La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial
El contexto nacional con la media sanción en senadores al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis para uso medicinal y de investigación científica y la producción industrial del cáñamo, hace parar la oreja a más de un productor regional.
Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y en la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis (tanto medicinal como cáñamo industrial) emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.
Las características geográficas del Alto Valle son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. Es una Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. A la vez son Productos con un alto valor internacional y es una cadena generadora de Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.
Una buena oportunidad se abre en el valle debido a que La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial.
La articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles, la vinculación entre diversos actores de la militancia y sectores de la industria, las actividades de difusión y capacitación, más la posibilidad de una reactivación de la economía regional con otro tipo de producción, teniendo en cuenta el contexto productivo actual donde los pequeños productores han sido devorados por las grandes empresas, son algunos de los ejes centrales de la nueva subcomisión.
En esta ocasión la abogada Julieta peralta, miembro de la subcomisión, nos explica cuales son los avances, objetivos y otras yerbas..
Uno de los principales objetivos de la subcomisión es la articulación institucional con el sector público y privado, en todos los niveles (nacional, provincial y local, e incluso internacional) “para todo lo que sea información, para estar al tanto de las disposiciones que salen, las regulaciones que se establezcan en el sector y para poder empezar a generar convenios colaborativos con estos entes siempre en pos del desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo”.
Esta subcomisión tiene también el propósito de realizar actividades de difusión, encuentros para concientizar, educar y capacitar a todos los sectores involucrados. Julieta Peralta sostiene en relación al cannabis medicinal que “la cadena cultivador-usuario-médico se amplía con lo industrial porque tendríamos en el medio la comercialización, la distribución y ni hablar con el cáñamo que se va a ampliar lo productivo”.
Otro objetivo es impulsar el desarrollo productivo del cannabis medicinal y principalmente del cáñamo industrial en el Valle de Río Negro. “Queremos darle prioridad a nuestra zona, el potencial de la provincia es muchísimo y sobre todo en el Valle, porque la tierra es muy fértil”, afirmó la abogada.
La renuncia del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, anunciada el domingo por la noche por Luis «Toto» Caputo, está vinculada a desacuerdos por el proyecto de Súper RIGI que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.
Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida.
El propio Caputo apeló a ese eufemismo (también con una foto sonriente) en febrero pasado ante la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aunque luego LPO reveló que se debió a diferencias con la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares, algo que más tarde fue confirmado por diversas fuentes. En enero también renunció por «motivos personales» el secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque la razón fue una denuncia por corrupción con los subsidios a los colectivos.
Ahora, fuentes ligadas al Palacio de Hacienda dijeron a LPO que el verdadero motivo de la salida de García Hamilton es que tuvo diferencias con el proyecto de Súper RIGI e incluso no habría aceptado firmar un dictamen a su cargo para darle la validación jurídica.
Según las fuentes, García Hamilton estaba en desacuerdo con el arbitraje internacional obligatorio que establece el texto. El Súper RIGI indica que
ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto y las disputas pueden dirimirse ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI.
Esto ya había generado quejas de las oposición porque el texto establece la nulidad absoluta de cualquier norma local, provincial o municipal que colisione o limite los beneficios del régimen durante los 30 años de estabilidad prometidos. Para los opositores se trata de una «cesión inconstitucional de soberanía».
Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida
Caputo anunció que el reemplazante de García Hamilton será Juan Ignacio Stampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación y fue parte del equipo jurídico que trabajó en el juicio por la expropiación de YPF. Stampalija es parte del sector que lidera Santiago Caputo.
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La irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede explicarse únicamente como un fenómeno electoral ni como el simple ascenso de una nueva derecha. Hay algo más profundo ocurriendo en el modo en que el poder se legitima, organiza el lenguaje público y redefine quién merece reconocimiento dentro de la comunidad política. Allí es donde una lectura atravesada por las categorías de Michel Foucault adquiere una potencia singular: no para reducir el mileísmo a una fórmula académica, sino para comprender cómo un discurso de ruptura moral puede transformarse en una tecnología eficaz de gobierno.
El núcleo de esa construcción no es económico. Tampoco estrictamente ideológico. Es moral.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Milei no llegó al poder solamente prometiendo bajar la inflación o destruir regulaciones estatales. Llegó construyendo un antagonismo ético absoluto entre “la casta” y “los argentinos de bien”. Ese lenguaje, repetido hasta el agotamiento mediático, terminó produciendo algo mucho más relevante que un slogan: fabricó una identidad social.
Porque “argentino de bien” no funciona como una descripción objetiva. No existe un criterio verificable que permita determinar quién pertenece realmente a esa categoría. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. El concepto opera como una consagración moral difusa donde cada adherente puede reconocerse a sí mismo como parte de un grupo virtuoso amenazado por enemigos internos.
Allí aparece uno de los mecanismos centrales del poder contemporáneo: la administración de legitimidades.
La pureza como herramienta de poder
Foucault entendía que las sociedades modernas no se organizan únicamente mediante leyes o coerción física. El poder necesita producir discursos verdaderos, clasificar sujetos y establecer qué formas de vida son consideradas normales, productivas o deseables. Gobernar implica también ordenar moralmente la sociedad.
En la Argentina de Milei, esa lógica aparece de manera descarnada.
El “argentino de bien” es presentado como alguien que trabaja, paga impuestos, soporta sacrificios y rechaza cualquier forma de mediación colectiva asociada al Estado. Del otro lado emerge una masa difusa de sospechosos: sindicalistas, militantes, empleados públicos, movimientos sociales, periodistas críticos, universidades, artistas subvencionados, organismos de derechos humanos o cualquiera que cuestione el nuevo orden moral libertario.
No se trata simplemente de adversarios políticos. Se los construye discursivamente como sectores parasitarios, degenerados o moralmente inferiores.
Ese desplazamiento es decisivo. Porque cuando la política abandona el terreno del conflicto democrático y pasa a estructurarse sobre categorías morales absolutas, el opositor deja de ser alguien con quien se disputa el poder para convertirse en alguien cuya existencia misma aparece como ilegítima.
En otras palabras: ya no hay diferencias políticas; hay sujetos “sanos” enfrentados a elementos contaminantes.
La obsesión mileísta con palabras como “parásitos”, “zurdos de mierda”, “empobrecedores” o “casta” no responde solamente a un estilo agresivo. Constituye una forma de clasificación social. Una maquinaria simbólica destinada a dividir la población entre quienes merecen reconocimiento y quienes pueden ser humillados públicamente sin costo moral.
El outsider y la ficción de la excepción
La fuerza inicial de Milei provino de una promesa de exterioridad. Su legitimidad surgía de aparecer por fuera del sistema político tradicional, incluso cuando rápidamente comenzó a tejer alianzas con actores históricos del poder económico, mediático y judicial argentino.
Pero el outsider moderno no necesita estar realmente afuera del sistema. Le alcanza con conservar la narrativa de la excepción moral.
Ahí reside una de las grandes paradojas del mileísmo contemporáneo. Incluso frente a denuncias, escándalos, negociaciones opacas o evidencias de privilegios dentro del propio gobierno, parte importante de su electorado sigue interpretando esos hechos como secundarios frente a una supuesta batalla histórica contra enemigos mayores.
Ese fenómeno revela algo incómodo sobre el funcionamiento real de las democracias contemporáneas: los ciudadanos no adhieren solamente a programas racionales; adhieren a sistemas emocionales de interpretación del mundo.
Cuando un gobierno logra construir una identidad moral fuerte, la evidencia objetiva pierde centralidad. Los hechos dejan de evaluarse en sí mismos y pasan a interpretarse según quién los denuncia y desde qué lugar político se enuncian. Por eso la corrupción puede relativizarse. No porque deje de existir, sino porque el discurso oficial logra reorganizar su significado. Si el líder continúa siendo percibido como quien combate a “los verdaderos corruptos”, entonces las contradicciones internas pueden absorberse dentro del relato épico de transformación nacional.
La pregunta deja de ser “¿hubo corrupción?” y pasa a ser “¿quién está denunciando y con qué intención?”.
La batalla cultural como disciplina
Uno de los aspectos más sofisticados del fenómeno Milei es haber convertido la confrontación permanente en una forma estable de gobierno. La agresión constante no constituye una anomalía comunicacional ni una pérdida de control emocional. Funciona como una pedagogía política.
Cada ataque presidencial contra periodistas, economistas, artistas o dirigentes opositores produce un efecto disciplinador sobre el resto de la esfera pública. El mensaje implícito es transparente: cualquiera que cuestione el relato oficial puede ser expuesto, ridiculizado o transformado en enemigo colectivo.
Foucault estudió precisamente cómo el poder moderno ya no depende exclusivamente del castigo físico espectacular. El control más eficiente es aquel que induce autocensura, vigilancia mutua y adaptación preventiva. Las redes sociales radicalizaron ese mecanismo hasta niveles inéditos. El ecosistema digital mileísta opera muchas veces como una estructura de disciplinamiento distribuido donde miles de usuarios reproducen hostigamientos, campañas de señalamiento y persecuciones simbólicas contra figuras disidentes. El resultado es un clima político donde la violencia verbal deja de ser excepcional y pasa a constituir la atmósfera cotidiana del debate público.
En ese contexto, la idea de “argentinos de bien” cumple una función central: ofrece legitimidad moral anticipada para la agresión. Si el adversario es presentado como corrupto, degenerado o enemigo de la nación, entonces la violencia discursiva aparece justificada como una forma de defensa social.
El sacrificio como virtud
Otro rasgo distintivo del mileísmo es la moralización del sufrimiento económico. En condiciones normales, una caída abrupta del salario, el consumo o el empleo debería erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental. Sin embargo, Milei logró transformar el ajuste en una prueba ética.
El sacrificio ya no aparece como consecuencia de una política económica concreta, sino como evidencia de madurez social. “Había que pasarla mal”. “No hay plata”. “Estamos pagando décadas de populismo”. El dolor se resignifica como purificación. Ese mecanismo conecta profundamente con la subjetividad neoliberal contemporánea: el individuo debe aceptar precariedad, pérdida de derechos y deterioro material como demostración de responsabilidad personal.
El ciudadano deja entonces de percibirse como sujeto de derechos colectivos y comienza a entenderse como emprendedor moral de sí mismo. Aguantar se vuelve una virtud. Resistir el ajuste se convierte en signo de pertenencia identitaria.
La política ya no promete bienestar inmediato. Promete redención futura a cambio de obediencia presente.
La nueva legitimidad autoritaria
Quizás el aspecto más inquietante de la experiencia argentina actual sea que gran parte de estas transformaciones ocurren dentro de procedimientos democráticos formales. No hace falta clausurar elecciones para producir dinámicas autoritarias. Basta con erosionar sistemáticamente la legitimidad de toda institución intermedia capaz de limitar el poder presidencial.
La demonización del periodismo, el desprecio por el Congreso, el ataque permanente a las universidades, la ridiculización de organismos científicos y la construcción de enemigos internos constantes forman parte de una lógica más amplia: vaciar de autoridad simbólica cualquier espacio que pueda disputar la producción de verdad oficial.
Allí aparece una intuición foucaultiana fundamental: el poder más eficaz no es necesariamente el que prohíbe, sino el que logra que una sociedad naturalice sus propias formas de sometimiento. Tal vez por eso el fenómeno Milei no pueda analizarse solamente como una anomalía argentina ni como una excentricidad mediática. Expresa una mutación más profunda de las democracias contemporáneas: la transición desde sistemas políticos organizados alrededor de consensos institucionales hacia regímenes de legitimidad emocional, identitaria y moral.
En ese nuevo escenario, la verdad importa menos que la pertenencia. La coherencia menos que la fidelidad. Y la corrupción menos que la capacidad de seguir convenciendo a millones de personas de que, pese a todo, continúan formando parte de “los buenos”.
En la lejana tierra de Cahors, provincia de Quercy; en el sudoeste Francés, muy cerquita de los montes Pirineos; en el año 150 DC y procedente de Italia llegaba con más penas que gloria una uva que con el tiempo se convertiría en estrella. Côt, la llamaban por ese entonces, durante el imperio Romano formó…
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