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LA ONG AMIGOS DEL RÍO RECUPERÓ 48 HECTÁREAS PARA TODOS LOS RIONEGRINOS

La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público.

Un grupo de vecinos nucleados en una ONG llamada Amigos del Río impulsó la iniciativa para recuperar el acceso libre a las costas del río Negro en su ciudad Fernandez Oro, de este modo y en conjunto con la municipalidad recuperaron más de 48 hectáreas de naturaleza pura que comprenden por ejemplo 13 kilómetros de sendero, ubicado a 4 km de la ruta provincial 65 y a 2 de la 22, se accede por la calle La Criollita (la de la YPF) que se encontraba cerrada debido a que una empresa que posee tierras en sus inmediaciones había decidido cortar el acceso. «Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de ‘paseo costero ecológico y viveros municipales’ para recuperar el lugar», cuenta Pablo Fica referente de la ONG.

Esa misma empresa había rellenado con toneladas de basura un brazo del río Negro, un arroyo de 1,5 km de extensión y unos 30 metros de ancho que se encontraba sin agua a causa de obstáculos de tierra que habían depositado en lugares estratégicos, lo cual le permitió extender sus propiedades sobre tierras de dominio público e impedir que 25.000 personas tengan acceso a las costas.

El Paseo Costero Ecológico, así se llamó el proyecto presentado en el Concejo Deliberante local, brinda a la comunidad un espacio de recreación y esparcimiento, como así también el cuidado de la vegetación existente en el área, cumpliendo con objetivos sociales, ecológicos y turísticos de la ciudad. El crecimiento de Fernandez Oro es notable, no sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en sus dimensiones por lo cual el Paseo es socialmente necesario.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un grupo de orenses para restablecer la soberanía sobre nuestro río Negro constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Le exigimos a la empresa Zoppi Constructora que devuelva nuestras costas sobre el Río que nos pertenece a todos”, presagia un posteo en su IG allá por inicios de año y así fue. Hoy las costas volvieron a ser de la gente de Fernandez Oro. Porque la queja pública en redes es válida pero después hay que ser consecuente y honrar el reclamo yendo a más. Como lo hizo Pablo Fica, un ex policía que luego de un accidente grave se reinventó y empezó a trabajar en acciones concretas y beneficiosas para todos sus conciudadanos.

Luego del accidente, en rehabilitación y con mucho tiempo libre Fica buscaba actividades para no deprimirse y en un momento se enteró que empresas locales arrojaban basura en el río Negro y eso lo movilizó ya que él suele hacer actividades en el  río: “Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Iniciamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón», comenta el referente de la ong.

El municipio realizó los trabajos de apertura de la Calle La Criollita para arribar hasta las costas del río Negro. Donde antes había una playa privada hoy puede acceder toda la ciudad. «El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Somos más de 30 personas trabajando voluntariamente y con pasión «, expresa lleno de orgullo.

SLAPP: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO JUDICIAL INFUNDADO

SLAPP es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, demanda estratégica contra la participación pública. ¿Qué significa esto? Muchas veces empresas o políticos quieren ocultar sus acciones, ya sea porque son ilegales o porque perjudican a la gente. No quieren que ningún periodista o activista revele información o accionares que los comprometan, o bien como este caso en el que se han apoderado de tierras públicas con acceso al margen del río Negro. Así que, para mantener el silencio, inventan algo infundado para generar acciones legales a quien los haya denunciado públicamente, con el objetivo de que dejen de investigar o de informar.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación define más formalmente un SLAPP como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social». El término y el concepto aplican perfectamente a lo que han sufrido funcionarios municipales y Pablo Fica referente de la ONG.

 “Una nueva forma de censura y de creación de miedo en autoridades y vecinos que trabajaron en la recuperación de casi 50 hectáreas en la localidad rionegrina de General Fernández Oro con demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por una corporación comercial que se vio afectada por la recuperación de las costas sobre el río Negro en la ciudad Patagónica de Fernández Oro contra funcionarios y vecinos defensores de los derechos ambientales. Sin duda que recuperar el río para el pueblo transmite un mensaje incómodo a los poderosos”, explican los Amigos del río en uno de sus posteos.

No solo se recuperaron 48 hectáreas, también se recuperaron 270.000 árboles, un gran bosque, 6km de costas sobre el Río Negro y un espacio de gran diversidad y esto claramente es un mensaje incómodo a los poderosos que en lugares como ese solo ven negocios inmobiliarios.

Recordemos, que dos empresas privadas hace décadas habían avanzado sobre zonas de ribera de dominio público, colocando cercos sobre estas tierras que le pertenecen a los vecinos y vecinas orenses apropiándose de más de 25 hectáreas.

OKUPAS CON PODER: FIGURITA REPETIDA EN RIO NEGRO

La justicia local ordenó a la empresa Zoppi constructora a retirar los rellenos con basura que había depositado en un arroyo del río. La Dra. Fernández, titular del Juzgado de Falta de General Fernández Oro, llevó adelante una investigación de los cuestionados rellenos dentro de un cauce natural de agua dulce en la zona costera próxima al Paseo Costero Ecológico de Fernandez Oro donde ordenó el cese de tareas de relleno en un arroyo del río Negro y procedió a aplicar una multa a finales del 2022 por contaminación y otra por incumplimiento de la empresa ante la obligación de mitigar los daños ocasionados al ecosistema de casi el 60% de costas que posee la localidad.

Se analiza involucrar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para que anule la concesión minera por la violación al Código Minero de Río Negro, ya que quedó probado ante la justicia la responsabilidad del titular de esta cantera que causó un daño al ambiente y la comunidad de General Fernández Oro.

También se abrió una nueva investigación, en este caso desde el área de Comercio porque dicha empresa posee una concesión minera sobre tierra fiscales para desarrollar una cantera de categoría 3 y la misma no cuenta con habilitación comercial.

El Municipio de General Fernández Oro y la ONG Amigos del Río ya comenzaron a trabajar en la restauración de la circulación de agua del arroyo. Es la primera vez en el Alto Valle que se lleva adelante un deslinde administrativo por personal del Departamento Provincial de Agua, poniendo fin a la usurpación por parte de privados de las tierras de dominio público.

El Código de Agua de la Provincia de Río Negro permitió en diciembre del 2022 el ingreso a este lugar y en Julio del 2023 el DPA fijó la “Línea de Ribera” sobre este arroyo según lo estipulado por la Ley 2952. Por este motivo, en los últimos días se retiraron uno de los tres terraplenes artificiales que privados ejecutaron sobre este brazo del río Negro.

A su vez se trabaja en la prohibición y multas de los depósitos de material y basura sobre los cursos de agua que impliquen taponados, terraplenados o cualquier otra obra o acción que signifique el entorpecimiento del curso de agua, respetando siempre el ancho y la cota natural de los mismos.

Un gran ejemplo de participación ciudadana activa que con el apoyo de vecinos, vecinas y la pata política, más un buen uso de las redes sociales para comunicar, generar sentido de pertenencia y apropiación del proyecto; lograron recuperar un espacio, que más allá de sus dimensiones, era plenamente de la comunidad local y no de unos pocos privados.

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    El gobierno de Javier Milei le ordenó al Grupo Clarín que se desprenda de 6 millones de abonados o de lo contrario rechazará la fusión de Telecom con Telefónica Argentina, tal como anticipó LPO en exclusiva.

    La durísima medida se conoció por un comunicado del gobierno en base a una fallo del «Tribunal de Defensa de la Competencia», un órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que los libertarios se aseguraron de validar recientemente en el Senado.

    «Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones», dice el comunicado. 

    El texto publicado en la página oficial del gobierno apunta directamente al Grupo Clarín y dice que buscan «evitar que esta operación constituya la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia».

    Milei le exige a Clarín que ceda 6 millones de clientes para aprobar la fusión con Telefónica

    En el Grupo hablan de una animadversión por parte del presidente, que tiene un tuit fijado hace un año y medio  en el que califica a Clarín como «la gran estafa argentina» y cuestiona especialmente la fusión de Telecom y Telefónica, por la que el grupo debió endeudarse en más de 1000 millones de dólares.

    En el mulimedio aseguran que la del Tribunal no fue una decisión técnica, sino política y «con mala onda». Los 6 millones de abonados representan un 40 por ciento de la facturación del grupo.

    Una muestra de esa animadversión, creen en el multimedio, es que se enteraron de la decisión por el comunicado y ni siquiera les hicieron llegar la resolución para que la estudien los abogados. En el comunicado se habla solamente del Grupo Clarín, pese a que en Telecom son socios el mexicano David Martínez, otra parte de Telecom que cotiza en Wall Street y otra parte que tiene Anses, por lo que en el multimedio creen que Milei ordenó atacar al grupo. 

    LPO también anticipó que el gobierno había rechazado la propuesta de Clarín, surgida tras el informe de Enacom de marzo que recomendaba la desinversión. En este entonces, el multimedio presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios que le pedía el gobierno de Milei que resignaran, para aprobar la fusión de las telco. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa, por si el gobierno objetaba la primera. 

    Para cumplir otro de los requisitos del Tribunal, la empresa «deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red». 

    En Clarín aseguran que en Argentina quedó probado que no hay lugar para una tercera empresa en el rubro y que por eso Telefónica vendió sus acciones. En el Grupo aseguran que ya no compiten a nivel local ni tienen un monopolio, sin que tienen competencia global: Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, entró al negocio por obra de Milei y ya tiene un millón de usuarios en sólo dos años.

    Ahora, en Clarín esperan que les manden la resolución para que los abogados definan si la aceptan o si resisten judicialmente. En el caso de que acepten, el proceso no será fácil: Clarín debe encontrar un comprador que quiera pagar por el 40% de su cartera. En ese caso creen que el gobierno les pondrá un plazo y es incierto qué pasaría si ese plazo no se cumple, ya que se asoma la posiblidad de una expropiación. 

     

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