La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 05/2021 destinada a la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se ubicará en calle Juan Cruz Varela entre Cereghetti y Continentes.
La apertura de las propuestas será el 11 de noviembre a las 11 horas.
El presupuesto oficial es de $35.566.098,94 con un plazo de obra de 8 meses.
Para adquisición de pliegos (sin costo) y consultas dirigirse a Oficina de Compras, al teléfono 298-446550 interno 108 o al mail [email protected]
La construcción de este nuevo CDI es resultado de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi y se enmarca en el programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La Ciudad avanza con las obras en el Centro Cultural San Martín que incluyen la modernización del edificio diseñado por Mario Roberto Álvarez y la restauración de las salas A/B. En diciembre estará concluída la etapa 1 y el año próximo finalizará la obra.
El CC San Martín es el principal complejo artístico y educativo de la Ciudad. Está compuesto por dos volúmenes, una torre vidriada de 12 pisos y un volumen más bajo que alberga las salas A/B.
El centro cultural fue inaugurado en 1970, pero la falta de inversión estatal hizo cada vez más complicada su utilización.
El gobierno porteño comenzó una refacción general en 2025 y está previsto que una vez concluída, el CC San Martín vuelva a albergar al conservatorio de música Manuel de Falla.
El Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa dividió en cuatro etapas el proyecto para recuperar el mítico edificio. La etapa cero fue para resolver las urgencias: retiro de materiales con asbesto, renovación de cloacas, retiro de carpintería con riesgo de desprendimiento y colocación de andamios en sectores críticos de la fachada.
Las etapas 1 y 2 son las que están en curso y se realizan en espejo en los dos volúmenes. La etapa 1 comprende la renovación de las fachadas de la torre y de las salas A/B que incluirán un muro cortina con perfiles aluminio, compuesto por paños fijos con vidriado estructural y ventanas proyectantes y respetarán el diseño original.
La etapa 2 está vinculada a una modernización de la torre y de las salas A/B, con capacidad para 800 personas y también de las salas Alberdi, Muiño, Salas de Convenciones C, D, E y F.
Entre los trabajos a realizar se encuentra la renovación de las instalaciones eléctricas, de iluminación, instalaciones termomecánicas y mejoras en la seguridad contra incendios y medios de evacuación.
La última etapa comprende la provisión y restauración de equipamiento de las salas, aulas, talleres y oficinas y la restauración del mobiliario original de las salas de convenciones que incluyen icónicos diseños de Alberto Churba Silla Laqueada y el Sillón Cinta.
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A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.
Por Roque Pérez para NLI
Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.
Una resolución que cambió el escenario
La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.
La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.
Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.
Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad
Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.
Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.
Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.
Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.
Una causa cada vez más cuestionada
La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.
Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.
Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.
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