Lo positivo de estos acontecimientos es poder identificarnos

Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.

Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.

Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder.
La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.

La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.

En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.

Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.

Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.

Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad.
Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.

La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.

Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.

El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.

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  • Los Menem ganan poder en la Justicia Federal de Córdoba

     

    En medio de un temblor institucional por las investigaciones patrimoniales al camarista Abel Sánchez Torres y a su pareja, la también camarista Graciela Montesi, el Senado confirmó que el 18 de agosto serán las audiencias previas a la designación de dos nuevos vocales federales que desembarcan. La fecha de la audiencia fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    Así, serán designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el abogado radical Facundo Cortés Olmedo y la funcionaria judicial Soledad Mancini, quienes ocuparán las vacantes clave que dejaron el fallecido Luis Rueda y el renunciado Ignacio Vélez Funes. Por distintas cuestiones, ambos tienen el aval de los primos Martín y «Lule» Menem.

    El trasfondo es un toma y daca en el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, actúa como el gran armador de la cartografía judicial del oficialismo. En ese contexto, cobran incidencia los Menem.

    El futuro vocal será Facundo Cortés Olmedo, ex funcionario municipal de Ramón Mestre, ex presidente del Congreso Provincial de la UCR y un destacado abogado particular, es primo hermano del diputado nacional libertario Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni, con línea directa con los primos Menem y, por ende, con Karina Milei.

    La otra vocal será Soledad Mancini, actual secretaria del Juzgado Federal N° 2, quien para quedarse con la terna contó con el aval de José Fabián Asís, vocal del Tribunal Oral Federal N° 2 y riojano como los Menem. Sin embargo, pesa más en Asís su interna con Sánchez Torres y Montesi, por lo que la nueva configuración de la Cámara Federal de Apelaciones ya es una victoria simbólica para él.

    De hecho, meses atrás, el propio Asís había dejado asentada la queja por la «mayoría automática» que ejercían Sánchez Torres y Montesi para votar fallos a favor de empresas por delitos tributarios, calificando la situación de insostenible.

    En una resolución, Asís señaló: Asís: «(La pareja) no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia. (…). A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad (…), ya que «su participación jugará en el caso como mayoría automática».

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    En ese sentido, hay que destacar que a llegada de los nuevos camaristas ocurre en el momento de mayor fragilidad institucional de la Cámara Federal cordobesa. La cúpula del tribunal cruje bajo el peso de una investigación criminal que salpica a su presidente, Abel Sánchez Torres, y a su pareja, la camarista Graciela Montesi.

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    En ese orden, la lupa del Ministerio Público no sólo está puesta sobre la presunta manipulación de expedientes, sino también sobre el patrimonio y los bienes de la pareja.

    En los pasillos de los Tribunales Federales el escándalo sumó un capítulo explosivo en las últimas horas: un viaje de la pareja a Punta del Este quedó bajo la mira de los investigadores, lo que profundizó la crisis por presunto enriquecimiento y falta de imparcialidad.

     

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    Mientras Argentina se juega una semifinal contra Inglaterra, Milei abre el Mar Argentino a empresas británicas y habilita el arbitraje internacional

     

    Mientras la Selección enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial, el Gobierno de Milei publicó un decreto que impulsa una licitación petrolera en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica y habilita el arbitraje internacional en los futuros contratos.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras millones de argentinos vuelven a vivir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más cargadas de historia del deporte mundial, con la Selección enfrentando a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el Gobierno de Milei eligió este miércoles para publicar un decreto que abre un nuevo proceso para la exploración petrolera en el Mar Argentino a partir de la iniciativa presentada por una empresa británica y que, además, habilita que los futuros contratos contemplen la posibilidad de resolver controversias mediante tribunales arbitrales internacionales.

    La coincidencia difícilmente pase inadvertida. Para la inmensa mayoría de los argentinos, Inglaterra nunca es un rival cualquiera. Malvinas, la guerra de 1982, los encuentros mundialistas de 1966 y 1986 y la permanente disputa diplomática por la soberanía de las islas convierten cada partido entre ambos países en un acontecimiento que trasciende largamente al fútbol. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la semifinal del Mundial, el Poder Ejecutivo avanzó con una decisión que vuelve a colocar a empresas británicas en el centro de un proyecto estratégico vinculado a los recursos naturales argentinos.

    Un decreto que abre la puerta a una licitación impulsada por una empresa británica

    El Decreto 590/2026, publicado este 15 de julio en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Energía para convocar a un concurso público internacional destinado a adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN_200, un bloque de aproximadamente cinco mil kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la plataforma continental argentina.

    La decisión no implica una adjudicación directa. De hecho, la normativa establece que deberá realizarse una licitación abierta en la que podrán participar distintas compañías. Sin embargo, el propio decreto explica que el procedimiento se inicia luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC, de origen británico, presentara formalmente una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en ese bloque del Mar Argentino.

    En otras palabras, el Gobierno pone en marcha un proceso administrativo cuyo punto de partida fue la iniciativa de una compañía británica interesada en explorar recursos hidrocarburíferos argentinos, una circunstancia que inevitablemente adquiere otra dimensión política cuando coincide con un nuevo enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.

    El arbitraje internacional vuelve al centro del debate

    El aspecto que probablemente genere mayor controversia no pasa únicamente por la futura participación de empresas extranjeras, sino por el régimen jurídico que acompañará esos contratos.

    El decreto autoriza expresamente que los acuerdos que eventualmente se firmen con la empresa adjudicataria puedan incluir cláusulas de arbitraje internacional, permitiendo que eventuales controversias entre el Estado argentino y las compañías privadas sean resueltas fuera de la Justicia nacional, conforme a los mecanismos previstos por la Convención de Nueva York de 1958.

    Si bien la norma aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares o la potestad tributaria del Estado, la decisión vuelve a abrir un viejo debate político sobre hasta qué punto la resolución de conflictos vinculados con recursos naturales debe quedar bajo jurisdicción de tribunales internacionales.

    La utilización de este tipo de mecanismos ha sido defendida históricamente por distintos gobiernos como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, aunque también recibió fuertes cuestionamientos desde sectores políticos, académicos y jurídicos que consideran que esos esquemas terminan condicionando la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas energéticas.

    De las tribunas a los negocios

    La publicación del decreto también llega después de otra decisión que despertó críticas entre excombatientes y distintos sectores políticos: la aceptación por parte del Gobierno argentino de las disposiciones de la FIFA que impidieron el ingreso a los estadios de banderas y símbolos vinculados con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, bajo el argumento de evitar manifestaciones políticas durante el Mundial.

    Aunque la FIFA sostiene desde hace años que los torneos deben desarrollarse sin expresiones de carácter político, la decisión fue interpretada por numerosos veteranos de guerra y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas como una nueva muestra de la escasa voluntad del Gobierno nacional para defender esa reivindicación en los escenarios internacionales, especialmente frente a un rival como Inglaterra, cuya presencia inevitablemente reaviva un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.

    En ese contexto, la publicación del Decreto 590/2026 termina reforzando una imagen que la oposición viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: un Gobierno que evita confrontar con el Reino Unido cuando se trata de la cuestión Malvinas y que, al mismo tiempo, impulsa políticas de apertura para que empresas británicas puedan competir por la exploración de recursos estratégicos en el Mar Argentino bajo contratos que incluso prevén mecanismos de arbitraje internacional.

    Mucho más que una coincidencia de calendario

    Probablemente el decreto hubiera generado debate cualquier otro día. Sin embargo, su publicación mientras Argentina vuelve a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial le agrega una carga simbólica imposible de ignorar.

    Mientras en las tribunas y frente a los televisores resurgen los recuerdos de Rattín, la guerra de Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, el Boletín Oficial publica una norma que habilita el inicio de un proceso para explorar petróleo en el Mar Argentino impulsado originalmente por una empresa británica y que contempla la posibilidad de resolver futuras controversias mediante arbitraje internacional.

    No se trata solamente de una coincidencia deportiva. Se trata del contraste entre dos formas muy distintas de entender la relación con el Reino Unido: una que mantiene viva la memoria histórica cada vez que rueda una pelota y otra que, desde la lógica económica del Gobierno de Milei, apuesta a profundizar la apertura a los capitales internacionales aun cuando ello implique que empresas británicas vuelvan a tener protagonismo en un área tan sensible como los recursos energéticos del Mar Argentino.

     

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