En el marco del ‘Día Mundial de la Actividad Física’, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y el equipo de Río Negro Deporte llevaron adelante distintas propuestas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de incorporar la actividad física a la vida diaria.
Al respecto, el Director de Deportes Damián Álvarez manifestó que “mantenerse en movimiento y evitar el sedentarismo son acciones fundamentales para nuestro bienestar psicofísico. Allí radica la importancia de promover la actividad física en las personas de todas las edades”.
“Desde nuestra Dirección hemos dado un paso importante con la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas que nos permiten ir retomando este tipo de propuestas, siempre con el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos”.
Cada 6 de abril se celebra el ‘Día Mundial de la Actividad Física’, constituyéndose en la fecha ideal para incentivar a toda la comunidad a realizar ejercicios físicos.
La gobernadora de la provincia Arabela Carreras brindó ayer una conferencia donde dejó en claro que no hay demasiadas modificaciones con respecto al aislamiento en Rio Negro, se agregaron solo dos actividades a 28 municipios. “Podemos empezar a pensar en flexibilizar un poco las medidas esto siempre estará sujeto a la decisión de los intendentes…
Antes del arranque del partido disputado el sábado pasado la pregunta flotaba en el aire ¿Cuál es el piso actual del Rugby Nacional?. Y la respuesta será la actuación del seleccionado nacional «Los Pumas» en esta versión corta de la Rugby Championship 2019. En su Octava edición, de cara al Mundial de Rugby Japón 2019,…
El relato libertario sobre el supuesto “regreso del crédito hipotecario” empezó a chocar de frente con la realidad. Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras con hipoteca se desplomaron un 48,9% interanual en abril y encendieron una alarma directa sobre la destrucción del acceso a la vivienda para la clase media. Pero el dato adquiere un tono todavía más escandaloso cuando se lo cruza con las denuncias que estallaron semanas atrás sobre créditos millonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Mientras millones de argentinos ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda, sectores vinculados al poder parecían acceder a condiciones privilegiadas. La postal es devastadora para el discurso de Milei: el crédito hipotecario se derrumba para la sociedad, pero no necesariamente para quienes orbitan alrededor del Gobierno.
Los números difundidos por el Colegio de Escribanos son contundentes. En abril apenas se registraron 609 escrituras formalizadas con hipoteca en la Ciudad de Buenos Aires. El dato implica una caída de casi el 50% respecto del mismo mes del año pasado y muestra que el “boom hipotecario” que promocionaba el oficialismo prácticamente se desinfló en pocos meses. El mercado inmobiliario volvió a frenarse y la financiación desaparece otra vez como herramienta de acceso para los sectores medios.
La explicación económica es relativamente simple. Los salarios quedaron destruidos frente al ajuste, las cuotas UVA volvieron a generar temor por la inflación acumulada y las condiciones exigidas por los bancos se volvieron prohibitivas. En muchos casos, las familias necesitan ingresos que triplican o cuadruplican el promedio salarial argentino para acceder a una vivienda mínima. El resultado es una exclusión silenciosa pero masiva.
El escándalo del Banco Nación que dejó expuesta la doble vara
En ese contexto explotó semanas atrás el escándalo de los créditos del Banco Nación. Las denuncias publicadas por distintos medios revelaron que funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza habrían obtenido préstamos hipotecarios millonarios en condiciones extraordinariamente favorables. La polémica generó indignación porque coincidía exactamente con el momento en que el resto de la población comenzaba a quedar afuera del sistema financiero.
La contradicción política fue imposible de ocultar. Milei llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta”, pero el caso del Banco Nación terminó mostrando a funcionarios y dirigentes oficialistas accediendo a beneficios que para cualquier trabajador promedio son prácticamente inalcanzables. El mensaje que queda flotando es brutal: el mercado no funciona igual para todos.
Lo más grave es que el derrumbe de los créditos hipotecarios no aparece como un accidente sino como una consecuencia lógica del modelo económico libertario. El Gobierno sostiene tasas altísimas, destruye el poder adquisitivo y profundiza la precarización laboral. En ese escenario, pensar en una hipoteca a 20 o 30 años se vuelve directamente imposible para gran parte de la sociedad.
El sueño de la casa propia vuelve a convertirse en un privilegio
Durante décadas, el acceso a la vivienda fue uno de los pilares de la movilidad social argentina. Incluso con crisis recurrentes, existía la expectativa de que una familia trabajadora pudiera aspirar a comprar su casa. Hoy ese horizonte parece romperse nuevamente.
El desplome registrado por el Colegio de Escribanos revela mucho más que un problema inmobiliario. Expone el agotamiento de un esquema económico que favorece la especulación financiera mientras castiga ingresos y consumo. En paralelo, el escándalo del Banco Nación dejó instalada otra percepción todavía más corrosiva: que el crédito existe, pero para sectores cercanos al poder.
En otras palabras, el “mercado libre” que prometía Milei empieza a mostrar una dinámica conocida en la Argentina: ajuste para las mayorías y privilegios para minorías bien conectadas. Mientras la clase media vuelve a alejarse del sueño de la casa propia, los funcionarios libertarios quedaron bajo sospecha por haber accedido justamente a aquello que el resto ya no puede alcanzar.
Ante la caída de la industria a nivel nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó un proyecto de ley para sacarle la carga impositiva a quienes construyan o amplíen viviendas en la provincia.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,7% interanual en noviembre de 2025, con un derrumbe adicional del 4,1% respecto al mes anterior.
En febrero de 2026, el indicador volvió a mostrar una baja del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de abril profundizan el cuadro: el cemento cayó 13,2% y las ventas de materiales para la construcción retrocedieron 4,6% interanual.
En ese contexto, Chubut tomó una decisión que ninguna otra provincia adoptó: eliminarle los impuestos al sector.
El gobernador Nacho Torres presentó este viernes un proyecto de ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el 100% del Impuesto de Sellos -según cantidad de empleados y magnitud de la inversión- para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida rige desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.
El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño
El objetivo es doble: bajar los costos para que las familias puedan construir o ampliar su vivienda, y reactivar una industria que en todo el país muestra señales de fatiga. El empleo privado en la construcción acumula una variación negativa en el año, en un patrón donde la actividad cae antes que las empresas empiecen a recontratar.
«El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño», dijo Torres.
La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, y deberá ser votada por la Legislatura provincial.
Ayer por la tarde lxs trabajadores de La Reginense tuvieron una reunión con el intendente de la ciudad Marcelo Orazi, quien los recibió en el municipio. En esta oportunidad los obreros de la sidrera estuvieron representados por Juan Caniupán, Alicia Monsalve y Sergio Gallardo. En un encuentro productivo el mandatario se comprometió con respecto al…
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
