Neuquén confirmó el pago de haberes de octubre con suba salarial para estatales y jubilados

Neuquén confirmó el pago de haberes de octubre con suba salarial para estatales y jubilados

 

El Gobierno neuquino informó que los sueldos de octubre estarán disponibles el viernes 31 de octubre, tanto para los trabajadores activos de la administración pública como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El depósito se realizará en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y abarcará a los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados.

“Ese mismo día también estarán acreditados los haberes para los beneficiarios del ISSN”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.

El aumento será del 6,96% en los salarios de octubre

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la actualización salarial será del 6,96%, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre.

El incremento se suma a los ya otorgados durante el año en curso:

  • 9,73% en el primer trimestre,
  • 6,56% en el segundo trimestre,
  • y 6,96% en el tercero, correspondiente a este pago de octubre.

El esquema de actualización responde al acuerdo paritario 2025, que estableció la actualización automática de los haberes conforme a la variación del IPC, mecanismo que el gobierno mantiene vigente para los distintos gremios estatales.

Política salarial con actualización por inflación

La provincia de Neuquén continúa aplicando el mecanismo de ajuste trimestral, que permite acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

El gobernador y su equipo económico reiteraron que el esquema “garantiza previsibilidad y estabilidad en los ingresos”, tanto para el personal activo como para los jubilados.

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  • Lanzan campaña para impulsar Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

     

    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

    ▶ Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

    ▶ Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

    Leer el proyecto completo

     

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  • Guillermo Martínez: “Neuquén vive un punto de inflexión y debemos planificar su expansión»

     

    El Colegio de Agrimensores de Neuquén celebra su décimo aniversario en un momento de fuerte expansión urbana. Su presidente, Guillermo Martínez, destacó la importancia de planificar el territorio para garantizar la seguridad jurídica del suelo y preservar el equilibrio productivo.

    En un contexto de transformación constante, el Colegio de Agrimensores de Neuquén cumple diez años de vida institucional, consolidándose como una referencia en el desarrollo urbano y la gestión del territorio. Martínez repasó los principales logros y desafíos de una profesión que acompaña el avance de las ciudades y asegura la seguridad jurídica de los bienes inmuebles.

    “Cuando alguien compra un lote o inicia un emprendimiento, necesita un amojonamiento. Esa tarea garantiza los límites y evita conflictos entre vecinos”, explicó Martínez, destacando que los agrimensores matriculados son los únicos habilitados para realizar estos trabajos en la provincia.

    El Colegio, creado por ley en 2015, cumple una función pública delegada por el Estado provincial: controlar y regular el ejercicio profesional. «Estos son colegios de ley, no asociaciones gremiales. El Estado nos confía la tarea de fiscalizar la práctica profesional”, recordó Martínez.

    Gracias al aporte de sus matriculados, la institución logró su sede propia en Avenida Argentina 480, símbolo del crecimiento institucional y del compromiso colectivo. Además, el Colegio ofrece asesoramiento a la comunidad.

    Neuquén, una provincia que crece sin pausa

    El fuerte desarrollo urbano ha impulsado la demanda de profesionales en toda la provincia.“Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y San Martín de los Andes son hoy los puntos más activos. Añelo explotó en estos años, pero el crecimiento se replica en todo el territorio”, señaló Martínez.

    “Se han perdido cientos de hectáreas productivas, especialmente en zonas de Plottier y Centenario. La expansión es inevitable, pero debe ser equilibrada. Tenemos que pensar en nuevos espacios para la producción”, advirtió.

    Uno de los hitos recientes es la creación de la carrera de Agrimensura en la Universidad Nacional del Comahue. “Había mucho trabajo y pocos agrimensores. El año que viene egresarán los primeros veinte estudiantes. Es un logro enorme para toda la provincia”, celebró Martínez.

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  • Francia: trabajadores portuarios bloquean 14 toneladas de armamento que iban a abastecer al ejército israelí

     

    Estibadores franceses se negaron el pasado miércoles a cargar armas de la empresa Eurolinks en un puerto en el golfo de Fos, al considerar que serían utilizadas “por el ejército israelí para continuar la masacre del pueblo palestino”. Hoy, los trabajadores del puerto de Génova, el próximo destino del barco, anunciaron lo mismo. Su siguiente parada sería en Salerno antes de regresar a Haifa. La acción se suma a muchas otras impulsadas por el Movimiento Boicot y Sanciones (BDS) que internacionalmente llama al bloqueo comercial contra el ente sionista con el objetivo de desfinanciar el accionar genocida. Por ANRed. 


    El secretario general de la Confederación General del Trabajo, una de las principales federaciones sindicales de Francia, dijo a la prensa: “Es inaceptable que [los trabajadores portuarios sindicalizados] sean quienes se vean obligados a defender los principios fundamentales del derecho internacional y los valores franceses. El Gobierno debe bloquear de inmediato todas las entregas de armamento al Estado de Israel”.

    A las medidas anunciadas, aunque algunas con desconfianza sobre su implementación definitiva, de gobiernos como España, Inglaterra o Chile, las acciones por parte de sindicatos continúan con el fin de implementar de hecho los bloqueos y que no lleguen mas armas al ente genocida.

    Desde el BDS celebran lo sucedido mientras continúan llamando a diversos tipos de acciones, cada vez mas urgentes, con el fin de frenar el genocidio y continuar enfrentando al régimen de apartheid instalado en todo el territorio Palestino por parte del régimen israelí desde mucho antes de octubre de 2023.

    Hace algo mas de un mes el BDS difundió un llamado de sindicatos palestinos a trabajadores de todo el  mundo a redoblar esfuerzos para frenar este genocidio. Este accionar, junto a muchos otros, es parte de la respuesta que está llegando desde la clase trabajadora organizada.

    Compartimos comunicado del  Movimiento BDS

    ¡BDS funciona!

    Los estibadores han bloqueado la salida de 14 toneladas de suministros militares de Francia para alimentar la industria militar de Israel, mientras este intensifica su genocidio retransmitido en directo contra 2,3 millones de palestinos en Gaza.

    Los medios de investigación revealed.ngo y The Ditch revelaron que el Contship Era, un carguero de la compañía naviera israelí ZIM, llegó la mañana del 5 de junio a Fos-sur-Mer (Francia) para cargar 19 pallets con 14 toneladas de piezas para cartuchos de ametralladora.

    Fueron producidos por la empresa francesa Eurolinks y pedidos por Israel Military Industries (IMI), una subsidiaria de Elbit Systems, la empresa militar líder de Israel.

    Pero ha sido bloqueado.

    Aplaudimos a todos los trabajadores portuarios que hicieron esto posible.

    Los estibadores de Fos-sur-Mer que conocieron el contenido y el destino de los contenedores se negaron a cargarlos en el buque ZIM.

    Mientras investigaban, los estibadores también encontraron y bloquearon otro envío de cañones de armas fabricados por la empresa francesa Aubert et Duval que también fueron comprados por Elbit Systems.

    En un comunicado emitido por el sindicato de trabajadores portuarios, destacan que:

    Los estibadores y trabajadores portuarios del Golfo de Fos no participarán en el genocidio en curso orquestado por el gobierno israelí.

    y que:

    Tras encontrar la carga adicional, advirtieron que responderán de forma diferente en los próximos días y semanas, movilizando a todos los estibadores y puertos del Golfo de Fos, en caso de que se produzcan nuevos intentos de transferir carga militar o de doble uso a Israel a través de estos puertos.

    El Contship Era se trasladará desde Fos-sur-Mer a Génova y Salerno (Italia) en su camino de regreso al puerto israelí de Haifa.

    En Génova, los estibadores se movilizaron inmediatamente y organizaron una protesta en el puerto para mañana, cuando está previsto que llegue el buque, para garantizar que su puerto y su trabajo no sean utilizados por el buque Contship Era de ZIM debido a su participación en la transferencia ilegal de suministros militares a Israel.

    Afirman: “Reiteramos enérgicamente que no queremos ser cómplices del genocidio que continúa en Gaza y que nos oponemos firmemente a todas las guerras”.

    El Contship Era está gestionado por la empresa griega Contship Management, una de las empresas operadoras de barcos más grandes de Grecia.

    Disclose.ngo también reveló que este ya es el tercer envío de este tipo desde principios de 2025.

    3 de abril: El buque portacontenedores Era transportaba 26 pallets, o casi 20 toneladas de carga militar, con destino a IMI en Haifa.

    22 de mayo: El Contship Era transportaba dos millones de piezas para cartuchos de ametralladora:

    Un millón de eslabones M9, utilizados para equipar armas pesadas, Un millón de eslabones M27, diseñados para rifles automáticos ligeros, como el Negev 5, utilizados por las fuerzas israelíes durante el genocidio en curso en Gaza.

    El derecho internacional es claro:

    Basta de armar el genocidio.

    ¡Detengan todas las transferencias de suministros militares y artículos de doble uso a Israel ahora!

     

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  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Acuerdo con Estados Unidos: qué pasó con el dólar, los bonos y el riesgo país

     

    Los mercados locales reaccionaron con firmeza este viernes luego de que Estados Unidos anunciara la firma de un marco para un futuro acuerdo comercial con la Argentina. Aunque las primeras operaciones del día mostraron un clima cauteloso, hacia el cierre de la rueda los activos financieros se alinearon en terreno positivo, impulsados por expectativas favorables en torno al entendimiento bilateral.

    En ese contexto, el riesgo país —medido por el índice de JP Morgan— se mantuvo estable en torno a los 616 puntos básicos, consolidando la mejora acumulada durante la semana.

    Qué pasó con el dólar

    El dólar oficial consolidó una baja semanal de casi $50, mientras el mercado aún procesa la defensa del esquema de bandas que el ministro Luis Caputo se dedicó a hacer durante toda la semana con el objetivo de intentar anclar las expectativas de una city que ve con desconfianza la falta de acumulación de reservas.

    El tipo de cambio mayorista cayó $3 ($49 a nivel semana) hasta $1.403 para la venta este viernes. De esta manera la divisa se sostuvo sobre la franja de los $1.400 y se ubicó a 7,1% del techo de la banda cambiaria.

    En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.380,77 para la compra y a $1.432,06 para la venta. El dólar minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.852,5.

    Entre los paralelos, el dólar Contado con Liquidación (CCL) ya se ubica en $1.487,57 tras una leve alza de 0,1%, mientras que el MEP cae 0,6% y se posiciona en $1.453,63. El dólar blue baja $5 y opera a $1.430 para la venta.

    Qué pasó con los bonos

    El S&P Merval lideró la recuperación: subió 4,1% en pesos hasta los 3.000.242 puntos y avanzó 4,2% en su versión en dólares, a 2.021 puntos. La mejora le permitió revertir completamente la caída del día previo, cuando el índice había retrocedido más de 3% en medio de un mal clima internacional.

    Las acciones locales acompañaron la tendencia con fuertes subas. Aluar encabezó las ganancias con un salto de 13,8%, seguida por Transener (+7,46%) y Sociedad Comercial del Plata (+7,6%). En Wall Street, los ADRs argentinos también operaron con mayoría de alzas: entre los destacados se ubicaron Grupo Supervielle (+5,2%), Edenor (+4,8%) y YPF (+4,9%).

    El acuerdo anunciado entre Buenos Aires y Washington prevé un marco de trabajo para avanzar en la reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias, la apertura agrícola y la convergencia regulatoria. Aunque los especialistas señalan que todavía falta conocer la “letra chica” para dimensionar su alcance real, el mercado celebró la señal política y comercial del entendimiento.

    En renta fija, los bonos soberanos en dólares avanzaron hasta 1,6%, con los Bonares a la cabeza, mientras que los Globales treparon hasta 1,2%.

    La combinación del anuncio bilateral y el repunte de los activos locales cerró así una jornada en la que los inversores dejaron atrás la cautela inicial y volvieron a apostar por un escenario de mayor estabilidad financiera.

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