Las provincias perdieron 500 mil millones de coparticipación: Córdoba y Santa Fe las más perjudicadas

Las provincias perdieron 500 mil millones de coparticipación: Córdoba y Santa Fe las más perjudicadas

 

El gobierno les recortó más de medio billón de pesos a las provincias en concepto de coparticipación en el último trimestre.

En medio de la baja de la recaudación sostenida durante un semestre, una situación que jaquea a los gobernadores, de noviembre a enero el Ejecutivo giró 533 mil millones de pesos menos en valores reales respecto del año anterior.

Las provincias tuvieron una variación nominal positiva de entre el 25 y el 33%, pero al ajustar por inflación, prácticamente todas sufrieron una variación real negativa.

En ese sentido, 23 de las 24 provincias perdieron poder adquisitivo real respecto del período anterior, pero hubo dos grandes perjudicadas, que fueron Córdoba y Santa Fe. Entre ambas perdieron más de 130 mil millones de pesos, casi un quinto que toda la masa coparticipable que el gobierno evitó pagar.

La Capital también fue de las más afectadas ya que perdió un 4,6%, si bien el valor nominal es de 17,7 mil millones de pesos.

Las provincia más beneficiada fue Salta, la única que tuvo un crecimiento de la masa coparticipada aún contando la inflación. Recibió 4,4 mil millones más en términos reales que lo que había recibido al fin del primer año del gobierno de Javier Milei.

Neuquén, donde está Vaca Muerta, fue una de las menos perjudicadas ya que perdió sólo el 0,7%. Mendoza y Misiones, gobernadas por aliados de Milei, también fueron parcialmente perjudicadas.

Curiosamente, la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof no entró en el grupo de las más perjudicadas y perdió el 2,4%.

 

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    La decisión de gastar $720 millones del erario público (casi 2000 jubilaciones mínimas) en alquileres de oficinas tiene un contexto que agrava la polémica: el gobierno nacional —a través de sus propios comunicados oficiales— viene impulsando el programa “Alquiler Cero” con el objetivo de eliminar nuevos gastos en locaciones estatales y relocalizar dependencias en inmuebles ya disponibles del Estado.

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