Martín y Lule Menem piensan retomar su ofensiva contra Santiago Caputo después de la sanción de la reforma laboral. «En Marzo vuelve el ataque de los riojanos para sacar a Santiago del Gobierno», anticipó a LPO un importante funcionario del gobierno libertario.
Luego de las elecciones los riojanos jugaron fuerte para expulsar al asesor del gobierno. Pero Santiago Caputo logró conservar todas las áreas que manejaba y hasta afianzó su control en la SIDE y ARCA. Fue determinante la relación directa que tiene con Milei y una evaluación que le atribuyen a su hermana Karina: «es mejor tenerlo adentro que afuera».
Pero la interna no se zanjó. Los Menem siguen activos y la semana que pasó operaron fuerte sobre Karina para convencerla que deje a Manuel Adorni «a cargo» del gobierno durante los días en que se ausentará del país para acompañar a su hermana a la cumbre de Davos.
«Hay que evitar que Santiago se quede con el Gobierno», argumentaron los Menem.
Desde el sector del asesor presidencial, esta vez eligieron no confrontar y pese a las insistentes consultas de LPO a varios de sus dirigentes, la respuesta fue la misma: «No hay nada para comentar».
Pero nadie se hace ilusiones. En las Fuerzas del Cielo saben que después de la sanción de la reforma laboral, prevista para las extraordinarias de febrero, los Menem volverán a presionar a fondo para sacar a Caputo del gobierno.
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Mientras desde la semana pasada los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero, el Gobierno de Milei decidió también llevar a cero el aporte obligatorio que las empresas electrónicas de Tierra del Fuego debían hacer al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. La combinación de ambas medidas redefine el equilibrio del sector, beneficia a los grandes jugadores y deja en suspenso la promesa de diversificar la economía fueguina.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en e Boletín Oficial, fijó en 0 % el aporte que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego estaban obligadas a realizar al FAMP – Fueguina, un fondo creado para ampliar la matriz productiva provincial. Ese aporte, establecido en el Decreto 727/2021, equivalía al 15 % del beneficio obtenido por IVA y había sido presentado como la contraprestación para extender hasta 2038 los beneficios del régimen especial de la Ley 19.640.
La decisión se conoce en paralelo a la eliminación total del arancel de importación de celulares, que completó el esquema iniciado en mayo de 2025 con el Decreto 333, cuando el derecho bajó del 16 % al 8 %. Desde el jueves pasado, el arancel pasó a cero, cerrando el cronograma definido por el propio Gobierno.
Dos decisiones que cambian el tablero
La eliminación del arancel a los celulares fue presentada por el oficialismo como una medida para “bajar precios y aumentar la competencia”. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en redes sociales asegurando que implicaba “menos impuestos y mejores precios para todos”. Sin embargo, los datos del sector muestran que la reducción previa del arancel no generó una avalancha de importaciones legales: en todo 2025 ingresaron por canales formales poco más de 334 mil celulares, una cifra incluso levemente inferior a la de 2024.
En ese escenario, la Resolución 20/2026 aparece como la otra cara de la misma política. Ante la pérdida de competitividad provocada por la desregulación económica y la apertura comercial, el Gobierno optó por aliviar completamente la carga que recaía sobre las empresas fueguinas, eliminando el aporte al fondo que debía financiar nuevos proyectos productivos.
El argumento oficial reconoce explícitamente que las condiciones tributarias y arancelarias cambiaron en perjuicio de la industria local, lo que habilitó, según la normativa vigente, la reducción del aporte incluso hasta cero. La recomendación fue avalada por el Comité Ejecutivo del propio FAMP y por informes técnicos del Ministerio de Economía.
Tierra del Fuego: alivio empresario, fondo vaciado
Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas de la isla, señalaron que la apertura importadora implicó un desafío significativo para el sector y que, desde el anuncio del Decreto 333, se avanzó en reducción de costos, mejoras logísticas y eficiencia productiva, incluyendo la utilización de bitrenes y la eliminación de impuestos internos para los productos fabricados en la provincia.
Sin embargo, el núcleo del problema, según las propias empresas, no es la importación legal, sino el contrabando: uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabrica en el país ni ingresa por canales oficiales. En ese marco, la industria electrónica emplea cerca de 10 mil personas, unas 4 mil en el segmento de celulares, y ya se registró la caída de alrededor de 500 contratos, en un contexto de demanda deprimida.
La resolución deja en evidencia una contradicción central: mientras se mantiene intacto el régimen promocional hasta 2038, se elimina el principal mecanismo pensado para financiar la diversificación productiva. El FAMP, creado para reducir la dependencia del ensamblaje electrónico, queda sin su fuente más relevante de ingresos justo cuando la apertura comercial vuelve a tensionar el modelo.
Precios, importadores y el relato oficial
En el comercio minorista, la eliminación del arancel impacta principalmente en los celulares importados de alta gama, como el iPhone. Desde las cadenas especializadas admiten que los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costo, y que parte de la baja ya fue trasladada a precios. Algunos modelos redujeron su valor hasta un 30 % en términos reales, empujados también por la caída del consumo.
No obstante, incluso desde el sector privado reconocen que el margen para nuevas bajas es limitado, entre otros factores por el encarecimiento global de memorias y componentes vinculados al boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, la apertura no garantiza ni precios populares ni un mercado más ordenado, mientras el contrabando sigue siendo el principal factor distorsivo.
La combinación de arancel cero para importar celulares y aporte cero para las empresas fueguinas deja un mensaje claro: el Estado resigna herramientas de regulación y financiamiento productivo, confía en el ajuste del mercado y posterga, una vez más, la discusión de fondo sobre el modelo industrial.
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