El gobierno les recortó más de medio billón de pesos a las provincias en concepto de coparticipación en el último trimestre.
En medio de la baja de la recaudación sostenida durante un semestre, una situación que jaquea a los gobernadores, de noviembre a enero el Ejecutivo giró 533 mil millones de pesos menos en valores reales respecto del año anterior.
Las provincias tuvieron una variación nominal positiva de entre el 25 y el 33%, pero al ajustar por inflación, prácticamente todas sufrieron una variación real negativa.
En ese sentido, 23 de las 24 provincias perdieron poder adquisitivo real respecto del período anterior, pero hubo dos grandes perjudicadas, que fueron Córdoba y Santa Fe. Entre ambas perdieron más de 130 mil millones de pesos, casi un quinto que toda la masa coparticipable que el gobierno evitó pagar.
La Capital también fue de las más afectadas ya que perdió un 4,6%, si bien el valor nominal es de 17,7 mil millones de pesos.
Las provincia más beneficiada fue Salta, la única que tuvo un crecimiento de la masa coparticipada aún contando la inflación. Recibió 4,4 mil millones más en términos reales que lo que había recibido al fin del primer año del gobierno de Javier Milei.
Neuquén, donde está Vaca Muerta, fue una de las menos perjudicadas ya que perdió sólo el 0,7%. Mendoza y Misiones, gobernadas por aliados de Milei, también fueron parcialmente perjudicadas.
Curiosamente, la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof no entró en el grupo de las más perjudicadas y perdió el 2,4%.
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Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.
Por Roque Pérez para NLI
Un expediente sin pruebas, pero con relato
Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.
A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.
La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.
La operación: cuando la política reemplazó a la justicia
Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.
La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.
Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.
El trampolín de la derecha y el silencio posterior
El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.
Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.
La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.
Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.
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