Lo positivo de estos acontecimientos es poder identificarnos

Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.

Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.

Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder.
La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.

La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.

En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.

Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.

Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.

Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad.
Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.

La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.

Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.

El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.

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    Kicillof denunció que Milei quiere convertir Chapadmalal en un negocio inmobiliario

     

    La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.

    Por Roque Pérez para NLI

    El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.

    El choque entre la Provincia y la Casa Rosada

    Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.

    La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.

    En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.

    Lo que está en juego

    La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.

    La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.

    Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.

     

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