ROCA YA CUENTA CON UNA SUBCOMISIÓN CENTRADA EN LA PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO

La crisis de lectura actual no se explica por una “falta de hábito”, sino por el síntoma de una ocupación territorial: el tiempo —el insumo básico para la construcción de sentido— ha sido colonizado por un complejo entramado de precarización laboral, gestión algorítmica y extractivismo atencional. Los datos de la última encuesta nacional de consumos culturales muestran que la proporción de la población argentina que leyó al menos un libro (físico o digital) en el año pasó del 57 por ciento en 2013 al 51 por ciento en 2022. A esto se le suman los datos de Cámara Argentina del Libro (CAL): el 80 por ciento de las editoriales declaró haber vendido menos libros durante 2024 y 2025 que en el año previo.

Leer un libro hoy demanda ejercer una violencia deliberada contra la propia agenda. Es una operación de sabotaje contra un sistema que penaliza la improductividad y fragmenta la concentración. Esta crisis no es estética, es de soberanía sobre el propio tiempo. Como sostiene Jonathan Crary, el sistema actual avanza hacia la colonización total de las horas del día, erosionando cualquier intervalo de inactividad como si fuera un residuo a eliminar. El “tiempo improductivo”, escribe, es “una interrupción intransigente del robo de tiempo que el capitalismo ejerce sobre nosotros”.

Leer un libro no es mejor ni peor que otras formas de usar el tiempo libre. Pero tiene algo que la mayoría de esas formas perdieron: exige estar entero. Mientras uno lee, los ojos siguen la línea, las manos sostienen el libro, la respiración se acomoda al ritmo de las frases. No hay pantalla que parpadee, notificación que interrumpa, algoritmo que adivine la página siguiente. Ese tiempo no se fragmenta, no se acelera, no se extrae. Es de uno y no le sirve a nadie más.

La lectura no es una marca de un culto de iniciados. Es una herramienta política y social, un entrenamiento en la demora del juicio. Mientras el algoritmo nos empuja a decidir en fracciones de segundo —me gusta, no me gusta, siguiente—, un libro obliga a sostener una frase, un párrafo o un argumento que puede tardar cien páginas en cerrarse. Ese ritmo pausado es una forma de resistencia cognitiva al cortoplacismo que domina el debate público. La lectura nos prepara mejor para seguir razonamientos complejos, para detectar contradicciones, para no morder el anzuelo de una consigna. En una época donde la política se reduce a titulares y tuits, leer sostiene la posibilidad de pensar de otra manera.

Esa ocupación del tiempo se materializa a través de lo que Nick Srnicek caracterizó como “capitalismo de plataformas”. Las grandes empresas tecnológicas funcionan como nuevas infraestructuras digitales cuya principal materia prima es la extracción masiva de datos de comportamiento, que luego se procesan para predecir y modular nuestras acciones. Shoshana Zuboff acuñó el término “excedente conductual” para profundizar esta idea y describir cómo las plataformas no solo extraen datos sino que fabrican productos de predicción sobre nuestro comportamiento futuro, compitiendo en “mercados de futuros conductuales”. Su diagnóstico es contundente: el poder de estas corporaciones ya no se limita a conocernos, sino a modificarnos.

Ante este panorama, la lucha por la lectura es inseparable de la lucha por la soberanía sobre la atención. La crisis de la lectura no es, en este sentido, una crisis de gustos o de hábitos; es una crisis del propio tiempo, de nuestra disponibilidad hacia y para nosotros mismos, de nuestra capacidad de moldearnos de maneras alternativas. 

Para que alguien abra un libro hoy, debe ganar una guerra en tres frentes. No es una metáfora: es una disputa por la base material de la existencia humana. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional, reconoce explícitamente el derecho de toda persona “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren”, entre otras cosas, “descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo”.

El empleo mutó en una “jornada total”. La tecnología eliminó la barrera física de la oficina, pero el marco legal argentino —tras las reformas laborales comprendidas en la ley bases y “modernización laboral”— profundizó este sendero imponiendo nuevas modalidades de flexibilización de la jornada: el banco de horas, la desregulación de la jornada a tiempo parcial, la exclusión del límite diario y semanal para determinadas actividades y la ampliación indiscriminada de las facultades del empleador. 

A ello debemos sumar al menos dos factores trascendentales. En primer lugar, el 43 por ciento de los ocupados en Argentina lo hace de manera informal, es decir, unas 8,9 millones de personas sin derechos laborales y, en la mayoría de los casos, en condiciones de mayor precariedad, sin límite legal de la jornada. Y a esto se le suma que, en los últimos ocho años, la cantidad de personas con más de una ocupación aumentó en más de un 40 por ciento, según datos relevados por el Centro CIFRA. Y de los pluriempleados, según estudios del FCE-UBA, más del 60% trabaja en aplicaciones de plataforma.

Según estudios realizados por consultoras laborales alrededor del 40 por ciento de los argentinos tiene dificultades para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral y casi un 80 por ciento dice estar estresado en su trabajo.

La Ley de Teletrabajo da una respuesta concreta: establece que el empleador no puede remitir comunicaciones fuera de la jornada laboral, que el trabajador tiene derecho a no contestar, regula la desconexión digital e incorpora el derecho a interrumpir la jornada de trabajo por tareas de cuidado. Este derecho alcanza —al menos hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la cual quedará derogada por la Ley de Modernización Laboral— a quienes trabajan en relación de dependencia en establecimientos ajenos al empleador, mediante las tecnologías de la información y comunicación, con excepción de quienes lo hagan en forma esporádica u ocasional. 

Europa reguló este derecho a través de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital del año 2023, mediante el compromiso de  “velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital”. En el caso español se encuentra regulado desde 2018 para trabajadores del sector público y privado el “derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.

Ya son alrededor de un millón las personas que trabajan como repartidores o conductores de aplicaciones en Argentina según distintas estimaciones. Este crecimiento ocurre en paralelo con el aumento de la desocupación, según datos del INDEC, que aumentó al 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a casi 1,7 millones de personas.

Las plataformas digitales de trabajo organizan, controlan y evalúan a sus trabajadores mediante sistemas de gestión algorítmica, tal como lo define la OIT. Los algoritmos miden la productividad, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y las calificaciones de los clientes para asignar tareas, rutas y premios o castigos, con una opacidad que impide cuestionar sus decisiones. Quien rechaza pedidos, cancela tareas o se toma días de descanso ve caer su calificación, lo que se traduce en menos ofertas de trabajo, horarios menos rentables, zonas de reparto más alejadas e incluso la desactivación de su cuenta. El resultado es una disponibilidad perpetua: los trabajadores deben estar constantemente conectados y disponibles para no ser expulsados del sistema.

En nuestro país, la Ley de Modernización Laboral establece en su primer artículo que los prestadores independientes de plataformas tecnológicas se encuentran excluidos de la protección de la normativa laboral. También crea un régimen específico para regular sus condiciones de trabajo aunque no garantiza ningún derecho en particular. La norma, además de ir en sentido contrario a todas las regulaciones del mundo (una directiva del Parlamento Europeo establece la presunción de laboralidad en relaciones contractuales mediadas por plataformas), es tan burda que ni siquiera parece entender el sujeto que regula. Si se refiere a trabajadores independientes, entonces no alcanza a ninguno de los trabajadores de plataformas que pretende excluir, porque la totalidad de ellos se manejan bajo las directivas, organización y sanciones de la empresa para la que prestan tareas.

Las plataformas digitales piensan sus interfaces para que sea difícil salir de ellas. Comprar un producto lleva a ver otros; terminar un video lleva a otro que empieza solo; cerrar una sesión requiere encontrar el botón gris entre opciones brillantes. Una arquitectura está diseñada para la permanencia. El promedio de exposición a pantallas en Argentina alcanza las 9 horas diarias. La cifra incluye navegación, redes sociales, streaming, compras y teletrabajo. También incluye el tiempo que se pierde antes de empezar a leer un libro.

Esa permanencia forzada se logra con herramientas de diseño. La legislación europea llama dark patterns (patrones oscuros) a las “prácticas que distorsionan o perjudican la capacidad del usuario para tomar una decisión autónoma”. Algunos ejemplos son el botón de rechazo de cookies en gris y en esquina inferior izquierda, mientras el de aceptar es rojo y ocupa el centro de la pantalla; el scroll infinito, que elimina los puntos de parada natural; la autorreproducción de videos que mantiene al usuario mirando contenido que no eligió; los mensajes del tipo “a otros usuarios también les gustó esto” después de una compra; los temporizadores que indican que una oferta expira en tres minutos; los contadores que exigen una apuesta inmediata para no perder la racha.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) es la normativa marco en la UE. Allí prohíbe las interfaces engañosas o manipulativas. El reglamento está vigente desde febrero de 2024 y aplica a todas las plataformas que operan en territorio europeo, sin importar su lugar de establecimiento. En 2025, la Comisión inició procedimientos contra TikTok por “diseño adictivo” (addictive design). En febrero de 2026, notificó a Meta su conclusión preliminar de que el diseño de Facebook e Instagram violaba la DSA. Las multas previstas alcanzan hasta el 6% del ingreso global anual de la plataforma (un vuelto para los márgenes de ganancia que tienen).

La DSA, sin embargo, es insuficiente. El Parlamento Europeo y organizaciones de consumidores señalan que la norma tiene lagunas en materia de diseño adictivo, cancelación de suscripciones, transparencia en la personalización de precios y protección de menores frente a la gamificación. La Comisión Europea anunció la preparación de una nueva Ley de Equidad Digital (DFA), cuya propuesta se espera para el cuarto trimestre de 2026 y apunta a prohibir expresamente el diseño adictivo y a regular la personalización explotativa. La ley fue objeto de una consulta pública que recibió más de 5 mil respuestas. El 70 por ciento de los consultados apoyó reglas vinculantes sobre patrones oscuros y diseño adictivo.

En Argentina, los dark patterns no están explícitamente mencionados, definidos ni prohibidos por una ley específica. Sin embargo, el marco normativo vigente ofrece algunas herramientas para enfrentarlos, aunque sean indirectas. La Ley de Defensa del Consumidor establece principios que se pueden aplicar a los entornos digitales, como el deber de información clara y la prohibición de prácticas abusivas o engañosas. En el mismo sentido, la Ley de Protección de Datos Personales protege el consentimiento informado, un derecho que los patrones oscuros erosionan al manipular a los usuarios para que acepten condiciones de forma confusa. Pero la ausencia de una ley específica deja un vacío y vulnerabilidad ante estas prácticas de hackeo cerebral y químico que usan los sitios.

Las plataformas de apuestas online presentan la versión más agresiva de ese tipo de diseño. Utilizan sistemas de recompensa variable (ganancias intermitentes impredecibles), notificaciones de “ganancias ficticias” que simulan un premio cuando no lo hubo, contadores de tiempo inverso que presionan para la siguiente apuesta y efectos visuales propios de las máquinas tragamonedas (sonidos, luces, animaciones). Un estudio de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea identificó estas prácticas como violaciones de la DSA cuando no van acompañadas de advertencias claras y mecanismos de límite de tiempo.

El diseño adictivo alcanza su expresión más concentrada en las plataformas de apuestas online. El tamaño de esa industria ayuda a entender por qué invierte tanto en retener usuarios. En 2025, las apuestas online facturaron 210.750 millones de dólares, con una proyección de 620.330 millones para 2035 (Expert Market Research). Es una industria comparable al PBI de países enteros y su motor es la extracción de atención.

En Argentina, las consecuencias ya son visibles. En 2025, el boletín oficial de Sedronar registró un aumento del 27 por ciento interanual en las consultas por juego compulsivo a la Línea 141, el nivel más alto desde que se empezó a medir. La Cámara de Diputados dio media sanción a fines de 2024 a un proyecto de prevención de ludopatía que restringía la publicidad y el acceso de menores, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El Senado nunca lo trató y la ley perdió estado parlamentario.

Las plataformas de contenido adulto, cómo OnlyFans, operan bajo la misma lógica de extracción. En 2025 procesó pagos por 7.200 millones de dólares, con ingresos netos anuales de alrededor de 1.600 millones, y cuenta con 4,6 millones de creadores en todo el mundo. Su arquitectura de retención es la misma que en el juego: notificaciones, renovación automática de suscripciones, sentido de exclusividad y urgencia. Pero hay un agravante: el tiempo que se pierde en estas plataformas no se recupera cerrando una ventana. La exposición compulsiva al juego o al contenido adulto deja secuelas: ansiedad, insomnio, deterioro de la concentración, culpa. Y esas secuelas no se resuelven solas. Requieren tiempo de tratamiento, de terapia, de reconstrucción de hábitos. Ese tiempo también es tiempo de vida que no nos pertenece del todo. Las personas quedan atrapadas en un doble trampa: primero la plataforma les ocupan horas con su diseño adictivo; después, las consecuencias les exigen más horas para salir. El algoritmo fue eficaz para enganchar, pero el costo de la reparación lo pagan únicamente los usuarios.

La Unión Europea es la única que reguló las plataformas de contenido adulto. Lo hizo con un plan de verificación de edad que permite acreditar la mayoría de edad sin almacenar datos biométricos para, al menos, proteger a los menores. Aquí la discusión ni siquiera empezó, ni siquiera en fase de proyecto. En todos los casos —apuestas, contenido adulto, redes sociales— la interfaz está programada para que al usuario le cueste salir. Y cuando lo logra, el daño ya está hecho. Ese daño se paga con más tiempo. Y ese tiempo, también, ocupa nuestra disponibilidad y de nuestros entornos.

Es fundamental garantizar que los espacios culturales sigan existiendo con los recursos que necesitan para un funcionamiento pleno. Bibliotecas populares, programas de fomento, ferias, políticas de adquisición estatal. Lo que se necesita, además de estas grandes iniciativas, es sostenerlas con presupuesto y voluntad política. En Argentina, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (2001) creó el Fondo Nacional del Libro, pero su financiamiento ha sido intermitente. La CONABIP, una red de bibliotecas populares que viene funcionando desde el siglo XIX, hoy depende de partidas que no siempre llegan. Sin recursos, los destinos son el descuido, el vaciamiento y la obsolescencia de sus objetivos iniciales.

Por eso, cuando se desfinancia una biblioteca popular o se degrada un organismo rector de políticas de industrias culturales, no es solo un ajuste administrativo. Es una decisión política sobre qué tipo de tiempo libre vale la pena proteger. Y sin ese andamiaje, la lectura queda librada a la capacidad de las personas de siempre esforzarse más o a la potencia de que plataforma logra imponerse con más fuerza. Dos espacios que, hoy, no están de su lado.

El tiempo también se pierde antes de llegar a la pantalla. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado —limpiar, cocinar, lavar, ir al supermercado, acompañar al médico, organizar la logística familiar— consume horas diarias. No es trabajo asalariado. Pero ocupa el tiempo.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del INDEC, relevada en 2021 con una muestra de 24.500 viviendas en todo el país y publicada en 2022, es la única fuente estadística que cuantifica esa ocupación. El 92 por ciento de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican en promedio 6 horas con 31 minutos diarios. Los varones, en cambio, dedican 3 horas con 40 minutos. La encuesta también mide el “tiempo libre”. Las mujeres disponen, en promedio, de 3,1 horas diarias de tiempo libre efectivo. Los varones, 4,6.

Ese trabajo no remunerado tiene valor económico. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación publicó en 2022 el informe “Aportes para la valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Argentina”. La metodología tomó las horas declaradas en la ENUT y las valorizó a precios de mercado de servicios equivalentes (servicio doméstico remunerado, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9 por ciento del PBI. En comparación, la industria manufacturera aporta el 13,2 y el comercio el 13 por ciento. El sector más grande de la economía argentina no paga salarios, no tiene registro, no cotiza jubilación. Cada hora que las mujeres destinan a cuidar es una hora que no está disponible para leer, estudiar o descansar.

La brecha salarial de género es otro factor. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género estimó que la brecha salarial promedio es del 27,7 por ciento a desventaja de las mujeres. A menor ingreso, menor capacidad de externalizar el cuidado. El que puede tiene opción de pagar una niñera, una empleada doméstica, una guardería. El que no puede, cuida muchas veces 

La caída de la lectura de libros no es un problema de falta de hábito. Es un síntoma. Leer un libro de 250 páginas a un ritmo usual de lectura (una persona promedio lee entre 200 y 250 palabras por minuto) lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas. Eso es menos del tiempo que un argentino promedio pasa en pantallas en un solo día. Es menos que las 6 horas y media diarias que una mujer destina a tareas de cuidado no remunerado. Es menos de lo que se pierde en scroll infinito, en notificaciones, en la dificultad de cerrar una sesión porque el botón está en gris. El tiempo para leer existe. Lo que no existe es el tiempo continuo, ininterrumpido, sin interpelaciones.

El problema no se resuelve con autocontrol, apagando el celular una hora antes de dormir. La desconexión individual no cambia la estructura de la jornada laboral, no redistribuye el trabajo de cuidado ni regula los algoritmos. La respuesta es política. Significa negociar en los convenios colectivos el derecho a la desconexión, al igual que se negocia el salario. Significa regular por ley los patrones oscuros y el diseño adictivo, como ya se hizo en la UE. Significa implementar un sistema nacional de cuidados con financiamiento autónomo, como el de Uruguay. El movimiento político sindical y organizado tiene que incorporar estos temas a su agenda.

Ahora bien, dentro del panorama un tanto aciago de estadísticas que señalan una retracción en la lectura, aparece un dato alentador: el repunte de ventas en ciertos sectores que se vio en la Feria del Libro. En un mundo saturado, con estímulos fugaces, la fila para comprar un libro es una fila para comprar tiempo, silencio y profundidad. Lo que este fenómeno pone de manifiesto es que no hay una crisis de deseo, sino una crisis de condiciones. Aparentemente, no hace falta convencer a nadie sobre la importancia o el placer de leer; lo que hace falta es proteger la base material y temporal de permitirlo. Como dijo Milena Busquets hace un tiempo, leer no es sexy, es importante. Y ahora también es, quizás, urgente, para que no caiga como un hermoso animal en extinción cuando la necesitamos más que nunca, cada vez en más manos y en más agendas.En un mundo que diseña cada segundo para ser capturado, monetizado o interrumpido, esa es una forma de insolencia. La lectura no va a salvar al mundo. Pero defender el tiempo para leer es defender la posibilidad de un tiempo que no sea sólo pensado en términos de utilidad, función y productividad. Un tiempo que no implique siempre estar fragmentado, siempre en varios lugares a la vez, entre lo físico y lo virtual, constantemente liminal e interrumpible. En su reflexión sobre inteligencia artificial e inteligencia humana, el papa Francisco señaló que “cultivar aquellos aspectos de la vida humana que van más allá del cálculo es de crucial importancia para preservar una auténtica humanidad, una que parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo una puerta cerrada”.

La entrada Leer es una guerra por el tiempo se publicó primero en Revista Anfibia.

Tras el encuentro concretado hace menos de una semana entre el Intendente Marcelo Orazi y la Primera Dama Fabiola Yáñez en Olivos, este lunes visitó la ciudad Claudia Silveiro de su equipo de trabajo para coordinar aspectos de la construcción del vacunatorio pediátrico anunciado en esa oportunidad. Silveiro fue recibida por el Intendente Marcelo Orazi…

El campo esta parado sobre la super cosecha de soja y no tiene ganas de liquidar más allá de lo indispensable para operar el negocio. Les molesta el dólar atrasado o las retenciones altas, que son las dos caras de la misma discusión.

 Toto Caputo necesita de manera cada vez más desesperada que liquiden para pagar los vencimientos de deuda. Por eso, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, intentó convencerlos con una exposición en Washington: con menos brecha cambiaria, menos retenciones, buen precio internacional y un tipo de cambio más ordenado, al productor le conviene vender la soja ahora. 

Werning desplegó esos argumentos en un cuadro prolijo, de esos que cierran perfecto en una presentación. Pero en el campo miran otra cosa. Miran lo que queda después de pagar alquileres, insumos, deudas y la campaña siguiente. Y ahí los números no cierran tan fácil.

La discusión no es menor porque toca el corazón del modelo. El Gobierno necesita que la cosecha liquide dólares, sostenga el precio de la divisa y alimente las reservas. El campo responde que una cosa es el precio teórico y otra muy distinta el resultado económico. En esa diferencia se trabó la soja. Y por eso, detrás de la discusión técnica, asoma una pelea mucho más concreta: si el sector más competitivo del país no ve negocio, los dólares que espera la Casa Rosada pueden tardar bastante más de lo que dicen los PowerPoint oficiales.

Nada marcha de acuerdo al plan

El gráfico del Banco Central tiene una parte cierta. Werning mostró que, descontadas las retenciones y valuado al tipo de cambio paralelo, el precio doméstico que recibe hoy el productor está entre los más altos del gobierno de Milei. La explicación oficial se apoya en cuatro puntos: retenciones más bajas, del 26 por ciento contra el 33 por ciento previo; menor brecha cambiaria; un tipo de cambio más unificado; y una soja en torno de los 420/427 dólares la tonelada. La conclusión: el productor recibe más dólares efectivos que antes.

En el campo responden que esa cuenta está bien hecha y mal contada. Germán Iturriza, consultor y hombre escuchado en el sector, lo resumió con crudeza. Dijo que un productor puede mirar esos gráficos y reírse, no porque sean falsos sino porque muestran apenas una parte de la película. «Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos», explicó.

Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos.

Iturriza puso el dedo donde más duele. Sostuvo que desde noviembre la inflación en pesos siguió subiendo, con una columna cercana al 15 por ciento desde las elecciones, mientras el tipo de cambio nominal quedó retrasado. Entonces el productor ve que Chicago marca 427 dólares y la soja local ronda los 430, pero cuando hace la cuenta de bolsillo descubre que el negocio no cierra. «Hoy el productor está vendiendo una soja a 420.000 cuando podía haber vendido a 500.000 en noviembre. Eso tiene un impacto muy grande para pagar alquileres, para pagar insumos», dijo. No discute el precio de pizarra. Discute la renta que queda después del recorrido.

El dato que más inquieta al mercado es otro y también lo subrayó Iturriza. Al 15 de abril, con datos oficiales de la Secretaría, se había vendido menos de 5 millones de toneladas de soja sobre una cosecha esperada de 49 a 50 millones. Es decir, alrededor del 10 por ciento. Ese número vale más que cualquier discurso porque el productor vota con la venta. Si el negocio fuera tan atractivo como dice el Banco Central, la soja ya estaría saliendo. 

Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. Ahí aparece otro dato que rompe el relato oficial sobre una supuesta especulación abstracta. En maíz ya se vendieron 23 millones de toneladas contra 13 millones del año pasado. Son 10 millones más. En girasol, las declaraciones juradas llegaron a 1 millón de toneladas contra apenas 60.000 toneladas a la misma semana del año pasado. El trigo también muestra buenas ventas, aunque algo por debajo en términos porcentuales. La señal es clarísima: el campo no se sienta arriba de todo. Se sienta arriba de la soja.

Los productores retienen la soja enojados por la baja del dólar y cae la industria de molienda

La explicación que circula en las rutas, en las cooperativas y en las mesas de comercialización es muy argentina. Muchos productores esperan una mejora de condiciones. Una baja adicional de retenciones. Un dólar soja con otro nombre. Un incentivo.

Iturriza recordó que el propio Gobierno fue cambiando las reglas durante el año pasado, urgido por los dólares: primero bajó a 26, luego volvió a 33, después regresó a 26 con la promesa de permanencia y más tarde ensayó retención cero para la chicharrita en septiembre, una ventana que se cerró rápido por presión de Estados Unidos. Con ese antecedente, el productor supone que si espera puede conseguir algo mejor.

Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. 

Ese comportamiento además complica otro eslabón delicado: la molienda. Las plantas están trayendo soja paraguaya con régimen de importación temporal, algo que no es nuevo, pero sienten la falta de mercadería local. En el último trimestre de 2025 la molienda había tenido un impulso excepcional por los derechos de exportación en cero, con un volumen de ventas inédito para esa parte del año. Ahora el esquema volvió a su lógica tradicional: el productor guarda la soja hasta el borde y aprovecha la fortaleza de otros cultivos. En el sector explican que la pata local no está empujando y que eso le pone arena al engranaje industrial.

El problema más serio, sin embargo, no está en esta cosecha sino en la próxima. Iturriza advirtió que la nueva campaña «viene muy complicada» porque la urea subió entre 50% y 60%, el gasoil también pegó un salto fuerte y eso impacta de lleno en las labores. El productor arrastra costos hundidos, ve precios en pesos a la baja y, cuando proyecta la siembra de trigo o maíz, encuentra márgenes negativos o muy ajustados. La escena se repite en las zonas productivas: incluso los más eficientes están viendo que con este tipo de cambio y el futuro que descuenta el mercado, los números no dan.

Ahí aparece la falla estructural del razonamiento oficial. El Gobierno mejoró un precio relativo pero empeoró el negocio total. En el Excel del Banco Central puede verse un ingreso mejor medido en dólares efectivos. En el bolsillo del productor aparece otra cosa: inflación en pesos, costos dolarizados, fertilizantes más caros por la guerra, gasoil en alza y una rentabilidad que se achica. 

En el entorno rural agregan otro dato de color que no es menor. El productor medio no funciona como un financista sofisticado que liquida y se refugia en fondos comunes de inversión. Cobra en pesos, paga en pesos y, si le sobra algo, compra dólares. 

Por eso la pelea con Werning excede un cuadro del Banco Central. Lo que el Gobierno presenta como una demostración de normalidad, el campo lo ve como una verdad parcial que tapa el problema de fondo. El gráfico puede mostrar cuánto recibe hoy el productor en dólares. No dice cuánto gana y si le conviene vender.

Manuel Adorni apostó a formalismos, generalidades y a la supuesta «confidencialidad» para no dar explicaciones sobre el escándalo de los viajes y las propiedades en el informe escrito que envió a la Cámara de Diputados antes de su presencia en el recinto.

Después de las quejas de los diputados opositores por la demora en enviar las respuestas escritas, el jefe de Gabinete lo mandó este miércoles a las 8 de la mañana. Fue una forma de complicarle el trabajo a los opositores, que apenas tuvieron dos horas para leer las 1936 páginas del informe.

En las 2151 preguntas que enviaron los diputados, hubo una enorme cantidad vinculada a los escándalos vinculados con el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni que investiga la justicia federal. El jefe de Gabinete contestó muy pocas y, en un anticipo de lo que podría pasar en el recinto, y reiteró el recurso de mandar a los opositores a buscar la información en determinada respuestas. El problema es que esas respuestas son vagas y sin explicaciones concretas.

La oposición analiza bloquear los pasillos para que Adorni no se pueda escapar de Diputados

Las preguntas sobre las omisiones en sus declaraciones juradas Adorni las respondió escudándose en la confidencialidad que beneficia a su esposa Bettina Angeletti. «El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública. Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente», dice la respuesta 1780.

Adorni tampoco quiso responder si su amigo y socio Marcelo Grandío le pagó el viaje en avión privado a Punta del Este, si lo declaró como tal y si le pidió a la Oficina Anticorrupción que evalúe el posible conflicto de intereses. «No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción», dice la respuesta 559.

Respecto a las contrataciones de la TV Pública y Radio Nacional -que dependían de Adorni- a Grandío, el jefe de Gabinete respondió con un formalismo casi una chicana. «El señor Marcelo Grandío no fue contratado por RTA», dice la respuesta 1655. Se sabe que los contratos no fueron a nivel personal sino con su productora Imhouse, que se sospecha también sería del funcionario. Adorni admitió la existencia de seis contratos con Imhouse, pero dice que RTA no le pagó nada.

Por otro lado, Adorni también apostó al formalismo de responder que «no se registran contrataciones» de la firma de su esposa, +BE, con el Estado nacional. Pero la sospecha es que esos contratos se triangularon con empresas y organismos estatales y también con proveedoras que súbitamente requirieron de los servicios de coaching de Angeletti.

Las vaguedades que respondió Adorni requerirán mayor seriedad para responder ante la Justicia que, según reveló Clarín, tiene documentado que el jefe de Gabinete movió en efectivo 104.640 dólares en menos de un año. Además, tiene deudas por 335.000 dólares que debe cancelar en seis meses. Unos números imposibles de justificar con un sueldo que hasta hace tres meses era de 3,5 millones de pesos.

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a visitar y recorrer el próximo domingo 19 la Feria ReEmprender con una edición especial para palpitar la llegada de la primavera. De 14 a 18 horas las casitas de los artesanos ubicadas en la Plaza Primeros Pobladores estarán listas para recibir a una…