Lo positivo de estos acontecimientos es poder identificarnos

Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.

Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.

Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder.
La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.

La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.

En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.

Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.

Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.

Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad.
Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.

La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.

Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.

El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.

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    Una serie de fallas de seguridad aparentemente no reportadas por Dioxitek en su planta de Alta Córdoba dejaron a la empresa estatal de enriquecimiento de uranio al borde de la expulsión de la ciudad, tras décadas de operar con permisos precarios en medio de uno de los barrios más populares de la capital provincial y a 10 cuadras del estadio de Instituto.

    Dos hechos graves que no habrían sido reportados por Dioxitek (ocurridos en 2023 y en 2024), pero sí por empleados y ex empleados, llevaron a la Municipalidad a reclamarle a la empresa informes actualizados de seguridad ambiental y nuclear; lo que puso en jaque la pretensión de la empresa estatal de continuar operando en Alta Córdoba durante 8 años más.

    «Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro, están desde hace 40 años así, desde el 86, con prórrogas y yo quiero terminar mi mandato con este tema resuelto», dijo Passerini en declaraciones a La Voz.

    Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro, están desde hace 40 años así

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    Meses atrás, una inspección de la Dirección de Bomberos en la planta de Dioxitek en Alta Córdoba detectó una serie de fallas: solicitó mejores sistema de extinción de incendio, que se coloquen rociadores en tanques de combustible, un inventario de los productos químicos que se almacenan y que muros y aberturas de la zona donde está el horno sean ignífugos, y no con cobertura de chapa. Además, la empresa tuvo dos informes negativos de Ambiente de la Provincia.

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    Cristian Jerónimo, uno de los tres líderes de la central obrera, confirmó este domingo la medida de fuerza. «Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga», afirmó a Radio 10 y anticipó que este lunes feriado se reunirá la cúpula de la central obrera para formalizar la decisión. 

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    Unificó además el rechazo blindado del bloque peronista, que venía votando dividido ante iniciativas del Gobierno como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o la baja de edad de imputabilidad penal. «El proyecto de reforma laboral es malo, vamos a votas unidos en contra», anticipó a LPO un diputado peronista del interior.

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    El ex ministro de Trabajo del menemismo, Armando Caro Figueroa, señaló en una entrevista publicada por Clarín que el proyecto incorpora aspectos que podrían afectar derechos protegidos por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y el tratado entre el Mercosur y la Unió Europea, que acaba de refrendar el Congreso

    «El proyecto tiene algunas connotaciones que podrían afectar la libertad sindical, como el derecho a huelga o cobrar el 75% del sueldo en caso de enfermedad», afirmó y advirtió que «la reforma laboral necesita decisiones, pero luego tiene que pasar una prueba jurídica y de la realidad».

     

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