio en el marco de la nueva composición legislativa que surgirá tras las elecciones del 26 de octubre.

    La reunión se plantea como una suerte de renovación del “Pacto de Mayo”, en la que el Ejecutivo pretende delinear una hoja de ruta conjunta para los próximos dos años de gestión. Desde Casa Rosada destacan la necesidad de consolidar un bloque de apoyo interjurisdiccional que permita avanzar con las reformas estructurales pendientes y fortalecer la gobernabilidad. Según fuentes del entorno presidencial, el objetivo es “acordar con todos los que se pueda acordar”, priorizando el diálogo por encima de las diferencias partidarias.

    El plan incluye el acercamiento a mandatarios provinciales de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros, con quienes se espera articular políticas en áreas clave como Energía, Obras Públicas, Minería y Agricultura. Paralelamente, el Ejecutivo analiza ajustes internos en el gabinete nacional, aunque se descarta cualquier modificación en los ministerios más sensibles —Seguridad, Defensa y Justicia—. En cambio, se prevé una reevaluación del Ministerio del Interior, especialmente si Guillermo Francos deja su rol en la Jefatura de Gabinete.

    Con este llamado al consenso federal, el Gobierno busca reposicionar su liderazgo político, ampliar su base de sustentación y avanzar en un acuerdo de gobernabilidad que le permita sostener sus reformas más ambiciosas.

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  • Encuesta: el 76% prefiere una mejora de los ingresos antes que una baja de la inflación

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