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ROCA YA CUENTA CON UNA SUBCOMISIÓN CENTRADA EN LA PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio  de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial

El contexto nacional con la media sanción en senadores al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica y la producción industrial del cáñamo, hace parar la oreja a más de un productor regional.

Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y en la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis (tanto medicinal como cáñamo industrial) emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.

Las características geográficas del Alto Valle son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. Es una Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. A la vez son Productos con un alto valor internacional y es una cadena generadora de Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.

Una buena oportunidad se abre en el valle debido a que  La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio  de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial.

La articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles, la vinculación entre diversos actores de la militancia y sectores de la industria, las actividades de difusión y capacitación, más la posibilidad de una reactivación de la economía regional con otro tipo de producción, teniendo en cuenta el contexto productivo actual donde los pequeños productores han sido devorados por las grandes empresas, son algunos de los ejes centrales de la nueva subcomisión.

En esta ocasión la abogada Julieta peralta, miembro de la subcomisión, nos explica cuales son los avances, objetivos y otras yerbas..

Uno de los principales objetivos de la subcomisión es la articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles (nacional, provincial y local, e incluso internacional) “para todo lo que sea información, para estar al tanto de las disposiciones que salen, las regulaciones que se establezcan en el sector y para poder empezar a generar convenios colaborativos con estos entes siempre en pos del desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo”.

Esta subcomisión tiene también el propósito de realizar actividades de difusión, encuentros para concientizar, educar y capacitar a todos los sectores involucrados. Julieta Peralta sostiene en relación al cannabis medicinal que “la cadena cultivador-usuario-médico se amplía con lo industrial porque tendríamos en el medio la comercialización, la distribución y ni hablar con el cáñamo que se va a ampliar lo productivo”.

Otro objetivo es impulsar el desarrollo productivo del cannabis medicinal y principalmente del cáñamo industrial en el Valle de Río Negro. “Queremos darle prioridad a nuestra zona, el potencial de la provincia es muchísimo y sobre todo en el Valle, porque la tierra es muy fértil”, afirmó la abogada.

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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