Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Gral. Roca que revocó la medida cautelar que le permitía a la familia de Joaquín cultivar y elaborar el aceite de cannabis, la abuela de Joa transmitió a través de las redes un video donde contaba que la decisión de la familia era seguir cultivando más allá del fallo.
En 2018 la mamá de Joaquin, promovió una acción de amparo para lograr la autorización para el cultivo y fabricación del aceite.
En la presentación solicitaron al Estado el suministro de aceites necesario para el tratamiento del niño y reclamaron que hasta tanto el demandado diese cumplimiento a lo reclamado, se dispusiera cautelarmente la autorización para cultivar cannabis en su domicilio, petición que tuvo respuesta favorable por parte de la Jueza Federal de Viedma.
El fallo firmado por los jueces Ricardo Guido Barreiro,
Mariano Lozano y Richard Gallego argumenta que debe ser el Estado Nacional
quien se encargue de proveer el aceite de cannabis y no es potestad de la
familia realizar la medicina de forma casera.
Ahora, el mismo Joaquín, quien padece el síndrome de tourette, quiso presentarse y dar su opinión sobre su “HERMOSURA” (como el nombra a la planta de cannabis) pero prohibida medicina natural que le permite a él y a muchos muchos más, tener una mejor calidad de vida.
Un caso de la región que pone en agenda nacional al cannabis medicinal, quizás no como debería, pero al menos lo visibiliza. La problemática no se trata de un caso en particular, se trata de un tema de salud pública, una nueva deuda de la democracia.
La ley 27350 votada hace dos años a las claras no tuvo como objetivo atender las necesidades de familias que requieren el aceite para aliviar determinadas patologías sino más bien intentar atraer dólares extranjeros. ¿Traerlos para después fugarlos?. Las madres que impulsaron la norma siguen siendo perseguidas y penadas como si fuesen homicidas.
La misma justicia que le niega el amparo a Joaquín es la que permitió cultivar en Jujuy en tierras del Estado al hijo del gobernador asociado a empresas extranjeras cuando la ley solo autoriza el cultivo al INTA y al CONICET con fines de investigación médica o científica. Como también en estos días la ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, y miembros de una empresa farmacéutica norteamericana a los efectos de llevar adelante un proyecto medicinal con destino de exportación.
Hoy Joaquín y su familia, inconscientemente, desde el valor y el coraje que les da el luchar por el bienestar de toda la familia, se convierten en la voz de muchos más que a causa de la persecución a la que son sometidos se sumergen a la clandestinidad o al narcomenudeo del mercado negro, un mercado sustentado por las esferas más altas de la sociedad.
La extrema lejanía entre los magistrados y la gente, es pura y exclusiva decisión de ellos. Una estrategia política. La apatía judicial es una elección. A lo largo del tiempo fueron alejándose del pueblo y empatizando con las antípodas del mismo. Acercándose a los entramados políticos y empresariales, perdiendo objetividad, menospreciando y devaluando su jerarquía y posición.
Mientras la ciencia siga siendo un negocio para pocos, mientras la ciencia médica siga siendo principalmente un negocio, tener la medicina en el patio de la casa seguirá siendo un escollo para las grandes corporaciones. Una solución que no van a liberar.
Hay que plantarse, una vez más, ante los empresarios, los dirigentes, los jueces. Hay que desnudar el reality porno expreso de relaciones carnales entre el ejecutivo, el judicial y las grandes empresas multinacionales. Tenemos que dejar de mirar cómo se relamen los lomos entre ellos frente a nosotros los terrestres que pocas veces somos beneficiarios de sus decisiones. Y esas pocas que se dan, logran sobreponerse porque son erupcionadas desde el clamor social, desde la presión popular, porque suben como una burbuja en el agua de un suspiro de un marginal sumergido en lo profundo de un abandono estatal que agobia y ahoga.
¿Calidad de vida o Negociados? ¿Ciencia en favor de todos o de unos pocos? ¿Autocultivo legal o en manos del Estado?
Justicia por Joaquín, por Baltazar, por Alejo, por Thiago, por Ramiro… y por todos los que necesitan el aceite de cannabis para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Sin cultivo no hay derechos. Sin derechos no hay salud. Si el Estado no asume la responsabilidad, exijimos la modificación del artículo 8 para la regulación del autocultivo y la despenalización del mismo.
El Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti cuenta con la curiosidad de ser el más antiguo del país. Con su próxima 36° edición en este 2020. Lo sigue el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con 35° Ediciones
¡ATENCIÓN! El plazo para envío de trabajos es corto!!!
Un paro dilatado en el tiempo a causa del dulce acomodo por parte del gobierno a los altos dirigentes sindicales, que como todos sabemos manejan intereses ajenos a los de los trabajadores. Un paro que muchos esperaban que se diera antes. Un paro nacional con alta adhesión, que en este caso y como siempre, tendrá…
El tatuador Diego Staropoli, de “Madinga Tattoo Studio”, estará en Villa Regina los días 29 y 30 de enero en el Galpón de las Artes “Benedicta Cipolletti” a partir de las 18hs para reconstruir mamas mediante tatuajes de areola y pezón. Lleva tatuadas 1700 mujeres. El tatuador Diego Staropoli viene a Regina, o mejor dicho…
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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