Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización.
Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación por estas propias masas. Es literalmente un acto de cobardía sin representación alguna.
Vivimos momentos muy inusuales y dilatantes en el aspecto político, a tal punto que se puede previsualizar el despertar agónico del individuo. El juego del poder en base a intereses muy individuales cada vez es más latente y la tolerancia cívica trasgrede la memoria de los más añejos pero con la cierta claridad que esto va a suceder. La importancia de estos acontecimientos antidemocraticos es que deben lograr tatuar la epidermis social que tan desgastada se encuentra.
La identidad de una sociedad se construye en base a sucesos colectivos habiendo logrado criterios en común para poder avanzar a pesar de las diferencias individuales.
En la idea democrática se proyecta como ente acumulador, regulador y definitorio la posibilidad de convivir con representantes gubernamentales en nombre de los intereses cívicos de una sociedad. Es aquí donde en nuestra constitución surgen los Concejos Deliberantes en pos de la representatividad de las diferentes ideas que se agrupan en un esquema ciudadano.
Nuestro concejo deliberante, que de por cierto, se encuentra sobre poblado de figuras políticas deja mucho que desear, a tal punto que se ha logrado en la interpretación de los comunes que es lisa y llanamente un salvavidas económico; y que para la esperanza de la gran mayoría es un trampolín a un camino político capaz de convivir y ser parte de la mayor corrupción que alguien pueda imaginar.
Denigrar el espectro democrático es una de sus mayores virtudes y que mejor ejemplo del que viene sucediendo en el concejo deliberante de Villa Regina.
Habiendo transcurrido un par de horas, luego de la votación final del transpuso del control del agua potable municipal a manos de una entidad deficitaria de la provincia y sin ningún tipo de contemplación contemporánea sobre los beneficios en otras localidades allegadas; la moción por el traspaso se realizó de espaldas a quienes de algún modo se involucran con la temática que afectará directamente a toda la localidad. Ni hablar del contexto comunicacional que hace mucho tiempo se evidencia la complicidad con los gobiernos oficialistas de turno dejando la objetividad para otros tiempos.
La política regional a logrado consolidar un circuito de complot que le será muy difícil de controlar, ya que todo el mundo sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Lo más importante es que el conjunto de estas injusticias hacen que cada vez nos volvamos a encontrar defendiendo lo que es nuestro, vernos entre los comunes, saber que estamos y que logramos un sentido común. Ellos lo saben y lo más importante de todo esto es no ser previsibles.
Después de haber deliberado a puertas cerradas, sentir que están solos es el mejor saldo que se puede pasar a cobrar.
El manifiesto por parte del Concejo Deliberante dio como resultado 6 votos en favor del traspaso; 3 votos negativos y una ausencia.
A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.
El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. El argumento fue una investigación periodística que, con documentos filtrados y sin pruebas, informaba que sus medios habrían recibido presuntos pagos por parte del gobierno ruso para publicar notas con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos que ya no podía entrar a la sala de prensa, el Jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas un periodista” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el Presidente. De la deslegitimación a la estigmatización.
Las dos escenas -Washington y Buenos Aires- sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate.
En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.
La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.
“La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.
Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del poder. Por cosas muy menores, hace tiempo, la sala reaccionaba en conjunto. Esta vez solo hubo una pregunta en off a funcionarios. Hay excepciones pero ese es el nivel de periodismo, entonces los gobiernos avanzan”.
Franco entonces va contra su protagonismo individual de estas horas. “¿Sabes cuál es la noticia que importa? Que es muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados, como también es muy malo que en la sede del Gobierno nacional haya periodistas que no honren la profesión”.
Si algo muestra la falta de reacción conjunta es que el universo de periodistas argentino está atomizado, precarizado y sin capacidad de acción colectiva. La irrupción de Internet y, sobre todo de los buscadores como Google y las redes sociales, quitó del centro a los medios de comunicación como principales actores del ecosistema informativo y el modelo de negocios de las empresas periodísticas perdió su principal fuente de financiamiento: la publicidad que migró a las grandes empresas de tecnología. Los periodistas entendimos tarde que ese cambio iba a afectar nuestras condiciones de trabajo. La baja de salarios, llevó a que el pluriempleo sea la norma para llegar a un ingreso digno y ya se habla también de la uberización de los periodistas, porque según SIPREBA, son muchos los que deben manejar autos de aplicación o tener otras changas para completar los ingresos. En ese escenario, con la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa que pronostica el fin de los buscadores, de los seguidores en las redes y la automatización de la producción de contenidos, los periodistas, esta vez, reaccionamos. La manera de hacerlo quizás sea un debate que hay que dar. Al menos eso apareció en las conversaciones privadas que registró Anfibia y en algunos comentarios públicos de referentes.
El periodista Ramón Indart escribió en su cuenta de X el 7 de abril todavía entre retuits de la campaña de violencia digital: “Off con empresario que entiende de medios. Me siento a tomar el café. Me mira. Tira de entrada: ‘porq naturalizan el odio contra ustedes. Va a ser difícil construir sobre lo destruido’. Lo naturalizamos?” Y no fue el único. Leandro Renou en la misma red social planteó: “Hay que armar agrupaciones de periodistas nuevas. Vivas. Modernas, renovadas y desafiantes de los contextos. Las q están no sirven absolutamente para nada”.
Por teléfono, Renou retoma la idea: “Me parece que lo que falta es una posición clara sobre la violencia contra los periodistas en el debate público, que son cuestiones que van más allá de lo salarial, que también hay que exigir. Cuando digo lo de la modernización me refiero a dejar de lado las cuestiones ideológicas o de intereses diferentes ante el gobierno, dejar lo institucional y pensar sin prejuicios el ejercicio profesional. Porque las entidades que supuestamente representan a periodistas permiten que el corte de acreditaciones sea selectivo. Incluso llegaron a publicar el informe sobre la operación rusa en algunos medios con notas pagas para desestabilizar sin tener pruebas. Lo que le da más pasto a las fieras”.
En estos días, quizás convenga pensar si el problema no es solo que los gobiernos ataquen al periodismo como política pública, sino que el periodismo -fragmentado, precarizado y dependiente de plataformas-, ya no tiene capacidad colectiva de responder.
La pregunta sobre cómo debe reaccionar el periodismo frente a los ataques del gobierno de Milei más allá de los desafíos por las cuestiones salariales y de rutinas de producción atravesadas por los cambios tecnológicos es crucial para Silvio Waisbord. Investigador y profesor de Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George Washington, acepta que la acción siempre es reactiva.
“Lo que pasa es que el periodismo, por lo general, tiene una posición reactiva – asegura Waisbord- y la situación de precariedad laboral obviamente no contribuye a encontrar el tiempo para pensar la profesión. Entonces la única posibilidad de acción es la reacción frente a lo que va sucediendo que se mueve con otras lógicas que no son las periodísticas como la política, la geopolítica o la inteligencia. La flaqueza del periodismo es también justamente no tener una agenda propia”.
Para Waisbord también son reactivos el posicionamiento frente a los desafíos que plantea la economía digital y el rol de las plataformas, “porque los periodistas no controlan las condiciones en las cuales esos cambios suceden”. En su opinión, ante la violencia del gobierno de Milei se profundiza una condición estructural del periodismo reactivo: “así como se reacciona frente a lo que está circulando en las redes”.
El desafío ante este tipo de ataques de gobiernos sucede en otros países. Pero para Waisbord, “este gobierno es particularmente astuto en cómo actúa con la prensa y tiene el poder de plantar información. El dilema es si no respondes porque las mentiras o las falsedades quedan. O sea, no se puede ignorarlas, pero también responder es darle oxígeno”.
Esa disyuntiva es ética y la solución no es fácil, asegura Waisbord: “No creo, especialmente por cómo este Gobierno piensa la comunicación, que se pueda ignorar y no plantarse contra esa narrativa”.
Waisbord define al gobierno de la Libertad Avanza “especialmente astuto en comparación con otros gobiernos argentinos como el kirchnerista que fueron contra la prensa. Saben cómo, especialmente a través de las redes, imponer temas o desencadenar campañas coordinadas personalizadas. El periodismo incluso debilitado, queda como el único actor. La respuesta es casi individual porque se personaliza”.
La violencia digital, potenciada por procesos de automatización y algoritmos oscuros de grandes empresas tecnológicas, incide en la autocensura y en la redefinición del rol del periodismo en un contexto democrático. Sebastián Lacunza es uno de los periodistas que mantiene su actividad en X. “Mí pregunta es dónde hablar si no. En ese ámbito también se define el valor del periodismo tanto como la elaboración de una nota cuando te adentras en la Amazonía o como cuando agarrás la bici para ir a preguntar a los vecinos si Adorni vive en esa cuadra de Caballito. Es también parte del apego a la profesión y donde se construye un texto en ese maremagnum de redes corrompidas”.
La historia reciente del periodismo argentino influye en este escenario. Dice Lacunza al respecto: “Como colectivo profesional tienen una trayectoria bastante compleja. Entonces es difícil que se plantee ciertos criterios y posiciones comunes frente a un ataque generalizado, pero personalizado. Es un problema que termine en formas de reacciones individuales o de medios particulares. No hay una solidaridad abarcativa o una historia solidaria dentro del periodismo en estos últimos 25 años. No es un modelo de consenso, la idea de la grieta terminó de profundizar la polarización, pero creo que en los 90 hubo algunos esbozos de consensos comunes entre los periodistas. Banderas como la libertad de expresión, sobre la importancia de los trabajos de investigación, cosas básicas que hacen más fácil respuestas mancomunadas. Pero es verdad que también se necesita una sociedad civil y una política que apoye la defensa del periodismo y de la libertad de expresión”.
Martín Becerra coincide con Waisbord en posar la mirada en las últimas décadas del ejercicio periodístico en la Argentina y en el rol de los grandes medios que no mantuvieron un compromiso con la tarea de informar y la libertad de expresión que debe aparecer en momentos álgidos como estos. También subraya el rol activo que antes tuvieron organizaciones de la sociedad civil y del campo de los derechos humanos para apoyar con mecanismos claros los ataques a la libertad de expresión.
Para los fines del análisis, Becerra, especialista en medios de comunicación e investigador del Conicet, diferencia entre los periodistas “notorios”, que son más formadores de opinión, de la mayoría de los periodistas que trabajan día a día en los medios y no son conocidos. “Es la mayoría y están detonados. Frente a un ataque del Gobierno, o de la SIDE coordinado, con o sin trolls, que les pueden desde hackear las cuentas de mails, meterse con la familia, doxearlos o todas esas cosas juntas, los mecanismos de defensa institucionales clásicos como el de las empresas donde trabajan es casi inexistente en la actualidad. Primero, porque las corporaciones periodísticas no lo hacen como antes y segundo porque ya es muy difícil que un periodista trabaje para una sola empresa”.
Hace al menos dos décadas que el periodismo ya no sucede únicamente en las redacciones ni en los medios tradicionales. Además del ejercicio profesional, la vida pública transcurre en plataformas con sistemas de algoritmos opacos que definen qué se vuelve visible; que además amplifican la violencia y hasta incluso terminan induciendo a la autocensura. Tiene dueños. Cuando, en octubre de 2022, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, declaró: «El pájaro ha sido liberado» y explicó que compró la plataforma para asegurar una «plaza pública digital» libre para la expresión, esencial para el futuro de la civilización y el debate saludable, claro según lo que él cree que eso significa.
Waisbord señala que el periodismo argentino en gran parte, como en otros países, se ha tratado de acomodar lo mejor posible a las nuevas condiciones que imponen las plataformas porque ahí está el público. Ya nadie duda que las Big Tech tienen el acceso a las audiencias y “como no les vas a ganar, tenés que sumarte. Es un pacto con el diablo”, dice. Lo más llamativo es que las empresas periodísticas también pactan con ellas, que son sus principales competidoras por las audiencias. En las conversaciones para esta nota surgió un dato llamativo: representantes de Google suelen ocupar los escenarios de encuentros de entidades periodísticas para que capaciten a las redacciones en el uso de sus propias herramientas de IA.
Mientras ya se habla del fin de las redes sociales, del fin de los seguidores y de que la Inteligencia Artificial Generativa va a terminar de configurar un panorama en el que la circulación de la información tendrá menos jugadores se puede pensar que quienes tengan ese poder serán cada vez más poderosos y que los periodistas deberían ser mucho más necesarios. Si llegamos a ese futuro inmediato deberíamos responder al menos la pregunta sobre si el periodismo, tal como está hoy, puede reaccionar de una manera distinta y, en caso de que no suceda, cómo los periodistas podemos defender la democracia si no logramos pensar colectivamente nuestra propia existencia. Finalmente el problema no es solo el avance autoritario de un gobierno, lo que está en juego también es la propia relevancia de un oficio atado a la libertad.
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El gobierno puso en revisión 44 inmuebles de todo el país que estaban bajo la esfera de IOSFA y que podrían estar cerca de ser vendidos.
El documento oficial al que accedió a LPO tiene fecha del 19 de marzo y propone anular transferencias, retirar propiedades del balance y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
La medida abre interrogantes sobre el control y la gestión futura de los bienes y aumenta el malestar de una buena parte de las Fuerzas Armadas que aún se resiste a perder el patrimonio histórico.
La iniciativa se enmarca en la aplicación del DNU 88/2026 y fue elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo, propone una serie de medidas que incluyen la anulación de procesos de transferencia en curso, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la exclusión de estos inmuebles del patrimonio neto del instituto.
Entre los activos alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, muchos de ellos ubicados en puntos estratégicos como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia.
En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, aparecen varios hoteles emblemáticos, cocheras y dependencias operativas que forman parte de la estructura histórica del organismo. Según el texto, uno de los ejes centrales es revertir la situación jurídica de los inmuebles que estaban en proceso de transferencia al IOSFA.
En esos casos, se propone que la AABE retome la jurisdicción, con intervención del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso por parte de la obra social pero bajo un nuevo encuadre legal. En paralelo, se impulsa la anulación de resoluciones y expedientes tramitados en los últimos años.
El documento también sugiere archivar definitivamente múltiples actuaciones administrativas vinculadas a estas transferencias. Otro punto sensible es la recomendación de excluir los 44 inmuebles del registro contable del IOSFA.
Pero para algunos integrantes de las fuerzas, los argumentos técnicos que aparecen en el documento oficial no so suficientes. Un militar en actividad afirmó a LPO que «toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda».
«Lo curioso es que algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda, la residencia Cosquín, esos eran hoteles de las fuerzas, que después pasaron al IOSFA pero bueno, obviamente nadie va a decir nada», agregó.
La disolución del IOSFA se produjo para dar lugar a una nueva obras social pero el gobierno nunca detalló la manera en la que iba a pagar de 200 mil millones de pesos que incluye deudas con clínicas y hospitales de diferentes lugares del país que han dejado sin cobertura a militares activos y retirados.
Esto generó una situación grave para pacientes de enfermedades graves que tiene que cubrir con plata de su bolsillo los costos de los tratamientos y en ciudades como Mar del Plata salieron a protestar.
LPO adelantó en exclusivo que los estudios contables de IOSFA antes de la llegada de Luis Petri mostraban una obra social con 25 mil millones de pesos de superávit que empeoró tres años después para dejarla en un situación de absoluto quebranto.
