La jornada de 8 horas no es un mito peronista: es una ley que existía y un derecho que Perón hizo cumplir
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La jornada de 8 horas no es un mito peronista: es una ley que existía y un derecho que Perón hizo cumplir

 

En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

Por Walter Onorato para NLI

En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.

 

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  • Se filtró un padrón que La Cámpora considera falso y hay una feroz pelea por 46 afiliados de La Matanza

     

    Sobre las últimas horas del miércoles, la difusión de un padrón de afiliados con 15.097 páginas de nombres listados empezó a girar en las redes sociales y agitó el grupo de WhatsApp de quienes integran la Junta Electoral. Apenas unas horas antes habían tenido una reunión formal por Zoom donde surgieron chispazos por los afiliados de La Matanza.

    Cuando periodistas de La Plata dejaron trascender el padrón en las redes, los integrantes de la Junta que responden a Máximo Kirchner lo sintieron como una provocación por parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna de Axel Kicillof en el peronismo.

    Facundo Tignanelli, Leo Nardini, Marina Moretti, Adrián Santarelli, Juan Pablo De Jesús, Rosana Sotelo y Carolina Correge increparon a sus pares axelistas. Sintieron la maniobra como una operación para llevar la interna al límite, tal como sucedió con el operativo para afiliar que lanzaron en Lanús. Por la tarde de este jueves, la Junta electoral realizó un presentación en la Justicia desconociendo formalmente tanto el padrón como un link falso que circula desde anoche.

    Como sea, este jueves voceros de La Cámpora salieron a negar la veracidad de ese padrón dejando muy en claro que es apócrifo. «No sabemos de dónde salió ese padrón», dicen desde la agrupación. Según el cronograma que se consensuó para regularizar autoridades, el partido tiene una ventana de seis días que arrancó este jueves para exhibir los padrones.

    El axelismo se mete en Lanús y lleva al límite la pelea con Máximo

    En la última reunión del Consejo que se realizó en Malvinas Argentinas todas las partes acordaron incorporar fichas de afiliados, pero se fijó un tope del 5%. Para que no haya desequilibrios entre los distintos puntos de la provincia, se estableció que sea el 5% del padrón de afiliados de cada uno de los distritos de la provincia.

    El problema fue que La Cámpora detectó que en La Matanza había 46 afiliados más de lo que corresponde y eso disparó la bronca entre la agrupación de Máximo y Verónica Magario. Ese tema generó malestar durante la reunión virtual de anoche y reavivó tensiones con la vicegobernadora.

    Kicillof quiere quedarse con la vicepresidenta del Senado y vuelve a chocar con La Cámpora

    Magario aparece como la principal candidata de Kicillof para presidir el partido. La presidenta del Senado se mantiene hiper activa. Acompaña a Kicillof en cada reunión política y de gestión en la Costa bonaerense y recibe en La Plata a referentes del peronismo.

    Ya en noviembre empezó a buscar consensos para quedarse con el PJ bonaerense. Por entonces visitó a Mario Ishii en José C. Paz y le aseguró que ella lo apoyaría para quedarse con la vicepresidencia del Senado. Es jugada de Magario es cuanto menos arriesgada, toda vez que Kicillof no quiere saber nada con que Ishii ocupe ese cargo y apuesta a una senadora propia: la bahiense Ayelén Durán.

    Mario Ishii y Verónica Magario.

    Fuentes del peronismo dicen que Magario nunca operará en contra de los intendentes, en especial los del conurbano. Los considera como los principales cimientos del peronismo en la provincia.

    Ese cargo -al igual que la jefatura del bloque peronista en el Senado- se discutirá en un paquete con las autoridades del PJ bonaerense. Todo indica que Kicillof se quedará con el control del partido, pero terminará cediendo esos dos cargos para el kirchnerismo. Si eso se confirma, Ishii quedará tercero en la línea de sucesión del gobierno y Sergio Berni presidirá el bloque en la Cámara Alta.

    Teresa García y Emmanuel Santalla.

    El padrón pasa a ser clave en caso de que el peronismo no pueda esquivar la interna, algo que por el momento la gran mayoría coinciden en que no va a suceder. Todos apuestan por la unidad, en realidad una salida forzosa ante el costo político que puede significar para el peronismo una interna deslucida. En La Cámpora saben además que perder el partido frente a Kicillof en una interna significará un durísimo golpe para Cristina Kirchner y la agrupación de Máximo.

    Otro candidato que suena en las conversaciones es Julio Alak. El intendente de La Plata tiene aspiración de llegar al PJ bonaerense como primera escala para pelear luego por la sucesión de Kicillof.

    Sin embargo, aparece un dato concreto: mientras Magario se encuentra hiper activa en la carrera por el partido, Alak se tomó un descanso de 11 días y volverá este viernes a la actividad pública.

    Con todo, tanto Magario como Alak son dos dirigentes que mantienen los puentes abiertos con Cristina Kirchner. Independientemente del orden, ambos pueden quedar al frente de una lista de consenso.

     

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  • Ucrania: una paz que avanza a la fuerza

     

    En menos de 72 horas, la relación transatlántica cambió de naturaleza y todo parece indicar que los ucranianos han perdido la guerra. El 12 de febrero de 2025, el flamante secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio inicio a las negociaciones de paz en Ucrania. Ya desde un comienzo cedió ante las dos principales exigencias de Moscú: la no adhesión de Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ratificación de las “nuevas realidades territoriales”, es decir, la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, así como también de Crimea. Al día siguiente, tras una larga conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump anunció su intención de reunirse con su par ruso en Arabia Saudita –sin los ucranianos ni los europeos– y expresó su deseo de que pronto se organicen elecciones en Ucrania. Finalmente, el 14 de febrero, en un discurso pronunciado en una conferencia en Munich, el vicepresidente estadounidense, más que abordar la cuestión ucraniana, reprochó a los dirigentes europeos el hecho de que deshonraran las aspiraciones de sus propios pueblos restringiendo la libertad de expresión en las redes sociales o anulando las elecciones en Rumania por supuestas injerencias rusas (1).

    Semanas antes, Trump había lanzado una ofensiva comercial al aumentar los aranceles a las importaciones de Canadá, México y la Unión Europea, y también había expresado sus intenciones anexionistas sobre Groenlandia (2). Sin embargo, de ahora en adelante, ya no se trata tan sólo de manipular a sus “aliados” para que compren más armas o para equilibrar la balanza comercial. Al declarar que Estados Unidos no les concedería garantías de seguridad ni a Ucrania ni a las tropas europeas que pudieran desplegarse para hacer cumplir un eventual alto el fuego, Trump inevitablemente sembró dudas sobre la solidaridad estadounidense en caso de un ataque al territorio de un miembro de la OTAN. Sin su contrapartida de seguridad, el vínculo transatlántico se parecería más bien a una completa relación de dependencia.

    No obstante, desde 2022, Estados Unidos ha “invertido” un promedio de 35.300 millones de dólares por año en Ucrania (3). Mucho más que los 3.000 a 5.000 millones de dólares que Washington destinó cada año a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y el equivalente a casi la mitad de los gastos militares anuales para Afganistán entre 2001 y 2019 –un esfuerzo para financiar una ocupación militar y operaciones directas–. El nivel de apoyo a Ucrania se sitúa, por lo tanto, en algún punto intermedio entre la ayuda brindada a un aliado histórico en Medio Oriente y el compromiso de una intervención directa en el campo de batalla en su propio nombre. Pero a Trump poco le importa todo eso: la guerra en Ucrania no es la de Estados Unidos, sino la de su antiguo rival Joseph Biden…

    Errores de cálculo

    Evidentemente, la magnitud de la ayuda occidental llevó a Kiev a cometer un error y la alentó a rechazar la negociación. En la primavera boreal de 2022, incluso antes de que Occidente le proporcionara su apoyo militar, la resistencia ucraniana podía enorgullecerse de haber frustrado la operación de cambio de régimen fomentada por el Kremlin y de haber minimizado las pérdidas territoriales. Después de cuatro semanas de combates, los beligerantes estaban cerca de llegar a un acuerdo. En Estambul, Kiev aceptó un estatus de neutralidad –es decir, renunció a adherirse a la Alianza Atlántica– y confirmó su intención de no dotarse de armas nucleares. A cambio, buscaba conseguir la retirada voluntaria de Moscú de los territorios que había ocupado desde el 24 de febrero. Sin embargo, Kiev necesitaba garantía de seguridad por parte de los líderes occidentales, quienes se la negaron. Boris Johnson se convirtió en el portavoz de la posición occidental durante una visita a la calle Bankova, sede de la Presidencia ucraniana. El Primer Ministro británico afirmó que nunca firmaría un acuerdo con Putin. Por eso, lo que ofrecían no eran garantías, sino armas (4).

    Europa deberá pagar la reconstrucción de Ucrania y, al mismo tiempo, afrontar los costos de su seguridad.

    Por un tiempo fue posible creer que dicha apuesta resultaría exitosa. Tras una primera contraofensiva, en noviembre de 2022, Kiev recuperó la ciudad de Jersón, ubicada en la orilla derecha del río Dnieper. Se desató la euforia. La palabra “negociaciones” se volvió tabú. No alinearse con los objetivos ucranianos –es decir, recuperar por la fuerza las fronteras de 1991– equivalía a firmar un pacto con el diablo. Los grandes medios de comunicación occidentales respaldaron el decreto ucraniano de octubre de 2022 que prohibía las negociaciones con Putin, a quien buscaban llevar ante la justicia internacional por crímenes de guerra (5).

    Sin embargo, la segunda contraofensiva ucraniana de junio de 2023 resultó en una derrota. En los medios de prensa, los estadounidenses expresaron su descontento: Kiev habría escatimado demasiado sus hombres para privilegiar ataques tácticos dispersos a lo largo del frente en lugar de enviar soldados en masa a los campos de minas rusos con la esperanza de traspasar las defensas del adversario y cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea (6). Bajo la presión de Washington, Kiev redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en abril de 2024, pero en diciembre se negó a bajarla a los 18 años. Así, la apuesta hecha en base a las exhortaciones occidentales fracasó trágicamente. Tanto el costo humano –cientos de miles de muertos y heridos– como los sacrificios exigidos a la sociedad fueron en vano (7).

    Como lógica consecuencia, durante el mismo período, Rusia experimentó una suerte inversa. El inicio de su “operación militar especial” resultó un fiasco. Los servicios de inteligencia rusos sobrestimaron los apoyos con los que contarían tanto por parte de la población como dentro de las élites ucranianas. El Ejército se estancó en los barrios periféricos de la capital ucraniana y fracasó en su intento de tomar el control del país. El Kremlin decidió entonces concentrar su dispositivo militar en el Donbass y Crimea. Concebida inicialmente como una expedición relámpago, la guerra fue cambiando de escala y de naturaleza. La movilización forzada decretada en septiembre de 2022 provocó una ola de protestas y exilios.

    Atrapada en su propia guerra, Rusia agravó su situación en materia de seguridad. Su “operación militar especial” tenía como objetivo, por un lado, prevenir que Ucrania se rearmara –antes de que Kiev recuperara por la fuerza las regiones separatistas prorrusas– y, por otro lado, poner un freno a la expansión de la OTAN hacia el Este. No obstante, unos meses después del inicio del conflicto, Rusia enardeció el patriotismo de un adversario que recibía un flujo continuo de armas y que contaba con el respaldo de una Alianza Atlántica reforzada con dos nuevos miembros: Suecia y Finlandia, que limitan con la zona ártica, estratégica para Moscú. Los dirigentes europeos reforzaron los batallones enviados al flanco oriental de la alianza, incluida Francia, que hasta entonces se oponía a una presencia permanente. La fuerza de reacción rápida de la OTAN cuadruplicó su número de efectivos; también continuó la construcción de la nueva base antimisiles estadounidense en Polonia, en donde los norteamericanos elevaron su presencia militar a 10.000 soldados. Lejos de calmarse, en Rusia las preocupaciones respecto de la seguridad se intensificaron por no haber previsto la fuerza y la unidad de la reacción occidental. Empero, al apostar por la consolidación de sus defensas detrás del Dnieper, Rusia logró estabilizar el frente. Los avances territoriales, como la toma de Bajmut en mayo de 2023, se consiguieron a costa del sacrificio de numerosas tropas, en un país ya golpeado por su crisis demográfica.

    El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada.

    Si bien Rusia mostró debilidades militares, la resiliencia de su economía resultó sorprendente. El Banco Central había acumulado suficientes reservas para asumir una confrontación financiera con Occidente. Logró sostener eficazmente el rublo y salvar su sistema bancario a pesar del congelamiento de sus activos en Europa y Estados Unidos. En cuanto a las sanciones energéticas, terminaron volviéndose en contra de los propios impulsores europeos: el aumento de los precios del gas compensó la pérdida de los volúmenes enviados al Viejo Continente, dando tiempo a Rusia para reorientar sus exportaciones de hidrocarburos hacia Asia (8). El fracaso de la estrategia de aislamiento se volvió evidente porque, si bien Moscú se vio obligada a recurrir a “Estados parias”, como Corea del Norte o Irán, para obtener armas o soldados, la realidad es que no le faltaron socios económicos interesados en sus descuentos energéticos. Los países que forman el núcleo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) vieron con preocupación la ofensiva punitiva financiera de Washington contra uno de sus miembros y profundizaron de forma preventiva su cooperación para reducir el uso del dólar en sus intercambios. En 2024, BRICS acogió a cinco miembros nuevos, entre los que destacan los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en las nuevas rutas del petróleo ruso (véase el artículo de págs. 12-14).

    ¿Acercamiento al hermano menor?

    Al elegir negociar cara a cara con Moscú, Trump le ofrece una vía de escape al Kremlin. El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada. Las concesiones, por ahora sólo verbales, resultan vertiginosas: reanudación de las negociaciones sobre el desarme, promesa de reincorporación al G7 y, a largo plazo, levantamiento de las sanciones. Aunque el Presidente estadounidense trate de morigerar estas promesas en las próximas semanas, la solidaridad transatlántica parece estar ya profundamente deteriorada.

    Estas declaraciones podrían cerrar la era geopolítica que comenzó en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la Alianza Atlántica para imponer su influencia a la mitad de Europa, mientras que la otra mitad se alineaba primero con el bloque soviético y luego se unía al Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, a fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mijail Gorbachov, al frente de un país agotado por la carrera armamentista, se comprometió con una serie de concesiones unilaterales y desordenadas: aceptó la reunificación de Alemania y su adhesión a la OTAN sin obtener garantías escritas sobre la no expansión de la alianza occidental en Europa del Este. De este modo, el antiguo instrumento de seguridad sobrevivió a la Guerra Fría, y la Unión Europea, al expandirse, permaneció firmemente vinculada a Washington. Aunque en 1989 y 1990 se llegó a considerar por un momento la posibilidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, no surgió ninguno alternativo tras la disolución de la URSS en 1991. Si bien el conflicto ruso-ucraniano tiene en parte su origen en esta oportunidad perdida, su resolución negociada está provocando una reconciliación ruso-estadounidense a espaldas de Europa.

    En Munich, el vicepresidente James David Vance incluso señaló una nueva dirección estratégica de Estados Unidos: “A Putin no le interesa ser el hermano menor en una coalición con China” (9). ¿Se trata del regreso a la estrategia de triangulación que había puesto en marcha el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971 al acercarse al “hermano menor” (en ese entonces, China) para aislar mejor al enemigo principal (la URSS)? Si este es el “plan”, Trump tendrá dificultades para romper el eje Rusia-China. Pekín, si bien se molestó por el hecho consumado de la invasión rusa y le ha reprochado a Moscú su abuso de la amenaza nuclear, no le ha retirado su apoyo. China suministra de manera discreta tecnologías necesarias para el complejo militar-industrial ruso, al mismo tiempo que profundiza su cooperación militar con Moscú. Aunque desequilibrada, esta relación se basa en una fuerte frustración compartida respecto de un orden internacional dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

    ¿Y Europa?… Europa se encuentra en la peor situación posible: ya debilitada por la crisis energética que ella misma provocó al renunciar –a petición de Washington– al gas ruso barato y pronto golpeada también por la guerra comercial decretada por la Casa Blanca, ahora se ve obligada a gestionar en soledad las consecuencias del revés occidental en Ucrania. Mientras la confrontación con Rusia alcanza un nivel incandescente y sus arsenales se han vaciado en favor de Kiev, Europa se prepara para aumentar de forma urgente su gasto militar, lo que implica comprar armamento estadounidense. Washington le exigía un “reparto de la carga” de la financiación de la alianza. Ahora la carga es doble: pagar la reconstrucción de Ucrania (que, a esta altura, Rusia deja de buena gana en manos de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, asumir su propia seguridad. El gasto parece simplemente inasumible para los presupuestos europeos y augura nuevas divisiones.

    1. Benoît Bréville, “Liquidación electoral”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2025.
    2. Philippe Descamps, “Affoler la meute”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2025.
    3. “Ukraine support tracker”, Kiel Institute for the World, 2024.
    4. Samuel Charap y Sergueï Radchenko, “¿Podría haber terminado la guerra en Ucrania?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2024. Volodimir Zelensky se esfuerza en negar el papel que habría desempeñado así Johnson; véase también Shaun Walker, “Zelensky rejects claim Boris Johnson talked him out of 2022 peace deal”, The Guardian, Londres, 12 de febrero de 2025.
    5. Véase, por ejemplo, “Soutenir l’Ukraine pour assurer la paix”, Le Monde diplomatique, 10 de enero de 2023.
    6. Alex Horton y John Hudson, “US intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17 de agosto de 2023.
    7. Hélène Richard, “Ucrania, una sociedad dividida por la guerra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2023.
    8. Hélène Richard, “Sanciones de doble filo”, Le Monde diplomatique, noviembre de 2022.
    9. Bojan Pancevski y Alexander Ward, “Vance wields threat of sanctions, military action to push Putin into Ukraine deal”, The Wall Street Journal, Nueva York, 14 de febrero de 2025.

     

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  • Una armadora de Pareja usaba el padrón de Andis para la campaña

     

    La armadora de Sebastián Pareja en la Sexta Sección bonaerense usaba el padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer campaña dos meses antes de que estallara el escándalo del caso de Diego Spagnuolo.

    Franca Grippo, la enviada en Bahía Blanca por el armador de Karina Milei en la provincia, propuso el 17 de junio pasado utilizar el padrón del programa Incluir Salud para hacer «territorio».

    Lo hizo por medio del grupo de Whatsapp con el que coordinaba la campaña en la Sexta Sección, en la que finalmente se impuso el libertario Oscar Liberman como primer candidato a senador provincial.

    Franca Grippo

    «Tengo el padrón de Incluir Salud, de toda la Sexta dividido localidad por localidad para que puedan hacer territorio», les dijo Grippo al resto de los dirigentes del equipo libertario de la sección sureña. 

    Además les aclaró que era una información reservada que le habían dado en papel y la debía entregar en mano: «No quieren que ande circulando», les admitió.

    Era lógico: apenas dos meses después de esa propuesta estalló el escándalo de Spagnuolo, que es investigado por la Justicia por pagarle millones de dólares de coimas a la Droguería Suizo Argentina por medio de Incluir Salud, un esquema para dar prestaciones y medicamentos a quienes no tienen obra social.

    «Si esto se filtra es responsabilidad de ustedes», les advirtió Grippo a los dirigentes de la Sexta, que finalmente corrieron el riesgo de asumir la responsabilidad.

    También les propuso colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. «Podemos capitalizar esto nosotros», dijo la coordinadora. La Anses como el PAMI y la Andis fueron organismos claves para la campaña territorial bajo la tutela de Lule Menem, mano derecha de Karina.

     

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