Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.
Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.
Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder. La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.
La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.
En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.
Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.
Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.
Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad. Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.
La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.
Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.
El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.
El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor un acuerdo de cooperación para implementar el dictado de talleres de sensibilización por parte del Programa de Mediación Comunitaria y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria. De esta…
La quietud del mundo se hace notar. El ser humano ha tenido que guardarse mientras la naturaleza sigue expresándose, esta vez en la soledad de las calles. La realidad mató a la ficción, en un mundo catastrófico de muerte y desolación, pero los animales, sí, cada uno de ellos salió a decir ¡acá estoy! Esto…
Javier Milei descolocó a su propio gobierno y a los argentinos tras dejar en manos de Lionel Scaloni y los jugadores de la Selección la decisión de si habrá feriado nacional este lunes para festejar el subcampeonato del Mundial.
«Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional», tuiteó el presidente.
En el propio gobierno entraron en un estado de confusión por la falta de decisión del presidente, que dejó en manos de terceros la decisión de si habrá feriado en el país y sin siquiera especificar una fecha.
En el gobierno tienen el dato de que la selección arribará a la Argentina este lunes luego de las 17. Decretar un feriado vespertino, para luego del cierre de los bancos, sería un suceso inédito para la historia argentina, tanto como decretarlo para celebrar un subcampeonato.
El único feriado nacional decretado en relación con un Mundial de fútbol fue el martes 20 de diciembre de 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández decretó el feriado para recibir a los campeones de Qatar, en la movilización más multitudinaria de la historia argentina que convocó a millones de personas en la Ciudad y alrededores.
En el caso de los subcampeonatos (como en Italia 1990 o Brasil 2014), aunque el plantel fue recibido por miles de hinchas e incluso por autoridades nacionales en el predio de la AFA o la Casa Rosada, no hubo feriado nacional.
Ahora, la confusión en el gobierno, que rápidamente se trasladó a los trabajadores y empresarios, es si se habrá feriado el lunes o el martes.
El anuncio de Milei se da días después de que trató a los jugadores de «imprudentes» por mostrar la bandera de las Malvinas en la cancha en la que vencieron a Inglaterra por las semifinales.
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
Si hay algo que sabemos hacer los argentinos cada vez vamos a realizar un trámite o pagar alguna cosa es hacer cola. La cola de espera es una instancia instituida en nuestra cultura, hacemos cola en todos lados: en el no tan rápido rapi-pago, en el Hospital, en el supermercado, en el banco, en la…
El presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, encabezó un encuentro en Almirante Brown junto con Axel Kicillof, unos diez intendentes peronistas del conurbano, media docena de obispos y más de 500 dirigentes.
Fue un encuentro transversal a la que se sumaron además rectores de Universidades y representantes de la Justicia. La cumbre fue en el Pequeño Cottolengo de Don Orione y la Pastoral Social redactó un documento en el que advierte sobre «el profundo proceso de polarización» que atraviesa la Argentina y donde se reafirma la necesidad de fortalecer el diálogo social.
«Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida», dice el documento final que lleva la firma de la Pastoral Social.
El texto agrega que «ante semejante cuadro de situación, debemos poner a la política como la forma más alta de caridad, como nos indica Francisco, recuperando su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder».
Además, destaca que la jornada sirvió para «reafirmar a la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización» al tiempo que pide «dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo».
Estuvieron Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariel Fernández (Moreno) y los referentes de Brown y San Martín, Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis.
También participaron Axel Kicillof, Verónica Magario y los obispos Carlos José Tissea (Quilmes); Oscar Ojeda (San Isidro); Maximiliano Margni (Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires) y Eduardo García (San Justo).
Marcelo Colombo y Axel Kicillof.
El encuentro cobró importancia por la transversalidad de los funcionarios que participaron. Además de la política y la Iglesia, también participaron importantes funcionarios judiciales como el juez de Casación Federal Alejandro Skolar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand.
El primer encuentro multisectorial nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino en mayo pasado.
En representación de las Universidades participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).
Finalmente estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.
