La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 05/2021 destinada a la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se ubicará en calle Juan Cruz Varela entre Cereghetti y Continentes.
La apertura de las propuestas será el 11 de noviembre a las 11 horas.
El presupuesto oficial es de $35.566.098,94 con un plazo de obra de 8 meses.
Para adquisición de pliegos (sin costo) y consultas dirigirse a Oficina de Compras, al teléfono 298-446550 interno 108 o al mail [email protected]
La construcción de este nuevo CDI es resultado de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi y se enmarca en el programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires fueron al ministerio de Capital Humano a reclamar fondos para planes alimentarios, pero Sanda Pettovello les dejó un cartel con chicanas y críticas a Axel Kicillof.
«Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que se deje paso a quienes saben», decía un cartel enorme con letras blancas y un fondo azul ubicado en uno de los accesos a la cartera.
La movida buscó replicar la acción que días atrás los propios intendentes hicieron en el ministerio de Economía. Esta vez, la decisión surgió en la última reunión del PJ bonaerense, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, viene planteando que la deuda de la Nación a la provincia es de 220.000 millones de pesos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE).
El reclamo se da en un contexto en el que el gobierno provincial cortó los fondos del Módulo Extraordinario para Seguridad Alimentaria (MESA)
Unos 70 intendentes de distintos sectores políticos se movilizaron junto a funcionarios del gobierno de Kicillof primero a la sede de la Federación Argentinos Municipios (FAM) y desde allí a la cartera que comanda Pettovello.
Al llegar se encontraron con el cartel con chicanas y un operativo de la Policía Federal que blindaba la entrada. En ese momento, la ministra participaba de la exposición de Manuel Adorni ante el Congreso.
Kicillof no estuvo en el ministerio de Pettovello, pero sí se reunió con los intendentes en la sede de la FAM. «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles», dijo.
La actividad también buscó calmar algunas diferencias hacia el interior del peronismo. La semana pasada Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses.
El proyecto surgió cuando los intendentes se enteraron del recorte del programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Kicillof.
En tanto, por el cristinismo estuvieron Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelsón Sombra (Azul) y Waldermar Giordano ( Colón).
Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Juan Mantegazza (San Vicente), Juan De Jesús (partido de la Costa), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Cecilio Salazar (San Pedro) son otros líderes que dijeron presente.
La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».
Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.
Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.
Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».
Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.
Belén Agudiez.
Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.
Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.
De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.
No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.
La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.
La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.
Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».
Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.
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El flamante fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, dijo en una reunión reservada que «la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Aunque la frase no quedó registrada, importantes funcionarios del Gobierno provincial la confirmaron a LPO y señalaron que Martín Llaryora fue puesto al tanto de inmediato.
Es que Lezcano la pronunció en el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un mega organismo consultivo que coordina el Ministerio de Justicia, pero del que participan desde la DAIA hasta la Universidad Nacional de Córdoba.
Por ser fiscal General, Lezcano comanda la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un grupo de elite creado por José Manuel de la Sota e integrado por policías y ex militares que tiene un presupuesto anual de 38 mil millones de pesos (con 80 millones de pesos de gastos reservados).
El fuero especial antinarco es una de las grandes apuestas de Llaryora: creó nuevas fiscalías en todo el territorio y desplegó nuevas delegaciones de la FPA en el interior provincial. «Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión», dijo uno de los testigos directos de la polémica frase del flamante jefe de los fiscales cordobeses.
Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión
Como sea, Llaryora movió las fichas y cercó a Lezcano: primero, bloqueó la mayoría de las designaciones que quería hacer para conformar su equipo de trabajo. Así, colocó al dirigente del PJ Capital Justo Casado en la dirección general del Ministerio Público Fiscal y al histórico técnico Julio Comello en la dirección de Administración de la Fiscalía General. Además de los fondos para el funcionamiento de la fuerza antinarco, el Ministerio Público Fiscal tiene un presupuesto de 704.500 millones de pesos.
«Lo designaron fiscal general por descarte, hizo todo mal y quedó rodeado: duró dos semanas en el ejercicio real del poder», dijo un fiscal que lee la política tribunalicia. El fiscal General tiene un mandato de cinco años (y puede continuar otro período igual), por lo que uno de sus principales desafíos es sostener la voz de mando hasta el final. Sobre todo porque sus fiscales generales adjuntos son vitalicios.
En este caso, Lezcano está rodeado de leones que responden a distintas tribus del peronismo. Héctor David fue ministro de José Manuel de la Sota; José Gómez Demmel representa al schiarettismo puro y Alejandro Pérez Moreno es parte del entramado de abogados de confianza de Martín Llaryora.
Como contó LPO, Lezcano fue militante del PJ y llegó a montar un estudio jurídico con Luis Juez, cuando el ahora libertario era líder de la JP Capital. Aunque se distanciaron en 2003, cuando Juez decidió enfrentar al delasotismo y Lezcano llegó sorpresivamente a ser juez de Control, los puentes entre ambos se mantuvieron. El caso emblemático fue el de Walter Montenegro, que integró el gabinete de Juez en la Municipalidad de Córdoba y a quien Lezcano quiso ubicar como mano derecha en la Fiscalía General. A él también lo bloqueó Llaryora.
El fiscal que analiza los movimientos en el serpentario judicial recurre a la metáfora maradoniana: «Se les ‘escapó la tortura'», dice respecto del flojo análisis de CV que se hizo en el Gobierno provincial al momento de impulsar a Lezcano.
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