Lo positivo de estos acontecimientos es poder identificarnos

Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.

Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.

Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder.
La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.

La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.

En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.

Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.

Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.

Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad.
Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.

La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.

Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.

El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.

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    Controles a hinchas en rutas: el gobierno amplía el poder policial y abre un nuevo frente de polémica

     

    Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita controles federales en rutas y accesos para revisar vehículos que transporten hinchas rumbo a partidos de fútbol. La medida, firmada por Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad —sucesora de Patricia Bullrich— amplía el poder de las fuerzas federales fuera de los estadios y permite retener objetos que ni siquiera constituyen delito. El gobierno la presenta como una política preventiva contra la violencia en el fútbol; especialistas advierten que abre zonas grises sobre derechos y discrecionalidad policial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El nuevo control a hinchas empieza en la ruta

    La Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos, un esquema que habilita a fuerzas federales a realizar controles preventivos a hinchas de fútbol durante los traslados hacia los estadios.

    Hasta ahora la mayoría de los operativos de seguridad se concentraban en las inmediaciones de los estadios o en los accesos urbanos. La nueva norma extiende el operativo a rutas nacionales, autopistas y corredores interurbanos, donde se podrán detener colectivos, autos o motos cuando exista la presunción de que transportan hinchas.

    La resolución establece que el objetivo es anticipar situaciones de violencia antes de que lleguen al estadio, en coordinación con fuerzas provinciales y autoridades deportivas.


    Retenes, requisas y secuestro de objetos

    El programa autoriza a las fuerzas federales a:

    • detener vehículos que transporten parcialidades
    • inspeccionar personas y equipaje
    • impedir el ingreso de objetos considerados potencialmente peligrosos

    Uno de los aspectos más discutidos es que los objetos retenidos no necesariamente deben ser ilegales. La resolución permite secuestrar elementos que, según el criterio del agente, podrían utilizarse en hechos de violencia dentro del evento deportivo. Esto incluye herramientas, mástiles u otros objetos contundentes que normalmente no constituyen delito.

    En caso de detectar armas, drogas o personas en estado de intoxicación, el procedimiento debe pasar a la justicia.


    Controles migratorios y presencia de extranjeros

    La resolución también contempla situaciones vinculadas a hinchas extranjeros. Si durante los operativos se detecta a personas de otra nacionalidad con situación migratoria irregular, las fuerzas federales deberán dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evalúe las medidas correspondientes.

    El punto genera debate porque introduce controles migratorios dentro de operativos de seguridad deportiva, algo que hasta ahora no era habitual en los dispositivos ligados al fútbol y que profundiza una creciente persecución xenofóbica. En la práctica, abre la puerta a que controles a hinchas incluyan también verificaciones sobre documentación migratoria.


    La continuidad del modelo Bullrich

    La resolución no surge en el vacío: forma parte de una continuidad del modelo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, que durante su gestión había instalado una lógica de fuerte intervención preventiva.

    Entre esas políticas se destacaron:

    • Tribuna Segura, sistema de control de antecedentes para ingresar a estadios
    • ampliación del derecho de admisión
    • protocolos que reforzaban el poder operativo de las fuerzas federales

    La nueva resolución profundiza ese enfoque, pero con una diferencia clave: lleva el control policial fuera del estadio y lo traslada a la circulación en rutas y transportes.


    La zona gris de los derechos

    Juristas consultados señalan que el problema principal no es el objetivo de la norma —prevenir violencia— sino la amplitud del criterio policial que habilita.

    La resolución permite controles cuando exista “presunción de condición de parcialidad”, una fórmula muy abierta que podría incluir situaciones como:

    • llevar camiseta de un club
    • viajar en grupo
    • estar en un colectivo identificado con hinchas

    Ese criterio podría tensionar principios constitucionales como:

    • la libertad de circulación
    • la presunción de inocencia
    • la prohibición de discriminación

    También genera debate el punto que permite retener objetos legales por mera sospecha de uso indebido.


    Seguridad preventiva o expansión del poder policial

    Desde el gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la violencia en el fútbol y desarticular movimientos de barras antes de los partidos. Pero críticos de la resolución advierten que se trata de una expansión significativa del poder policial preventivo, que otorga a las fuerzas federales facultades amplias para controlar ciudadanos que no han cometido ningún delito.

    El verdadero impacto de la medida, coinciden especialistas, dependerá menos de la letra de la resolución que de cómo se aplique en la práctica. Si se utiliza para desarticular barras violentas, podría ser una herramienta útil. Si se aplica de forma indiscriminada, advierten, puede convertirse en un mecanismo de control masivo.

     

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    Adorni y el avión presidencial: criticaba a la “casta” y ahora (con la tuya) viaja con la esposa

     

    El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó envuelto en una fuerte polémica luego de confirmar que su esposa viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial junto a la comitiva oficial. La explicación del funcionario —“vengo a deslomarme y quería que me acompañe”— generó críticas y reavivó el debate sobre el uso de recursos del Estado por parte de un gobierno que llegó prometiendo austeridad y denunciando privilegios de la “casta”.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La “austeridad” libertaria, versión avión presidencial

    Mientras el gobierno repite como mantra que “no hay plata”, el jefe de Gabinete Manuel Adorni admitió públicamente que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, viajó con la comitiva oficial a Estados Unidos en el avión presidencial que trasladó a Milei y a varios funcionarios a Nueva York.

    La revelación generó un inmediato pedido de informes en el Congreso para saber quién pagó el viaje, por qué se la incluyó en la comitiva oficial y qué rol cumplía, ya que Angeletti no ocupa ningún cargo público.

    Ante la polémica, Adorni no negó el hecho. Por el contrario, lo confirmó y lo justificó con un argumento que sorprendió incluso a periodistas afines: “Vengo a deslomarme cinco días a Estados Unidos y quería que me acompañe porque es mi compañera de vida”, sostuvo.

    El funcionario insistió además en que “no le sacamos un peso al Estado”, afirmando que la invitación para que su esposa se subiera al avión presidencial habría surgido desde Presidencia. Sin embargo, la explicación no hizo más que aumentar las críticas.


    El privilegio que el propio gobierno denunciaba

    El episodio expone una contradicción que ya se volvió habitual en la gestión libertaria. Durante la campaña y los primeros meses de gobierno, Milei y sus funcionarios construyeron su discurso sobre una idea central: terminar con los privilegios de la “casta política”. Pero ahora, en la práctica, el relato parece desmoronarse.

    El avión presidencial ARG-01, un Boeing 757 utilizado para trasladar al Presidente y su comitiva oficial, no es precisamente un transporte privado ni un taxi aéreo: es un recurso del Estado destinado a misiones oficiales. Que una persona sin cargo público viaje en él, aunque no se facture un asiento adicional, plantea inevitablemente preguntas políticas y administrativas. Más aún cuando el argumento central es que el jefe de Gabinete “quería que su esposa lo acompañara”.


    Un gobierno que exige sacrificios… pero viaja cómodo

    La polémica ocurre en un contexto social especialmente delicado. Mientras el gobierno insiste en el ajuste fiscal, recortes presupuestarios y tarifas en alza, los gestos de privilegio dentro de la cúpula del poder adquieren otra dimensión política. Porque el problema no es sólo si el asiento generó o no un costo adicional. El problema es la concepción del Estado.

    Cuando un funcionario utiliza un recurso público para resolver un deseo personal —aunque se lo disfrace de invitación oficial— el mensaje que llega a la sociedad es claro: el sacrificio es para los de abajo, mientras el poder se reserva sus comodidades. La lógica es demasiado conocida en la historia política argentina.

    Y lo irónico es que quienes hoy gobiernan construyeron su identidad denunciando exactamente ese tipo de prácticas.


    A qué se dedica la mujer de Adorni

    La esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, se presenta profesionalmente como coach ontológica y consultora en desarrollo organizacional, actividad vinculada a cursos de liderazgo y coaching empresarial.

    Sin embargo, su entorno familiar ya había aparecido vinculado a polémicas. En una investigación publicada anteriormente por NLI, se reveló que la hermana de Angeletti —socia suya en actividades de formación— participaba en cursos para emprendedoras financiados por el gobierno porteño de Jorge Macri, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para ese tipo de programas mientras el propio Adorni atacaba la perspectiva de género.

    La situación no sólo exhibía una contradicción discursiva: también dejaba al descubierto cómo determinados circuitos de consultoría y coaching se nutren de programas estatales mientras el gobierno nacional cuestiona esas políticas.

    Hoy, con el viaje en el avión presidencial, el apellido vuelve a quedar en el centro de la escena. Y la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿era esto lo que Milei llamaba terminar con la casta?

     

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