La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 05/2021 destinada a la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se ubicará en calle Juan Cruz Varela entre Cereghetti y Continentes.
La apertura de las propuestas será el 11 de noviembre a las 11 horas.
El presupuesto oficial es de $35.566.098,94 con un plazo de obra de 8 meses.
Para adquisición de pliegos (sin costo) y consultas dirigirse a Oficina de Compras, al teléfono 298-446550 interno 108 o al mail [email protected]
La construcción de este nuevo CDI es resultado de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi y se enmarca en el programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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La crisis de largo aliento que azota a la industria pesquera llegó a su pico máximo con la suba de los combustibles desatada con la guerra en medio oriente.
Por eso, en Mar del Plata el sector salió a denunciar un escenario «terminal» y reclamaron ser recibidos por Javier Milei y Toto Caputo. «La crisis actual es insostenible y requiere medidas inmediatas», alertaron.
Tras una reunión entre miembros de la flota fresquera y plantas de procesamiento, las cámaras y armadores independientes salieron con un mensaje conjunto en el que plantearon una «situación dramática» que exige medidas «urgentes».
«Sin respuestas el escenario es terminal», advirtieron en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata.
Los pedidos de audiencia al presidente, el ministro de Economía y al Consejo Federal Pesquero (CFP) buscan llevar el reclamo de eliminación del IVA en la primera venta de pescado fresco destinado a procesamiento y exportación.
A la crisis preexistente del sector, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.
También, la devolución inmediata del IVA retenido a quienes exportan materia prima, punto central en una actividad netamente exportadora. Esos retrasos golpean de lleno a aquellas empresas sin la espalda suficiente para sostener la actividad.
Como contó LPO, la crisis del sector es producto de una combinación de factores que van desde el costo de los insumos y el fuerte incremento en materia de Derechos Únicos de Extracción (DUE) hasta la decisión del gobierno de Milei de no incluir al sector en la reducción temporal de retenciones que sí abarcó al agro.
Ahora, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.
En ese contexto, las cámaras también reclaman la derogación urgente de una disposición que definieron «ridícula» y que obliga a llevar dos patrones en embarcaciones costeras, algo que -acusan- «mantiene a gran parte de la flota detenida en el muelle».
También, reclamaron la «revisión de sanciones irrisorias derivadas de una norma que impone límites antinaturales a la actividad».
«No toleraremos que se nos intente disciplinar con multas extemporáneas y absurdas, basadas en una normativa ilógica y que ya deberían estar condonadas», avisaron.
En lo que representa un frente de conflicto abierto por salarios, las cámaras señalaron a los gremios que «no existe margen para nuevos aumentos salariales». En tanto, a los proveedores de insumos y servicios les pidieron «evitar incrementos que agraven el quebranto».
«La pesca no pide subsidios, pide reglas claras, alivio impositivo y condiciones para trabajar», señalaron.
En este contexto crítico, este miércoles en el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) celebraron el fallo de la justicia laboral que hizo lugar a la cautelar pedida por el gremio que conduce Pablo Trueba contra artículos neurálgicos de la reforma laboral.
Así, hasta que no se resuelva de fondo, que será en la Corte, al Simape y sus afiliados no se le podrá aplicar la reforma laboral, por lo que no están limitados al derecho de huelga, quedan cubiertos por la vieja ley de contrato de trabajo y los convenios del sector no pierden retroactividad cuando se vencen.
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