Licitación privada 06/2021

Mientras Javier Milei predica transparencia y “motosierra a la casta”, su partido extorsiona sistemáticamente a trabajadores del Estado con un esquema de recaudación ilegal disfrazado de “aporte partidario”.

Desde Santa Cruz hasta Misiones, las denuncias se acumulan: empleados de ANSES y PAMI afirman haber sido obligados a entregar el 10% de su sueldo para sostener a La Libertad Avanza. Lo que Milei prometió erradicar, hoy florece en su propia fuerza política.

La corrupción, vestida de nueva derecha

La denuncia de Sergio Torres, ex jefe del PAMI en Caleta Olivia, Santa Cruz, no es un hecho aislado ni un exabrupto administrativo. Se trata de la revelación de un patrón, de un mecanismo sistemático de recaudación partidaria impuesto desde la estructura misma del gobierno libertario. Bajo la fachada de un “aporte militante”, se exige un diezmo del salario a empleados públicos, práctica que remite a las peores épocas del clientelismo político. Lo aberrante es que esto sucede al interior de un gobierno que se autoproclama como el destructor de la casta, el vengador de la transparencia, y que sin embargo reproduce –y amplifica– los vicios del sistema que prometía demoler.

En la provincia de Santa Cruz, Sergio Torres denunció penalmente a Jairo Guzmán, titular del PAMI y referente local de La Libertad Avanza, por intentar obligar a una médica auditora a entregar el 10% de su sueldo como condición para conservar su puesto. El intento de extorsión quedó registrado en audios, mensajes de texto y correos electrónicos. Torres, quien se negó a cumplir la orden de Guzmán, fue inmediatamente congelado en sus funciones y luego despedido. “Yo la ideología la dejo afuera del PAMI”, expresó, y pagó el precio de no someterse a una lógica partidaria que no admite disidencias.

Lejos de tratarse de un hecho aislado o atribuible a la conducta individual de un funcionario fuera de control, el caso de Santa Cruz se replica con un inquietante nivel de similitud en la provincia de Misiones. Allí, Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza local y hombre de extrema confianza de Karina Milei y Martín Menem, fue señalado como el autor intelectual de un esquema de recaudación sistemática que obligaba a empleados de ANSES y PAMI a entregar el 10% de sus haberes para “bancar” al partido. Según la denuncia de al menos once funcionarios en Oberá, su operador Mario Pérez Miranda supervisaba la entrega del dinero en efectivo, todo documentado con capturas de pantalla, tickets y mensajes que ahora forman parte de una causa judicial.

Del discurso anticasta a la maquinaria extorsiva y el negocio del fanatismo disfrazado de meritocracia

Es imposible no advertir el contraste entre el discurso incendiario que Milei exhibe en cada tribuna y las prácticas que proliferan dentro de su propia estructura. Mientras el Presidente exige ajuste, despidos, eliminación de ministerios y un Estado mínimo, su partido se dedica a ordeñar el aparato estatal con prácticas típicas de la vieja política. El supuesto “aporte militante” no es voluntario, no se sostiene en la convicción ni en la ideología. Es una amenaza con formato de transferencia bancaria: pagás o te vas.

Así, el “Diezmogate”, como ya se ha bautizado en los pasillos del poder, se convierte en una radiografía brutal de lo que verdaderamente es La Libertad Avanza: un partido que usa el Estado para financiarse, que disciplina mediante la extorsión y que castiga la autonomía con el despido. El mensaje es claro: o estás con nosotros y pagás, o te quedás afuera. Y si hablás, te perseguimos.

A esta altura, resulta imposible seguir creyendo en la retórica de la “meritocracia” que tanto enarbola el gobierno libertario. El caso de la médica auditora de Caleta Olivia es elocuente: fue contratada por su currículum, por su experiencia en auditorías de obras sociales, y aun así fue extorsionada al día siguiente de asumir. ¿Qué mérito existe en tener que pagarle un tributo al partido para poder trabajar? ¿Dónde quedó la promesa de acabar con los kioscos estatales?

La maquinaria montada por Guzmán en Santa Cruz y Núñez en Misiones funciona con una lógica mafiosa: si no hay pago, no hay protección. Si no hay obediencia, hay exilio laboral. Si no hay silencio, hay represalias. Lo que Milei promete erradicar con motosierra, su partido lo reproduce con precisión quirúrgica. Y lo hace con impunidad, porque hasta ahora, el gobierno nacional ha optado por mirar para otro lado.

La “nueva casta” es una estructura nacional de recaudación ilegal

Los referentes provinciales de La Libertad Avanza no son outsiders ni técnicos abnegados. Son cuadros políticos puestos a dedo por Karina Milei, quien conduce el armado territorial con la misma lógica de verticalismo autoritario que supuestamente venía a combatir. Y como en toda red piramidal, las lealtades se compran con cargos y se cobran con aportes.

La continuidad de estas prácticas no es un error, sino un síntoma. La Libertad Avanza no es una fuerza de renovación, sino una estructura que ha tomado las peores prácticas de la casta para reconfigurarlas con un nuevo ropaje ideológico. Cambiaron las consignas, no las costumbres. El ajuste es para los de abajo; el negocio sigue siendo para los de siempre, aunque ahora citen a Von Mises y posen con motosierras.

Lo verdaderamente alarmante del “Diezmogate” es su carácter federal. No se trata de una excepción geográfica o de una manzana podrida. En Santa Cruz, en Misiones y, según fuentes que prefieren el anonimato, también en otras delegaciones del Estado nacional, el cobro del 10% se ha vuelto norma. La cifra no es casual: es lo suficiente como para no generar rebelión inmediata, pero lo bastante para financiar una campaña sin depender de aportantes privados.

Con más de 40 militantes de LLA en Misiones solicitando formalmente la renuncia de Núñez, y con una causa penal abierta en Santa Cruz, el partido de gobierno enfrenta su primera gran prueba de fuego ética. ¿Habrá expulsiones? ¿Se investigará a fondo? ¿Responderá el Presidente o seguirá agitando teorías conspirativas para distraer la atención?

La falta de respuesta desde las más altas esferas del gobierno no solo agrava la situación, sino que la legitima por omisión. Si Javier Milei realmente quiere romper con la casta, debería comenzar por limpiar su propia casa. Si en cambio decide proteger a los suyos, el discurso anticasta quedará expuesto como lo que muchos sospechaban: una máscara útil para llegar al poder, no una convicción ética.

Los trabajadores estatales no son enemigos ni militantes rentados. Son ciudadanos con derechos, y no deberían estar obligados a financiar un partido que los extorsiona y los persigue. La Libertad Avanza, hoy, no es víctima del sistema: es su heredera más eficiente.

(EnOrsai)