Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.
Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.
Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder. La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.
La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.
En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.
Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.
Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.
Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad. Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.
La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.
Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.
El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.
Cuando los papeles se queman, cuando las ideas desaparecen, la falta de oxígeno nubla y la estrategia es una palabra que se busca en el diccionario; queda el empuje, la enjundia y la necesidad imperante del alma que desea ganar como virtudes a las que un grupo golpeado y en situación extrema puede recurrir, pasan…
Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles.
El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.
Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.
El juez federal Alejo Ramos Padilla.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.
El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.
YA PASARON LAS ELECCIONES El oficialismo y la oposición están encaminados en desplegar sus campaña para ver quien será el próximo presidente. Dentro del oficialismo están como desentonados. Da la impresión de que algunos se van quizá sin comprender la diferencia entre ejercer la función pública o la representación temporal al frente del principal de…
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, no se aguantó la ansiedad y viajó a Estados Unidos para ver la final de la Copa del Mundo a pesar de que las entradas cotizan más de 30 mil dólares en la reventa.
El senado se fue desobedeciendo a Javier y Karina Milei que habían bajado la orden política de que ningún funcionario libertario viajara al torneo para evitar una imagen asociada a los privilegios de la casta, caracterización que parece incluirlos desde el escándalo Adorni, entre otros.
Pera tan mala fortuna tuvi Abdala que quedó varado este sábado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde el fuerte temporal obligó a cancelar y reprogramar decenas de vuelos, dejando a miles de pasajeros sin poder viajar. Según pudo saber LPO, el senador entró en desesperación ante la posibilidad de perderse el partido decisivo y protestó con vehemencia en el mostrador.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que el puntano, utilizando su condición de presidente provisional del Senado, se habría comunicado con el consulado argentino en Nueva York para que le consiguieran un avión o lo contactara con empresas de alquiler de vuelos privados. Su intención era llegar a tiempo al estadio de New Jersey.
Abdala quedó varado este sábado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde el fuerte temporal obligó a cancelar y reprogramar decenas de vuelos, dejando a miles de pasajeros sin poder viajar.
Mientras esperaba una respuesta, testigos aseguraron que Abdala subió el tono en el mostrador de la aerolínea, para intentar destrabar su situación y conseguir algún lugar en los vuelos que seguían operativos hacia Nueva York.
Ante la falta de disponibilidad de taxis aéreos, Abdala decidió tomar un vuelo de línea a Charlotte-Douglas en Carolina del Norte y de allí, seguir en auto para hacer los 870 kilómetros hasta Nueva York, unas nueve horas manejando. Si tiene suerte, el libertario podría llegar justo para la final Argentina-España.
Abdala es reconocido en el Senado por su afición al fútbol y se lo escuchó jactarse por sus vínculos con la AFA, a pesar de la guerra a cielo abierto de los libertarios con el Chiqui Tapia. De hecho, el senador sigue jugando en la liga veteranos.
Santiago Viola en la cancha
El episodio vuelve a poner bajo la lupa los viajes de los funcionarios libertarios al Mundial, que cuestan decenas de miles de dólares y dificilmente pueden explicar con sus ingresos de funcionarios públicos. Días atrás LPO reveló que el viceministro de Justicia, Santiago Viola, había desobedecido la instrucción de Karina Milei y viajó a ver a la Selección.
Luego, el propio vocero Adrián Ravier confirmó públicamente que existía un «compromiso» del presidente, su hermana y los ministros de no asistir al torneo, dejando expuesto al funcionario. Viola es un protegido de Karina Milei y acaso por eso, dos días después, el propio Milei lo defendió con el insólito argumento que la prohibición de viajar al Mundial sólo alcanza a los ministros.
En el caso de Abdala, además del viaje, surgen interrogantes sobre el costo de la excursión. Las entradas para la final cotizan a valores superiores a los 30 mil dólares en los circuitos de reventa y en alza según se acerca el horario del partido.
Al precio exponencial de las entradas, se suman los distintos tickets de vuelos, alquiler de auto y hoteles, que en el pico del Mundial tienen precios disparatados. configurando un gasto que choca de frente con el discurso anticasta que los libertarios siguen esgrimiendo, aunque ahora en voz cada vez más baja.
¿CUÁLES SON LAS RAZONES DOCTRINALES Y LAS IMPLICACIONES DE PODER EN LA RESTRICCIÓN DE QUE UNA MUJER LLEGUE AL TRONO DEL VATICANO? Algunas de las religiones más influyentes del mundo, como el judaísmo, el islam y el catolicismo, podrían tener muchas diferencias en su manera de interpretar los textos sagrados y de cómo concebir al…
Desde una plaza vacía y frente a un Estado que negaba la existencia de miles de desaparecidos, un grupo de mujeres comenzó una lucha que terminó convirtiéndose en uno de los movimientos de derechos humanos más reconocidos del planeta. La historia de las Madres de Plaza de Mayo no es solamente la búsqueda de sus hijos e hijas secuestrados durante la última dictadura cívico-militar: es también la historia de cómo la sociedad argentina construyó una memoria colectiva que transformó el dolor en una bandera de democracia, justicia y resistencia frente al terrorismo de Estado.
Por Redacción de NLI
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres decidió hacer algo que en aquel momento parecía imposible: reunirse en el corazón del poder político argentino para reclamar respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. La Plaza de Mayo, escenario histórico de movilizaciones populares y acontecimientos políticos, se convirtió entonces en el lugar donde unas pocas madres comenzaron una protesta silenciosa contra uno de los aparatos represivos más violentos de la historia argentina. No tenían una estructura organizada, no contaban con respaldo institucional y muchas de ellas ni siquiera tenían experiencia política previa. Lo que las llevó allí fue una búsqueda desesperada: saber qué había ocurrido con sus hijos e hijas que habían sido secuestrados por las fuerzas represivas.
La dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 había instalado un sistema clandestino de persecución, tortura y desaparición forzada de personas. Mientras el gobierno militar sostenía públicamente que en el país no ocurría nada irregular, miles de familias recorrían comisarías, cuarteles, juzgados e iglesias buscando información sobre seres queridos que habían sido arrancados de sus hogares. La respuesta del Estado fue el silencio, la negación y, en muchos casos, la complicidad con quienes llevaban adelante los secuestros.
En ese contexto nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Aquellas mujeres comenzaron a encontrarse porque comprendieron que, aisladas, sus reclamos podían ser ignorados, pero juntas podían hacerse visibles. La decisión de caminar alrededor de la Pirámide de Mayo surgió porque las autoridades prohibían las reuniones públicas y les exigían “circular”. Aquella imposición terminó transformándose en una de las imágenes más poderosas de la historia argentina: una ronda que cada jueves desafiaba al miedo y demostraba que incluso frente a una dictadura era posible construir una voz colectiva.
El pañuelo blanco contra el silencio de la dictadura
Con el paso del tiempo, las Madres fueron convirtiéndose en un símbolo internacional de la lucha contra la impunidad. El pañuelo blanco que comenzaron a utilizar para identificarse entre ellas pasó a representar la búsqueda de verdad y justicia, pero también la resistencia de una sociedad que se negaba a aceptar que la desaparición de personas pudiera quedar enterrada bajo el silencio oficial.
La respuesta de la dictadura fue intentar desacreditarlas. Desde el poder se las presentó como mujeres manipuladas, exageradas o ajenas a la realidad política del país. Sin embargo, su persistencia logró romper el cerco informativo que el régimen había construido. Mientras los medios controlados por los militares intentaban mostrar una Argentina ordenada y sin conflictos, las Madres llevaban al mundo una denuncia que terminaría generando una enorme presión internacional sobre el gobierno de facto.
El reclamo de esas mujeres también expuso una de las características más profundas del terrorismo de Estado: no solamente buscaba eliminar físicamente a quienes consideraba opositores, sino también borrar sus historias, aislar a sus familias y construir una sociedad dominada por el miedo. Frente a eso, las Madres hicieron exactamente lo contrario: recuperaron nombres, reconstruyeron memorias y transformaron historias individuales de dolor en una causa colectiva.
De la resistencia a una política de Estado
Con el regreso de la democracia en 1983, Argentina inició un camino inédito en la región al decidir juzgar a los máximos responsables de la dictadura. El Juicio a las Juntas, realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un acontecimiento histórico porque un tribunal civil juzgó a los principales integrantes de una dictadura militar por los crímenes cometidos desde el Estado.
Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue sencillo. Durante los años siguientes, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida limitaron el avance de las investigaciones, mientras que los indultos otorgados durante la década de 1990 beneficiaron a numerosos represores condenados. Durante ese período, los organismos de derechos humanos continuaron reclamando que los crímenes de lesa humanidad no podían quedar impunes.
Esa lucha tuvo finalmente un punto de inflexión cuando la Justicia argentina declaró inconstitucionales esas normas y permitió la reapertura de los juicios. Desde entonces, cientos de responsables del terrorismo de Estado fueron juzgados y condenados, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a Argentina en un caso reconocido internacionalmente.
La experiencia argentina mostró que la democracia no solamente se construye mediante elecciones, sino también a través de la capacidad de una sociedad para revisar su pasado, reconocer a sus víctimas y establecer límites frente al abuso del poder estatal.
Una lucha que sigue interpelando al presente
La historia de las Madres de Plaza de Mayo continúa formando parte de los grandes debates políticos y culturales de la Argentina actual. Su recorrido, como ocurre con muchos movimientos históricos, también tuvo distintas etapas y discusiones internas, especialmente sobre el rol político que asumieron algunos sectores del movimiento con el paso de los años.
Pero más allá de esas discusiones, existe un hecho histórico difícil de negar: en el momento más oscuro de la Argentina contemporánea, cuando el Estado había utilizado su poder para perseguir y desaparecer personas, un grupo de mujeres comunes decidió enfrentarlo desde una plaza pública.
Su lucha trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una referencia mundial para otros pueblos que atravesaron dictaduras, guerras o procesos de violencia estatal. Las Madres demostraron que la memoria no es solamente un ejercicio del pasado, sino una herramienta del presente para defender la democracia.
En un contexto donde periódicamente reaparecen discursos que relativizan los crímenes cometidos durante la dictadura o buscan equiparar responsabilidades entre víctimas y victimarios, la historia de las Madres vuelve a adquirir una importancia central. La construcción del “Nunca Más” no fue automática: fue el resultado de décadas de movilización, reclamos y resistencia de familiares y organismos de derechos humanos.
La ronda de las Madres de Plaza de Mayo comenzó como un pedido desesperado de un grupo de mujeres que buscaban a sus hijos. Con el tiempo se transformó en una de las expresiones más fuertes de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Su legado recuerda una verdad fundamental de la democracia argentina: cuando el Estado se convierte en instrumento de persecución, la sociedad tiene la responsabilidad histórica de exigir memoria, verdad y justicia.
