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LA ONG AMIGOS DEL RÍO RECUPERÓ 48 HECTÁREAS PARA TODOS LOS RIONEGRINOS

La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público.

Un grupo de vecinos nucleados en una ONG llamada Amigos del Río impulsó la iniciativa para recuperar el acceso libre a las costas del río Negro en su ciudad Fernandez Oro, de este modo y en conjunto con la municipalidad recuperaron más de 48 hectáreas de naturaleza pura que comprenden por ejemplo 13 kilómetros de sendero, ubicado a 4 km de la ruta provincial 65 y a 2 de la 22, se accede por la calle La Criollita (la de la YPF) que se encontraba cerrada debido a que una empresa que posee tierras en sus inmediaciones había decidido cortar el acceso. «Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de ‘paseo costero ecológico y viveros municipales’ para recuperar el lugar», cuenta Pablo Fica referente de la ONG.

Esa misma empresa había rellenado con toneladas de basura un brazo del río Negro, un arroyo de 1,5 km de extensión y unos 30 metros de ancho que se encontraba sin agua a causa de obstáculos de tierra que habían depositado en lugares estratégicos, lo cual le permitió extender sus propiedades sobre tierras de dominio público e impedir que 25.000 personas tengan acceso a las costas.

El Paseo Costero Ecológico, así se llamó el proyecto presentado en el Concejo Deliberante local, brinda a la comunidad un espacio de recreación y esparcimiento, como así también el cuidado de la vegetación existente en el área, cumpliendo con objetivos sociales, ecológicos y turísticos de la ciudad. El crecimiento de Fernandez Oro es notable, no sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en sus dimensiones por lo cual el Paseo es socialmente necesario.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un grupo de orenses para restablecer la soberanía sobre nuestro río Negro constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Le exigimos a la empresa Zoppi Constructora que devuelva nuestras costas sobre el Río que nos pertenece a todos”, presagia un posteo en su IG allá por inicios de año y así fue. Hoy las costas volvieron a ser de la gente de Fernandez Oro. Porque la queja pública en redes es válida pero después hay que ser consecuente y honrar el reclamo yendo a más. Como lo hizo Pablo Fica, un ex policía que luego de un accidente grave se reinventó y empezó a trabajar en acciones concretas y beneficiosas para todos sus conciudadanos.

Luego del accidente, en rehabilitación y con mucho tiempo libre Fica buscaba actividades para no deprimirse y en un momento se enteró que empresas locales arrojaban basura en el río Negro y eso lo movilizó ya que él suele hacer actividades en el  río: “Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Iniciamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón», comenta el referente de la ong.

El municipio realizó los trabajos de apertura de la Calle La Criollita para arribar hasta las costas del río Negro. Donde antes había una playa privada hoy puede acceder toda la ciudad. «El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Somos más de 30 personas trabajando voluntariamente y con pasión «, expresa lleno de orgullo.

SLAPP: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO JUDICIAL INFUNDADO

SLAPP es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, demanda estratégica contra la participación pública. ¿Qué significa esto? Muchas veces empresas o políticos quieren ocultar sus acciones, ya sea porque son ilegales o porque perjudican a la gente. No quieren que ningún periodista o activista revele información o accionares que los comprometan, o bien como este caso en el que se han apoderado de tierras públicas con acceso al margen del río Negro. Así que, para mantener el silencio, inventan algo infundado para generar acciones legales a quien los haya denunciado públicamente, con el objetivo de que dejen de investigar o de informar.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación define más formalmente un SLAPP como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social». El término y el concepto aplican perfectamente a lo que han sufrido funcionarios municipales y Pablo Fica referente de la ONG.

 “Una nueva forma de censura y de creación de miedo en autoridades y vecinos que trabajaron en la recuperación de casi 50 hectáreas en la localidad rionegrina de General Fernández Oro con demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por una corporación comercial que se vio afectada por la recuperación de las costas sobre el río Negro en la ciudad Patagónica de Fernández Oro contra funcionarios y vecinos defensores de los derechos ambientales. Sin duda que recuperar el río para el pueblo transmite un mensaje incómodo a los poderosos”, explican los Amigos del río en uno de sus posteos.

No solo se recuperaron 48 hectáreas, también se recuperaron 270.000 árboles, un gran bosque, 6km de costas sobre el Río Negro y un espacio de gran diversidad y esto claramente es un mensaje incómodo a los poderosos que en lugares como ese solo ven negocios inmobiliarios.

Recordemos, que dos empresas privadas hace décadas habían avanzado sobre zonas de ribera de dominio público, colocando cercos sobre estas tierras que le pertenecen a los vecinos y vecinas orenses apropiándose de más de 25 hectáreas.

OKUPAS CON PODER: FIGURITA REPETIDA EN RIO NEGRO

La justicia local ordenó a la empresa Zoppi constructora a retirar los rellenos con basura que había depositado en un arroyo del río. La Dra. Fernández, titular del Juzgado de Falta de General Fernández Oro, llevó adelante una investigación de los cuestionados rellenos dentro de un cauce natural de agua dulce en la zona costera próxima al Paseo Costero Ecológico de Fernandez Oro donde ordenó el cese de tareas de relleno en un arroyo del río Negro y procedió a aplicar una multa a finales del 2022 por contaminación y otra por incumplimiento de la empresa ante la obligación de mitigar los daños ocasionados al ecosistema de casi el 60% de costas que posee la localidad.

Se analiza involucrar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para que anule la concesión minera por la violación al Código Minero de Río Negro, ya que quedó probado ante la justicia la responsabilidad del titular de esta cantera que causó un daño al ambiente y la comunidad de General Fernández Oro.

También se abrió una nueva investigación, en este caso desde el área de Comercio porque dicha empresa posee una concesión minera sobre tierra fiscales para desarrollar una cantera de categoría 3 y la misma no cuenta con habilitación comercial.

El Municipio de General Fernández Oro y la ONG Amigos del Río ya comenzaron a trabajar en la restauración de la circulación de agua del arroyo. Es la primera vez en el Alto Valle que se lleva adelante un deslinde administrativo por personal del Departamento Provincial de Agua, poniendo fin a la usurpación por parte de privados de las tierras de dominio público.

El Código de Agua de la Provincia de Río Negro permitió en diciembre del 2022 el ingreso a este lugar y en Julio del 2023 el DPA fijó la “Línea de Ribera” sobre este arroyo según lo estipulado por la Ley 2952. Por este motivo, en los últimos días se retiraron uno de los tres terraplenes artificiales que privados ejecutaron sobre este brazo del río Negro.

A su vez se trabaja en la prohibición y multas de los depósitos de material y basura sobre los cursos de agua que impliquen taponados, terraplenados o cualquier otra obra o acción que signifique el entorpecimiento del curso de agua, respetando siempre el ancho y la cota natural de los mismos.

Un gran ejemplo de participación ciudadana activa que con el apoyo de vecinos, vecinas y la pata política, más un buen uso de las redes sociales para comunicar, generar sentido de pertenencia y apropiación del proyecto; lograron recuperar un espacio, que más allá de sus dimensiones, era plenamente de la comunidad local y no de unos pocos privados.

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  • Condenan a 12 años por narcotráfico a un ex asesor de Etchevehere

     

    La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.

    Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.

    Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.

    Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.

    La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.

    La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.

    La caída en Rosario

    Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.

    Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.

    Airaldi escuchó el veredicto por zoom.

    Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.

    «Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.

    Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.

    «Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».

    En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.

    El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.

     

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