La Mesa de Género y Diversidad se reunió en Regina

En el marco del Día de los Museos, se llevó a cabo una actividad junto al Consejo Local de las Personas con Discapacidad organizada por Magalí Catriquir a cargo del Museo local Felipe Bonoli. En la oportunidad, la museóloga ofreció a los visitantes una charla informativa sobre la historia de la casa que hoy alberga…

 

Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz. 

En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?

El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.

Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.

Salvar el proyecto, soltar a Milei

El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025». 

El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.

Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.

Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva. 

En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.

Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto. 

Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.

El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.

Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.

En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.

El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.

El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada. 

A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.

La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.

Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.

En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.

 

 

Patricia Bullrich apuró a Juan Bautista Mahiques este jueves porque los senadores aliados se negaron a firmar los pliegos de los jueces remitidos por la Casa Rosada, hasta que se complete la lista con los candidatos que pidieron los gobernadores.

En efecto, la mayoría de los candidatos enviados a la comisión de Acuerdos del Senado para defender su postulación en audiencias públicas pertenecen a la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Por eso, la intensidad de la jefa de bloque libertario chocó contra los brazos caídos de los legisladores de jurisdicciones como Santa Fe, Corrientes, Salta y Misiones.

La rebelión está encabezada por el correntino Carlos «Camau» Espínola, el misionero Martín Göerling Lara y el bonaerense Maximiliano Abad pero también se suman legisladores como la salteña Flavia Royón y la santafecina Carolina Losada. En ese grupo nomás, hay representantes del PRO, la UCR y peronistas disidentes.

Ese conato de resistencia dejó al oficialismo sin la chance de votar los pliegos de los 47 postulantes que desfilaron por las audiencias. «Yo no firmo nada», le habrían escuchado decir a Göerling Lara, quien sucedió en la banca al histórico Humberto Schiavoni, mientras que Abad se levantó antes que termine la reunión de comisión sin estampar su nombre para respaldo de ningún candidato.

Por el efecto Adorni, a Bullrich se le complica el apoyo de los aliados en el Senado para los pliegos de los jueces

El oficialismo necesita 9 firmas para dictaminar los despachos de cada juez en la comisión y, luego, 37 votos para aprobar los pliegos en el recinto. Como LLA cuenta con 21 miembros en la Cámara Alta, ese requisito obliga a Bullrich a conseguir el apoyo de otros 16: el radicalismo tiene 10, Camau articula con Alejandra Vigo y la propia Royón y Carolina Moisés lidera el trío que completan la tucumana Sandra Mendoza, que responde a Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Guillermo Andrada, hombre de Raúl Jalil.

La comisión de Acuerdos tiene al riojano Juan Carlos Pagotto en la presidencia y ni siquiera está integrada por senadores del interbloque de José Mayans, que todavía analiza la posibilidad de ir a la Justicia para denunciar el despojo que le aplicó Bullrich, cuando le dejó solo tres lugares aunque le corresponden seis por proporcionalidad. Sin embargo, ninguno de los pliegos había cosechado las firmas necesarias al cierre de esta nota.

Camau Espínola y Juan Carlos Pagotto.

LPO informó que Mahiques se esmeró por cumplir con el trámite de los pliegos de jueces que favorezcan al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, pero no habría prestado la misma atención a las causas judiciales que preocupan a Karina Milei y Manuel Adorni. Para colmo, el único pliego que ya está en condiciones de ser tratado en recinto es el de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia.

La prórroga del camarista de la Casación fue enviada por Javier Milei antes que el ex procurador porteño relevara a Mariano Cúneo Libarona en el ministerio. La vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich evaluaban este miércoles incorporar ese expediente al temario de la próxima sesión, que podría convocarse para el jueves, en una reunión con aliados.

Yo no firmo nada.

Justo para ese día, Mahiques se habría comprometido con Bullrich a mandar los pliegos que faltan, que son los que demandan los gobernadores. El problema es que, por reglamento, los dictámenes de las comisiones del Senado solo pueden abordarse en sesión una vez transcurridos siete días desde su firma.

Si el gobierno cursa los pliegos el jueves 14, las audiencias serían recién la semana siguiente y debería acelerarse el cronograma para que al cabo de ese trámite todavía quede margen para una sesión antes que comience el mundial. Una vez que comience el certamen deportivo más importante del planeta para los argentinos será difícil que los senadores se reúnan en el Congreso y, según fuentes judiciales, será mucho más complicado negociar pliegos después de ese campeonato. «Arranca la campaña electoral», alertan.