Neuquén confirmó el pago de haberes de octubre con suba salarial para estatales y jubilados

 

Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.

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Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

“La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

– Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

– No a la legalización del gatillo fácil

– Fuera BULLRICH.

 

 

“En el emprendimiento más poderoso que tiene el pueblo de Andacollo, se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y de ninguna manera le vamos a dar paso a esas cosas”, señaló el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa. Y reiteró que “la mina de Andacollo se va a licitar como corresponde, a empresarios a los que les dé el cuero para llevarla adelante”, porque “tiene muchas posibilidades de generar trabajo”.

El gobernador hizo estas declaraciones, este viernes, durante el acto por el aniversario de esta localidad del Norte neuquino. Del mismo modo, destacó la transparencia en la gestión y aseguró: “Acá tenemos que abrirle la puerta a gente seria que genere trabajo y progreso, pero cuidando siempre nuestro ambiente”.

Acompañado -entre otros- por los intendentes de Andacollo, Manuel San Martín, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el gobernador expresó: “Nosotros vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos y terminan destruyendo la juventud”. “No les tenemos miedo a todos los que vienen haciendo daño en distintos lugares de la provincia”. Larraza fue recientemente amenazado durante una recorrida de obras y el gobernador le expresó su solidaridad.

“La droga no nos puede ganar”, enfatizó Figueroa y dijo: “Tenemos que estar todos unidos”, por eso “les pido a todos los vecinos que denuncien en forma anónima -para eso hay una aplicación- cuando saben que en un determinado lugar están vendiendo drogas, que están destruyendo a nuestra sociedad”. “Creo que así vamos a poder construir entre todos el pueblo que soñamos”, concluyó.

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El índice de precios al consumidor que en la Argentina constituye el parámetro de la inflación, fue en octubre casi similar tanto en Neuquén como en el promedio del país. Mientras el INDEC situó el aumento en un 2,3%, en el territorio neuquino la dirección de Estadística y Censos lo ubicó en el 2,7 por ciento.

No obstante, son diferentes los registros en lo que va del año y en los últimos doce meses, producto de los mayores aumentos registrados en la provincia patagónica.

En el caso del país, en lo que va del año la inflación fue del 24,8 por ciento y en los últimos doce meses alcanzó el 31.3 %. Para Neuquén los números son mayores, producto de un más alto costo de vida: para lo que va del año un 31.7% y para la interanual un 40,4%.

Caputo destacó los números

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este indicador clave registró “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior y subrayó que “esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018″.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que la dinámica inflacionaria acumulada en los primeros 10 meses del año fue “la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)”. 

Y dijo que “la media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018″.

“Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, sostuvo Caputo.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

El informe anterior había arrojado una inflación en septiembre del 2,1%. 

Con el alza del dólar como un factor clave, había alcanzado el nivel más alto desde abril cuando marcó 2,8%.

En los últimos cinco meses mostró una curva ascendente: del 1,5% de mayo saltó a 1,6% en junio, luego trepó a 1,9% en julio y agosto, en septiembre fue 2,1% y en octubre 2,3%.

En la comparación regional, el índice de inflación más alto en octubre fue en la Patagonia y el Gran Buenos Aires, con 2,4%. Lo siguen Cuyo y la Región Pampeana, con 2,1%, En el Noreste, en tanto, llegó a 2,2% y en el Noroeste, 2,1%.

El relevamiento de expectativas del Banco Central, donde se vuelcan las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado que la inflación del décimo mes del año cerraba en 2,2%, levemente por encima de la cifra de septiembre. 

Para este mes y el próximo, el consenso de consultoras y bancos ve el dato algo más abajo: 1,9% para noviembre y 2% para diciembre. Y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes a Los Ángeles a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional y movilizó a 700 marines para enfrentar “una rebelión” contra Estados Unidos, encabezada por manifestantes de “la izquierda radical” y “agitadores pagados” , sumando ya más de cinco mil efectivos militares que están desplegados en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con los defensores de los derechos civiles que protestan contras las redadas migratorias. Lo que Trump califica como “izquierda radical” son manifestantes que protestan por las redadas y detenciones de migrantes. La semana comenzó con tropas militares en las calles de Los Ángeles y la llegada de decenas de tanques y otros vehículos militares a Washington, así como con amenazas de represión violenta. En realidad, fue  otro día normal bajo el nuevo régimen estadounidense. Por Mirko C. Trudeau* (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-CLAE).

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Es la primera vez desde 1965 en la que un mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, que sólo había ocurrido bajo órdenes de los gobernadores (la Guardia Nacional es una fuerza “híbrida” de mando compartido entre gobernadores y jefe del Ejecutivo federal). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines, fuerza militar de élite empleada en intervenciones armadas, estaban en alta alerta para sumarse al operativo en aras de defender a la autoridad migratoria “de su propio pueblo si es necesario”.

This is the current situation in Los Angeles, United States. US seems to be preparing to deploy Marines after the National Guard was deployed and yet failed to control the violence and rioting. Situation is going out of hand. US is the new Third world. pic.twitter.com/iyZjr8BeOV

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 9, 2025

Poco después, Trump afirmó: “vamos a tener tropas en todas partes”. mientras miraba por televisión cómo se le incendiaba la casa. El asesor presidencial Stephen Miller, proclamó que la meta de aquí en adelante es la detención de por lo menos tres mil indocumentados al día. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, cuenta con diez millones de habitantes, de los que unos 915.100 no tienen estatus legal, según el Migration Policy Institute.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. “Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

La redada migratoria del viernes pasado en al menos siete lugares de trabajo dejó unos 45 detenidos.Los operativos continuaron este lunes y los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para trasladar a los inmigrantes detenidos a diferentes puntos en vehículos sin identificación.

Las grandes ciudades que se han proclamado santuarios para migrantes, todas bajo gobiernos demócratas, son el blanco explícito del gobierno de Trump, y los operativos de alto perfil con agentes armados y sin identificación se realizaron en días recientes, no sólo en Los Ángeles, sino también en Chicago y Nueva York, entre otras.

Muchos han sido arrestados por atreverse a protestar o sólo observar, como David Huerta, presidente estatal del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en Los Ángeles, quien fue herido y sigue detenido –él emitió una declaración afirmando que lo que estaba ocurriendo ahora se trata de “cómo nosotros como comunidad nos unimos y resistimos la injusticia”.

Soviet flag seen in Los Angeles protests. pic.twitter.com/2TPewPHvwG

— Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, ya había advertido que Trump estaba buscando provocar el caos y confrontaciones para enviar las tropas, pero “no es la manera en la que se comporta un país civilizado”. Pero ya en su primer gobierno, Trump sugirió a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que militares dispararan contra manifestantes no violentos del movimiento de Black Lives Matter en Washington. Por suerte, Esper se negó.

El uso de la Guardia Nacional ahora ya estaba listo. De hecho, el gobierno del republicano ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar al ICE y a otras agencias en los operativos antimigrantes que ahora se están acelerando.

La última vez que un presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional fue cuando Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para obligar a los gobiernos locales racistas a cumplir con una nueva ley de derechos civiles para los afroestadunidenses.

Mientras, empezaron a llegar a Washington decenas de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes, como también aviones caza y helicópteros, entre otros equipos militares que Trump ha ordenado para un desfile militar (inusual en este país), supuestamente para marcar el 250 aniversario del ejército, pero que todos saben es para festejar el cumpleaños del presidente, el 14 de junio, con un costo de entre 25 a 40 millones de dólares. Mientras, todo indica que a Trump se le está incendiando la casa.

* Mirko C. Trudeau es economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2025/06/10/a-trump-se-le-incendia-la-casa-mientras-sigue-la-represion-en-los-angeles/

 

 

Milei convocará a mandatarios provinciales en busca de un nuevo pacto político en noviembre.

El Gobierno nacional prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas para el mes de noviembre, con el propósito de impulsar acuerdos estratégicos que allanen el camino hacia la aprobación de reformas laborales y tributarias en el Congreso. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, busca reconstruir un consenso político amplio en el marco de la nueva composición legislativa que surgirá tras las elecciones del 26 de octubre.

La reunión se plantea como una suerte de renovación del “Pacto de Mayo”, en la que el Ejecutivo pretende delinear una hoja de ruta conjunta para los próximos dos años de gestión. Desde Casa Rosada destacan la necesidad de consolidar un bloque de apoyo interjurisdiccional que permita avanzar con las reformas estructurales pendientes y fortalecer la gobernabilidad. Según fuentes del entorno presidencial, el objetivo es “acordar con todos los que se pueda acordar”, priorizando el diálogo por encima de las diferencias partidarias.

El plan incluye el acercamiento a mandatarios provinciales de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros, con quienes se espera articular políticas en áreas clave como Energía, Obras Públicas, Minería y Agricultura. Paralelamente, el Ejecutivo analiza ajustes internos en el gabinete nacional, aunque se descarta cualquier modificación en los ministerios más sensibles —Seguridad, Defensa y Justicia—. En cambio, se prevé una reevaluación del Ministerio del Interior, especialmente si Guillermo Francos deja su rol en la Jefatura de Gabinete.

Con este llamado al consenso federal, el Gobierno busca reposicionar su liderazgo político, ampliar su base de sustentación y avanzar en un acuerdo de gobernabilidad que le permita sostener sus reformas más ambiciosas.

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