La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 05/2021 destinada a la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se ubicará en calle Juan Cruz Varela entre Cereghetti y Continentes.
La apertura de las propuestas será el 11 de noviembre a las 11 horas.
El presupuesto oficial es de $35.566.098,94 con un plazo de obra de 8 meses.
Para adquisición de pliegos (sin costo) y consultas dirigirse a Oficina de Compras, al teléfono 298-446550 interno 108 o al mail [email protected]
La construcción de este nuevo CDI es resultado de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi y se enmarca en el programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Mañana miércoles se dará inicio a un plan de bacheo en distintas calles de la ciudad que, debido al transcurso del tiempo y su intensa transitabilidad, presentan un importante deterioro. El cronograma diseñado por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Regina a cargo de Gabriel Benatti comenzará en los siguientes arterias:…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para los talleres de piano, uñas esculpidas y mosaiquismo. Los días y horarios en que se dictarán los talleres son los siguientes: -Piano: clases individuales, los jueves a las 9 horas -Uñas esculpidas: martes y jueves de 20 a…
La crisis generalizada del mercado de la exhibición no es ningún secreto en Hollywood, pues ya nada parece garantizar un éxito asegurado en el box office internacional. Ni tener a estrellas de cine como protagonistas, ni la visión de un gran cineasta tras las cámaras y ni siquiera, el propio hecho de pertenecer a una franquicia reconocida. Los espectadores cada vez acuden menos a las salas y en la industria todavía no saben como poner remedio a que el público tradicional ahora reciba el nombre de «suscriptores» y que estos, prefieran consumir los contenidos audiovisuales en sus hogares. La última en protagonizar esta tendencia peyorativa para el negocio ha sido Mickey 17. El filme de ciencia ficción protagonizado por Robert Pattinson ha tenido un estreno muy pobre y todo apunta a que Warner Bros tendrá en consecuencia, grandes pérdidas económicas por ello.
Una de las principales alternativas para paliar la audiencia deficitaria de la cartelera pasa por crear productos cinematográficos menos arriesgados. Porque Mickey 17 ha tenido un presupuesto de casi 200 millones de dólares, si contamos su gasto promocional. Y eso, teniendo en cuenta la tipología autoral de su planteamiento, es un error estratégico considerable para una compañía que debía saber ya lo que hacía al poner el proyecto en manos de un cineasta como Bong Joon-ho (Parásitos). Porque en realidad, Mickey 17 no es otra cosa que una sátira de ciencia ficción sin una gran ambición por la espectacularidad y a pesar de las buenas críticas, el boca a boca entre el público no parece estar funcionando. En la taquilla estadounidense, la cinta ha aunado 19 millones de dólares, llegando a superar los 50 en el primer recorrido internacional de un fin de semana que ha terminado de sepultar a la última proyección de Marvel, Capitán América: Brave New World.
Los presupuestos altos lo tienen difícil
El ejemplo reciente de la casa de las ideas viene a reiterar el cambio de paradigma en la meca del cine. Porque Capitán América: Brave New World lleva recaudados 370 millones de dólares en todo el mundo, pero al igual que le acaba de ocurrir a Mickey 17, su inversión presupuestaria es completamente excesiva como para que el retorno de la asistencia a las salas pueda cubrir ese gasto desmesurado que en otro tiempo, habría sido inequívocamente sencillo de recuperar.
De hecho, si repasamos los últimos grandes fracasos taquilleros del cine comercial, la mayoría de ellos poseen unos presupuestos un tanto descabellados para estos tiempos donde cada vez es más complicado atraer a los espectadores al patio de butacas. Furiosa costó 168 millones de dólares,El especialista tuvo una partida 130 millones y Joker: Folie à Deuxpartió de un desembolso de 200 millones de dólares. Cifras que llevan a que dichas películas tengan que recaudar muchísimo dinero para comenzar a ser rentables. Así, esto es lo que le sucederá a Mickey 17 si no logra al menos, alcanzar entre los 250 y los 300 millones de dólares. A partir de ahí, el trabajo del realizador surcoreano comenzará a poder obtener beneficios para la major.
¿De qué trata ‘Mickey 17’?
La sinopsis oficial de Mickey 17 es la siguiente: «Mickey 17 es un miembro de una tripulación prescindible que ha sido enviado a un planeta congelado para colonizarlo. Cada una de las muertes de sus clones anteriores ha supuesto un avance sideral para la empresa para la que trabaja. Pero después de un fallo y tras la no muerte de Mickey 17, Mickey 18 aparece a la mañana siguiente bajo una legislación que prohibe que dos mismos clones puedan convivir al mismo tiempo».
Además de tener a un Pattinson por partida doble, Mickey 17 concentra en su reparto a nombres como Naomi Ackie (Parpadea dos veces), Mark Ruffalo (Shutter Island), Toni Collete (Hereditary), Anamaria Vartolomei (El conde de Montecristo) y Steven Yeun (Minari), entra otros. En la fotografía, el filme contó con el responsable visual de Seven y Midnight Paris, Darius Khondji.
Mickey 17 sufrió muchos retrasos por parte de Warner y desde la prensa norteamericana, se filtraron varios rumores de que al estudio no le había convencido nada el montaje final del cineasta. Todo apunta a que la cinta no alcanzará las previsiones de la marca, mientras Joon-ho está sumergido ya en su nuevo proyecto. Una cinta de animación todavía sin título que versa sobre un drama con criaturas de las profundidades marinas y seres humanos. Tras su paso por cines, lo más probable es que Mickey 17 termine llegando a principios de mayo a la plataforma de Max.
El gobierno de Maximiliano Pullaro celebró la decisión unánime de una flamante Cámara Penitenciaria. El órgano judicial impulsado por el gobierno santafesino avaló las restricciones para impedir la libertad condicional a condenados en determinados casos graves.
La misma actuación de la Cámara Penitenciaria en este caso provocó un impacto en el campo penal que va más allá de las muy escasas voces que hasta ahora produjeron reacciones explícitas.
Señalan que esa Cámara fue creada al solo fin de producir pronunciamientos como este, que no es tarea del Poder Judicial emitir un dictamen a pedido del Poder Ejecutivo sino que los jueces dictaminan sobre casos frente a un conflicto de dos partes. Y que es absolutamente inconstitucional la norma que faculta a tres camaristas a decir lo que dice la ley y obligar o siquiera sugerir a jueces inferiores a aplicar lo que ellos dicen.
¿Por qué lo dicen? Porque esto empezó a partir de un pedido de opinión consultiva que hizo el ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Cococcioni, que le requirió a la Cámara Penitenciaria ni bien fue creada el año pasado que definiera si es constitucional el artículo 14 del Código Penal, que prohíbe conceder libertad condicional a los reincidentes, y también si lo es conceder la libertad condicional a los condenados por delitos graves, tales como homicidios agravados, o contra la integridad sexual, tortura seguida de muerte o financiamiento del terrorismo.
El Ministerio de Seguridad buscaba saber si es necesario a criterio de la Cámara producir informes y dictámenes ante cada solicitud de libertad condicional o asistida muchas veces antojadizos que, alega, implica un gran esfuerzo de los organismos criminológicos del Servicio Penitenciario cuando los jueces les dan curso.
La Cámara Penitenciaria opinó que las restricciones actuales a las salidas anticipadas en los casos pedidos son constitucionales. Lo que motivó una respuesta de Cococcioni que no disimuló su alborozo en redes sociales y que provocó un palpable malestar, tan real como no expresado públicamente en jueces penales.
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe.
“Hasta ahora, los presos vivían presentando pedidos de libertad ‘por las dudas’, porque había jueces que las otorgaban porque consideraban que las leyes eran inconstitucionales. En este momento estamos instruyendo al Servicio Penitenciario para que no se tramiten más de oficio estos pedidos”, dijo el ministro de Seguridad. “Porque, además de liberar delincuentes, nos hacían gastar plata en informes criminológicos, ambientales y de todo tipo, una y otra vez hasta que les tocaba un juez más favorable. HASTA ACÁ LLEGARON: SE LES TERMINÓ LA JODA”, sostuvo.
Los planteos explícitos son pocos en relación al estremecimiento que este tema causó en el mundo penal. Solo hubo una manifestación de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Estos indican que si bien está previsto en una ley este tipo de consultas, la misma altera la función de los magistrados, a los que les impone “la tarea de legislar”.
Aducen que el mecanismo utilizado para la resolución, “secreto, escrito, ilegitimo y arbitrario, sin participación de partes en audiencia oral y publica atenta contra el sistema acusatorio vigente en la Provincia de Santa Fe, retornando a épocas pasadas de normativa procesal penal que desde hace ya 10 años dejó de existir en nuestra provincia”. Y que es la Corte Suprema la que tiene la última palabra sobre un caso judicial”.
Algo parecido planteó el Servicio Público de Defensa Provincial, a cargo de Estrella Moreno Robinson, cuando el Ministerio convocó a distintos órganos del sistema acusatorio a pronunciarse. La Defensa Pública de Santa Fe dijo que la Cámara Penitenciaria estaba actuando de manera inconstitucional, porque los tribunales solo pueden pronunciarse sobre casos concretos y dar opinión no es una función de jueces. Que al hacer eso estaba adoptando facultades de tipo legislativo y afectando la autoridad de la Corte Suprema provincial que es el intérprete final en materia constitucional en el ámbito santafesino. También una afectación del principio del tribunal imparcial porque en el futuro esta Cámara deberá tratar casos concretos para los cuales ya adelantó opinión en abstracto.
La fiscal general Cecilia Vranicich, del Ministerio Público de la Acusación, que agrupa a los fiscales provinciales, respondió que en relación a las normas que limitan las salidas por casos graves los fiscales en audiencias públicas vienen pronunciándose por defender las normas que limitan el otorgamiento de libertades condicionales. Sobre la necesidad de que los órganos penitenciarios sigan produciendo informes ante pedidos de libertad a condenados por delitos graves optó por no pronunciarse.
La Cámara Penitenciaria rechaza tajantemente estar actuando en contra los principios del Poder Judicial o invalidar la posibilidad de que se siga litigando. Indica en lo fundamental que la opinión que formula es orientativa, no tiene el alcance de una norma general ni carácter obligatorio por lo que los cuestionamientos del Servicio de Defensa, puntualmente, son infundados. Plantea que ante cada caso concreto donde un condenado tenga motivos para pedir una salida anticipada en el marco de la ley de ejecución de su pena podrá hacerlo. Y que la opinión que la Cámara da persigue brindar certeza jurídica en cuestiones complejas.
“Una distinción política”
Un histórico docente de la Facultad de Derecho de la UNR que ejerció cargos públicos rechaza todos los argumentos. “Antes de meditar sobre cualquier cuestión normativa hay que hacer una distinción política. Esto es parte de una política penitenciaria del Poder Ejecutivo. Esto es lo primero. Crearon una Cámara Penitenciaria para resolver lo que tienen que resolver jueces de primera instancia. Quizás tuvieron buenas intenciones más allá de cómo integraron la Cámara. Las cosas no se hacen así. Esto es inconstitucional hasta la médula. Un juez no puede orientar, ni decir, ni sugerir a otro juez lo que tiene que hacer”.
“La opinión consultiva en la tradición jurídica argentina no existe”, desliza un funcionario judicial de Rosario. “Los jueces están para resolver un conflicto. No hay jurisdicción, o sea acción judicial, sin caso. Acá no hay partes ni hay imputado. ¿Por qué el gobierno quiso sustraer la materia de ejecución penal a jueces como Gustavo Salvador, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi que son gente muy formada? ¿Por qué armó en contra de la estructura de un sistema acusatorio una Cámara además con una integración cuestionable desde cómo se resolvió el concurso? Ahora podrían por esta vía tener una Cámara que no trabaje nunca. Le hacen 50 preguntas y con las respuestas que da no hay más casos. Resolvimos todos los problemas”.
Las alusiones críticas a la integración de la Cámara se dan porque el gobernador Pullaro para componerla remitió a la Legislatura los pliegos de tres aspirantes que aprobaron el concurso pero no quedaron en los primeros puestos de la valoración del jurado. El propio ministro Cococcioni aceptó públicamente después que lo hacían porque encontraba que eran afines a su política penitenciaria. La Legislatura aprobó esos pliegos con amplia mayoría.
“Opinión orientativa y no vinculante”
Los camaristas Mario Guedes, Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón remarcan en su resolución que no es correcto afirmar que la opinión consultiva podría contradecir criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Subrayan que la misma no tiene fuerza normativa ni efecto vinculante, que por eso no podría jamás generar un conflicto con decisiones del máximo tribunal provincial. Y una opinión consultiva no podría tampoco, dicen, restringir el acceso a la Justicia de quien tenga motivos concretos para pedir un beneficio en la ejecución de su condena como una salida anticipada.
Entonces, podría decirse, ¿por qué se emitió esta opinión? El gobierno la quería para evitar que a su criterio sigan proliferando de manera torrencial pedidos de salidas anticipadas de condenados por delitos graves, que éstos elevan sin encontrarse en condiciones de hacerlos según lo que exige la ley. Pero que, al decir de las autoridades de seguridad, se tiran igual el lance, con lo que activan una enorme cantidad de trabajo inútil para los órganos criminológicos penitenciarios si encuentran que jueces habilitaran el trámite.
¿A quién alude Cococcioni, entonces, cuando dice que con esta resolución “se les terminó la joda”? ¿A los presos que a través de sus defensores piden los beneficios? ¿O a los jueces que los conceden? Esto es lo que activa una indignación concreta, expresada entre bambalinas por no pocos jueces que hablaron con LPO, que consideran esto una insolencia del ministro de Pullaro, pero además hecho desde una normativa y una práctica que consideran inconstitucional, ajena a la labor de un juez y un apriete con ropaje normativo.
El gobierno de Pullaro frente a esta incipiente discusión tiene una ventaja política indescontable. Y es haber hecho todo de manera asumida. Obtuvieron la ley para la opinión consultiva, crearon la Cámara Penitenciaria, la integraron aceptadamente con miembros afines a su pensamiento respecto de la cuestión carcelaria, obtuvieron el respaldo de la Legislatura de los miembros propuestos. La Cámara produce la resolución sobre la opinión que le pidió el Poder Ejecutivo de una manera franca y convencida, y el gobierno festeja como un logro político algo que le permitirá evitar, como señalan, condicionales a condenados que cometieron delitos graves. En frente hay una corriente de opinión muy fuerte y muy idónea que cuestiona todo esto pero que, hasta ahora, se expresa lánguidamente o no se expresa. Es el gobierno, en definitiva, discutiendo con los fantasmas de Hamlet.
La Cámara de Ejecución Penal dejó en claro, por unanimidad, que LAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD CONDICIONAL Y ASISTIDA, PARA LOS REINCIDENTES Y PARA LOS CONDENADOS POR CIERTOS DELITOS, NO VIOLAN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS.Hasta ahora, los presos vivían presentando pedidos…
Obsesionado con sostener el cepo paritario que busca imponer un tope del 1% a los aumentos salariales, Luis “Toto” Caputo rechaza homologar el acuerdo firmado hace diez días entre el Sindicato de Comercio y las cámaras, que establece una suba trimestral del 5,4%.
Frente a eso, en el gremio que conduce Armando Cavalieri denunciaron “la intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres” y se declararon en estado de alerta con asambleas para informar y defender la vigencia del aumento salarial acordado.
Como contó LPO, el acuerdo paritario que implica una suba del 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, lleva el salario básico de los empleados del sector a $1.123.000.
Frente a eso, el Gobierno presionó ante los grandes supermercados y mayoristas para que rechacen pagar ese aumento, bajo amenaza de trasladar ese costo a precios. No es la primera vez que Caputo opera sobre esas cámaras. Días antes lo hizo para que rechacen las listas de precios de Molinos y Unilever con subas de hasta un 12%.
En un comunicado, la Secretaría de Trabajo dijo que se encuentra “en pleno análisis” la “homologación de la última paritaria del sector de comercio” y adelantó que en los próximos días convocará a las partes “con el objetivo de renegociar el contenido, con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo”.
La orden a Julio Cordero para que la Secretaría de Trabajo no homologue el acuerdo de Comercio detonó una fuerte tensión con uno de los líderes sindicales que mantenía un perfil dialoguista con el Gobierno.
Asamblea del Sindicato de Comercio de Capital Federal. Crece la tensión con el Gobierno.
“¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada”, dijo Cavalieri a Infobae. Días atrás, el dirigente sindical había acusado al Gobierno de ponerle “el precio del salario”.
En ese contexto, este viernes el Sindicato de Empleados Comercio de Capital Federal, dio una muestra de fuerza al Gobierno con una asamblea multitudinaria de delegados donde se cuestionó la intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres.
Más allá de la postura del Gobierno, en Comercio recordaron que el acta suscripta contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios Nº 3/2021 para la provisión de materiales para mantenimiento del alumbrado público. La apertura de las propuestas será el 26 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras y las mismas se podrán presentar en sobre por Mesa de Entradas…
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