En el marco del ‘Día Mundial de la Actividad Física’, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y el equipo de Río Negro Deporte llevaron adelante distintas propuestas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de incorporar la actividad física a la vida diaria.
Al respecto, el Director de Deportes Damián Álvarez manifestó que “mantenerse en movimiento y evitar el sedentarismo son acciones fundamentales para nuestro bienestar psicofísico. Allí radica la importancia de promover la actividad física en las personas de todas las edades”.
“Desde nuestra Dirección hemos dado un paso importante con la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas que nos permiten ir retomando este tipo de propuestas, siempre con el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos”.
Cada 6 de abril se celebra el ‘Día Mundial de la Actividad Física’, constituyéndose en la fecha ideal para incentivar a toda la comunidad a realizar ejercicios físicos.
En pleno drama por los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional busca tratar en el Congreso un proyecto que modifica de manera drástica la Ley de Tierras (26.737): habilita la producción en zonas arrasadas por el fuego y libera la venta de suelo argentino a extranjeros. La iniciativa aparece en sintonía con la ofensiva de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina. Un relevamiento científico del Observatorio de Tierras revela datos alarmantes sobre quiénes controlan el territorio, el agua y los minerales del país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La discusión va más allá de consignas y slogans. Mientras la administración de Milei impulsa cambios que debilitan los límites a la propiedad extranjera, un trabajo del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el Conicet— puso cifras y mapas a un proceso silencioso: la constante entrega de territorios estratégicos a manos foráneas.
El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, muestra que aproximadamente el 5% del territorio nacional ya está en manos de firmas o Estados extranjeros. En términos concretos, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, escaparon al control nacional.
El truco del promedio y los distritos en rojo
Los investigadores advierten que el discurso oficial —según el cual ninguna provincia supera el límite legal del 15%— es engañoso. El promedio provincial oculta realidades críticas: 36 departamentos del país ya exceden ese tope, lo que vulnera el espíritu de la ley.
Entre Ríos aparece como uno de los casos más graves. Los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización (más de 56 mil y 57 mil hectáreas, respectivamente), mientras Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso emblemático es Garay, donde el 16% de sus 391 mil hectáreas está en manos extranjeras, por encima del límite legal.
Agua, minería y fronteras: nada es casual
El relevamiento demuestra que la extranjerización no es aleatoria: sigue el rastro de recursos estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática y energética. Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).
Las zonas con agua dulce y nodos logísticos también concentran cifras alarmantes. Localidades ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superan el 30%. En cuanto a nacionalidades, Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre las tres concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen más superficie que la provincia de Tucumán.
“No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: los casos más críticos están en zonas de frontera y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.
De Menem a Milei: una historia de flexibilización
El informe recuerda que el quiebre contemporáneo se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas protegidas desde 1944 por un decreto que reservaba esas tierras a ciudadanos argentinos.
Esa normativa fue sistemáticamente vulnerada con ventas irregulares y triangulaciones. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton, son parte de ese proceso.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el boom de los commodities, fue desde entonces blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 por un amparo del CECIM La Plata, el Ejecutivo de Milei avanzó por la vía política a través del Consejo de Mayo, que avaló cambios sustanciales.
Para los especialistas, la reforma no busca inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. El caso de Malargüe, en Mendoza —donde la extranjerización del 15% convive con 18 nuevos proyectos mineros— anticipa mayor conflictividad social si el Estado renuncia a su rol de control. “Cruzar estos datos con las inversiones mineras permite entender por qué el mapa es una herramienta de alerta”, señaló Oberlin.
En un contexto de avance de Donald Trump sobre los recursos de América Latina y reimpulso de la doctrina Monroe, el informe advierte que desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera. Cuando el agua dulce y la energía son ejes del conflicto global, ceder territorio es ceder soberanía.
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A fondo. Así está siendo la última semana del año en la gestión del cordobés Martín Llaryora con cuatro cambios en su gabinete en poco más de 48 horas, la chance de otra modificación más en el comienzo del 2026 y una reestructuración que tendrá un fuerte impacto en la gestión capitalina del intendente Daniel Passerini. Particularmente, en la sucesión del actual alcalde en el 2027; y en la estrategia electoral que Llaryora empezará a puntear una vez que culmine el Mundial.
Entre el sábado y el arranque de esta semana, Llaryora cerró dos ministerios que convirtió en secretarías, contuvo a quienes encabezaban esas carteras y las reacomodó dentro de Salud y Educación. Ése será el destino, respectivamente, de la saliente ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y de quien encabezaba Ambiente, Victoria Flores. Pero, además, este lunes se produjo el pedido de licencia de la legisladora Nadia Fernández para que desembarque dentro del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y bajo la órbita del ministerio de Justicia; y el cambio al frente de la jefatura de Policía con el ingreso de Marcelo Marín en reemplazo de Leonardo Gutiérrez.
Todas modificaciones que tienen como nítido objetivo demostrar volumen y territorio de la gestión en la capital cordobesa, además de sumar vocerías dentro de la administración llaryorista.
El gobernador cordobés confía en su gestión, cuando habla de esta en confianza cree que lo que le falta son portavoces, pero que la gente lo respalda. Por eso la decisión de acelerar el proceso de capilaridad en la capital cordobesa sin que esto se parezca una intervención en la administración de Passerini, aunque con la claridad suficiente como para que el mensaje le llegue a la dirigencia del peronismo cordobesista: Llaryora no va a negociar la sucesión de Passerini con ningún sector de la oposición.
Daniel Passerini
Rumor que después de las Legislativas trataron de instalar incluso algunos dentro del peronismo, pero que el llaryorismo puro desactiva por completo. «Decir eso es no conocer a Martín. No va a negociar, ni resignar nada de lo que ya tiene», lanzó a LPO un funcionario de primera línea.
Es más, todos los protagonistas de los cambios de estas horas tienen base en la capital cordobesa y van a tallar, en menor o mayor medida, en la sucesión de Passerini en dos años. Montero tiene partido propio, fue funcionaria en la Ciudad con Llaryora y es aliada directa del gobernador; Flores, también tuvo su paso por el Ejecutivo municipal y suma un dato relevante: será la punta de lanza para limar a Natalia de la Sota cuando la ocasión lo amerite. Fernández, en tanto, tiene respaldo viguista y también su territorio.
Además, los cambios en la Policía, de ser efectivos, van a posicionar aún más al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el traspaso de un puro como Marcelo Rodio, desde Transporte a Cultura, significa también anotar otro jugador en los casilleros de los binomios peronistas por la Ciudad.
«Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel (Passerini) que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición», señaló un llaryorista a LPO.
Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición
En simultáneo a los cambios de nombres, asoma también una narrativa sobre la que tallará el llaryorismo de hablar de «dos años de gestión» y un inicio en 2023. Algo que ya se viene haciendo de manera más solapada, pero que tuvo su pico hace unos días cuando el propio Llaryora se refirió públicamente y de forma muy crítica por la administración de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó «a todos los partidos».
Y, por último, en la frialdad de los números la mesa chica de Llaryora entiende que cierra el año con la prudente distancia del presidente Javier Milei, sin la necesidad financiera o económica de otros (algunos no dan nombres, pero deslizan las complicaciones de Frigerio en Entre Ríos) y reconocen que el nexo operativo y de gestión con Casa Rosada sigue siendo ‘Toto’ Caputo. «Es el que tiene la firma para acceder al mercado internacional y con el que podemos llegar a tener una mejora a partir de abril por los fondos de la Caja», razonaron un par de ministros durante el fin de semana.
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