PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina llama a licitación privada 06/2021 para la adquisición de 350.000 kgrs. de leña frutal seca trozada.
La fecha de apertura de las propuestas será el 14 de mayo a las 11 horas y el presupuesto oficial es de $2.800.000.
Las presentaciones podrán realizarse hasta la fecha y hora de apertura en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Regina.
Mientras el país enfrenta una recesión sin fin y el salario real sigue en caída, el gobierno de Milei acelera la entrega de los bienes públicos más estratégicos de la Argentina. Energía, agua, rutas, trenes, y hasta el control de los ríos están en la mira del mercado. Caputo y compañía lo llaman “eficiencia”; el pueblo, pérdida de soberanía.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
La administración de Javier Milei avanza sin pausa en su proyecto de privatizar empresas y activos estratégicos, una agenda que busca borrar la presencia del Estado en sectores clave de transporte, energía e infraestructura. En los próximos días, el Gobierno abrirá licitaciones para rutas nacionales y cuatro represas hidroeléctricas, los primeros pasos de un plan que, según el propio oficialismo, “no se detendrá”.
En los despachos del Ministerio de Economía y la llamada Agencia de Transformación de las Empresas Públicas —una estructura creada para coordinar las privatizaciones— ya circula el borrador con la lista de compañías que podrían pasar total o parcialmente a manos privadas durante la segunda etapa de gestión. Entre ellas, figuran nombres que tocan fibras sensibles del patrimonio nacional: Enarsa, AYSA, Transener, Belgrano Cargas, la Hidrovía y Nucleoeléctrica Argentina.
El primer capítulo del remate será la llamada “ruta del Mercosur”, cuya concesión se definirá en noviembre. Siete empresas privadas compiten por quedarse con la operación y el cobro de peajes en un corredor vial clave para el comercio regional. Luis Caputo celebró el avance afirmando que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, el mantra que repite el gobierno para justificar el retiro del Estado.
Pocos días después, el 7 de noviembre, se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas fundamentales para el suministro eléctrico del país. AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul —empresas que ya controlan esos activos— buscan renovar su dominio por décadas. El Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares, monedas al lado de lo que se gastan por semana en sostener el carry trade, y que además no garantizan que se destinen a inversiones productivas y vayan directo al pago de deuda.
La ofensiva privatizadora apunta también a Enarsa, la empresa estatal de energía creada tras la destrucción del aparato energético durante el menemismo. Según trascendió, el Ejecutivo planea venderla “por unidades”, empezando por las represas del Comahue. En paralelo, se prepara la venta de las acciones estatales en Transener, la principal transportista de electricidad del país, y la valuación de AYSA, encargada del agua y saneamiento del Área Metropolitana.
El plan es claro: entregar a privados los servicios esenciales que hoy garantizan el acceso a energía y agua a millones de argentinos. Como en los ‘90, el discurso de la “eficiencia” sirve de excusa para el desguace.
Antes de fin de año, el Gobierno busca avanzar con la privatización del Belgrano Cargas, el sistema ferroviario que conecta el norte argentino con los puertos exportadores. Le seguirán los nuevos pliegos para la Hidrovía del Paraná, arteria por donde circula el grueso de las exportaciones agroindustriales, y la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que administra las centrales nucleares del país.
De concretarse, la soberanía energética, logística y territorial quedará en manos privadas y extranjeras, consolidando un modelo extractivista donde el Estado es apenas un gestor de negocios para otros.
Aunque la Ley Bases ya habilitó una primera tanda de privatizaciones, el Gobierno prepara una nueva lista para enviar al Congreso en los próximos meses. Allí figuran Arsat, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, empresas que quedaron fuera de la primera ola pero que Milei y su entorno no piensan dejar afuera de su cruzada “antiespíritu estatal”.
“Quitar al Estado de la economía”, repiten los libertarios, sin reparar en que el Estado somos todos: el que sostiene rutas, subsidia energía, garantiza agua potable o conecta pueblos. El proyecto de Milei, presentado como modernización, es una reedición acelerada del saqueo menemista, ahora con un discurso libertario y el aval del poder económico más concentrado.
Detrás del relato de “eficiencia y libre mercado”, lo que avanza es una transferencia masiva de riqueza pública a manos privadas, muchas de ellas extranjeras. La misma historia que dejó al país sin trenes, sin industria y con millones de excluidos.
Milei no sólo quiere un Estado chico: quiere un Estado ausente, uno que deje de ser garante del interés nacional para convertirse en espectador del negocio de unos pocos. La “revolución liberal” que promete no es otra cosa que la vieja privatización de la patria.
Diego Santilli asumirá su tarea como ministro del Interior este viernes, pese a que sigue siendo diputado, cuando reciba a los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil para negociar partidas presupuestarias a cambio del apoyo de los legisladores en la Cámara Baja.
Como informó LPO, Santilli logró un triunfo político este martes cuando los libertarios consiguieron un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto para la ley de leyes, aunque la voluntad del gobierno es patear el tratamiento del proyecto para las sesiones extraordinarias.
Sin embargo, ese despacho que firmaron siete libertarios, seis macristas, dos radicales con peluca, dos salteños y tres misioneros tiene nueve firmas en disidencia, lo que significa que hay cuestionamientos al proyecto incluso entre quienes lo apoyan. Una diputada del PRO le explicó a LPO que «no se había terminado de dar la discusión y varios diputados del bloque tenían distintos planteos, ante determinados artículos o pedidos de sus provincias, nos faltó tiempo para debatir en el bloque y para transmitir los pedidos».
Por eso, Santilli inicia una ronda de negociaciones este viernes, con Torres y Jalil, pero continúa el lunes con Martín Llaryora, Marcelo Orrego y Gustavo Sáenz.
Santilli debutó con un éxito en Diputados: aprobaron el dictamen de Presupuesto
Las conversaciones que mantengan redundarían, con toda lógica, en modificaciones al proyecto de presupuesto, algo que revela el carácter ocioso del dictamen que se firmó esta semana. Si el proyecto no se aprueba antes del 9 de diciembre, pierde estado parlamentario.
En el bloque libertario comentaron este jueves a LPO que todavía no está definido si se convocará nuevamente al trabajo en comisiones durante el período de sesiones extraordinarias o si, directamente, se convocará a recinto para discutir en el pleno el proyecto con las incorporaciones que demanden los gobernadores.
Raúl Jalil.
Desde el oficialismo descartan que se acepte la inclusión de partidas para que se cumpla con las leyes insistidas contra los vetos de Javier Milei, las de financiamiento universitario, Garrahan y emergencia en discapacidad. «Ya dimos un aumento para el Garrahan y para las prestadoras, aunque no sean los que estaba en la ley, y quizá haya algo para universidades», deslizó un legislador.
Las reuniones de Santilli son, además, con gobernadores que pueden aportar votos cruciales en la sesión. Torres perdió la banca de Ana Clara Romero pero todavía conserva la de Jorge Ávila, mientras que Jalil tiene ascendencia sobre los cuatro diputados peronistas que integran el bloque de UP y ya avisó que está dispuesto a respaldar hasta la reforma laboral.
Los reclamos de las provincias se centran, fundamentalmente, en el pago de los fondos para las cajas previsionales no transferidas y la obra pública, dos ítems que Milei tenía pisados.
Por otro lado, Llaryora dispondrá del aporte de tres legisladores de su provincia, Orrego otras dos y Sáenz, tres.
La apuesta del gobierno es destrabar las voluntades de aquellos legisladores que firmaron en disidencia por orden de los gobernadores o que, sin integrar la comisión de Presupuesto, amagaban con plegarse a la postura de los bloques opositores.
Los reclamos de las provincias se centran, fundamentalmente, en el pago de los fondos para las cajas previsionales no transferidas y la obra pública, dos ítems que Milei tenía pisados. También podrían plantear de nuevo su pelea por un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tema que llegó a incluirse para su debate en las últimas sesiones de la Cámara Baja pero terminó aplazado por la falta de quórum orquestada, paradójicamente, por los gobernadores.
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El fiscal Franco Picardi pidió la detención de Diego Spagnuolo por las coimas de la Andis, a través de un dictamen elevado al juez Sebastián Casanello, para tomarle declaración indagatoria.
El dictamen revela el entramado de corrupción a partir de la prueba recogida en los teléfonos celulares incautados, los dispositivos informáticos y documentación encontrada durante los allanamientos, en el marco de la causa que más atormentó a Karina Milei, a quien referían los audios de Spagnuolo como la beneficiaria del 3% del dinero desviado.
En el escrito, el fiscal también se reclamó la detención de Daniel Maria Garbellini, director de Acceso a la Salud del organismo, y Miguel Ángel Calvete, un hombre vinculado a droguerías y laboratorios que participaban del desvío de fondos.
Lo mismo solicitó para Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, empleados de Andis, y Pablo Atchabahian, quien ocupó el cargo de Calvete entre 2018 y 2019 y formaba parte de la organización. Además, planteó la citación para que declaren otras 9 personas involucradas en la investigación.
A lo largo de 276 páginas, Picardi demuestra la intervención de lobbistas de los laboratorios y ex funcionarios de la Andis para el direccionamiento de las compras y el pago de sobreprecios. También lista audios e imágenes de chats que comprometen a las personas contra las cuales se libraron los pedidos de detención.
Incluso, llega a exponer un audio en que uno de los operadores le dice a Spagnuolo que mande un «fercho» para retirar dinero.
LPO accedió al material este viernes, luego que se levantara el secreto de sumario. La información recabada demuestra que Spagnuolo fue tomado por cámaras de monitoreo cuando ingresaba al domicilio de uno de los proveedores, el pasado 13 de agosto, con una mochila al hombro.
Según el dictamen de Picardi, «los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS». Por caso, describe que «Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje».
La fiscalía saca esa conclusión a partir de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que el hombre le pide a la mujer «cinco palos» en efectivo, en pesos. «Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: «El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos».
Captura de una conversación entre Calvete y su pareja.
Picardi sostiene que existe «la puesta en marcha de un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)», y considera que ese mecanismo «permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes».
Su investigación demuestra que se benefició «a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios». «Se detectó un sistema de compulsas ‘especiales’ en el que se invitaba a solo cuatro oferentes, y en las que siempre dos de ellos cumplían un rol de ‘competencia aparente'», notificó.
El fiscal asegura que «a cambio de asegurar,
gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos
indebidos a funcionarios/as -algunos de alto rango de ANDIS- en especial a Diego Orlando
Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes
permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la
organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a
personas con discapacidad».
Noticia en desarrollo.
