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ROCA YA CUENTA CON UNA SUBCOMISIÓN CENTRADA EN LA PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio  de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial

El contexto nacional con la media sanción en senadores al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica y la producción industrial del cáñamo, hace parar la oreja a más de un productor regional.

Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y en la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis (tanto medicinal como cáñamo industrial) emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.

Las características geográficas del Alto Valle son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. Es una Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. A la vez son Productos con un alto valor internacional y es una cadena generadora de Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.

Una buena oportunidad se abre en el valle debido a que  La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio  de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial.

La articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles, la vinculación entre diversos actores de la militancia y sectores de la industria, las actividades de difusión y capacitación, más la posibilidad de una reactivación de la economía regional con otro tipo de producción, teniendo en cuenta el contexto productivo actual donde los pequeños productores han sido devorados por las grandes empresas, son algunos de los ejes centrales de la nueva subcomisión.

En esta ocasión la abogada Julieta peralta, miembro de la subcomisión, nos explica cuales son los avances, objetivos y otras yerbas..

Uno de los principales objetivos de la subcomisión es la articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles (nacional, provincial y local, e incluso internacional) “para todo lo que sea información, para estar al tanto de las disposiciones que salen, las regulaciones que se establezcan en el sector y para poder empezar a generar convenios colaborativos con estos entes siempre en pos del desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo”.

Esta subcomisión tiene también el propósito de realizar actividades de difusión, encuentros para concientizar, educar y capacitar a todos los sectores involucrados. Julieta Peralta sostiene en relación al cannabis medicinal que “la cadena cultivador-usuario-médico se amplía con lo industrial porque tendríamos en el medio la comercialización, la distribución y ni hablar con el cáñamo que se va a ampliar lo productivo”.

Otro objetivo es impulsar el desarrollo productivo del cannabis medicinal y principalmente del cáñamo industrial en el Valle de Río Negro. “Queremos darle prioridad a nuestra zona, el potencial de la provincia es muchísimo y sobre todo en el Valle, porque la tierra es muy fértil”, afirmó la abogada.

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  • El Chiqui Tapia apuesta al vínculo con Karina para sobrevivir en la AFA

     

    Claudio «Chiqui» Tapia apuesta su buen vínculo con Karina Milei para sobrevivir ante el avance de las causas judiciales con que un sector de la política, con Mauricio Macri a la cabeza, busca destronarlo de la AFA.

    La relación del titular de la asociación del fútbol con la hermana del presidente se tejió cuando ambos viajaron a Asunción en diciembre de 2024 para el anuncio oficial de los partidos inaugurales del Mundial 2030 para Argentina, Uruguay y Paraguay. Karina suele afianzar sus relaciones en los viajes, como hizo con Pablo Quirno en Canadá, y desde entonces mantuvo un canal abierto con el Chiqui.

    Desde entonces, el diálogo no es frecuente, pero la relación es lo suficientemente buena como para amortiguar la embestida judicial contra el titular de la AFA. De hecho, la llegada al ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques, por obra de la propia Karina, respondió a un mensaje de tregua con Tapia.

    El pacto de Karina con Mahiques y la AFA se selló cuando el ministro consiguió la fuente de los audios de Diego Spagnuolo que revelaron un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se publicaron en exclusiva en Carnaval Stream, el canal asociado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

    Juan Bautista Mahiques

    El mensaje de paz no fue sólo simbólico: se vio reflejado en la ralentización del curso de las causas que el año pasado avanzaban contra la AFA. Como anticipó LPO, Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Tapia y Toviggino en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.

    Tofoni, como contrapartida, podría quedar complicado en la Justicia de Estados Unidos por filtrarle a la prensa la información que obtuvo mediante un pedido de discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense. Ese discovery le permitió acceder a documentación que, según denunció Tofoni, revela que de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni, cerca de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad real.

    Más allá de la muñeca de Mahiques, la situación judicial de Tapia y Toviggino tiene también su capítulo en Estados Unidos. Tres días después del Mundial, la AFA debió salir a negar que el FBI le haya incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a Tapia. Pero el Chiqui cambió el número de teléfono desde entonces.

     

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    La represa Futaleufú, otra licitación bajo sospecha: el Gobierno prepara un proceso para favorecer a grupos cercanos al poder

     

    La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei

    Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.

    La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.

    Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación

    La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.

    No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.

    Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia

    Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.

    La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.

    El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.

    El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar

    La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.

    Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.

    Una política energética cada vez más concentrada

    La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.

    En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.

    Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse

    La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.

    Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.

     

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