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«LA APATÍA JUDICIAL ES UNA ELECCIÓN»

Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Gral. Roca que revocó la medida cautelar que le permitía a la familia de Joaquín cultivar y elaborar el aceite de cannabis, la abuela de Joa transmitió a través de las redes un video donde contaba que la decisión de la familia era seguir cultivando más allá del fallo.

En 2018 la mamá de Joaquin, promovió una acción de amparo para lograr la autorización para el cultivo y fabricación del aceite.

En la presentación solicitaron al Estado el suministro de aceites necesario para el tratamiento del niño y reclamaron que hasta tanto el demandado diese cumplimiento a lo reclamado, se dispusiera cautelarmente la autorización para cultivar cannabis en su domicilio, petición que tuvo respuesta favorable por parte de la Jueza Federal de Viedma.

El fallo firmado por los jueces Ricardo Guido Barreiro, Mariano Lozano y Richard Gallego argumenta que debe ser el Estado Nacional quien se encargue de proveer el aceite de cannabis y no es potestad de la familia realizar la medicina de forma casera.

Ahora, el mismo Joaquín, quien padece el síndrome de tourette, quiso presentarse y dar su opinión sobre su “HERMOSURA” (como el nombra a la planta de cannabis) pero prohibida medicina natural que le permite a él y a muchos muchos más, tener una mejor calidad de vida.

Un caso de la región que pone en agenda nacional al cannabis medicinal, quizás no como debería, pero al menos lo visibiliza. La problemática no se trata de un caso en particular, se trata de un tema de salud pública, una nueva deuda de la democracia.

La ley 27350 votada hace dos años a las claras no tuvo como objetivo atender las necesidades de familias que requieren el aceite para aliviar determinadas patologías sino más bien intentar atraer dólares extranjeros. ¿Traerlos para después fugarlos?. Las madres que impulsaron la norma siguen siendo perseguidas y penadas como si fuesen homicidas.

La misma justicia que le niega el amparo a Joaquín es la que permitió cultivar en Jujuy en tierras del Estado al hijo del gobernador asociado a empresas extranjeras cuando la ley solo autoriza el cultivo  al INTA y al CONICET con fines de investigación médica o científica. Como también en estos días la ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, y miembros de una empresa farmacéutica norteamericana a los efectos de llevar adelante un proyecto medicinal con destino de exportación.

Hoy Joaquín y su familia, inconscientemente, desde el valor y el coraje que les da el luchar por el bienestar de toda la familia, se convierten en la voz de muchos más que a causa de la persecución a la que son sometidos se sumergen a la clandestinidad o al narcomenudeo del mercado negro, un mercado sustentado por las esferas más altas de la sociedad.

La extrema lejanía entre los magistrados y la gente, es pura y exclusiva decisión de ellos. Una estrategia política. La apatía judicial es una elección. A lo largo del tiempo fueron alejándose del pueblo y empatizando con las antípodas del mismo. Acercándose a los entramados políticos y empresariales, perdiendo objetividad, menospreciando y devaluando su jerarquía y posición.

Mientras la ciencia siga siendo un negocio para pocos, mientras la ciencia médica siga siendo principalmente un negocio, tener la medicina en el patio de la casa seguirá siendo un escollo para las grandes corporaciones.
Una solución que no van a liberar.

Hay que plantarse, una vez más, ante los empresarios, los dirigentes, los jueces. Hay que desnudar el reality porno expreso de relaciones carnales entre el ejecutivo, el judicial y las grandes empresas multinacionales. Tenemos que dejar de mirar cómo se relamen los lomos entre ellos frente a nosotros los terrestres que pocas veces somos  beneficiarios de sus decisiones. Y esas pocas que se dan, logran sobreponerse porque son erupcionadas desde el clamor social, desde la presión popular, porque suben como una burbuja en el agua de un suspiro de un marginal sumergido en lo profundo de  un abandono estatal que agobia y ahoga.

¿Calidad de vida o Negociados? ¿Ciencia en favor de todos o de unos pocos? ¿Autocultivo legal o en manos del Estado?

Justicia por Joaquín, por Baltazar, por Alejo, por Thiago, por Ramiro… y por todos los que necesitan el aceite de cannabis para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Sin cultivo no hay derechos. Sin derechos no hay salud. Si el Estado no asume la responsabilidad, exijimos la modificación del artículo 8 para la regulación del autocultivo y la despenalización del mismo.

Ley 27350
Ley 23737

Portada: Chelo Candia

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  • El gobernador Passalaqcua se perfila como opositor a Milei y manda a los senadores a votar en contra la ley de tierras

     

    Los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce podrían terminar de hundir el capítulo de extranjerización de la tierra contemplado en la ley de propiedad privada que el gobierno pretende someter a tratamiento este jueves. 

    La postura de ambos legisladores está supeditada al pedido de su propio espacio político en Misiones, cruzado por una cruda batalla por el liderazgo entre Carlos Rovira y Hugo Passalacqua.

    Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los dos senadores misioneros se inclinan por el rechazo a ese fragmento de la iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y podrían voltearlo en el recinto a pesar que Patricia Bullrich aceptó el pedido de los aliados para «topear» el porcentaje de la venta de tierras. 

    En medio de la trifulca entre los líderes del Frente Renovador de la Concordia, el voto negativo podría indicar el pasaje de Passalacqua al lote de gobernadores opositores a la Casa Rosada, después de casi tres años en los que la provincia colaboró con las leyes que pedía Javier Milei bajo la jefatura territorial de Rovira.

    El riesgo de ruptura entre ambos dirigentes escaló todavía más cuando el actual gobernador cortó el contrato de la aplicación Alegramed, cuyo principal beneficiario era Augusto Marini, dueño de los canales de streaming Blender y Carajo.

    La senadora Sonia Rojas Decut

    En ese contexto, los misioneros se muestran reticentes a acompañar al oficialismo, aun cuando el gobierno anunciaría cambios solicitados por los alaidos en la reunión que la jefa de bloque libertario mantuvo el viernes pasado con sus pares de otras bancadas cercanas a la Casa Rosada, tal como informó LPO. Sin embargo, no deja de ser una concesión que repudian los sectores sociales que se oponen a la venta de tierras a personas físicas o jurídicas del exterior, como la Iglesia, la CGT y las ONG ambientalistas.

    En la actualidad, el techo para la enajenación en manos extranjeras está en 15 por ciento del territorio, tanto a nivel nacional como provincial o departamental, y los libertarios pretenden derribar ese límite para que no exista un «tope». Frente a esa posibilidad, los aliados estimaron que sería mejor establecer el techo en 25 por ciento de las tierras, antes que dejar librada al mercado la suerte del territorio nacional.

    Milei volvió a fracasar con la ley de tierras y Bullrich tuvo que suspender la sesión hasta agosto

    Por eso, los intendentes de Misiones hicieron saber a Rojas Decut y Arce que se oponen a la ley.

    En el Senado deslizan que Rojas Decut evalúa separarse de la bancada que integra junto a Arce, Encuentro Misionero, para manejarse en un monobloque. Las razones para que se parta ese dúo quizá no solo haya que buscarlas en Misiones sino en los pasillos de la Cámara Alta: en la previa de la última sesión, cuando también se cayó el tratamiento de esta ley y Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio a regañadientes, se vio a la legisladora misionera abandonar raudamente el despacho de Victoria Villarruel, junto a la neuquina Julieta Corroza.

    Sturzenegger y Bullrich, en el Senado.

    Aquella tarde ni Rojas Decut ni Corroza, quien responde al gobernador Rolando Figueroa, estaban dispuestas a votar la venta de tierras.

    De hecho, la Casa Rosada sospechó por aquellas horas que la Vicepresidenta llamaba a los senadores aliados para que ni siquiera dieran quórum para la sesión, bajo la excusa que no podía votarse la enajenación del territorio nacional un día después que la Selección Argentina le ganara las semifinales del Mundial a Inglaterra provocando una efervescencia patriótica en las calles del país.

    En la previa de la última sesión, cuando también se cayó el tratamiento de esta ley y Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio a regañadientes, se vio a Rojas Decut abandonar raudamente el despacho de Victoria Villarruel, junto a la neuquina Julieta Corroza.

    Por lo demás, Rovira y Passalaqcua contaron hasta ahora con un lote de cuatro diputados, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, integrantes del bloque Innovación Federal junto a los salteños de Gustavo Sáenz y dos ex libertarios, y los senadores Rojas Decut y Arce.

    Ante la consulta de LPO, distintos miembros de la bancada respondieron que su lealtad estaba con uno o con otro de los referentes políticos, contradiciéndose entre sí. Una clara señal de que el conflicto no está resuelto y que la jefatura política sobre la tropa parlamentaria parece difusa por el momento.

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    Por Redacción de NLI

    Cuando se observa un mapa de la Argentina, resulta fácil pensar que el enorme territorio patagónico siempre formó parte del país tal como hoy lo conocemos. Sin embargo, esa imagen proyecta hacia el pasado una realidad que recién comenzó a consolidarse en las últimas décadas del siglo XIX. Hasta entonces, inmensas extensiones al sur del río Negro escapaban al control efectivo del Estado nacional. Eran tierras habitadas por diversos pueblos originarios, recorridas por comerciantes, exploradores y militares, y observadas con creciente interés por las grandes potencias marítimas de la época. En ese contexto surgieron proyectos tan extravagantes como inquietantes: crear un país independiente en la Patagonia, establecer protectorados extranjeros o incluso convertir parte del territorio austral en una colonia europea.

    Un territorio inmenso donde la soberanía todavía estaba en disputa

    Durante buena parte del siglo XIX, la Patagonia era más una aspiración cartográfica que una realidad política. La Constitución de 1853 proclamaba la integridad territorial de la Confederación Argentina, pero el control efectivo sobre el extremo sur era muy limitado. Las ciudades eran escasas, las comunicaciones con Buenos Aires resultaban extremadamente lentas y el Estado apenas podía sostener algunos destacamentos militares en la frontera.

    Esa situación era observada con atención por el Imperio Británico, por Chile y por distintas potencias europeas que comenzaban a mirar el Atlántico Sur como una región estratégica para el comercio mundial. Décadas antes de la apertura del Canal de Panamá, los barcos que unían los océanos Atlántico y Pacífico debían rodear el continente por el estrecho de Magallanes o el cabo de Hornos, convirtiendo a la Patagonia en una pieza geopolítica de enorme valor.

    La debilidad institucional argentina alimentó numerosas especulaciones. Viajeros europeos describían aquellas tierras como un espacio «vacío», ignorando deliberadamente la presencia de comunidades indígenas que habitaban la región desde hacía siglos. Esa idea del «territorio desocupado» sirvió de argumento para justificar proyectos de colonización impulsados desde el exterior.

    El extravagante «Reino de la Araucanía y la Patagonia»

    Quizás el episodio más llamativo ocurrió en 1860, cuando el abogado francés Orélie Antoine de Tounens desembarcó en Sudamérica convencido de que podía fundar un nuevo reino. Tras establecer vínculos con algunos caciques mapuches del lado chileno de la cordillera, se proclamó «Rey de la Araucanía y la Patagonia», redactó una constitución, diseñó una bandera, creó símbolos nacionales y envió cartas a gobiernos europeos buscando reconocimiento diplomático.

    Su proyecto combinaba ambición personal, oportunismo político y una lectura muy particular del contexto sudamericano. De Tounens sostenía que las naciones recién independizadas carecían de capacidad para administrar aquellos territorios y que una monarquía respaldada por Francia podría garantizar estabilidad y desarrollo. Aunque la iniciativa nunca obtuvo apoyo oficial de Napoleón III ni de ninguna potencia europea, despertó preocupación tanto en Argentina como en Chile porque evidenciaba hasta qué punto el vacío de poder podía ser aprovechado por actores externos.

    Las autoridades chilenas terminaron deteniéndolo y declarándolo insano, pero el episodio dejó una enseñanza que trascendió al personaje. La Patagonia aparecía, desde la mirada europea, como un espacio susceptible de reorganización política. No era simplemente una aventura individual: reflejaba una época en la que las potencias coloniales redefinían fronteras en África, Asia y Oceanía, mientras América del Sur tampoco escapaba a esas disputas.

    La consolidación del Estado argentino y una discusión que llega hasta el presente

    Durante las décadas siguientes, la dirigencia argentina aceleró el proceso de ocupación efectiva del sur. La denominada Conquista del Desierto, encabezada por Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, permitió extender el control estatal sobre enormes territorios, aunque lo hizo mediante una campaña militar que provocó el desplazamiento forzado, la muerte y el sometimiento de miles de integrantes de pueblos originarios. Durante mucho tiempo ese proceso fue presentado exclusivamente como una gesta civilizadora; hoy la historiografía incorpora también las profundas consecuencias humanas, culturales y territoriales que tuvo para las comunidades indígenas.

    Al mismo tiempo, comenzaron a fundarse nuevas localidades, se expandieron las líneas telegráficas, se impulsó la llegada de inmigrantes y se establecieron administraciones permanentes que fortalecieron la presencia estatal. El conflicto limítrofe con Chile continuó durante años y recién encontró una solución relativamente estable mediante acuerdos diplomáticos y arbitrajes internacionales, lo que terminó de consolidar la frontera austral.

    Sin embargo, la historia demuestra que la soberanía nunca depende únicamente de un mapa. Requiere población, infraestructura, instituciones, inversión pública y una presencia constante del Estado. Esa enseñanza conserva plena vigencia en el siglo XXI. La Patagonia sigue siendo una de las regiones estratégicas más importantes del planeta por sus recursos hídricos, energéticos y minerales, por su cercanía con la Antártida y por el valor geopolítico del Atlántico Sur. En un contexto internacional donde las grandes potencias vuelven a disputar recursos críticos y corredores estratégicos, recordar aquellos proyectos que imaginaron una Patagonia separada de la Argentina deja de ser una simple curiosidad histórica para transformarse en una reflexión sobre el modo en que se construye y se sostiene la soberanía nacional.

    La Patagonia nunca estuvo realmente destinada a convertirse en otro país, pero sí atravesó un período en el que esa posibilidad fue imaginada, discutida e incluso alentada por intereses externos. Conocer esa historia permite comprender que las fronteras no son hechos naturales e inmutables, sino el resultado de procesos políticos, conflictos, decisiones diplomáticas y proyectos de nación que se disputan a lo largo del tiempo. Es una lección que sigue interpelando a la Argentina cada vez que el debate sobre el desarrollo, la integración territorial o el control de sus recursos estratégicos vuelve al centro de la escena pública.

     

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