La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación privada Nº 04/2021 para la adquisición de 4.000 kilos de leña (frutal seca trozada).
El presupuesto oficial es de $ 2.800.000 y la apertura de las ofertas se realizará el 16 de abril a las 11 horas.
Las mismas se recibirán hasta la fecha y hora de la apertura. Para atención y consultas, comunicarse con el Departamento de Compras en el horario de 7,30 a 13 al mail [email protected] o al teléfono 2984 464550, interno 108.
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
La política del número gigante: cuando una cifra busca reemplazar un debate histórico
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
El Banco Central como enemigo: la reforma que busca separar la moneda de la política
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Convertibilidad, reservas y Cristina Kirchner: una historia económica reconstruida desde la mirada libertaria
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
El “grillete fiscal” y el debate sobre los límites constitucionales del ajuste permanente
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
Más libertad financiera y menos controles: la apuesta de Milei para transformar la economía
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
La construcción de una nueva verdad política: entre la economía y la batalla cultural
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
El jueves último, la propuesta denominada ‘Coloreando mi ciudad’ que lleva adelante la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina se desarrolló en Santa Rita. Allí los niños y las niñas realizaron un recorrido guiado por una chacra, donde varios reconocieron las tareas que se realizan ya que sus padres son trabajadores rurales….
En La Libertad Avanza comenzó a sonar el nombre de Marcos Peyrano como posible candidato a gobernador de Santa Fe el próximo año. Es apoderado del partido en la provincia y de confianza de Romina Diez. Ahora, es una de las alternativas que barajan en el espacio libertario.
Diez es la candidata natural de La Libertad Avanza para disputar la Casa Gris, pero entre sus allegados dice que preferiría competir por una banca en el Senado. La actual diputada tiene una relación directa con Karina Milei y conserva el control político del partido en Santa Fe.
Por otro lado, Lule Menem impulsa la candidatura del diputado nacional Nicolás Mayoraz. El legislador aceptaría competir por la gobernación como candidato testimonial, pero quiere que le garanticen un lugar expectante en las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, su postulación tiene que conseguir el ok de Diez.
Diez es la candidata natural de La Libertad Avanza para disputar la Casa Gris, pero entre sus allegados dice que preferiría competir por una banca en el Senado. La actual diputada tiene una relación directa con Karina Milei y conserva el control político del partido en Santa Fe
Ante ese escenario, surgió el nombre de Peyrano que fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución provincial y tiene la confianza de la diputada libertaria.
Los libertarios dicen los objetivos para 2027 son terminar por encima del peronismo y complicar competirle la reelección de Pullaro. En LLA creen que la elección se puede terminar polarizando entre el candidato libertario y el radical Pullaro, relegando el PJ a un tercer lugar.
Marcos Peyrano es abogado y fue constituyente en la Convención Reformadora
En La Libertad Avanza de Santa Fe niegan que exista un acuerdo con el gobernador. «Hay diálogo, pero no hay nada cerrado», dijeron fuentes libertarias a LPO. En ese sentido, se filtra la negociación por la eliminación de las PASO.
Pullaro es uno de los gobernadores más interesados en que el Congreso derogue las primarias porque, si continúan vigentes, el cierre de alianzas nacionales podría superponerse con el calendario electoral de Santa Fe.
Ese escenario amenaza con profundizar las tensiones dentro de Unidos, donde conviven radicales, socialistas y dirigentes del PRO. Una alianza nacional de sectores del radicalismo y el macrismo con Milei sería difícil de compatibilizar con la continuidad del frente provincial junto al socialismo.
Pullaro y Milei el 9 de Julio pasado
En el entorno libertario dudan de que Unidos llegue intacto a las elecciones de 2027 y ubican al socialismo cada vez más cerca de un eventual acuerdo con Axel Kicillof u otra alternativa progresista nacional.
Los libertarios también reclaman que Pullaro se pronuncie con mayor claridad a favor de eliminar las PASO. Los gobernadores, en cambio, le plantean a la Casa Rosada que primero debe cerrar un acuerdo político y recién después avanzar con la derogación. El cruce expone la desconfianza que existe entre Milei y los mandatarios provinciales.
Mientras tanto, Santa Fe debe sancionar una nueva ley electoral y los tiempos comienzan a apremiar. La definición del sistema provincial será clave para ordenar el calendario y los posibles frentes.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana del acto de firma de convenios para el desarrollo de los talleres de formación laboral del Programa Emprender que implementa el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro. La rúbrica de los mismos fue encabezada por el titular del Ministerio Juan José Deco. En la…
Partiendo de la creencia que todo está conectado, como si fuéramos una nube de energía conectando entre sí diferentes puntos , puedo decir que hoy -2018- ya estamos preparados para asimilar varios conceptos a la vez y entrelazarlos. Darles un significado en común, una compatibilidad. Ningún suceso es aislado, todos tienen un “código” y se…
YPF aceptó la oferta de Edenor por Metrogas y cerró una de las operaciones más importantes del sector energético. La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció USD 780 millones por el paquete de la petrolera estatal y se impuso en el proceso organizado por Citigroup.
La operación tiene una sorpresa. Edenor no compra solamente el 70% de Metrogas. YPF también le vende su 5% directo en MetroENERGÍA, la comercializadora de gas controlada por la propia Metrogas. El hecho relevante enviado este lunes a la CNV confirma que YPF se desprende de la totalidad de sus participaciones en ambas sociedades.
La propuesta fue aprobada por el directorio de YPF este lunes y todavía debe superar las autorizaciones regulatorias. Entre ellas, la del descabezado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en concurso de autoridades. Es un detalle importante porque la operación vuelve a colocar en el centro una vieja discusión sobre concentración e integración vertical en el mercado energético.
Manzano llegaba con ventaja a la definición. Ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y en el sector energético se sabía que Edenor había presentado la oferta económica más agresiva. Finalmente fueron USD 780 millones. Una cifra considerable para quedarse con el control de una empresa cuya capitalización bursátil completa se ubicaba alrededor de los USD 800 millones.
YPF no se está sacando de encima un problema. Metrogas es la mayor distribuidora de gas del país, tiene alrededor de 2,5 millones de clientes y concentra cerca del 28% del mercado. Además, es superavitaria. La recomposición tarifaria mejoró fuerte sus resultados, redujo el endeudamiento y permitió que volviera a distribuir dividendos después de más de dos décadas.
Los últimos datos publicados por la propia compañía muestran ventas netas por USD 836,6 millones en 2025, un EBITDA de USD 176,4 millones y una utilidad neta de USD 91 millones.
La explicación oficial de Horacio Marín es otra. YPF afirmó que la venta forma parte de la estrategia de «optimizar su portafolio de activos» y concentrar inversiones en Vaca Muerta, con el objetivo de convertirse en una compañía shale de escala global. En el comunicado que anunció la operación, la petrolera no presentó la venta como consecuencia de una obligación legal de desprenderse de Metrogas.
Ese silencio no es menor. Como contó LPO, alrededor de Metrogas existe desde hace años un laberinto regulatorio. La Ley 24.076 limita la integración vertical entre productores y distribuidores de gas y ese criterio fue utilizado para cuestionar que YPF controlara Metrogas. Pero la historia tiene una vuelta bastante incómoda: en 2013, cuando YPF ya estaba nuevamente bajo control estatal, el propio Enargas autorizó la operación mediante la cual la petrolera pasó a controlar indirectamente el 70% de la distribuidora.
Años después, el regulador cambió el criterio y exigió a YPF adecuar su participación accionaria. La petrolera discutió esa interpretación y sostuvo que había adquirido Metrogas con las autorizaciones correspondientes. Por eso, presentar la venta como el simple cumplimiento de una obligación legal es, como mínimo, incompleto. Hay normas y decisiones regulatorias cruzadas y una autorización específica de 2013 que complica bastante esa lectura.
El punto adquiere otra dimensión porque YPF está entregando una empresa rentable. No es una privatización para tapar un agujero. Metrogas genera caja, domina el mayor mercado residencial de gas del país y tiene por delante la posibilidad de extender durante otros veinte años una licencia que vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó esa prórroga.
Pero la verdadera novedad del paquete está en MetroENERGÍA. La sociedad fue creada para operar en el mercado desregulado y comercializa gas a grandes usuarios. El 95% pertenece a Metrogas y el 5% restante estaba directamente en manos de YPF. Con la operación anunciada este lunes, Edenor compra también ese 5%. Es decir, no se lleva solamente los caños que distribuyen el gas: entra también en el negocio de comercializarlo.
Ahí aparece una curiosidad regulatoria difícil de pasar por alto. La integración vertical que durante años se le cuestionó a YPF y que funcionó como argumento para que se desprendiera de una compañía superavitaria no parece despertar el mismo celo cuando la cadena queda en manos privadas.
Manzano ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Ahora suma el control de Metrogas y, a través de ella, de MetroENERGÍA. El grupo queda así parado sobre distintos escalones del negocio energético: comercialización de gas, distribución de gas y distribución de electricidad. El gas, además, es uno de los principales combustibles utilizados para generar la electricidad que después circula por las redes de Edenor.
El mapa puede extenderse todavía más, aunque allí conviene distinguir propiedad de asociación empresaria. Manzano mantiene estrecha relación con Mercuria a través de Phoenix Global Resources. El trader suizo avanzó sobre los activos de Raízen en Argentina, que incluyen la red de estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y terminales de combustibles.
Y las estaciones tienen un valor que ya no termina en el surtidor. Son uno de los lugares naturales para desplegar cargadores rápidos de vehículos eléctricos. La electromovilidad abre así una nueva frontera donde pueden volver a encontrarse las redes eléctricas, los grandes comercializadores de energía y las estaciones de servicio.
La operación de Metrogas deja entonces una pregunta para el regulador. Si la integración vertical era un problema suficientemente serio como para reclamar durante años que YPF abandonara el control de una empresa superavitaria, deberá explicar dónde coloca ahora la línea roja cuando el comprador ya controla Edenor y suma Metrogas y su comercializadora de gas.
YPF, mientras tanto, se queda con los USD 780 millones y concentra sus fichas en Vaca Muerta. Manzano se queda con una compañía rentable, 2,5 millones de clientes y otra pieza de un tablero energético que ya abarca buena parte del AMBA. .
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