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ROCA YA CUENTA CON UNA SUBCOMISIÓN CENTRADA EN LA PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio  de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial

El contexto nacional con la media sanción en senadores al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica y la producción industrial del cáñamo, hace parar la oreja a más de un productor regional.

Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y en la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis (tanto medicinal como cáñamo industrial) emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.

Las características geográficas del Alto Valle son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. Es una Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. A la vez son Productos con un alto valor internacional y es una cadena generadora de Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.

Una buena oportunidad se abre en el valle debido a que  La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio  de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial.

La articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles, la vinculación entre diversos actores de la militancia y sectores de la industria, las actividades de difusión y capacitación, más la posibilidad de una reactivación de la economía regional con otro tipo de producción, teniendo en cuenta el contexto productivo actual donde los pequeños productores han sido devorados por las grandes empresas, son algunos de los ejes centrales de la nueva subcomisión.

En esta ocasión la abogada Julieta peralta, miembro de la subcomisión, nos explica cuales son los avances, objetivos y otras yerbas..

Uno de los principales objetivos de la subcomisión es la articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles (nacional, provincial y local, e incluso internacional) “para todo lo que sea información, para estar al tanto de las disposiciones que salen, las regulaciones que se establezcan en el sector y para poder empezar a generar convenios colaborativos con estos entes siempre en pos del desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo”.

Esta subcomisión tiene también el propósito de realizar actividades de difusión, encuentros para concientizar, educar y capacitar a todos los sectores involucrados. Julieta Peralta sostiene en relación al cannabis medicinal que “la cadena cultivador-usuario-médico se amplía con lo industrial porque tendríamos en el medio la comercialización, la distribución y ni hablar con el cáñamo que se va a ampliar lo productivo”.

Otro objetivo es impulsar el desarrollo productivo del cannabis medicinal y principalmente del cáñamo industrial en el Valle de Río Negro. “Queremos darle prioridad a nuestra zona, el potencial de la provincia es muchísimo y sobre todo en el Valle, porque la tierra es muy fértil”, afirmó la abogada.

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    La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara una nueva ola de despidos en todo el Estado

     

    El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

    Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

    Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

    La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

    Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

    Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

    Organismos estratégicos bajo la mira

    Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

    También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

    El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

    La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

    La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

    Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.

     

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