Persiste la caída de las ventas minoristas pyme que, en mayo, registraron una contracción interanual del 1,2%, acumulando un desplome de 3,1% en lo que va del año, según expuso un informe dado a conocer este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Came.
Alimentos y Bebidas registró una moderada variación positiva, del 0,2%, mientras que la mayor expansión interanual fue en Farmacia (8,2%). La contracara estuvo en los bloques de Textil e indumentaria (-5,2%) y Bazar, decoración y muebles (-8,9%).
Con estos números, en la Came advierten que el ingreso disponible de los hogares está focalizado «casi con exclusividad» en sostener la canasta básica y que los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo.
En materia de inversión, casi el 60% de las pymes abarcadas en el informe evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital y solo un 12,5% lo consideró oportuno.
«Ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos», señalaron en la entidad pyme.
En materia de inversión, casi el 60% de las pymes abarcadas en el informe evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital y solo un 12,5% lo consideró oportuno.
Desde la perspectiva de la oferta, en Came señalaron que la tracción del volumen de ventas dependió estrictamente de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico.
«Esta dinámica comercial, combinada con el incremento de los costos operativos fijos y las actualizaciones tarifarias, generó una severa compresión en los márgenes de rentabilidad», agregaron.
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La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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La Ciudad lanzó un megaoperativo simultáneo en los barrios populares porteños y detuvo al menos a 20 personas. Participaron 1500 policías.
Desde el gobierno porteño explicaron que buscan intervenir en áreas de alta conflictividad para ordenar el espacio público.
El operativo comenzó a las 19 hs del jueves y fue bautizado Tormenta Negra. Desde el ejecutivo porteño adelantaron que hasta las 21 habían apresado a 20 personas «con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro».
Detallaron que como parte de la operación realizaron «controles de tránsito y de personas; remoción de ranchadas y autos abandonados, y la inspección de locales que venden teléfonos celulares».
El megaoperativo se desplegó en 15 barrios populares de la Ciudad: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.
«Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo», dijo Jorge Macri.
