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LA ONG AMIGOS DEL RÍO RECUPERÓ 48 HECTÁREAS PARA TODOS LOS RIONEGRINOS

La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público.

Un grupo de vecinos nucleados en una ONG llamada Amigos del Río impulsó la iniciativa para recuperar el acceso libre a las costas del río Negro en su ciudad Fernandez Oro, de este modo y en conjunto con la municipalidad recuperaron más de 48 hectáreas de naturaleza pura que comprenden por ejemplo 13 kilómetros de sendero, ubicado a 4 km de la ruta provincial 65 y a 2 de la 22, se accede por la calle La Criollita (la de la YPF) que se encontraba cerrada debido a que una empresa que posee tierras en sus inmediaciones había decidido cortar el acceso. «Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de ‘paseo costero ecológico y viveros municipales’ para recuperar el lugar», cuenta Pablo Fica referente de la ONG.

Esa misma empresa había rellenado con toneladas de basura un brazo del río Negro, un arroyo de 1,5 km de extensión y unos 30 metros de ancho que se encontraba sin agua a causa de obstáculos de tierra que habían depositado en lugares estratégicos, lo cual le permitió extender sus propiedades sobre tierras de dominio público e impedir que 25.000 personas tengan acceso a las costas.

El Paseo Costero Ecológico, así se llamó el proyecto presentado en el Concejo Deliberante local, brinda a la comunidad un espacio de recreación y esparcimiento, como así también el cuidado de la vegetación existente en el área, cumpliendo con objetivos sociales, ecológicos y turísticos de la ciudad. El crecimiento de Fernandez Oro es notable, no sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en sus dimensiones por lo cual el Paseo es socialmente necesario.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un grupo de orenses para restablecer la soberanía sobre nuestro río Negro constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Le exigimos a la empresa Zoppi Constructora que devuelva nuestras costas sobre el Río que nos pertenece a todos”, presagia un posteo en su IG allá por inicios de año y así fue. Hoy las costas volvieron a ser de la gente de Fernandez Oro. Porque la queja pública en redes es válida pero después hay que ser consecuente y honrar el reclamo yendo a más. Como lo hizo Pablo Fica, un ex policía que luego de un accidente grave se reinventó y empezó a trabajar en acciones concretas y beneficiosas para todos sus conciudadanos.

Luego del accidente, en rehabilitación y con mucho tiempo libre Fica buscaba actividades para no deprimirse y en un momento se enteró que empresas locales arrojaban basura en el río Negro y eso lo movilizó ya que él suele hacer actividades en el  río: “Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Iniciamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón», comenta el referente de la ong.

El municipio realizó los trabajos de apertura de la Calle La Criollita para arribar hasta las costas del río Negro. Donde antes había una playa privada hoy puede acceder toda la ciudad. «El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Somos más de 30 personas trabajando voluntariamente y con pasión «, expresa lleno de orgullo.

SLAPP: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO JUDICIAL INFUNDADO

SLAPP es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, demanda estratégica contra la participación pública. ¿Qué significa esto? Muchas veces empresas o políticos quieren ocultar sus acciones, ya sea porque son ilegales o porque perjudican a la gente. No quieren que ningún periodista o activista revele información o accionares que los comprometan, o bien como este caso en el que se han apoderado de tierras públicas con acceso al margen del río Negro. Así que, para mantener el silencio, inventan algo infundado para generar acciones legales a quien los haya denunciado públicamente, con el objetivo de que dejen de investigar o de informar.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación define más formalmente un SLAPP como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social». El término y el concepto aplican perfectamente a lo que han sufrido funcionarios municipales y Pablo Fica referente de la ONG.

 “Una nueva forma de censura y de creación de miedo en autoridades y vecinos que trabajaron en la recuperación de casi 50 hectáreas en la localidad rionegrina de General Fernández Oro con demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por una corporación comercial que se vio afectada por la recuperación de las costas sobre el río Negro en la ciudad Patagónica de Fernández Oro contra funcionarios y vecinos defensores de los derechos ambientales. Sin duda que recuperar el río para el pueblo transmite un mensaje incómodo a los poderosos”, explican los Amigos del río en uno de sus posteos.

No solo se recuperaron 48 hectáreas, también se recuperaron 270.000 árboles, un gran bosque, 6km de costas sobre el Río Negro y un espacio de gran diversidad y esto claramente es un mensaje incómodo a los poderosos que en lugares como ese solo ven negocios inmobiliarios.

Recordemos, que dos empresas privadas hace décadas habían avanzado sobre zonas de ribera de dominio público, colocando cercos sobre estas tierras que le pertenecen a los vecinos y vecinas orenses apropiándose de más de 25 hectáreas.

OKUPAS CON PODER: FIGURITA REPETIDA EN RIO NEGRO

La justicia local ordenó a la empresa Zoppi constructora a retirar los rellenos con basura que había depositado en un arroyo del río. La Dra. Fernández, titular del Juzgado de Falta de General Fernández Oro, llevó adelante una investigación de los cuestionados rellenos dentro de un cauce natural de agua dulce en la zona costera próxima al Paseo Costero Ecológico de Fernandez Oro donde ordenó el cese de tareas de relleno en un arroyo del río Negro y procedió a aplicar una multa a finales del 2022 por contaminación y otra por incumplimiento de la empresa ante la obligación de mitigar los daños ocasionados al ecosistema de casi el 60% de costas que posee la localidad.

Se analiza involucrar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para que anule la concesión minera por la violación al Código Minero de Río Negro, ya que quedó probado ante la justicia la responsabilidad del titular de esta cantera que causó un daño al ambiente y la comunidad de General Fernández Oro.

También se abrió una nueva investigación, en este caso desde el área de Comercio porque dicha empresa posee una concesión minera sobre tierra fiscales para desarrollar una cantera de categoría 3 y la misma no cuenta con habilitación comercial.

El Municipio de General Fernández Oro y la ONG Amigos del Río ya comenzaron a trabajar en la restauración de la circulación de agua del arroyo. Es la primera vez en el Alto Valle que se lleva adelante un deslinde administrativo por personal del Departamento Provincial de Agua, poniendo fin a la usurpación por parte de privados de las tierras de dominio público.

El Código de Agua de la Provincia de Río Negro permitió en diciembre del 2022 el ingreso a este lugar y en Julio del 2023 el DPA fijó la “Línea de Ribera” sobre este arroyo según lo estipulado por la Ley 2952. Por este motivo, en los últimos días se retiraron uno de los tres terraplenes artificiales que privados ejecutaron sobre este brazo del río Negro.

A su vez se trabaja en la prohibición y multas de los depósitos de material y basura sobre los cursos de agua que impliquen taponados, terraplenados o cualquier otra obra o acción que signifique el entorpecimiento del curso de agua, respetando siempre el ancho y la cota natural de los mismos.

Un gran ejemplo de participación ciudadana activa que con el apoyo de vecinos, vecinas y la pata política, más un buen uso de las redes sociales para comunicar, generar sentido de pertenencia y apropiación del proyecto; lograron recuperar un espacio, que más allá de sus dimensiones, era plenamente de la comunidad local y no de unos pocos privados.

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    El gigante olvidado que alimentó a millones: cómo nació el Mercado Central y por qué sigue siendo una pieza clave de la mesa de los argentinos

     

    Cada vez que aumenta el precio de las frutas y las verduras, el nombre del Mercado Central vuelve a aparecer en los medios. Sin embargo, pocas personas conocen la historia de este gigantesco centro de abastecimiento que, desde hace más de cuatro décadas, organiza buena parte de la distribución de alimentos frescos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su creación respondió a una idea que hoy vuelve a generar debate: que el Estado también podía intervenir en la comercialización para evitar abusos, transparentar precios y acercar alimentos a millones de consumidores.

    Por Redacción de NLI

    Cada madrugada, cuando la mayor parte de Buenos Aires todavía duerme, una ciudad paralela comienza a ponerse en movimiento a pocos kilómetros de la General Paz. Cientos de camiones provenientes de todas las regiones productivas del país ingresan cargados de frutas, verduras y hortalizas. En cuestión de horas, miles de toneladas cambian de manos, se negocian precios, se organizan cargas y vuelven a salir con destino a verdulerías, supermercados, comercios de barrio y ferias de toda el Área Metropolitana. Ese movimiento cotidiano, que para la mayoría de los consumidores permanece invisible, convierte al Mercado Central de Buenos Aires en uno de los principales nodos alimentarios de la Argentina.

    Aunque suele aparecer en las noticias cuando se realizan operativos de control de precios o cuando alguna crisis económica impacta sobre el costo de los alimentos, el Mercado Central cumple una función mucho más amplia que la de un gran mercado mayorista. Desde su inauguración en 1984 fue concebido como una herramienta para ordenar la comercialización de productos frescos, reducir costos logísticos y transparentar un circuito donde históricamente convivieron pequeños productores, grandes intermediarios y miles de comerciantes minoristas. Su existencia expresa una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica argentina: hasta dónde debe intervenir el Estado cuando se trata de garantizar el acceso de la población a bienes esenciales.

    La decisión de construir un mercado concentrador de escala metropolitana comenzó a tomar forma durante la década de 1970, cuando el crecimiento urbano había vuelto insuficientes los antiguos mercados que abastecían a Buenos Aires. La expansión demográfica, el aumento del consumo y la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y logísticas impulsaron la creación de un espacio capaz de concentrar buena parte del comercio mayorista de alimentos frescos. El resultado fue un predio de más de quinientas hectáreas ubicado estratégicamente en La Matanza, con acceso directo a las principales rutas del país y preparado para recibir producción proveniente de todas las economías regionales.

    Mucho más que un lugar donde se venden frutas y verduras

    Con el paso del tiempo, el Mercado Central se convirtió en una pieza fundamental para comprender cómo funcionan los precios de los alimentos en la Argentina. Allí confluyen productores de Mendoza, Río Negro, Misiones, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, el cinturón hortícola bonaerense y prácticamente todas las regiones agrícolas del país. La enorme concentración de oferta permite observar, casi en tiempo real, cómo influyen las condiciones climáticas, los costos del transporte, las variaciones estacionales y los cambios económicos sobre el valor de los productos que luego llegan a la mesa de los consumidores.

    Sin embargo, entre el productor y quien finalmente compra un tomate o una naranja suele existir una extensa cadena de intermediación. Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización agregan costos que muchas veces multiplican el precio original varias veces antes de llegar a una verdulería. Por esa razón, el Mercado Central también fue pensado como un espacio donde los valores mayoristas pudieran servir como referencia para evitar distorsiones excesivas y ofrecer información pública sobre la evolución de los precios.

    A lo largo de su historia, distintas administraciones utilizaron esa herramienta de maneras diferentes. En algunos períodos se impulsaron programas destinados a acercar productos directamente al consumidor, mientras que en otros predominó una lógica de menor intervención estatal. Ese vaivén refleja una discusión mucho más amplia sobre el papel que debe asumir el Estado frente a la inflación alimentaria y la concentración económica.

    Un termómetro de la economía cotidiana

    Pocas instituciones muestran con tanta claridad los efectos de una crisis económica como el Mercado Central. Cuando una sequía reduce la producción, cuando una helada destruye cultivos o cuando aumentan los costos del combustible, el impacto suele reflejarse rápidamente en las operaciones que allí se realizan. Pero también ocurre lo contrario: cuando la demanda cae porque las familias pierden poder adquisitivo, los operadores mayoristas son de los primeros en advertir el cambio.

    Por eso, recorrer el Mercado Central es también recorrer una parte de la economía real argentina. Allí no se habla únicamente de estadísticas o indicadores macroeconómicos. Se habla de cosechas, de pequeños productores que intentan sostener su actividad, de comerciantes que calculan cuánto podrá pagar el cliente del barrio y de consumidores que cada vez deben mirar con más atención el precio de los alimentos básicos.

    En los últimos años, esa realidad volvió a adquirir una fuerte dimensión política. El incremento sostenido del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y las sucesivas discusiones sobre el rol del Estado en la regulación de los mercados alimentarios colocaron nuevamente al Mercado Central en el centro del debate público. Para algunos sectores, debe limitarse a cumplir una función logística; para otros, constituye una herramienta estratégica para garantizar el acceso a alimentos en condiciones razonables y reducir el poder de negociación de los grandes grupos concentrados.

    Una discusión que excede a un mercado

    La experiencia internacional demuestra que prácticamente todas las grandes ciudades cuentan con mercados concentradores destinados a organizar el abastecimiento de alimentos frescos. La diferencia radica en el papel que cada Estado decide asignarles. Algunos funcionan exclusivamente como centros privados de comercialización; otros cumplen además funciones de regulación, generación de información y promoción de pequeños productores.

    La Argentina todavía mantiene abierto ese debate. En un país productor de alimentos, donde periódicamente resurgen discusiones sobre inflación, concentración económica y seguridad alimentaria, el Mercado Central representa mucho más que un enorme predio lleno de camiones y galpones. Es el punto donde confluyen el trabajo de miles de productores, las necesidades de millones de consumidores y una vieja pregunta sobre el modelo económico: quién fija el precio de los alimentos y qué herramientas tiene la sociedad para evitar que un bien esencial quede exclusivamente librado a la lógica de la especulación.

    Cada madrugada, cuando los primeros camiones cruzan sus portones, el Mercado Central vuelve a poner en marcha una maquinaria silenciosa que alimenta a millones de personas. Su historia demuestra que detrás de cada fruta y cada verdura existe una compleja red de trabajo, producción y distribución. También recuerda que discutir cómo llegan los alimentos a la mesa de los argentinos nunca fue solamente una cuestión comercial: es, ante todo, una discusión sobre el derecho a una alimentación accesible y sobre el papel que el Estado decide asumir para garantizarla.

     

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