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En el marco de la cadena nacional anunciada para hablar de las Islas Malvinas, Javier Milei anunció la firma de un DNU para dotar de mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base militar en Tierra del Fuego. 

El anuncio se produce en medio de una profunda crisis en donde las Fuerzas Armadas no cuentan con salarios, equipamiento y presupuesto para cumplir con la misión que el Presidente le está encomendando. Además, cabe recordar que Milei eliminó la obra pública y compró unos aviones que, por una restricción de Inglaterra que él mismo aceptó, no tienen radar ni alcance para operar en el Atlántico Sur.

LPO habló con el presidente de la Liga Naval, el marino Fernando Morales quien planteó que «si se analiza fuera del contexto que el que lo dice es Javier Milei, el discurso es correcto porque habla de usurpación, remarca la importancia de la Antártida y de la necesidad de una base naval fuerte en el sur, que no se pueden explotar recursos mientras dure el conflicto como plantea la ONU y que tenemos para penalizar administrativa y penalmente a los empresarios que lo hagan es cierto». 

Sin embargo, Morales planteó que «o el señor Milei cambió 180 grados su pensamiento histórico o le cambiaron libreto. Ayer nomás, Federico Sturzenegger, seguía sosteniendo que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas, que tiene muchos hombres para los recursos que tienen, es decir, al sentido inverso: no faltan recursos, sobran». 

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«El razonamiento es: ¿Para que queremos 21 aviadores si tenemos 10 aviones o para que queremos 24 mil marinos si hay cuatro barcos? Esto no solamente lo dice el ministro sino que lo sostiene todos los afiles mediáticos», agregó. 

Por otro lado, Morales asegura que «difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16». 

Difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16

Otro militar en actividad consultado por LPO dijo que «el reequipamiento que necesitan las Fuerzas Armadas están totalmente fuera del alcance presupuestario. El gasto en Defensa es el 0,6 del PBI y debería pasar, por lo menos, al 2 por ciento para que sea un reequipamiento medianamente rápido». «Este gobierno quitó el Fondef, que garantizaba una suma importante de dinero para reequipamiento y lo sacaron». 

«Podaron 40 mil millones de pesos en horas de entrenamiento. Esto es menos vuelos, menos navegación, menos inmersión para los buzos, tienen congelado los proyectos de submarinos y le ordenaron al jefe de la Armada cerrar la base de Punta Indio con el pretexto de una renovación de la doctrina aeronaval cuando no prevista ninguna compra de caza sino que solo de aviones de reconocimiento pesquero», continuó. 

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Por último, un militar retirado remarcó que «tenemos en venta media base naval y ahora estas vendiendo los terreno de la base naval. Entre el discurso y la realidad y el futuro cercano hay una disociación muy grande». 

«Lo que se sospecha es que es la antesala para anunciar una fuerte presencia militar en Estados Unidos para defender el Atlantico Sur y hacerse cargo de una base militar en Ushuaia para que sea como las bases estadounidenses, como la que tienen en Cadiz, en donde los norteamericanos se hacen cargo del mantenimiento, operan la base y los españoles manejan un pedacito», concluyó.

La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.

Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.

El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente. 

Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

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La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.

Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma». 

El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña. 

El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio. 

La diputada radical Alejandra Ferrero.

Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente. 

Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar. 

En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.

La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.