La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación privada Nº 04/2021 para la adquisición de 4.000 kilos de leña (frutal seca trozada).
El presupuesto oficial es de $ 2.800.000 y la apertura de las ofertas se realizará el 16 de abril a las 11 horas.
Las mismas se recibirán hasta la fecha y hora de la apertura. Para atención y consultas, comunicarse con el Departamento de Compras en el horario de 7,30 a 13 al mail [email protected] o al teléfono 2984 464550, interno 108.
Días atrás se hizo viral la disposición 0338/2019 donde se otorga la suma de un adicional del 40% sobre el sueldo básico al secretario de gobierno del municipio reginense, Juan Valverde, por dedicación funcional exclusiva (es válido aclarar que no fue el único secretario que lo cobró). Esto desató una andanada de comentarios por parte…
Continuando con las actividades de educación vial, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante la campaña ‘Regina respeta al peatón’ con el objetivo de que tanto conductores de vehículos como peatones tomen conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen al transitar en la vía pública. La…
El Intendente Marcelo Orazi participó este martes de la entrega de insumos a establecimientos educativos de la ciudad que fueron adquiridos a partir del convenio que la Municipalidad firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En este caso, la Escuela Primaria N° 257 y la Escuela N° 143 recibieron una…
Juan Bautista Mahiques intenta recomponer la relación con los senadores aliados del gobierno, después del papelón que se produjo cuando nueve legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que aspira al juzgado federal N°3 de La Plata.
El ministro de Justicia se comprometió en los últimos días a enviar alrededor de 80 pliegos más, para aceitar el trámite legislativo de aquellos candidatos que ya tuvieron el visto bueno de la comisión de Acuerdos después de las audiencias públicas. Sin embargo, los senadores del radicalismo, los del PRO, los que responden directamente a gobernadores, como la salteña Flavia Royón o la tucumana Sandra Mendoza, y los sin techo como Carlos «Camau» Espínola exigen que, antes, Juan Carlos Pagotto, el riojano que preside la comisión, «deje de esconder» el dictamen de Michelli.
Un legislador enfurecido le dijo este domingo a LPO que «lo que hace Pagotto es totalmente ilegal». «El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea», se quejó.
Como informó LPO, el dictamen de Michelli desató una pelea feroz entre Mahiques y Patricia Bullrich. Desde la Casa Rosada, acusan a la ex ministra de Seguridad de haber apurado la convocatoria a audiencia pública para la exposición de la magistrada cuando en el gobierno todavía deliberaban si convenía o no avanzar con su pliego.
El argumento parece endeble. Porque, sea como fuere, Karina Milei se dio cuenta tarde que el pliego de Michelli había sido remitido al Congreso, con la firma de su hermano, el presidente Javier Milei, por recomendación de Mahiques, su ministro de Justicia.
La incógnita sobre cómo proceden Mahiques y los Milei para enviar los pliegos al Senado se convierte en el misterio más importante para encontrar dónde anida la torpeza política o quién está perjudicando a quién dentro de un gobierno minado por internas.
Camau Espínola, Eduardo Vischi y Juliana di Tullio.
Como sea, los aliados esperan a sus respectivas reuniones de bloque y la comisión de labor parlamentaria, que se sucederán entre el martes y miércoles próximos, para evaluar qué postura tomarán en base a lo que propongan los libertarios. Un senador oficialista asumió ante LPO que «la situación era desprolija», mientras que un aliado del gobierno comentó que Bullrich «se despega de los desmanejos» como el del affaire Michelli.
Una versión inquietante comenzó a circular en la Cámara Alta durante los últimos días, entre los legisladores más memoriosos. Se especula que el veto de Karina al pliego de la hermana de Alconada Mon no sería solamente por las investigaciones periodísticas sobre los casos de corrupción en la Andis, LIBRA o Adorni, sino que también asocian a la jueza con una jugada de Mauricio Macri contra el juez Carlos Rozanski en 2016.
De igual modo, tampoco el malestar de los aliados se reduce al dictamen que firmaron por la positiva en medio de la desinteligencia entre Pagotto y Karina. La bronca de los senadores también radica en que, como anticipó LPO, el riojano convocó a una audiencia pública para que expongan siete candidatos a jueces el 9 de junio, sin atender a ninguno de los postulantes que pedían los gobernadores.
Lo que hace Pagotto es totalmente ilegal. El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea.
El día fijado por Pagotto solo se presentará un juez que aspira a quedarse con un cargo vacante en un juzgado federal de San Juan y los seis restantes son promovidos para el fuero laboral en Capital Federal. Aunque el senador riojano se había comprometido a convocar a una nueva jornada de audiencias públicas para los candidatos de las provincias para el día siguiente, ese anuncio todavía no se había formalizado hasta este domingo.
Uno de los más activos senadores en la comisión de Acuerdos se mostró confiado en que, pese a la mala praxis del gobierno, «los pliegos tienen que salir porque hay nombres de todos». Sin embargo, fuentes judiciales empiezan a observar que si arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sin que hayan sido aprobados aunque sea una tanda de los pliegos dictaminados, la apuesta de Mahiques podría diluirse.
Hasta ahora, solo se aprobó el pliego de la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, el papá del ministro de Justicia.
Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
Si cada argentino hiciese esta práctica, más de 20 millones de kilos diarios de «basura» no terminarían en un relleno sanitario. Cada habitante de este país desecha aproximadamente 1 kilo de «basura» por día. Si nos enfocamos en lo orgánico, esos 22 millones de kilos diarios, en lugar de transportarse y pudrirse en los basurales…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
