Villa Regina fue sede del encuentro de la Mesa Regional de Género y Diversidad del Alto Valle Este que reunió a referentes provinciales y de los municipios de la zona.
La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron de la reunión.
Se brindó información detallada a los Municipios sobre los programas “Recrearte”, “Emprender”, “Desarrollo Local”, “Mujeres Emprendedoras”, “Ideas vinculadas”, asistencia, líneas de créditos y capacitaciones disponibles, impulsando la creación de grupos de trabajo y asociación cooperativa para fomentar las oportunidades económicas.
Participaron referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Diversidad del Ministerio de Gobierno y Comunidad, de la Secretaría de Igualdad de género SAT, de la Agencia CREAR y de Chichinales, Cervantes, Godoy y Mainqué, quienes compartieron experiencias, articularon abordajes y líneas de trabajo para impulsar los proyectos de vida autónomos.
Martin Frullani (44), es arquitecto y escultor reginense. Es el creador de las obras de «La Manzana” en General Roca y hace unos días inauguró la obra «El Ciclista” en Allen. Dos trabajos artísticos de relevancia en la provincia. Las dos miden más de 5 metros de altura y en conjunto suman más de 5…
Lxs trabajadores de la Coop. La Reginense, tanto del empaque como los permanentes, vuelven a tomar medidas de fuerza y hacen retención de servicios de manera pacífica (como hace un mes atrás, cuando pararon por dos días). Nucleados en el predio exigen el cumplimiento de la deuda que mantienen con lxs permanentes desde diciembre (desde…
Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.
La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.
El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.
Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.
El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso.
La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares.
Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.
El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.
El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González.
Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay.
Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos.
La interna del gobierno no se detiene. Ahora un sector del gobierno salió a cuestionar varios de los pliegos de jueces enviados por el ministro Juan Bautista Mahiques al Senado porque «no representa la ideología libertaria». Vinculan a varios de los candidatos a jueces y fiscales con Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y hasta el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), un organismo creado por Horacio Verbitsky.
Apuntan a la candidata a la Defensoría ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3, Ana Clarisa Galán. También la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos. Incluso señalan a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Según dicen en el gobierno, los tres firmaron un rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había impulsado el gobierno de Javier Milei.
En tanto, Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia, confirmando los vínculos de Mahiques con el capo del fútbol argentino.
Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia.
Este viernes ingresaron al Senado 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país, así como también de algunos jueces que están en edad de jubilarse y que el Ejecutivo pide su continuidad por 5 años más, como o casualidad, el magistrado que avaló la reforma laboral del Gobierno que había sido suspendida en primera instancia.
El listado, al que LPO pudo tener acceso, incluye jueces, fiscales y defensores públicos destinados a diferentes fueros y jurisdicciones. La nómina comprende aspirantes a los juzgados y tribunales federales y nacionales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.
Entre los nombres destacados figuran Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. En el fuero civil se postulan, entre otros, Florencia Inés Córdoba para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 y Lucila Califano para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9.
El listado también contempla designaciones en tribunales orales federales y nacionales, como el caso de Bernardo María Rodríguez Palma, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires. En materia de cámaras, sobresale la candidatura de Alicia Isabel Braghini como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, y la de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Los pliegos incluyen postulaciones para cargos de defensores públicos y fiscales. Entre ellos, Germán Luis Artola aparece como Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, mientras que Pedro Mariano Rebollo aspira a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. También se proponen defensores de víctimas, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.
La Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 4 se depositarán los haberes correspondientes al mes de febrero a los empleados municipales, los que estarán acreditados el viernes 5. Los haberes se liquidarán con un 6% de incremento que corresponde a la primera cuota de la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo en el…
La deuda de las familias alcanzó un nivel crítico: casi 16 millones de personas arrastran obligaciones con los bancos por un promedio de 8,76 millones de pesos, equivalente a cinco salarios y medio, en un contexto donde la mora se disparó y el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un atajo desesperado para sostener consumos diarios como comida, transporte y servicios.
Esta situación imposible disparó la mora de las familias con los bancos que llegó al 11,2 por ciento en febrero de 2026, cuadruplicando el nivel registrado un año antes, cuando se ubicaba en el 2,9 por ciento. En paralelo, en las entidades no financieras el incumplimiento alcanza el 28,4 por ciento. Las billeteras virtuales como Mercado Pago aplican tasas feroces que elevan el costo financiero hasta un 200 por ciento, como reveló LPO.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
El fenómeno se vincula con un proceso de estancamiento de ingresos que se profundizó desde mediados de 2025. En ese contexto, el crédito al consumo funcionó como un ingreso complementario que permitió sostener niveles básicos de gasto, pero al costo de un endeudamiento creciente.
Los datos muestran la magnitud del problema. En el sistema bancario hay casi 16 millones de personas endeudadas, mientras que más de 12 millones mantienen obligaciones con fintech y otras entidades no financieras. En estos últimos casos, aunque el monto promedio es menor -1,16 millones de pesos- la tasa de incumplimiento es significativamente más alta.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
La diferencia en la mora responde, en gran medida, al perfil de los deudores. Las fintech y prestamistas no bancarios suelen captar a sectores con menor capacidad crediticia y mayor fragilidad en sus ingresos, lo que eleva el riesgo de incumplimiento.
Según Daniela Bossio, del Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, en el país hay más de 5,4 millones de personas con atrasos superiores a 90 días en sus deudas. En total, sobre un universo de 20 millones de deudores, la mora alcanza niveles récord en las últimas dos décadas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Toto Caputo.
Bossio también advierte sobre el crecimiento de deudores compartidos, es decir, personas que tienen obligaciones simultáneas con bancos y entidades no financieras. Esta superposición agrava la situación, ya que incrementa la carga total de pagos mensuales y reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos.
El problema dejó de ser aislado y se volvió transversal en todo el sistema financiero. Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
Frente a este escenario, las entidades comenzaron a desplegar estrategias para contener el deterioro. La gestión se volvió cada vez más personalizada, con llamados, recordatorios, refinanciaciones y extensión de plazos, en un intento por evitar que los clientes caigan en situaciones de incumplimiento irreversible.
Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
En paralelo, el Gobierno avanza en una reducción de tasas de interés, que le quita sentido al carry trade y empuja la cotización del dolar. El Banco Nación, comenzó a recortar las tasas para pymes del 25 al 20 por ciento anual para capital de trabajo a 12 meses, mientras que también bajó el descuento de cheques del 28 al 23 por ciento. En la misma línea, el Banco Provincia redujo sus líneas productivas, con tasas que pasaron del 40 al 38 por ciento. Esta política también responde a la necesidad de aliviar la carga financiera de hogares y empresas, en un contexto donde la mora creciente amenaza al sistema.
Aun así, la baja de tasas no necesariamente llega a todos los sectores. Mientras algunas líneas productivas se abaratan, los préstamos personales siguen mostrando costos elevados: con una inflación interanual cercana al 32 por ciento, las tasas de los créditos al consumo se mantienen en torno al 62 al 65 por ciento nominal anual. Esta brecha limita la capacidad de recuperación del crédito a las familias y mantiene restringido el acceso al financiamiento.
El resultado es un escenario en el que el endeudamiento sigue siendo alto, pero la capacidad de pago se debilita. La combinación de ingresos estancados, crédito caro y uso cada vez más cotidiano de la financiación configura un cuadro donde la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un síntoma de fragilidad económica.
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