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La obsesión de Milei por entregar la tierra

Esta investigación fue realizada en colaboración con Mariano Novas

Con su avanzada nacionalista sobre Malvinas, Milei acaba de regalarles a Trump y a quienes en Londres reclaman más presupuesto militar un argumento nuevo para empujar una carrera armamentista que nos pone en peligro a todos. Mientras puertas afuera ayuda a construir las razones para el rearme global, puertas adentro facilita la exploración, extracción y exportación de los minerales que ese rearme necesita. Alimenta así las dos cabezas del mismo monstruo.

Por algo los llamados «minerales críticos» están recibiendo tanta atención. No son fundamentales solo para los equipos que necesitan la transición energética y la revolución digital. También son indispensables para la industria de defensa. Esto quedó en evidencia cuando China empezó a restringir el acceso a algunos de ellos.

Sin cobre no hay proyectiles de artillería ni cableado para los sistemas de radar. Sin litio no hay baterías para buena parte del equipamiento militar (que hoy se electrifica igual que el transporte civil). Sin samario no hay imanes capaces de soportar las altas temperaturas que requieren los misiles de largo alcance. El neodimio es fundamental para los sistemas de guiado y control. Los imanes de tierras raras son indispensables para misiles Tomahawk, bombas guiadas, radares y drones Predator. Un solo caza F-35 requiere cientos de kilos de tierras raras.

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Milei desempolvó una causa que suele despertar pasiones más allá de las divisiones políticas: Malvinas. Lo hizo en medio de una fuerte caída de su popularidad, cuando la cuestión había vuelto a ocupar un lugar central en la conversación pública, aprovechando el impacto que generó la bandera por la soberanía de las islas en manos de la selección argentina durante la semifinal del Mundial. Primero fue la cadena nacional, después el despliegue de una batería de proyectos presentados como una nueva ofensiva por la soberanía. Finalmente, Milei llevó el reclamo hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, donde insistió en la soberanía y cargó contra la propia ONU.

La inutilidad y las contradicciones de esta nueva épica malvinera ya se han discutido bastante. Hasta ahora, no nos acercó un centímetro a recuperar la soberanía sobre las islas, pero sí le dio nuevo aliento a lo peor del nacionalismo argentino. Todo esto ocurre, además, en medio del deterioro financiero de las Fuerzas Armadas, mientras el Gobierno elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, ahora con el aval de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin los límites que fijaba la ley. Al presentar como novedosas herramientas que en verdad ya existían, nuestro presidente parece buscar más una foto para la hinchada que una política de Estado.

Pero hay algo en esta nueva jugada de Milei que está pasando más desapercibido y es verdaderamente preocupante: cómo se conecta con dinámicas globales que exceden a Malvinas y a la Argentina, pero que nos afectan de lleno. Con esta nueva narrativa nacionalista, Milei contribuye a reforzar un clima global cada vez más atravesado por el conflicto, las amenazas y la guerra, con todo lo que eso implica. Y así alimenta la primera cabeza del monstruo. Pero vayamos a los hechos.

Apenas unos días después de la cadena nacional de nuestro presidente, Tan Dhesi, el diputado laborista que preside el comité de Defensa en Westminster, invocó las declaraciones de Milei para presionar al primer ministro Andy Burnham: si Argentina «amenaza con quedarse con las Malvinas», dijo, el Reino Unido no puede seguir postergando la meta del 3% del PBI en gasto militar. Unos días después, Boris Johnson escribió una columna en el Daily Mail pidiendo el envío inmediato de barcos, aviones y tropas a las islas. El Ministerio de Defensa británico, por su parte, informó que los cuatro cazas Typhoon que patrullan Malvinas serán reemplazados en 2027 por versiones más modernas. Londres además reafirmó públicamente su posición sobre las islas y su respaldo a los isleños y a las empresas que operan allí, incluidas las vinculadas a la explotación de recursos naturales.

No es la primera vez que sucede algo así: ya en 2015, cuando Cristina Kirchner buscaba apoyo internacional para la causa, un ministro de Defensa británico invocó la «amenaza» argentina para justificar más gasto militar en las islas. Diez años después, con un presidente que se define como el opuesto ideológico de aquel gobierno, se repite la historia. Pero esta vez aparece un actor nuevo: Washington.

Luego del anuncio de Milei, Trump usó Malvinas para reforzar lo que viene haciendo desde hace tiempo: alimentar la tensión y presionar a sus aliados para que gasten más en defensa. Desde Dublín, advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un «potencial desastre», se ofreció a «resolverlo» él mismo y puso en cuestión la voluntad británica de defender las islas, preguntándose si Londres estaría dispuesto a «viajar tan lejos» para hacerlo. No es un episodio aislado. Trump viene presionando particularmente al Reino Unido —con quien ya chocó por Irán, Diego García y las islas Chagos— y reclamando, como al resto de la OTAN, que aumente drásticamente su gasto militar. «Trump usa Malvinas para que el Reino Unido aumente el gasto en defensa», resumió Mariana Altieri, directora de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior y autora de Malvinas y Gibraltar: conflictos atrincherados.

En la Cumbre de La Haya de 2025, Trump ya había logrado que toda la OTAN se comprometiera a llevar el gasto en defensa al 5% del PBI para 2035, más del doble de la meta histórica del 2%, un acuerdo que él mismo bautizó «el compromiso de defensa de La Haya» y calculó que sumaría un billón de dólares al año. Sin embargo, un año después, en Ankara, todavía no conforme, sacó la calculadora en público: comparó los 999.000 millones de dólares de Estados Unidos con los apenas 44.300 millones de Polonia y apuntó también a Alemania por gastar «mucho menos». Está claro que conseguir un aumento generalizado del gasto militar de sus aliados ocupa un lugar central en su agenda, en un mundo que Trump presenta cada vez más como un escenario de amenazas y competencia, sobre todo con China, pero que en el fondo no es más que un intento cada vez más desesperado de Estados Unidos por conservar su supremacía.

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A la segunda cabeza, en cambio, Milei la alimenta puertas adentro: ofrece nuestros territorios para extraer los recursos que ese mismo rearme necesita.  El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que este Gobierno impulsó con tanto entusiasmo como pieza central de su programa de «desarrollo», está siendo clave para ofrecer condiciones extraordinarias que aceleren la exploración, extracción y exportación de minerales críticos, desarmando, en el camino, años de políticas e institucionalidad construidas para capturar valor y proteger el ambiente.

Tomemos como ejemplo dos proyectos aprobados por el Ministerio de Economía. Vicuña, de BHP y Lundin, es el proyecto minero más grande de la Argentina. Integra los depósitos de Josemaría y Filo del Sol, en plena cordillera sanjuanina, y prevé extraer cobre a cielo abierto en una zona ambientalmente frágil, con presencia de glaciares y ambiente periglacial. Todo el cobre producido estará destinado a la exportación. En Catamarca, el proyecto de litio Tres Quebradas, operado por la china Zijin, también avanza en medio de controversias ambientales y sociales. En 2026, el gobierno provincial responsabilizó a la empresa por derrames de salmuera, a lo que se suman denuncias por malas condiciones laborales y reclamos de trabajadores y proveedores de Fiambalá por la escasa contratación local.

Conocemos los territorios de donde salen esos minerales y algunos de los conflictos que deja su extracción. Mucho menos sabemos sobre lo que ocurre después. No sabemos si ese cobre o ese litio terminarán en baterías, autos eléctricos, centros de datos o armas. Una vez que cruzan la frontera, se pierde el rastro. No hay información pública que permita reconstruir quién los compra, en qué se transforman o para qué terminan siendo utilizados.

Pero es cada vez más evidente  que la industria armamentista está detrás de una parte importante de la carrera por estos minerales. Global Justice Now, una organización británica que analizó los 33 minerales que el Reino Unido considera críticos, encontró que seis no cumplen ningún papel en las trayectorias previstas para la transición energética. Cinco de esos seis, en cambio, son prioritarios para las industrias aeroespacial y de defensa. La etiqueta de “minerales críticos”, entonces, empieza a esconder una pregunta bastante más incómoda. Críticos, ¿para qué?

Los datos sobre las reservas estratégicas de Estados Unidos son también reveladores. El Pentágono está acumulando para futuras necesidades militares grandes cantidades de los mismos minerales que solemos llamar “de la transición energética”, como el cobalto y el grafito.

La escala ayuda a entender lo que está en juego. Según el Climate and Community Institute, las casi 7.500 toneladas de cobalto que el Pentágono prevé acumular alcanzarían para producir 80,2 GWh de almacenamiento en baterías, es decir más del doble de toda la capacidad que tenía instalada Estados Unidos en 2024. Si se suman las reservas previstas de grafito, esos minerales alcanzarían para fabricar más de 100.000 colectivos eléctricos, unas quince veces la flota que circulaba entonces en el país.

En Brasil esta discusión ya empezó a traducirse en políticas concretas. Una investigación reciente de Agencia Pública mostró cómo las tierras raras brasileñas empiezan a quedar vinculadas a la industria de defensa estadounidense. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Lula acaba de sancionar una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos que busca aumentar el procesamiento dentro del país, agregar valor y controlar acuerdos internacionales que puedan afectar su seguridad económica o geopolítica. Mientras Brasil empieza a preguntarse qué hacer con esos recursos y cuánto de ellos transformar dentro de sus fronteras, Argentina va en la dirección contraria. Ofrece condiciones extraordinarias para acelerar la extracción y la exportación sin haber empezado siquiera a discutir qué pasa una vez que el mineral cruza la frontera.

Recapitulemos lo grave y absurdo de esta nueva jugada de Milei. Por un lado, nuestro presidente, alentado por Trump —para congraciarse, pertenecer a su club de matones globales y sumar puntos en las encuestas—, se abraza a una causa histórica con un discurso nacionalista y un enfoque de conflicto, alimentando la tendencia más preocupante que atraviesa hoy al mundo: el paso de las soluciones globales y solidarias al sálvese quien pueda, al matémonos entre todos. El gasto militar mundial ya llegó a un récord de US2,7 billones y podría llegar a US6,6 billones para 2035.

Con estas cifras, los países ricos ya gastan treinta veces más en armarse que en financiar la adaptación climática de los países en desarrollo, relegando una de las pocas causas globales que necesariamente nos involucra a todos. Y al mismo tiempo destinan al rearme recursos que podrían ayudar a resolver uno de los problemas más acuciantes de la humanidad: eliminar la pobreza extrema del planeta cuesta apenas US$300.000 millones, una fracción de lo que el mundo ya gasta en armas. Como dijo el enviado climático de Panamá en la COP29 de Bakú: 2,5 billones de dólares al año para matarnos entre nosotros no alcanzan, pero un billón para salvar vidas, parece ser, es irracional.

Pero por otro lado, desde una posición de debilidad militar (y económica) absoluta, Milei traiciona la estrategia de reclamo pacífico que Argentina viene sosteniendo hace décadas para defender su soberanía y les da argumentos a quienes, dentro del Reino Unido, vienen peleando por más presupuesto militar, al mismo tiempo que puede estar alimentando su industria bélica con nuestros minerales. Una muestra más de las contradicciones de una política que dice defender nuestra soberanía mientras entrega argumentos y recursos estratégicos que terminan «fortaleciendo» a quienes supuestamente la amenazan.

¿Cómo piensa Milei compensar esa enorme desigualdad de poder? Parece tener una respuesta bastante particular: confiar en sus amigos. Mientras debilita capacidades científicas, tecnológicas e institucionales propias, apuesta a que su cercanía ideológica con Trump y otros aliados compense la diferencia. Pero las amistades ideológicas tienen límites bastante evidentes cuando chocan con intereses estratégicos. Si la disputa por Malvinas escalara, ¿qué hace pensar que Estados Unidos elegiría enfrentarse al Reino Unido, uno de sus principales aliados militares históricos, para defender la posición argentina?

Unas semanas después, Milei, Trump y el primer ministro británico Andy Burnham estuvieron en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Trump no mantuvo una reunión bilateral con Milei, pero sí con Burnham. Allí, el británico le planteó la posición de su gobierno sobre Malvinas y defendió el derecho de los isleños a permanecer bajo soberanía británica. Según Burnham, Trump “entendió perfectamente” su posición. El encuentro terminó con elogios mutuos y reafirmaciones de la buena relación entre Washington y Londres.

Milei, en cambio, se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio para concentrarse en los temas que sí le importan a Estados Unidos de la Argentina: nuestros recursos. Rubio destacó públicamente la cooperación en energía, minerales críticos y agricultura.

Milei parece convencido de que puede alimentar al monstruo y, llegado el momento, contar con que sus amigos lo protejan de él. Pero los monstruos no tienen amigos. Y las grandes potencias tampoco: tienen intereses.

Malo para el mundo y malo para la Argentina. Difícil pensar una estrategia peor.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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