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La Mesa de Género y Diversidad se reunió en Regina

Villa Regina fue sede del encuentro de la Mesa Regional de Género y Diversidad del Alto Valle Este que reunió a referentes provinciales y de los municipios de la zona.

La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron de la reunión.

Se brindó información detallada a los Municipios sobre los programas “Recrearte”, “Emprender”, “Desarrollo Local”, “Mujeres Emprendedoras”, “Ideas vinculadas”, asistencia, líneas de créditos y capacitaciones disponibles, impulsando la creación de grupos de trabajo y asociación cooperativa para fomentar las oportunidades económicas.

Participaron referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Diversidad del Ministerio de Gobierno y Comunidad, de la Secretaría de Igualdad de género SAT, de la Agencia CREAR y de Chichinales, Cervantes, Godoy y Mainqué, quienes compartieron experiencias, articularon abordajes y líneas de trabajo para impulsar los proyectos de vida autónomos.

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    Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.  

    De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino. 

    El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos. 

    Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.

    Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.

    Sturzenegger eliminó los prácticos de los buques para beneficiar a las cerealeras extranjeras y desató una guerra con la Armada

    El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante. 

    El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.

    Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales. 

    Carlos Presti.

    El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990. 

    El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.

    Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región. 

    Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector. 

    También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros. 

    Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar». 

    Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
    Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos». 

    «La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
    Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca. 

    Furia de los empresarios con Sturzenegger por el decreto que elimina el practicaje en los buques

    Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina. 

    Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.

     

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    La aparición de cadaver de un socio de Martín Menem dejó a la cúpula del gobierno en un estado de shock, mientras se investigan las causas del deceso.

    El fallecido es el venezolano Daniel Antonio Osorio Peñaloza, que como anticipó Clarín fue encontrado muerto este domingo en su domicilio en Almagro.

    Osorio figuraba como director suplente de la firma Gen Tech Argentina SA, la firma de suplementos deportivos creada por Martín Menem. Además era socio de Menem en la empresa Insulow SRL. 

    Gentech es una de las proveedoras de la droguería Suizo Argentina, que comercializa sus productos y recibió un contrato de 27 mil millones de pesos de la Angencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estaba a cargo el procesado Diego Spagnuolo. De hecho, en tribunales se comenta que aparecería mencionada en uno de los audios del ex funcionario.

    Spagnuolo, agregan las fuentes, ya le mando a decir al Gobierno que lo ayudan o se vuelve arrepentido y cuenta todo lo que sabe.

    Picardi citó a indagatoria a un empresario vinculado a los Menem por sospechas de lavado en Andis

    Como sea, allegados al presidente de la Cámara de Diputados explicaron a LPO la secuencia oficial de la muerte de su socio. Menem le escribió el sábado a la tarde dos veces y el gerente no le contestó, por lo que se quedó preocupado. 

    El colombiano, que tenía llave del departamento, encontró a Osorio muerto en la cama y se puso a llorar. Antes que el SAME y la policía llegó Martín Menem a la escena. Sus colaboradores dijeron a LPO que llegó rápido porque fue en moto.

    Al día siguiente, como seguía sin contestar, Menem le pidió a un amigo colombiano que también es gerente General en la empresa que fuera a ver qué pasaba en el en el piso 8 de la calle Díaz Vélez.

    El colombiano, que tenía llave del departamento, encontró a Osorio muerto en la cama y se puso a llorar. Antes que el SAME y la policía llegó Martín Menem a la escena. Sus colaboradores dijeron a LPO que llegó rápido porque fue en moto.

    En el entorno de Menem dijeron que están investigando fiscalía y juez y la primera versión de las causas del deceso es de un edema pulmonar, una causa extraña para un joven de 46 años que vende suplementos deportivos. Por eso se analizan otras causas posibles.

     

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