Martín Llaryora decidió apelar al manual de supervivencia de su mentor, Juan Schiaretti, y reactivó formalmente el histórico pacto de convivencia política con Mauricio Macri.
En medio de una delicada crisis política, el mandatario cordobés concretó un fuerte giro hacia el plano amarillo con la incorporación de dos figuras de peso identificadas con el PRO a la conducción del Banco de Córdoba (Bancor): el exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza, y el empresario industrial Ércole Felippa, quien condujo Fadea durante el Gobierno de Macri.
La jugada excede por completo los andariveles de la gestión financiera. Las llegadas de Lacunza al directorio y de Felippa a la vicepresidencia son parte de una maniobra de altísimo voltaje político para oxigenar al Gobierno. En momentos donde la gestión provincial acumula frentes de conflicto internos, Llaryora busca refugio en la histórica sintonía que la provincia mantiene con el universo fundacional del PRO.
Durante el mandato presidencial de Macri (2015-2019), el entonces gobernador Juan Schiaretti tejió una sólida y blindada alianza con el líder del PRO, basada en la mutua necesidad y el fuerte sentimiento antikirchnerista del electorado cordobés. Es un entendimiento histórico que se remonta al exilio de Schiaretti en Brasil, donde fue cobijado por el grupo Macri.
Aquel entendimiento -que los radicales locales siempre denunciaron como un «pacto» que les impidió ganar la provincia- garantizó gobernabilidad para ambos lados de la grieta. Macri trataba a Córdoba como su «cuna política» y» Schiaretti le garantizaba gobernabilidad en el Congreso a través de sus diputados.
Con el arribo de Lacunza, Llaryora revive esa sociedad política informal, reactivando los viejos canales de diálogo con el macrismo en un contexto de dispersión nacional.
La decisión de sumar a Felippa -exjefe de la Unión Industrial de Córdoba y expresidente de Fadea con Macri- y a Lacunza no es casual. El exministro de María Eugenia Vidal y del tramo final de Cambiemos a nivel nacional ya venía orbitando la provincia; el año pasado había sido el expositor estrella en las jornadas de negocios organizadas por el propio banco provincial, donde terminó de consolidar los lazos con la primera línea del oficialismo cordobés.
Los números que maneja la entidad financiera también explican el apuro político. Si bien los balances del primer trimestre mostraron una recuperación con utilidades netas por $9.176 millones (revirtiendo el rojo del trágico 2025), la verdadera alarma que encendió los despachos oficiales es el índice de morosidad, que trepó al 8,54%.
La crisis golpea a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. En ese escenario de vulnerabilidad económica y tensión social, Llaryora sabe que la estabilidad de los números no alcanza si no está respaldada por un esquema de gobernabilidad robusto y con fuerte gestualidad al círculo rojo cordobés.
De hecho, al anunciar los cambios en el banco, Llaryora dijo: «Contar con un banco provincial fuerte, moderno y competitivo es una decisión estratégica para el presente y el futuro de los cordobeses».
Cuando uno pretende hablar del amor tiende a caer en laberintos emocionales e interpretativos. ¿Dónde está la entrada y la salida de nuestras emociones o de nuestros sentires? ¿ Es lo mismo hablar de amor en la Argentina que en Chile o en Japón o en Etiopía o en Alaska? ¿Desde qué lugar o desde…
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
«Siempre hizo la de él. Nunca se jugó por nadie, por eso varios lo estaban esperando». Esta frase se desprende de una persona que conoce hace años a Marcos Carasso, el expresidente de la UCR cordobesa y que, en el 2023, fue compañero de la fórmula provincial que encabezó Luis Juez.
Hoy, tanto en el radicalismo como en el juecismo se revolean con el exintendente de General Cabrera. Porque, para muchos radicales, Carasso dejó esa condición cuando se enroló en la tropa del Frente Cívico y fue parte del juecismo en el Tribunal de Cuentas que desde diciembre del 2023 controla la gente del senador.
Y en el juecismo algunos remarcan que Carasso llegó a la candidatura de vicegobernador porque «fue una decisión del radicalismo» en aquel momento.
No obstante, esta semana el peronismo buscó el impacto para tratar de salir del caso Agostina, y a partir de la imputación que se conoció de Carasso en la causa en la que se investiga la sobrefacturación de Pami buscó incomodar a la alianza opositora. Tema que amagó con hacer escala en el recinto de la Legislatura provincial en la sesión de ayer y después se desactivó: todo se concentró en el femicidio de la adolescente de 14 años.
De cualquier modo, en la reunión de labor parlamentaria hubo furia y gritos. Porque así como el oficialismo empujó la discusión por la situación del radical; la exintegrante del bloque PRO, Karina Bruno, amarilla de Villa María que integra una banca unipersonal y responde de manera directa al titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quiso que se discuta el apartamiento de Carasso del cargo de director del Tribunal de Cuentas.
Lo que desató la ira de juecistas y radicales. Más precisamente de los jefes de bloques, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (juecista) que cruzaron a la mujer. «La sacudieron porque le remarcaron que si no hubiera sido por la lista que encabezaron Juez y Carasso ella no era legisladora, no estaría en esa banca», dijo una persona que fue testigo del hecho.
La imputación en contra de Carasso es por tráfico pasivo de influencias, cargo que llevó a Juez a tildar de «pelotudo» al fiscal que interviene en la causa en un streaming esta mañana en Alfil.
Hay radicales que quisieron tomar contacto con Carasso y que rápidamente les recordaron que el celular del expresidente de la UCR estaba en manos de la Justicia. Situación que los hizo rápidamente guardar el celular y archivar los chats.
El caso del radical y la presunta defraudación a la obra social nacional por 1.400 millones de pesos forma parte de la agenda política, pero no penetra en la conversación pública por ahora. El PJ decidió postergar la discusión sobre su rol en el Tribunal de Cuentas para las próximas sesiones en la Unicameral. Aunque en la oposición creen que eso se desactivará.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a participar de la caminata denominada ‘Atardeceres reginenses’ el próximo domingo 14 a las 19 horas. La actividad es gratuita aunque requiere previa inscripción, para lo cual los interesados deberán dirigirse a la Oficina de Turismo en Florencio Sánchez 817. El punto de encuentro…
Luego de hacer su bajada por el Sendero de la Capilla y, repartir caramelos para todos los presentes, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados al Anfiteatro “Cono Randazzo” por los Bomberos Voluntarios en su autobomba. Allí los esperaban miles de niños, con toda la ilusión que genera, esperando por los sorteos y los espectáculos que…
Gustavo Petro insiste en desconocer los resultados de la primera vuelta en Colombia. Ahora, el presidente publicó un extenso posteo en X en donde dice que presentará las «bases comprobadas de un posible fraude» a las autoridades competentes.
«Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento», insistió el líder colombiano.
Petro sostiene que «el registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del consejo de estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible».
«Esto solo indica que la registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos. El software si fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas», continuó.
En esa línea, el presidente colombiano afirma que «el diario El Tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas. La cuantía de la modificación es la siguiente: Censo oficial 41.421.973. está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad 42.307.373».
«La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. También se variaron los puestos de votación, aumentandolos de la siguiente manera: De 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación. Esto da un cambio en el número totales: Mesas oficiales, ya escritas: 120.527, pero en DIVIPOL de los hermanos Bautista, quienes son los que hicieron el conteo hay 122.020 con una diferencia de 1493 mesas adicionales, que no posiblemente no han sido escrutadas. Puedo probar ante autoridad competente estos hechos», remarcó.
El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del consejo de estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible
En su ofensiva contra la empresa encargada del conteo, Petro remarcó que «en el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con ms de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda.
Entrego el dato completo de las 5.300 mesas».
Por último, Gustavo Petro dijo que «intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5.300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885.400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de Mayo».
Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5.300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885.400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de Mayo
«El día de elecciones muchísimos jurados fueron cambiados. El escrutinio debe examinar si los votantes están en el censo oficial que se cerró dos meses antes de la elecciones. Si no están es porque no son sufragantes reales. Si no se hace esta operación y cierran los escrutinios pasará este tema a la justicia Pero no será determinado ahora mismo. Le solicito al registrador que por el principio de transparencia se examinen las 5.300 mesas que publicaremos y le entregaremos», concluyó.
Como publicó LPO el dominó, la empresa a cargo del conteo, realizado en tiempo récord, es Thomas Greg & Sons, una multinacional colombiana de seguridad y tecnología fundada por Gregorio Bautista y manejada por sus hijos, Felipe, Camilo y Fernando Bautista.
La compañía ha estado en el centro de la escena por sus disputas legales con el gobierno de Petro, fundamentalmente por el manejo de los datos de los ciudadanos y la exclusividad de sus licitaciones.
La denuncia de Petro complica directamente la campaña de Iván Cepeda porque lo deja en una lugar incomodo para encarar las tres semanas que quedan para el balotaje. Esta es la molestia que se instaló en el equipo del candidato del Pacto Histórico que no saben como contener la verborragia del líder del espacio.
