Villa Regina fue sede del encuentro de la Mesa Regional de Género y Diversidad del Alto Valle Este que reunió a referentes provinciales y de los municipios de la zona.
La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron de la reunión.
Se brindó información detallada a los Municipios sobre los programas “Recrearte”, “Emprender”, “Desarrollo Local”, “Mujeres Emprendedoras”, “Ideas vinculadas”, asistencia, líneas de créditos y capacitaciones disponibles, impulsando la creación de grupos de trabajo y asociación cooperativa para fomentar las oportunidades económicas.
Participaron referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Diversidad del Ministerio de Gobierno y Comunidad, de la Secretaría de Igualdad de género SAT, de la Agencia CREAR y de Chichinales, Cervantes, Godoy y Mainqué, quienes compartieron experiencias, articularon abordajes y líneas de trabajo para impulsar los proyectos de vida autónomos.
“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910). Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las…
El principal logro que exhibe el gobierno de Javier Milei -la desaceleración de la inflación- todavía no consigue traducirse en una recuperación de la economía real. Al menos eso reflejan los últimos informes de las principales entidades comerciales de Córdoba, que muestran una fuerte caída de las ventas, un deterioro de la rentabilidad y un creciente endeudamiento de las familias para comprar alimentos.
Mientras el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros de Córdoba, registró para junio una inflación de apenas 1,87%, la más baja de los últimos once meses, la actividad comercial continúa en retroceso tanto en los grandes corredores comerciales como en los negocios de cercanía.
Los datos de la Cámara de Comercio de Córdoba son contundentes. Durante junio las ventas minoristas cayeron 18% interanual en unidades y la rentabilidad retrocedió 20% respecto del mismo mes de 2025. En comparación con mayo, las ventas volvieron a bajar otro 5% y las ganancias se redujeron 9%.
La serie confirma una tendencia que comenzó a profundizarse en marzo. Ese mes las ventas habían caído 10%; en abril el desplome llegó al 23%; en mayo fue del 21% y en junio volvió a ubicarse en un muy elevado 18%.
La rentabilidad muestra un deterioro todavía mayor: pasó de una caída interanual del 15% en marzo al 24% en abril, 22% en mayo y 20% en junio, obligando a muchos comerciantes a resignar márgenes para sostener el nivel de actividad.
El clima entre los comerciantes tampoco mejoró. Apenas el 11% aseguró haber cumplido las expectativas de ventas durante junio. Aunque representa una leve recuperación respecto del crítico 5% registrado en abril y del 9% de mayo, continúa muy lejos de un escenario de normalización.
Pero el dato más preocupante aparece cuando se observa qué ocurre con los alimentos, el rubro más sensible para medir el consumo cotidiano.
Según el Centro de Almaceneros, las ventas en los comercios barriales de alimentos retrocedieron 8,6% interanual durante junio, incluso en un contexto donde la inflación de alimentos se desaceleró hasta el 1,7%, el menor incremento mensual desde julio de 2025.
El informe atribuye esa moderación principalmente a la estabilidad de los precios de la carne vacuna, que prácticamente no registró aumentos durante junio e incluso mostró bajas cercanas al 2% en algunos cortes.
Sin embargo, el alivio en los precios no alcanzó para recomponer el poder de compra de las familias.
Los indicadores sociales muestran un escenario delicado: el 56,6% de los hogares aseguró no haber logrado cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria; el 53,2% redujo la cantidad diaria de comidas; el 32,4% sufrió situaciones de hambre sin poder resolverlas y el 11,4% declaró haber atravesado períodos en los que debió alimentarse una sola vez al día.
La forma en que hoy se financia la alimentación también refleja el deterioro del ingreso disponible. Nueve de cada diez hogares recurrieron a algún mecanismo de crédito para comprar comida. El 39,3% compró fiado en almacenes de barrio, el 38,4% utilizó tarjetas de crédito y el 11,2% necesitó dinero prestado. Apenas uno de cada diez hogares pudo adquirir alimentos sin recurrir a financiamiento.
Ese fenómeno también empieza a golpear a los propios comercios. Según el informe, la morosidad en las ventas fiadas ya alcanza el 28%, mientras que la incobrabilidad llega al 17,7%, un nivel que pone en riesgo la continuidad financiera de numerosos pequeños negocios.
El cuadro deja en evidencia una de las principales tensiones que enfrenta el programa económico nacional. La estabilidad de los precios comienza a consolidarse -el IETSE proyecta una inflación cercana al 30% para todo 2026-, pero esa mejora macroeconómica todavía no logra recomponer los ingresos reales ni reactivar el consumo privado.
En una provincia como Córdoba, donde el consumo interno constituye uno de los principales motores de la actividad comercial, la fotografía de junio muestra que la desinflación todavía no llegó a los bolsillos. Los precios crecen cada vez menos, pero las ventas siguen en caída libre y una porción creciente de los hogares necesita crédito, fiado o ayuda familiar para llegar a fin de mes.
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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
El pase masivo a planta permanente y las denuncias sobre ñoquis y asesores VIP en la Legislarura están muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
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