La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial
El contexto nacional con la media sanción en senadores al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica y la producción industrial del cáñamo, hace parar la oreja a más de un productor regional.
Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y en la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis (tanto medicinal como cáñamo industrial) emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.
Las características geográficas del Alto Valle son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. Es una Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. A la vez son Productos con un alto valor internacional y es una cadena generadora de Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.
Una buena oportunidad se abre en el valle debido a que La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial.
La articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles, la vinculación entre diversos actores de la militancia y sectores de la industria, las actividades de difusión y capacitación, más la posibilidad de una reactivación de la economía regional con otro tipo de producción, teniendo en cuenta el contexto productivo actual donde los pequeños productores han sido devorados por las grandes empresas, son algunos de los ejes centrales de la nueva subcomisión.
En esta ocasión la abogada Julieta peralta, miembro de la subcomisión, nos explica cuales son los avances, objetivos y otras yerbas..
Uno de los principales objetivos de la subcomisión es la articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles (nacional, provincial y local, e incluso internacional) “para todo lo que sea información, para estar al tanto de las disposiciones que salen, las regulaciones que se establezcan en el sector y para poder empezar a generar convenios colaborativos con estos entes siempre en pos del desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo”.
Esta subcomisión tiene también el propósito de realizar actividades de difusión, encuentros para concientizar, educar y capacitar a todos los sectores involucrados. Julieta Peralta sostiene en relación al cannabis medicinal que “la cadena cultivador-usuario-médico se amplía con lo industrial porque tendríamos en el medio la comercialización, la distribución y ni hablar con el cáñamo que se va a ampliar lo productivo”.
Otro objetivo es impulsar el desarrollo productivo del cannabis medicinal y principalmente del cáñamo industrial en el Valle de Río Negro. “Queremos darle prioridad a nuestra zona, el potencial de la provincia es muchísimo y sobre todo en el Valle, porque la tierra es muy fértil”, afirmó la abogada.
El sector inmobiliario argentino atraviesa una grieta central en el último año y medio entre los que defienden la matrícula obligatoria para operar, manejada históricamente por los Colegios y Cajas Inmobiliarias, y los que proponen poner en competencia a ese sistema.
Hasta hace pocos años parecía una discusión imposible de instalar, pero hace varios meses comenzó a filtrarse en fundaciones, despachos políticos y legislativos, cámaras empresariales y debates técnicos. Detrás de esa incomodidad empezó a aparecer un nombre repetido con insistencia en el sector, Jorge Amoreo Casotti.
Casotti lleva meses tejiendo una estrategia para instalar el tema en la agenda del gobierno. El evento de Reporte Inmobiliario en la UCA fue el momento elegido para salir a la luz. El 27 de abril pasado, en un auditorio de la facultad ubicada en Puerto Madero, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó de exponer ante desarrolladores e inmobiliarios cuando, desde el público, Casotti tomó el micrófono y realizó la única pregunta del evento, incómoda, pero que muchos esperaban.
Casotti no es un dirigente corporativo ni un referente político conocido. Es fundador de Pint, una startup proptech que opera en el mercado de intermediación inmobiliaria en varias ciudades. En sus redes sociales se distingue, sin decirlo, como un libertario radical. En una publicación de Instagram mostró una reunión personal con Alberto Benegas Lynch, figura de referencia para Javier Milei y los libertarios.
De esas entrañas provienen las ideas de Casotti. Pero no todo es idealismo. La pregunta en el evento de Reporte Inmobiliario no fue precisamente espontánea. Según pudo saber este medio, Casotti tenía perfectamente coordinada la situación para volver a poner el tema en la agenda.
El intercambio funcionó como el disparador público de algo que el gobierno ya tenía en carpeta: Sturzenegger confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete de desregulación inmobiliaria con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.
Casotti no viene del riñón del sector inmobiliario tradicional. Pero desde principios de 2025 se volvió una voz disruptiva en la industria. Llegó a ser considerado para ocupar el rol de director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) cuando la entidad era presidida por Iván Ginevra, de estrecha relación con el libertario, e importante empresario inmobiliario de Puerto Madero. Casotti no pudo nunca asumir su cargo porque la comisión directiva de la CIA lo despachó rápidamente. Luego también lo hizo con Ginevra, que dejó el cargo por haberlo propuesto.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
Los cambios apuntan a un esquema más flexible, con la figura del corredor independiente, la eliminación de restricciones territoriales y la posibilidad de acordar comisiones libremente. Según informó El Cronista, hoy la intermediación puede representar más del 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos, tasas y procesos burocráticos.
Jorge Amoreo Casotti.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
En un reciente video de Youtube, titulado «La verdad sobre el plan del gobierno para destruir la industria», dos históricos referentes del sector apuntan principalmente contra Casotti. Se trata de Alberto Loyarte, de Semana Inmobiliaria, y Alejandro Braña, de Braña Propiedades. No solo apuntan a Casotti, también señalan a Daimán Tabakman, reconocido consultor inmobiliario, José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, y al célebre influencer Beltrán Briones como parte de una conspiración digitada por el propio gobierno.
Otro dato no menor se dio el mes pasado en la cena de la Fundación Libertad. El cónclave que reunió a las máximas figuras libertarias también contó con la presencia del empresario inmobiliario detrás de la desregulación. Según fuentes que asistieron al evento, se pudo ver a Casotti hablando junto a Sturzenegger cuando finalizaba el encuentro, lo que da sobradas muestras de la cercanía entre el Ministro y el CEO de Pint.
Hay también un antecedente jurídico que los críticos esgrimen: el decreto 2484 de 1991, impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, planteó una desregulación comparable y terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema, dado que las provincias poseen la facultad de ejercer el poder de policía sobre las profesiones y de delegar ese control en los colegios profesionales.
Lo que distingue a Casotti del perfil típico del lobbista sectorial es su exposición pública y su disposición al conflicto directo. Mientras las críticas al sistema colegiado circulaban históricamente en conversaciones privadas, él decidió convertirlas en ofensiva abierta. «Esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo técnico sino también desde lo moral», comentó en El Cronista.
El gobierno, por su parte, ya tomó posición. Sturzenegger cuestionó abiertamente el rol de los colegios profesionales y afirmó «que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social». Aunque aclaró que el problema no es la existencia de estas entidades, sino su carácter coactivo, y el uso de regulaciones para fijar condiciones que no responden al mercado.
Con el proyecto camino al Congreso y el sector dividido, Casotti pasó de ser un nombre que circulaba en foros especializados de la innovación a convertirse en el rostro civil de una de las reformas más polémicas de las últimas décadas, y que el oficialismo tiene en agenda para el segundo semestre.
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