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LA ONG AMIGOS DEL RÍO RECUPERÓ 48 HECTÁREAS PARA TODOS LOS RIONEGRINOS

La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público.

Un grupo de vecinos nucleados en una ONG llamada Amigos del Río impulsó la iniciativa para recuperar el acceso libre a las costas del río Negro en su ciudad Fernandez Oro, de este modo y en conjunto con la municipalidad recuperaron más de 48 hectáreas de naturaleza pura que comprenden por ejemplo 13 kilómetros de sendero, ubicado a 4 km de la ruta provincial 65 y a 2 de la 22, se accede por la calle La Criollita (la de la YPF) que se encontraba cerrada debido a que una empresa que posee tierras en sus inmediaciones había decidido cortar el acceso. «Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de ‘paseo costero ecológico y viveros municipales’ para recuperar el lugar», cuenta Pablo Fica referente de la ONG.

Esa misma empresa había rellenado con toneladas de basura un brazo del río Negro, un arroyo de 1,5 km de extensión y unos 30 metros de ancho que se encontraba sin agua a causa de obstáculos de tierra que habían depositado en lugares estratégicos, lo cual le permitió extender sus propiedades sobre tierras de dominio público e impedir que 25.000 personas tengan acceso a las costas.

El Paseo Costero Ecológico, así se llamó el proyecto presentado en el Concejo Deliberante local, brinda a la comunidad un espacio de recreación y esparcimiento, como así también el cuidado de la vegetación existente en el área, cumpliendo con objetivos sociales, ecológicos y turísticos de la ciudad. El crecimiento de Fernandez Oro es notable, no sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en sus dimensiones por lo cual el Paseo es socialmente necesario.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un grupo de orenses para restablecer la soberanía sobre nuestro río Negro constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Le exigimos a la empresa Zoppi Constructora que devuelva nuestras costas sobre el Río que nos pertenece a todos”, presagia un posteo en su IG allá por inicios de año y así fue. Hoy las costas volvieron a ser de la gente de Fernandez Oro. Porque la queja pública en redes es válida pero después hay que ser consecuente y honrar el reclamo yendo a más. Como lo hizo Pablo Fica, un ex policía que luego de un accidente grave se reinventó y empezó a trabajar en acciones concretas y beneficiosas para todos sus conciudadanos.

Luego del accidente, en rehabilitación y con mucho tiempo libre Fica buscaba actividades para no deprimirse y en un momento se enteró que empresas locales arrojaban basura en el río Negro y eso lo movilizó ya que él suele hacer actividades en el  río: “Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Iniciamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón», comenta el referente de la ong.

El municipio realizó los trabajos de apertura de la Calle La Criollita para arribar hasta las costas del río Negro. Donde antes había una playa privada hoy puede acceder toda la ciudad. «El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Somos más de 30 personas trabajando voluntariamente y con pasión «, expresa lleno de orgullo.

SLAPP: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO JUDICIAL INFUNDADO

SLAPP es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, demanda estratégica contra la participación pública. ¿Qué significa esto? Muchas veces empresas o políticos quieren ocultar sus acciones, ya sea porque son ilegales o porque perjudican a la gente. No quieren que ningún periodista o activista revele información o accionares que los comprometan, o bien como este caso en el que se han apoderado de tierras públicas con acceso al margen del río Negro. Así que, para mantener el silencio, inventan algo infundado para generar acciones legales a quien los haya denunciado públicamente, con el objetivo de que dejen de investigar o de informar.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación define más formalmente un SLAPP como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social». El término y el concepto aplican perfectamente a lo que han sufrido funcionarios municipales y Pablo Fica referente de la ONG.

 “Una nueva forma de censura y de creación de miedo en autoridades y vecinos que trabajaron en la recuperación de casi 50 hectáreas en la localidad rionegrina de General Fernández Oro con demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por una corporación comercial que se vio afectada por la recuperación de las costas sobre el río Negro en la ciudad Patagónica de Fernández Oro contra funcionarios y vecinos defensores de los derechos ambientales. Sin duda que recuperar el río para el pueblo transmite un mensaje incómodo a los poderosos”, explican los Amigos del río en uno de sus posteos.

No solo se recuperaron 48 hectáreas, también se recuperaron 270.000 árboles, un gran bosque, 6km de costas sobre el Río Negro y un espacio de gran diversidad y esto claramente es un mensaje incómodo a los poderosos que en lugares como ese solo ven negocios inmobiliarios.

Recordemos, que dos empresas privadas hace décadas habían avanzado sobre zonas de ribera de dominio público, colocando cercos sobre estas tierras que le pertenecen a los vecinos y vecinas orenses apropiándose de más de 25 hectáreas.

OKUPAS CON PODER: FIGURITA REPETIDA EN RIO NEGRO

La justicia local ordenó a la empresa Zoppi constructora a retirar los rellenos con basura que había depositado en un arroyo del río. La Dra. Fernández, titular del Juzgado de Falta de General Fernández Oro, llevó adelante una investigación de los cuestionados rellenos dentro de un cauce natural de agua dulce en la zona costera próxima al Paseo Costero Ecológico de Fernandez Oro donde ordenó el cese de tareas de relleno en un arroyo del río Negro y procedió a aplicar una multa a finales del 2022 por contaminación y otra por incumplimiento de la empresa ante la obligación de mitigar los daños ocasionados al ecosistema de casi el 60% de costas que posee la localidad.

Se analiza involucrar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para que anule la concesión minera por la violación al Código Minero de Río Negro, ya que quedó probado ante la justicia la responsabilidad del titular de esta cantera que causó un daño al ambiente y la comunidad de General Fernández Oro.

También se abrió una nueva investigación, en este caso desde el área de Comercio porque dicha empresa posee una concesión minera sobre tierra fiscales para desarrollar una cantera de categoría 3 y la misma no cuenta con habilitación comercial.

El Municipio de General Fernández Oro y la ONG Amigos del Río ya comenzaron a trabajar en la restauración de la circulación de agua del arroyo. Es la primera vez en el Alto Valle que se lleva adelante un deslinde administrativo por personal del Departamento Provincial de Agua, poniendo fin a la usurpación por parte de privados de las tierras de dominio público.

El Código de Agua de la Provincia de Río Negro permitió en diciembre del 2022 el ingreso a este lugar y en Julio del 2023 el DPA fijó la “Línea de Ribera” sobre este arroyo según lo estipulado por la Ley 2952. Por este motivo, en los últimos días se retiraron uno de los tres terraplenes artificiales que privados ejecutaron sobre este brazo del río Negro.

A su vez se trabaja en la prohibición y multas de los depósitos de material y basura sobre los cursos de agua que impliquen taponados, terraplenados o cualquier otra obra o acción que signifique el entorpecimiento del curso de agua, respetando siempre el ancho y la cota natural de los mismos.

Un gran ejemplo de participación ciudadana activa que con el apoyo de vecinos, vecinas y la pata política, más un buen uso de las redes sociales para comunicar, generar sentido de pertenencia y apropiación del proyecto; lograron recuperar un espacio, que más allá de sus dimensiones, era plenamente de la comunidad local y no de unos pocos privados.

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     Fernando Cerimedo, el consultor de Milei preso en Bolivia y acusado de haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada, ingresó al millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario.

    La firma funcionaba originalmente como guardería náutica, pero se reconvirtió para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador. Uno de sus principales negocios es la provisión de diésel para los remolcadores de barcazas, una actividad estratégica que se cobra en dólares y está concentrada en un puñado de operadores.

    El expediente para que Sanabria pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector agroexportador saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia. 

    Milei mintió: dijo que desde 2023 no ve a Cerimedo y le enrostraron 12 visitas a la Rosada en 2024 

    El tramite express para la reconversión de Sanabria, acorde a lo que pretendía Cerimedo, es casi imposible de conseguir, según confirmaron a LPO fuentes del sector. 

    El expediente para que la empresa Sanabria que compró Cerimedo pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia. 

    Según los registros del Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de julio de 2024 Surlibre Inversiones ingresó como socia de Sanabria SRL y se quedó con el 30% de la compañía luego de que Sergio Ezequiel Amarilla cediera 100 cuotas sociales e Iván Alberto Sanabria otras 50, sobre un capital compuesto por 500 cuotas. 

    La financiera Surlibre está vinculada a Cerimedo y pasó a controlar 150 cuotas, mientras Sanabria conservó 200 y Amarilla, las 150 restantes, detallaron a LPO las fuentes consultadas.

    Boletín Oficial donde se formaliza el ingreso de Surlibre Inversiones vinculada a Cerimedo

    Tras esa operación, Amarilla y Sanabria fueron designados gerentes conjuntos de la sociedad. Fuentes del negocio portuario señalaron a LPO que, desde el ingreso de Surlibre Inversiones, Sanabria SRL consiguió las autorizaciones necesarias en tiempo récord.

    Según empresarios que prestan servicios en la Hidrovía, dijeron a LPO que es un mercado al que resulta prácticamente imposible acceder sin contactos con las máximas autoridades.

    El movimiento societario se produjo dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Arreseygor reemplazó en mayo de 2024 a Pablo Piccirilli y quedó al frente del área encargada de conducir el proceso de privatización de la principal vía navegable del país.

    Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada», contó un empresario con décadas de experiencia en el sector.

     Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada» 

    En el ambiente portuario llamó la atención la velocidad con la que la empresa consiguió los permisos nacionales cuando desde la Municipalidad de Puerto General San Martín dijeron a LPO que la sociedad todavía tiene pendiente parte de la documentación para completar su habilitación local. También afirmaron desconocer la presencia de Cerimedo y el vínculo del libertario con Surlibre Inversiones.

    El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión empresarial que Cerimedo inició después del triunfo de Javier Milei. Además de sus firmas de comunicación y publicidad, el consultor incorporó sociedades de inversión, tecnología y energía.

    Titular de Puertos y Vías Navegables

    El origen de los fondos de Cerimedo también forma parte de la investigación abierta en Bolivia. Durante distintos allanamientos, la fiscalía secuestró dinero en efectivo y reconstruyó movimientos por unos 400 mil dólares a través de una casa de cambios. Uno de sus abogados sostuvo que la CAF financiaba la consultoría que prestaba al gobierno de Rodrigo Paz, pero el banco regional negó que existiera una relación contractual, según publicó el DiarioAr.

    En marzo de 2025, la CAF aprobó un crédito por 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente de fortalecimiento del sector portuario.

    En el organismo negaron haber contratado al consultor detenido, pero ahora, su participación en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario dejó flotando en el sector la verdadera dimensión de la influencia de Cerimedo en el polo agroexportador.

     

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     Vicente Federico Quintanal, el empresario que quedó al frente de buena parte de los negocios de Fernando Cerimedo en la Argentina y mantiene trato con Karina Milei, gestionaba la compra de un predio de 30 hectáreas sobre la Hidrovía para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín.

    La operación quedó truncada con la detención de Cerimedo en Bolivia. Las tierras pertenecieron a la ex Terminal 17 de la Junta Nacional de Granos y están ubicadas junto a Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que el consultor libertario pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y provisión de combustible para remolcadores y barcazas.

    Un relevamiento del periodista Germán de los Santos para La Nación detectó que el predio donde está radicada Sanabria SRL es prácticamente un terreno baldío que el único activo es una rampa de tierra que desemboca en el Paraná. Fuentes municipales dijeron a LPO que para rellenar la bajada, Sanabria «se choreó tierra de una obra pública». 

    La Fiscalía de Bolivia investigará a Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico 

    El predio que Quintanal buscaba incorporar al negocio está en manos de capitales bolivianos y es administrado por Ferroviaria Oriental, la principal compañía ferroviaria del oriente de Bolivia. Fuentes de la Municipalidad de Puerto General San Martín confirmaron a LPO que la empresa paga regularmente las tasas correspondientes al inmueble.

    La aparición de Quintanal termina de darla verdadera dimensión del plan portuario de Cerimedo y abre interrogantes sobre su verdadero fin.

    La aparición de Quintanal termina de darla verdadera dimensión del plan portuario de Cerimedo y abre interrogantes sobre su verdadero fin. Cerimedo enfrenta en Bolivia una causa por supuestos vínculos con narcotraficantes, que operaban en la región.

    Como reveló LPO, Surlibre Inversiones ingresó en julio de 2024 a Sanabria SRL y adquirió el 30% de la compañía. En el mismo momento Quintanal fue designado gerente junto con Iván Alberto Sanabria, el dueño original y Sergio Ezequiel Amarilla.

    El aparición del nombre Quintanal tomó otra relevancia cuando Nadia Beller, la ex novia de Cerimedo que fue atacada a tiros por sicarios, lo mencionó como uno de los contactos fluidos del consultor, ahora imputado de haber ordenado el femicidio.

    Beller dijo en una entrevista con Nelson Castro que Cerimedo, a pesar de haberse distanciado de Milei tras el escándalo por las coimas en Andis, mantenía comunicación permanente con Quintanal a quien definió como socio de Cerimedo con «muy, muy buena llegada al gobierno» argentino.

    En el desembarco de Cerimedo en la Hidrovía, Quintanal no aparece como accionista sino como administrador y representante de la empresa junto a Ivan «Chucho» Sanabria cuando Surlibre entró en la sociedad. Desde ese momento, comenzó a gestionar la posibilidad de comprar el terreno lindero a la guardería, un predio de 30 hectáreas donde funcionó una de las terminales de la ex Junta Nacional de Granos, desguazada por la dictadura militar y la ola privatista de los 90.

    Quintanal funcionaba como el nexo entre el consultor y la hermana del Presidente mientras avanzaba con las gestiones para expandir el negocio portuario sobre la Hidrovía.

    Coincidentemente, Cerimedo hace pie en la Hidrovía el 31 de julio de 2024, semanas después de la constitución de Surlibre y apenas dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a Puertos y Vías Navegables, el hombre de Toto Caputo en el río. 

    La empresa consiguió las autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord a pesar de que el municipio de Puerto General San Martín le había rechazado la habilitación por falta de documentación.

    Una vez instalados en la zona, Quintanal comunicó al resto de los socios que avanzarían con la compra de los terrenos de la ex terminal portuaria, llamativamente en manos de la ferroviaria boliviana. En el sector seguían el proyecto con desconfianza que se acrecentaron en las últimas horas cuando se supo que en Bolivia ya investigan a Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

    El proyecto portuario sobre esos terrenos no arrancó con Cerimedo. En un documento al cual accedió LPO señala que Ferroviaria Oriental contrató a la consultora alemana Hamburg Port Consulting en 2021 para desarrollar un plan de negocios para la denominada «AIGRE Bulk Terminal» en el complejo portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín.

    El interés de Cerimedo habría sido adquirir esas 30 hectáreas y conectarlas con los pocos metros cuadrados linderos que pertenecen a la bajada para la guardería de Sanabria SRL.

    Las tierras de la ex Terminal 17 habían sido utilizadas para almacenar fertilizantes durante la década de los noventa, cuando el desguace de la Junta Nacional de Granos aceleró el retroceso de los puertos públicos y la transferencia de la actividad a las grandes agroexportadoras privadas.

    En esos mismos años comenzó la historia de la guardería náutica que posteriormente se convirtió en Sanabria. Según reconstruyeron fuentes municipales, durante la gestión de Lorenzo Domínguez, un temporal destruyó uno de los galpones del municipio y la empresa se hizo cargo de repararlo. Como contraprestación, el dueño de la guardería obtuvo el uso de la cuadra de la calle Juan Domingo Perón que desemboca en el Paraná para facilitar el movimiento de las embarcaciones.

    Funcionarios del actual intendente Carlos de Grandis que hablaron con LPO explicaron que se buscó el modo de recuperar ese tramo de calle pero no encontraron la veta legal para dar marcha atrás con la donación.

     Según reconstruyeron fuentes municipales, durante la gestión de Lorenzo Domínguez, un temporal destruyó uno de los galpones del municipio y la empresa se hizo cargo de repararlo. Como contraprestación, el dueño de la guardería obtuvo el uso de la cuadra de la calle Juan Domingo Perón que desemboca en el Paraná para facilitar el movimiento de las embarcaciones 

    Con el paso del tiempo, la antigua guardería Mirto quedó bajo la órbita de Sanabria SRL. En junio de 2022, Sebastián Andrés Porporato cedió sus 175 cuotas a Iván Sanabria, que acumuló 325 de las 500 participaciones y quedó como único gerente. En enero de 2023, Marcelo Enrique Fabián Molins transfirió sus 175 cuotas a Amarilla y Sanabria le cedió otras 75, por lo que ambos quedaron con partes iguales.

    El tercer movimiento ocurrió con la llegada de Surlibre. Además de quedarse con el 30%, la sociedad introdujo a Quintanal en la administración. Quienes conocen a la sociedad bien de cerca, Quintanal no se desenvolvía como un asesor externo, sino que intervenía directamente en las decisiones.

    Estructura societaria según datos Boletín Oficial Provincia de Santa Fe

    Quintanal comparte con Cerimedo una extensa red de sociedades. Ambos aparecen vinculados a Surlibre Inversiones y Compañía Sudamericana de Inversiones, mientras que Natalia Basil, esposa del consultor y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad, comparte con Quintanal compañías como Australis Energy Group y Patagonia Energy Holding.

    Una investigación de Ámbito reveló que Quintanal se repite en directorios de empresas dedicadas a actividades tan diferentes como energía, minería, salud, limpieza, automotores, loteos y servicios forestales. En definitiva, lo señalan como un posible «prestanombre» o testaferro de Cerimedo. Un detalle, ambos declararon el mismo domicilio fiscal en Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, de la Ciudad de Buenos Aires.

    Fuentes libertarias aseguran que esa llegada incluía un vínculo con Karina Milei. Quintanal funcionaba como el nexo entre el consultor y la hermana del Presidente mientras avanzaba con las gestiones para expandir el negocio portuario sobre la Hidrovía.

    Por otra parte, la conexión boliviana da cuenta de la incidencia de Cerimedo en el poder de aquel país. Van apareciendo pruebas de la enorme influencia en el gobierno de Rodrigo Paz. Fotografías difundidas por Beller lo muestran en el despacho presidencial y participando junto a Paz de una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

     

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