| |

LA ONG AMIGOS DEL RÍO RECUPERÓ 48 HECTÁREAS PARA TODOS LOS RIONEGRINOS

La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público.

Un grupo de vecinos nucleados en una ONG llamada Amigos del Río impulsó la iniciativa para recuperar el acceso libre a las costas del río Negro en su ciudad Fernandez Oro, de este modo y en conjunto con la municipalidad recuperaron más de 48 hectáreas de naturaleza pura que comprenden por ejemplo 13 kilómetros de sendero, ubicado a 4 km de la ruta provincial 65 y a 2 de la 22, se accede por la calle La Criollita (la de la YPF) que se encontraba cerrada debido a que una empresa que posee tierras en sus inmediaciones había decidido cortar el acceso. «Presentamos el proyecto en septiembre del año pasado (el 688/22) y se aprobó lo de ‘paseo costero ecológico y viveros municipales’ para recuperar el lugar», cuenta Pablo Fica referente de la ONG.

Esa misma empresa había rellenado con toneladas de basura un brazo del río Negro, un arroyo de 1,5 km de extensión y unos 30 metros de ancho que se encontraba sin agua a causa de obstáculos de tierra que habían depositado en lugares estratégicos, lo cual le permitió extender sus propiedades sobre tierras de dominio público e impedir que 25.000 personas tengan acceso a las costas.

El Paseo Costero Ecológico, así se llamó el proyecto presentado en el Concejo Deliberante local, brinda a la comunidad un espacio de recreación y esparcimiento, como así también el cuidado de la vegetación existente en el área, cumpliendo con objetivos sociales, ecológicos y turísticos de la ciudad. El crecimiento de Fernandez Oro es notable, no sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en sus dimensiones por lo cual el Paseo es socialmente necesario.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un grupo de orenses para restablecer la soberanía sobre nuestro río Negro constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Le exigimos a la empresa Zoppi Constructora que devuelva nuestras costas sobre el Río que nos pertenece a todos”, presagia un posteo en su IG allá por inicios de año y así fue. Hoy las costas volvieron a ser de la gente de Fernandez Oro. Porque la queja pública en redes es válida pero después hay que ser consecuente y honrar el reclamo yendo a más. Como lo hizo Pablo Fica, un ex policía que luego de un accidente grave se reinventó y empezó a trabajar en acciones concretas y beneficiosas para todos sus conciudadanos.

Luego del accidente, en rehabilitación y con mucho tiempo libre Fica buscaba actividades para no deprimirse y en un momento se enteró que empresas locales arrojaban basura en el río Negro y eso lo movilizó ya que él suele hacer actividades en el  río: “Soy fanático del medio ambiente, me capacité mucho y como a la vez estudié diseño visual, decidí crear una página Amigos de Río con la idea de generar contenidos sobre los problemas ambientales en la región. Empezamos a crecer, mi intervención en la Radio De Oro nos facilitó todo. Iniciamos con mi núcleo familiar y amigos en enero de 2022, todo a pulmón», comenta el referente de la ong.

El municipio realizó los trabajos de apertura de la Calle La Criollita para arribar hasta las costas del río Negro. Donde antes había una playa privada hoy puede acceder toda la ciudad. «El logro más grande fue la apertura del camino, en conjunto con vecinos. Somos más de 30 personas trabajando voluntariamente y con pasión «, expresa lleno de orgullo.

SLAPP: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO JUDICIAL INFUNDADO

SLAPP es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, demanda estratégica contra la participación pública. ¿Qué significa esto? Muchas veces empresas o políticos quieren ocultar sus acciones, ya sea porque son ilegales o porque perjudican a la gente. No quieren que ningún periodista o activista revele información o accionares que los comprometan, o bien como este caso en el que se han apoderado de tierras públicas con acceso al margen del río Negro. Así que, para mantener el silencio, inventan algo infundado para generar acciones legales a quien los haya denunciado públicamente, con el objetivo de que dejen de investigar o de informar.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación define más formalmente un SLAPP como «un pleito presentado por sujetos poderosos (por ejemplo, una corporación, un cargo público, un empresario de alto perfil) contra individuos u organizaciones no gubernamentales que hayan expresado una posición crítica sobre una cuestión sustantiva de cierto interés político o importancia social». El término y el concepto aplican perfectamente a lo que han sufrido funcionarios municipales y Pablo Fica referente de la ONG.

 “Una nueva forma de censura y de creación de miedo en autoridades y vecinos que trabajaron en la recuperación de casi 50 hectáreas en la localidad rionegrina de General Fernández Oro con demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por una corporación comercial que se vio afectada por la recuperación de las costas sobre el río Negro en la ciudad Patagónica de Fernández Oro contra funcionarios y vecinos defensores de los derechos ambientales. Sin duda que recuperar el río para el pueblo transmite un mensaje incómodo a los poderosos”, explican los Amigos del río en uno de sus posteos.

No solo se recuperaron 48 hectáreas, también se recuperaron 270.000 árboles, un gran bosque, 6km de costas sobre el Río Negro y un espacio de gran diversidad y esto claramente es un mensaje incómodo a los poderosos que en lugares como ese solo ven negocios inmobiliarios.

Recordemos, que dos empresas privadas hace décadas habían avanzado sobre zonas de ribera de dominio público, colocando cercos sobre estas tierras que le pertenecen a los vecinos y vecinas orenses apropiándose de más de 25 hectáreas.

OKUPAS CON PODER: FIGURITA REPETIDA EN RIO NEGRO

La justicia local ordenó a la empresa Zoppi constructora a retirar los rellenos con basura que había depositado en un arroyo del río. La Dra. Fernández, titular del Juzgado de Falta de General Fernández Oro, llevó adelante una investigación de los cuestionados rellenos dentro de un cauce natural de agua dulce en la zona costera próxima al Paseo Costero Ecológico de Fernandez Oro donde ordenó el cese de tareas de relleno en un arroyo del río Negro y procedió a aplicar una multa a finales del 2022 por contaminación y otra por incumplimiento de la empresa ante la obligación de mitigar los daños ocasionados al ecosistema de casi el 60% de costas que posee la localidad.

Se analiza involucrar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para que anule la concesión minera por la violación al Código Minero de Río Negro, ya que quedó probado ante la justicia la responsabilidad del titular de esta cantera que causó un daño al ambiente y la comunidad de General Fernández Oro.

También se abrió una nueva investigación, en este caso desde el área de Comercio porque dicha empresa posee una concesión minera sobre tierra fiscales para desarrollar una cantera de categoría 3 y la misma no cuenta con habilitación comercial.

El Municipio de General Fernández Oro y la ONG Amigos del Río ya comenzaron a trabajar en la restauración de la circulación de agua del arroyo. Es la primera vez en el Alto Valle que se lleva adelante un deslinde administrativo por personal del Departamento Provincial de Agua, poniendo fin a la usurpación por parte de privados de las tierras de dominio público.

El Código de Agua de la Provincia de Río Negro permitió en diciembre del 2022 el ingreso a este lugar y en Julio del 2023 el DPA fijó la “Línea de Ribera” sobre este arroyo según lo estipulado por la Ley 2952. Por este motivo, en los últimos días se retiraron uno de los tres terraplenes artificiales que privados ejecutaron sobre este brazo del río Negro.

A su vez se trabaja en la prohibición y multas de los depósitos de material y basura sobre los cursos de agua que impliquen taponados, terraplenados o cualquier otra obra o acción que signifique el entorpecimiento del curso de agua, respetando siempre el ancho y la cota natural de los mismos.

Un gran ejemplo de participación ciudadana activa que con el apoyo de vecinos, vecinas y la pata política, más un buen uso de las redes sociales para comunicar, generar sentido de pertenencia y apropiación del proyecto; lograron recuperar un espacio, que más allá de sus dimensiones, era plenamente de la comunidad local y no de unos pocos privados.

Con tu colaboración nos ayudás a llegar a más gente.
Invitame un café en cafecito.app

Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • La reforma penal de Pullaro alarma a los jueces y abogados: «Es una regresión de 40 años»

     

    Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,

    Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.

    La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

    Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.

    El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.

    Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.

    Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.

    El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. 

    «Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.

    Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.

    La Justicia pone un límite a la política de Pullaro de ubicar a presos en aislamiento

    José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.

    Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.

    Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.

    El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.

    En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.

    Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.

    El 2025 tuvo un repunte de los homicidios en Rosario, pero siguen a niveles previos al estallido narco

    En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».

    En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.

    Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.

     

    Difunde esta nota
  • QR para acceder al anteproyecto de la terminal

    Con el objetivo de que la comunidad pueda conocer en detalle el anteproyecto de remodelación y refacción de la terminal de ómnibus de Villa Regina está habilitado un código QR al cual se puede acceder con un teléfono o dispositivo móvil. De esta manera se podrá tener acceso a la documentación del anteproyecto que fue…

    Difunde esta nota
  • Cultura y el Instituto Nacional de la Música articulan acciones

    Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió al presidente del Instituto Nacional de la Música Diego Boris y al Secretario de Estado de Cultura de Río Negro Ariel Ávalos, quienes llegaron a Villa Regina para brindar una charla destinada a músicos de la ciudad. Previo a esta actividad brindaron una conferencia de prensa en el…

    Difunde esta nota
  • Se acondiciona el predio del Club Banco Nación para el inicio de la LIMUFI

    Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación. En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute…

    Difunde esta nota
  • | |

    LA LEY DE CÁÑAMO INDUSTRIAL Y CANNABIS MEDICINAL CUENTA CON REGLAMENTACIÓN

    Luego de más de 1 año de su aprobación la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal fue reglamentada. El documento fue publicado este lunes 7 de agosto en el Boletín Oficial. La reglamentación de la ley se logró luego de varios idas y vueltas sobre distintos puntos en lo que no se ponían de acuerdo con…

    Difunde esta nota