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LA ONG AMIGOS DEL RÍO RECUPERÓ 48 HECTÁREAS PARA TODOS LOS RIONEGRINOS

La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público.

Un grupo de vecinos nucleados en una ONG llamada Amigos del Río impulsó la iniciativa para recuperar el acceso libre a las costas del río Negro en su ciudad Fernandez Oro, de este modo y en conjunto con la municipalidad recuperaron más de 48 hectáreas de naturaleza pura que comprenden por ejemplo 13 kilómetros de sendero, ubicado a 4 km de la ruta provincial 65 y a 2 de la 22, se accede por la calle La Criollita (la de la YPF) que se encontraba cerrada debido a que una empresa que posee tierras en sus inmediaciones había decidido cortar el acceso. «Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de ‘paseo costero ecológico y viveros municipales’ para recuperar el lugar», cuenta Pablo Fica referente de la ONG.

Esa misma empresa había rellenado con toneladas de basura un brazo del río Negro, un arroyo de 1,5 km de extensión y unos 30 metros de ancho que se encontraba sin agua a causa de obstáculos de tierra que habían depositado en lugares estratégicos, lo cual le permitió extender sus propiedades sobre tierras de dominio público e impedir que 25.000 personas tengan acceso a las costas.

El Paseo Costero Ecológico, así se llamó el proyecto presentado en el Concejo Deliberante local, brinda a la comunidad un espacio de recreación y esparcimiento, como así también el cuidado de la vegetación existente en el área, cumpliendo con objetivos sociales, ecológicos y turísticos de la ciudad. El crecimiento de Fernandez Oro es notable, no sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en sus dimensiones por lo cual el Paseo es socialmente necesario.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un grupo de orenses para restablecer la soberanía sobre nuestro río Negro constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Le exigimos a la empresa Zoppi Constructora que devuelva nuestras costas sobre el Río que nos pertenece a todos”, presagia un posteo en su IG allá por inicios de año y así fue. Hoy las costas volvieron a ser de la gente de Fernandez Oro. Porque la queja pública en redes es válida pero después hay que ser consecuente y honrar el reclamo yendo a más. Como lo hizo Pablo Fica, un ex policía que luego de un accidente grave se reinventó y empezó a trabajar en acciones concretas y beneficiosas para todos sus conciudadanos.

Luego del accidente, en rehabilitación y con mucho tiempo libre Fica buscaba actividades para no deprimirse y en un momento se enteró que empresas locales arrojaban basura en el río Negro y eso lo movilizó ya que él suele hacer actividades en el  río: “Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Iniciamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón», comenta el referente de la ong.

El municipio realizó los trabajos de apertura de la Calle La Criollita para arribar hasta las costas del río Negro. Donde antes había una playa privada hoy puede acceder toda la ciudad. «El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Somos más de 30 personas trabajando voluntariamente y con pasión «, expresa lleno de orgullo.

SLAPP: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO JUDICIAL INFUNDADO

SLAPP es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, demanda estratégica contra la participación pública. ¿Qué significa esto? Muchas veces empresas o políticos quieren ocultar sus acciones, ya sea porque son ilegales o porque perjudican a la gente. No quieren que ningún periodista o activista revele información o accionares que los comprometan, o bien como este caso en el que se han apoderado de tierras públicas con acceso al margen del río Negro. Así que, para mantener el silencio, inventan algo infundado para generar acciones legales a quien los haya denunciado públicamente, con el objetivo de que dejen de investigar o de informar.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación define más formalmente un SLAPP como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social». El término y el concepto aplican perfectamente a lo que han sufrido funcionarios municipales y Pablo Fica referente de la ONG.

 “Una nueva forma de censura y de creación de miedo en autoridades y vecinos que trabajaron en la recuperación de casi 50 hectáreas en la localidad rionegrina de General Fernández Oro con demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por una corporación comercial que se vio afectada por la recuperación de las costas sobre el río Negro en la ciudad Patagónica de Fernández Oro contra funcionarios y vecinos defensores de los derechos ambientales. Sin duda que recuperar el río para el pueblo transmite un mensaje incómodo a los poderosos”, explican los Amigos del río en uno de sus posteos.

No solo se recuperaron 48 hectáreas, también se recuperaron 270.000 árboles, un gran bosque, 6km de costas sobre el Río Negro y un espacio de gran diversidad y esto claramente es un mensaje incómodo a los poderosos que en lugares como ese solo ven negocios inmobiliarios.

Recordemos, que dos empresas privadas hace décadas habían avanzado sobre zonas de ribera de dominio público, colocando cercos sobre estas tierras que le pertenecen a los vecinos y vecinas orenses apropiándose de más de 25 hectáreas.

OKUPAS CON PODER: FIGURITA REPETIDA EN RIO NEGRO

La justicia local ordenó a la empresa Zoppi constructora a retirar los rellenos con basura que había depositado en un arroyo del río. La Dra. Fernández, titular del Juzgado de Falta de General Fernández Oro, llevó adelante una investigación de los cuestionados rellenos dentro de un cauce natural de agua dulce en la zona costera próxima al Paseo Costero Ecológico de Fernandez Oro donde ordenó el cese de tareas de relleno en un arroyo del río Negro y procedió a aplicar una multa a finales del 2022 por contaminación y otra por incumplimiento de la empresa ante la obligación de mitigar los daños ocasionados al ecosistema de casi el 60% de costas que posee la localidad.

Se analiza involucrar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para que anule la concesión minera por la violación al Código Minero de Río Negro, ya que quedó probado ante la justicia la responsabilidad del titular de esta cantera que causó un daño al ambiente y la comunidad de General Fernández Oro.

También se abrió una nueva investigación, en este caso desde el área de Comercio porque dicha empresa posee una concesión minera sobre tierra fiscales para desarrollar una cantera de categoría 3 y la misma no cuenta con habilitación comercial.

El Municipio de General Fernández Oro y la ONG Amigos del Río ya comenzaron a trabajar en la restauración de la circulación de agua del arroyo. Es la primera vez en el Alto Valle que se lleva adelante un deslinde administrativo por personal del Departamento Provincial de Agua, poniendo fin a la usurpación por parte de privados de las tierras de dominio público.

El Código de Agua de la Provincia de Río Negro permitió en diciembre del 2022 el ingreso a este lugar y en Julio del 2023 el DPA fijó la “Línea de Ribera” sobre este arroyo según lo estipulado por la Ley 2952. Por este motivo, en los últimos días se retiraron uno de los tres terraplenes artificiales que privados ejecutaron sobre este brazo del río Negro.

A su vez se trabaja en la prohibición y multas de los depósitos de material y basura sobre los cursos de agua que impliquen taponados, terraplenados o cualquier otra obra o acción que signifique el entorpecimiento del curso de agua, respetando siempre el ancho y la cota natural de los mismos.

Un gran ejemplo de participación ciudadana activa que con el apoyo de vecinos, vecinas y la pata política, más un buen uso de las redes sociales para comunicar, generar sentido de pertenencia y apropiación del proyecto; lograron recuperar un espacio, que más allá de sus dimensiones, era plenamente de la comunidad local y no de unos pocos privados.

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    Lo que genera copiosos comentarios institucionales entre funcionarios judiciales es que el Poder Judicial hizo lo que Pullaro pidió explícitamente cuando había dos fallos unánimes previos que condenaban al policía de magistrados reconocidos por su probidad. Los jueces Román Lanzón, Mariano Aliau, Carlos Leiva, Bibiana Alonso, Carolina Hernández, Guillermo Llaudet son muchos de ellos magistrados con años de trayectoria y docentes universitarios. Todos dijeron que correspondía la pena y la justificaron.

    Pullaro desde una posición de poder político obtiene el fallo que pide. Desde el primer día como gobernador hizo cosas para modificar un Poder Judicial con notorias deficiencias, favoritismos políticos y arbitrariedades. Pero también Pullaro le da curso a sus preferencias y sin buscar disimularlo. Por ejemplo al designar una Cámara Penitenciaria que no existe en otros distritos para emitir resoluciones ligadas a las prisiones integrada por personas de su afinidad política, según dijo el mismo ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni, para lo que se eliminó el orden de mérito en los concursos y se lo justificó. Impulsar una reforma procesal que tiene un fuerte antagonismo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a este poder del que pide, ¿hay un Poder Judicial que produce el nuevo fallo por convicción o por sumisión debido al miedo de contrariar a alguien poderoso?

    Las preguntas acompañaron toda la revisión y resonaban tras el nuevo fallo ¿Hubo acá una intromisión inaceptable del Poder Ejecutivo más allá de lo razonable que puede ser rediscutir este caso? ¿Qué pasa si el día de mañana se impulsa lo mismo frente a un caso enteramente arbitrario? ¿Se forzó un fallo para dar un mensaje? Es muy difícil que frente a esa presión explícita la respuesta sea diferente a la que se dio.

    En la audiencia en la que le dieron la libertad a Nocelli en noviembre pasado, el propio ministro Cococcioni lo fue a buscar en persona al lugar donde estaba detenido para salir caminando con él. Y después su ministerio dijo que le darían cursos a los jueces para que supieran cómo resolver casos donde se produjeran enfrentamientos. Ahora Pullaro y Cococcioni celebraron por redes sociales la salida institucional afín a sus expectativas que tuvo el caso.

    Luciano Nocelli fue absuelto. Un policía que a las 10 de la noche se enfrentó a tiros con delincuentes y tuvo que decidir en 14 segundos como actuaba. Si protegía su vida, la de su compañero tirado en el suelo y los bienes de la víctima; o nada de eso. Hoy fue absuelto y como… pic.twitter.com/Z5AJvPfvAT

    — Pablo Cococcioni (@PabloCocoX) October 8, 2025

    Un argumento jurídico es que esta persona ahora favorecidos tuvo por motivos ideológicos y por una selectividad una alternativa excepcional que si el Derecho fuera igual para todos no se podría aplicar. Pullaro convirtió a este en un caso testigo de su política de respaldo a la fuerza de seguridad a partir de una desaprobación de sus primeros juzgadores en base a una visión en la que cree genuinamente pero que concedió como una excepción para dar un mensaje político.

    Un mensaje hacia una policía hecha de paradojas. Nocelli enfrentaba a los dos asaltantes de una mujer en moto en un delito común contra la propiedad. Pero la delincuencia que implicó el alza de los delitos graves casi nunca se enfrentó con la policía en el último decenio. En Rosario hasta fines de 2023 el 70 por ciento de los hechos de alta lesividad provinieron de actores de economías delictivas o grupos criminales. No había policías en enfrentamientos, por ejemplo, con personas que comercializaban drogas. Sí hubo, al revés, permanentes casos de complicidad llevados a juicio.

     

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