Licitación privada para la adquisición de leña

 

La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.

Cuando navegar se hace difícil

Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.

Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.

En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.

Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.

Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.

Un poco de Historia

La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.

Qué sucede en el mundo

Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.

El desconocimiento de Sturzenegger

El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.

Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.

Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.

La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.

 

 

Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron junto a gobernadores y legisladores peronistas para defender las PASO y comenzar a reconstruir la unidad opositora.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El peronismo dio este miércoles una señal política que, hasta hace apenas unas semanas, parecía difícil de imaginar: Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a compartir una mesa, acompañados por gobernadores, senadores y diputados de distintos sectores del justicialismo. El encuentro, realizado en un hotel de Retiro y extendido durante más de tres horas, tuvo un objetivo concreto: construir una posición común frente al intento del Gobierno de Javier Milei de eliminar o suspender las PASO. Pero detrás de esa discusión electoral aparece una cuestión mucho más profunda: la posibilidad de que el peronismo empiece a reconstruir una unidad capaz de disputar el poder en 2027.

La escena tiene un peso político que excede largamente la defensa de un mecanismo electoral. Durante más de un año, las diferencias entre el kicillofismo, La Cámpora, el massismo y distintos sectores del PJ se profundizaron hasta convertir la interna en una disputa que amenazó con quebrar definitivamente al principal espacio opositor. Kicillof y Máximo Kirchner habían quedado enfrentados luego del cierre de listas de las elecciones legislativas, mientras Sergio Massa reconstruía su propio espacio y varios gobernadores reclamaban una conducción que pudiera trascender las peleas internas. Ahora, esos mismos sectores volvieron a encontrarse ante un adversario común.

Una foto que hace unos meses parecía imposible

La importancia de la reunión no reside solamente en quiénes estuvieron, sino también en quiénes lograron sentarse juntos después de meses de enfrentamientos. Además de Kicillof, Massa y Máximo participaron Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, junto con los jefes de bloque del peronismo en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez. La convocatoria buscó reunir a prácticamente todas las terminales del peronismo que mantienen una posición de oposición frente al Gobierno nacional.

No se habló de candidaturas. Y esa ausencia probablemente sea uno de los datos políticos más importantes del encuentro. En una fuerza atravesada por dirigentes con aspiraciones presidenciales, comenzar una discusión sobre nombres habría significado volver inmediatamente al terreno de la disputa interna. En cambio, la decisión fue concentrarse en una cuestión institucional y electoral: impedir que la reforma impulsada por el Gobierno termine eliminando una herramienta que podría permitirle al peronismo ordenar democráticamente sus diferencias.

Las PASO, en este contexto, son mucho más que una elección previa. Para una fuerza que hoy contiene distintas corrientes, desde el kirchnerismo hasta el massismo y el kicillofismo, pasando por los gobernadores y sectores sindicales, una primaria puede funcionar como mecanismo de resolución de las diferencias sin necesidad de una ruptura. Eliminarla, en cambio, obligaría a construir acuerdos de candidaturas antes de que esas diferencias hayan encontrado un mecanismo legítimo para resolverse.

Por eso el argumento utilizado por los dirigentes reunidos en Retiro fue directo. Según trascendió, uno de los participantes planteó que quienes acompañen la eliminación o suspensión de las PASO deberán hacerse responsables de “ayudar a Milei a tener 4 años más”. La frase expresa una definición estratégica: para una parte importante de la oposición, la discusión sobre las primarias no puede separarse de la disputa por la sucesión presidencial.

El Gobierno quiso ordenar la oposición y consiguió el efecto contrario

La paradoja política es evidente. El Gobierno busca modificar las reglas electorales antes de la próxima gran disputa nacional, mientras el peronismo interpreta esa iniciativa como una amenaza a su capacidad de competir unido. La reforma electoral, entonces, empieza a funcionar como un factor externo de cohesión para una fuerza que hasta hace poco parecía incapaz de encontrar un punto de encuentro.

Incluso el PRO mantiene una posición que complica todavía más el escenario oficialista. Aunque todavía no definió su postura definitiva, dentro del partido consideran valiosas las PASO y algunos dirigentes comenzaron a explorar la posibilidad de mantenerlas pero convertirlas en voluntarias. Es decir, el Gobierno no tiene garantizado que su propuesta de eliminación encuentre un consenso amplio ni siquiera entre sus aliados o potenciales aliados.

La cuestión adquiere otra dimensión si se observa lo ocurrido recientemente en el Congreso. La derrota oficialista en el Senado alrededor de distintos capítulos de la legislación sobre tierras y manejo del fuego mostró que, cuando existen coordinación política y voluntad de negociación, la oposición puede reunir votos suficientes para bloquear iniciativas centrales del Ejecutivo. Según elDiarioAR, esa experiencia de trabajo conjunto fue uno de los factores que ayudó a generar las condiciones para el reencuentro entre sectores peronistas que venían enfrentados.

La unidad, por supuesto, todavía está lejos de estar consolidada. Una cena no borra un año de conflictos políticos, ni resuelve las diferencias entre Kicillof y el kirchnerismo, ni determina quién conducirá el espacio en los próximos años. Tampoco significa que las aspiraciones presidenciales de Massa, Kicillof u otros dirigentes hayan desaparecido. Lo que cambió es algo más elemental: por primera vez en mucho tiempo, distintos sectores aceptaron que necesitan volver a hablar entre ellos.

Y eso, en la política argentina, no es un dato menor.

La unidad como condición para 2027

El desafío que enfrenta el peronismo es considerable. No alcanza con resistir una reforma electoral ni con coincidir circunstancialmente en el Congreso. Para convertirse nuevamente en alternativa de gobierno deberá transformar una unidad defensiva en una propuesta política capaz de hablarle a una sociedad que atravesó un profundo cambio desde 2023.

Pero ningún proyecto opositor puede construirse si sus principales dirigentes se mantienen permanentemente enfrentados. La reunión de Retiro parece haber producido, al menos por unas horas, una tregua entre quienes representan tradiciones y electorados diferentes dentro del mismo universo político. El dato significativo es que Kicillof, Massa y Máximo Kirchner comprendieron que pueden seguir disputando liderazgo, pero que primero necesitan preservar el espacio donde esa disputa pueda resolverse.

El Gobierno de Milei, mientras tanto, pretende avanzar sobre las reglas electorales con la mirada puesta en su propia continuidad. El peronismo empieza a responder con otra lógica: conservar las herramientas que le permitan dirimir sus diferencias y evitar que la fragmentación termine convirtiéndose en una ventaja automática para el oficialismo.

Todavía no hay una candidatura, ni una conducción común, ni un programa de gobierno. Hay algo más modesto, pero políticamente decisivo: una mesa que volvió a reunir a quienes durante meses parecían destinados a competir entre sí antes que contra Milei.

Si esa mesa consigue mantenerse abierta, el encuentro de Retiro puede terminar siendo recordado no por las PASO, sino como el primer capítulo de una reconstrucción mucho más grande. Si vuelve a romperse, quedará apenas como una fotografía pasajera. La política argentina, una vez más, acaba de entrar en esa zona donde una tregua puede convertirse en alianza o terminar siendo apenas un paréntesis.