La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 05/2021 destinada a la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se ubicará en calle Juan Cruz Varela entre Cereghetti y Continentes.
La apertura de las propuestas será el 11 de noviembre a las 11 horas.
El presupuesto oficial es de $35.566.098,94 con un plazo de obra de 8 meses.
Para adquisición de pliegos (sin costo) y consultas dirigirse a Oficina de Compras, al teléfono 298-446550 interno 108 o al mail [email protected]
La construcción de este nuevo CDI es resultado de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi y se enmarca en el programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
El próximo viernes 29 a las 10 horas en el salón de la Cámara de Productores se presentará el proyecto de remodelación de la terminal que fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del convenio firmado en marzo pasado entre el Intendente Marcelo Orazi y esa cartera nacional. En…
El Municipio, invita a toda la población de nuestra localidad y alrededores a presenciar una nueva jornada de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, el domingo 3 de noviembre en las canchas que posee Banco Nación. El predio ubicado en las intersecciones de las calles Juan XXIII y Lisandro de la Torre, tendrá como protagonista…
El interbloque peronista en el Senado se quebró en la votación de la prórroga para que Carlos «Coco» Mahiques siga como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal después que cumpla 75 años, en noviembre próximo. El resultado de la votación fue de 58 voluntades por la afirmativa y solo 11 por la negativa, con tres ausencias.
Al interior de la bancada de José Mayans la fractura fue apabullante: 14 votaron a favor. Los 11 que se opusieron son los que más se identifican con Cristina Kirchner y La Cámpora o adhieren a la doctrina jurídica que denuncia las causas en su contra bajo la teoría del lawfare.
Entre los que apoyaron a Mahiques se cuentan el santafecino Marcelo Lewandowski, el entrerriano Adán Bahl, el chubutense Carlos Linares, el pampeano Pablo Bensusán, la fueguina Cándida Cristina López, el tucumano Juan Manzur, el riojano Fernando Rejal, el puntano Fernando Salino, el sanjuanino Sergio Uñac y los santiagueños José Neder, Gerardo Zamora y Elia Esther Moreno. A ese lote del PJ y sus aliados se sumó el grupo de Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Flavia Royón, que responden a los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz respectivamente.
La ruptura generó irritación en el kirchnerismo. Mayans anticipó en su discurso de cierre que la línea política era no acompañar al gobierno en la votación pero reconoció con fastidio que había legisladores que sí habían decidido hacerlo. «Nosotros no vamos a acompañar, hay gente que quiere acompañar, que lo acompañe», dijo.
Moisés, que se separó del interbloque kirchnerista en febrero, justificó su voto en el recinto diciendo que «reeditar los cuestionamientos» contra Mahiques por el traslado efectuado en 2018 por Mauricio Macri «es extemporáneo». «Es improcedente, es aceptable en el debate, todos podemos opinar pero hubieron otros resortes que no se utilizaron previamente», sostuvo.
La senadora jujeña se quejó de «los bloqueos de internas» que se produjeron durante el gobierno anterior, porque impidieron los avances con nombramientos de jueces o cambios profundos del Poder Judicial. Después de distinguir que la cobertura de las más de 200 vacantes no requerían dos tercios y se podían conseguir con 37 votos, expresó: «Loco, los peronistas también teníamos problemas, no era tan difícil».
Mayans, en el recinto.
La intervención de Moisés acaso funcionaba como una respuesta al chaqueño Jorge «Coqui» Capitanich, quien repasó «el sistema de incentivos y extorsiones» en el Poder Judicial señalando, entre otros hitos, la intervención de la Corte Suprema en la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y la reposición de la norma de 1998. «No sigamos forzando procesos de designación con vicios de legalidad e ilegitimidad de origen», expresó.
También la neuquina Nadia Márquez objetó que se quisiera cuestionar la «idoneidad» del candidato a continuar en el máximo tribunal penal del país. «Estamos debatiendo un tema que ya fue resuelto por la Corte, ya fue resuelto por las acordadas de la Corte y también pasó por el Consejo de la Magistratura, pasó por el Ejecutivo y vino al Congreso», indicó y agregó que «reeditar un planteo que ya fue resuelto es ignorancia o es mala fe».
Loco, los peronistas también teníamos problemas, no era tan difícil.
Márquez apuntó contra el rionegrino Martín Soria, quien habló de Mahiques como parte de «un selecto grupo de jueces trasladados por Mauricio Macri» para montar «una mesa de operaciones políticas». La senadora remarcó que «los traslados se pueden continuar haciendo y son nuevos nombramientos siempre y cuando las competencias no sean radicalmente distintas».
En su discurso de cierre, Patricia Bullrich hizo un elogio del trabajo de Mahiques como camarista, juzgando «la corrupción del kirchnerismo» en referencia a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. «Hace más de 45 años que está en la Justicia, no son los primeros casos que juzga pero, como los de ellos son tantos, a Mahiques le tocaron todos», argumentó y luego eligió una metáfora infeliz para reivindicarlo: «Lago Escondido es un poroto al lado de las cosas que han hecho estos señores».
Los libertarios festejaron el resultado de la votación por su contundencia pero, además, se ilusionaron con disipar el clima de nerviosismo político que mantiene sitiado al gobierno de Javier y Karina Milei desde que estalló el escándalo de Manuel Adorni. «Esto es un triunfo de Juan Bautista (Mahiques)», dijeron desde el Poder Judicial.
Vivimos hace años en una era en donde los silencios de la «información oficial» se camuflan con una contrainformación informada. Desde WikiLeaks hasta Snowden, desde desconocidos hackeos hasta mecanismos de contrainteligencia, estos y algunos más se configuran como las fuentes de evidencia de una realidad que no está al alcance de todos… Sin embargo, los…
El sector inmobiliario argentino atraviesa una grieta central en el último año y medio entre los que defienden la matrícula obligatoria para operar, manejada históricamente por los Colegios y Cajas Inmobiliarias, y los que proponen poner en competencia a ese sistema.
Hasta hace pocos años parecía una discusión imposible de instalar, pero hace varios meses comenzó a filtrarse en fundaciones, despachos políticos y legislativos, cámaras empresariales y debates técnicos. Detrás de esa incomodidad empezó a aparecer un nombre repetido con insistencia en el sector, Jorge Amoreo Casotti.
Casotti lleva meses tejiendo una estrategia para instalar el tema en la agenda del gobierno. El evento de Reporte Inmobiliario en la UCA fue el momento elegido para salir a la luz. El 27 de abril pasado, en un auditorio de la facultad ubicada en Puerto Madero, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó de exponer ante desarrolladores e inmobiliarios cuando, desde el público, Casotti tomó el micrófono y realizó la única pregunta del evento, incómoda, pero que muchos esperaban.
Casotti no es un dirigente corporativo ni un referente político conocido. Es fundador de Pint, una startup proptech que opera en el mercado de intermediación inmobiliaria en varias ciudades. En sus redes sociales se distingue, sin decirlo, como un libertario radical. En una publicación de Instagram mostró una reunión personal con Alberto Benegas Lynch, figura de referencia para Javier Milei y los libertarios.
De esas entrañas provienen las ideas de Casotti. Pero no todo es idealismo. La pregunta en el evento de Reporte Inmobiliario no fue precisamente espontánea. Según pudo saber este medio, Casotti tenía perfectamente coordinada la situación para volver a poner el tema en la agenda.
El intercambio funcionó como el disparador público de algo que el gobierno ya tenía en carpeta: Sturzenegger confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete de desregulación inmobiliaria con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.
Casotti no viene del riñón del sector inmobiliario tradicional. Pero desde principios de 2025 se volvió una voz disruptiva en la industria. Llegó a ser considerado para ocupar el rol de director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) cuando la entidad era presidida por Iván Ginevra, de estrecha relación con el libertario, e importante empresario inmobiliario de Puerto Madero. Casotti no pudo nunca asumir su cargo porque la comisión directiva de la CIA lo despachó rápidamente. Luego también lo hizo con Ginevra, que dejó el cargo por haberlo propuesto.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
Los cambios apuntan a un esquema más flexible, con la figura del corredor independiente, la eliminación de restricciones territoriales y la posibilidad de acordar comisiones libremente. Según informó El Cronista, hoy la intermediación puede representar más del 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos, tasas y procesos burocráticos.
Jorge Amoreo Casotti.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
En un reciente video de Youtube, titulado «La verdad sobre el plan del gobierno para destruir la industria», dos históricos referentes del sector apuntan principalmente contra Casotti. Se trata de Alberto Loyarte, de Semana Inmobiliaria, y Alejandro Braña, de Braña Propiedades. No solo apuntan a Casotti, también señalan a Daimán Tabakman, reconocido consultor inmobiliario, José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, y al célebre influencer Beltrán Briones como parte de una conspiración digitada por el propio gobierno.
Otro dato no menor se dio el mes pasado en la cena de la Fundación Libertad. El cónclave que reunió a las máximas figuras libertarias también contó con la presencia del empresario inmobiliario detrás de la desregulación. Según fuentes que asistieron al evento, se pudo ver a Casotti hablando junto a Sturzenegger cuando finalizaba el encuentro, lo que da sobradas muestras de la cercanía entre el Ministro y el CEO de Pint.
Hay también un antecedente jurídico que los críticos esgrimen: el decreto 2484 de 1991, impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, planteó una desregulación comparable y terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema, dado que las provincias poseen la facultad de ejercer el poder de policía sobre las profesiones y de delegar ese control en los colegios profesionales.
Lo que distingue a Casotti del perfil típico del lobbista sectorial es su exposición pública y su disposición al conflicto directo. Mientras las críticas al sistema colegiado circulaban históricamente en conversaciones privadas, él decidió convertirlas en ofensiva abierta. «Esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo técnico sino también desde lo moral», comentó en El Cronista.
El gobierno, por su parte, ya tomó posición. Sturzenegger cuestionó abiertamente el rol de los colegios profesionales y afirmó «que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social». Aunque aclaró que el problema no es la existencia de estas entidades, sino su carácter coactivo, y el uso de regulaciones para fijar condiciones que no responden al mercado.
Con el proyecto camino al Congreso y el sector dividido, Casotti pasó de ser un nombre que circulaba en foros especializados de la innovación a convertirse en el rostro civil de una de las reformas más polémicas de las últimas décadas, y que el oficialismo tiene en agenda para el segundo semestre.
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