La petrolera israelí de Malvinas consiguió financiamiento citando la «inacción» de Milei en el reclamo de soberanía

 

Javier Milei se subió a la causa Malvinas a casi tres años de llegar a la Rosada en los que permitió que dos empresas extranjeras avanzaran en los proyectos para explotar petróleo en la cuenca norte de las islas.

El presidente sacó pecho en la cadena nacional del jueves para anunciar que endurecería las sanciones para ese tipo de empresas que ya están previstas en una ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.

De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. «La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones», dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.

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«Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron», dijo Aníbal.

Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.

El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas. Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención.

En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. «El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas», dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.

«Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención», dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la «autodeterminación» de los kelpers. 

«El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto», dijo el directivo de Navitas .

 

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    El canciller Pablo Quirno salió a defender al empresario Eduardo Elsztain y aseguró que no es «un traidor» por tener acciones en la empresa más importante de las Islas Malvinas.

    La polémica se armó cuando trascendió que el dueño de IRSA tiene parte del paquete accionario de Falkland Islands Company, una empresa estratégica en el manejo económico y político de las islas.

    En las redes hubo muchos usuarios que salieron a pedirle al gobierno nacional que le aplique las sanciones anunciadas el jueves pasado por Javier Milei, que tiene una relación muy cercana con Elsztain. 

    Quien salió a defender al dueño de IRSA fue el canciller Pablo Quirno. «Todo lo contrario a traidor…», escribió el canciller, haciéndose eco de una polémica que no tenía nada que ver con el gobierno lo que hizo sospechar que quizás quiso amplificar el tema.

    Todo lo contrario a traidor… https://t.co/g5cglIloD9

    — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 7, 2026

    Por su parte, Elsztain difundió una carta explicando su estrategia de inversión en la empresa.  «Perón intentó comprar la Falkland Islands Company (FIC) más de una vez y también lo intentó el empresario metalúrgico César Cao Saravia en el ‘77. La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía», sostuvo.

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    «Con eso en mente, desde 2005/06 fui comprando acciones de la Falkland Islands Company», explicó el empresario. «En el 2017 se abrió una oportunidad mayor, cuando los propios empleados de FIC hicieron una oferta para comprarla. La bolsa de Inglaterra es la cuna del liberalismo económico y, si una empresa recibe una oferta pública de compra, otra empresa puede ofertar más para quedarse con la compañía en cuestión. Pensé que esa era nuestra oportunidad, así que oferté para quedarme con el control mayoritario de la empresa más importante de las Islas Malvinas», contó Elsztain. 

    «La propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas», relató el dueño de IRSA. «Mi empresa solo pudo mantener la participación minoritaria que había comprado a través del mercado -cercana al 2%- que tiene hoy, y la mayoría accionaria terminó en manos de Staunton Holdings Ltd», agregó.

     

  • Toto Caputo y la UCR le voltearon a Bullrich la sesión por la ley de Biocombustibles

     

    A Patricia Bullrich le voltearon la sesión que pretendía convocar para este jueves, entre el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los senadores de la UCR y sus pares libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, unidos en la resistencia al proyecto de ley de Biocombustibles que se dictaminó la semana pasada.

    Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a LPO que el gobierno rechaza las modificaciones negociadas por la jefa de la bancada de LLA en el Senado con los legisladores aliados. A la cabeza del bloqueo figura González, un funcionario dependiente del ministro Luis «Toto» Caputo.

    También se agruparon en el rechazo los radicales de la provincia de La Pampa y Santa Fe, Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, pero se terminaron plegando el resto de sus colegas de bloque. «La UCR asumió una postura unificada hasta no arreglar por el tema de biodiésel», precisó una legisladora.

    Y además, Patricia se encontró con la declaración de rebeldía de dos senadores de LLA. Los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto porque la nueva regulación supone un perjuicio para las pymes del sector emplazadas en San Luis. «Es un gran daño para nuestra provincia», contestaron cerca de Arrascaeta.

    Las pymes de biodiesel bloquean la nueva ley que impulsan Pullaro y Llaryora porque dicen que beneficia a las agroexportadoras

    Con la falta de apoyo de los radicales, que son 10 en total, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto. Pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

    Por eso, Bullrich tuvo que optar por bajar la reunión de labor parlamentaria que pretendía para este miércoles, pese a que había tanteado a los aliados en una reunión que mantuvo con ellos el martes por la tarde y había salido confiada a comunicar que habría sesión esta semana.

    Sin los radicales, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

    Fuentes del Congreso dijeron a LPO que González «no estuvo de acuerdo sobre cómo quedó el dictamen firmado en la Comisión de Minería y Energía por presión del sector del mercado del biodiesel, a pesar de haber sido acordado y trabajado durante muchos meses». Pero, además del lobby del biodiésel, habría llegado un pedido expreso desde la cartera de Caputo para que se baje el tratamiento.

    Las empresas medianas vinculadas a la producción de aceite para el biodiesel se oponen a la iniciativa porque avizoran una pérdida de 10 mil puestos de empleo directos e indirectos para el sector.

    Las senadoras Alejandra Vigo, Beatriz Avila, Flavia Royón y Carolina Moisés, comprometidas con el impulso del bioetanol por los intereses de sus provincias, intentaron hasta último momento rescatar la chance de llegar al recinto, pero tampoco pudieron lograrlo. Bullrich bajó la convocatoria hasta que se consensúen las modificaciones al dictamen, que había sido firmado en la comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la salteña Royón, el último jueves. 

     

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