Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Gral. Roca que revocó la medida cautelar que le permitía a la familia de Joaquín cultivar y elaborar el aceite de cannabis, la abuela de Joa transmitió a través de las redes un video donde contaba que la decisión de la familia era seguir cultivando más allá del fallo.
En 2018 la mamá de Joaquin, promovió una acción de amparo para lograr la autorización para el cultivo y fabricación del aceite.
En la presentación solicitaron al Estado el suministro de aceites necesario para el tratamiento del niño y reclamaron que hasta tanto el demandado diese cumplimiento a lo reclamado, se dispusiera cautelarmente la autorización para cultivar cannabis en su domicilio, petición que tuvo respuesta favorable por parte de la Jueza Federal de Viedma.
El fallo firmado por los jueces Ricardo Guido Barreiro,
Mariano Lozano y Richard Gallego argumenta que debe ser el Estado Nacional
quien se encargue de proveer el aceite de cannabis y no es potestad de la
familia realizar la medicina de forma casera.
Ahora, el mismo Joaquín, quien padece el síndrome de tourette, quiso presentarse y dar su opinión sobre su “HERMOSURA” (como el nombra a la planta de cannabis) pero prohibida medicina natural que le permite a él y a muchos muchos más, tener una mejor calidad de vida.
Un caso de la región que pone en agenda nacional al cannabis medicinal, quizás no como debería, pero al menos lo visibiliza. La problemática no se trata de un caso en particular, se trata de un tema de salud pública, una nueva deuda de la democracia.
La ley 27350 votada hace dos años a las claras no tuvo como objetivo atender las necesidades de familias que requieren el aceite para aliviar determinadas patologías sino más bien intentar atraer dólares extranjeros. ¿Traerlos para después fugarlos?. Las madres que impulsaron la norma siguen siendo perseguidas y penadas como si fuesen homicidas.
La misma justicia que le niega el amparo a Joaquín es la que permitió cultivar en Jujuy en tierras del Estado al hijo del gobernador asociado a empresas extranjeras cuando la ley solo autoriza el cultivo al INTA y al CONICET con fines de investigación médica o científica. Como también en estos días la ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, y miembros de una empresa farmacéutica norteamericana a los efectos de llevar adelante un proyecto medicinal con destino de exportación.
Hoy Joaquín y su familia, inconscientemente, desde el valor y el coraje que les da el luchar por el bienestar de toda la familia, se convierten en la voz de muchos más que a causa de la persecución a la que son sometidos se sumergen a la clandestinidad o al narcomenudeo del mercado negro, un mercado sustentado por las esferas más altas de la sociedad.
La extrema lejanía entre los magistrados y la gente, es pura y exclusiva decisión de ellos. Una estrategia política. La apatía judicial es una elección. A lo largo del tiempo fueron alejándose del pueblo y empatizando con las antípodas del mismo. Acercándose a los entramados políticos y empresariales, perdiendo objetividad, menospreciando y devaluando su jerarquía y posición.
Mientras la ciencia siga siendo un negocio para pocos, mientras la ciencia médica siga siendo principalmente un negocio, tener la medicina en el patio de la casa seguirá siendo un escollo para las grandes corporaciones. Una solución que no van a liberar.
Hay que plantarse, una vez más, ante los empresarios, los dirigentes, los jueces. Hay que desnudar el reality porno expreso de relaciones carnales entre el ejecutivo, el judicial y las grandes empresas multinacionales. Tenemos que dejar de mirar cómo se relamen los lomos entre ellos frente a nosotros los terrestres que pocas veces somos beneficiarios de sus decisiones. Y esas pocas que se dan, logran sobreponerse porque son erupcionadas desde el clamor social, desde la presión popular, porque suben como una burbuja en el agua de un suspiro de un marginal sumergido en lo profundo de un abandono estatal que agobia y ahoga.
¿Calidad de vida o Negociados? ¿Ciencia en favor de todos o de unos pocos? ¿Autocultivo legal o en manos del Estado?
Justicia por Joaquín, por Baltazar, por Alejo, por Thiago, por Ramiro… y por todos los que necesitan el aceite de cannabis para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Sin cultivo no hay derechos. Sin derechos no hay salud. Si el Estado no asume la responsabilidad, exijimos la modificación del artículo 8 para la regulación del autocultivo y la despenalización del mismo.
Gabriel Katopodis y Julio Alak entraron en las últimas semanas en la «lista corta» de Axel Kicillof en la pelea por gobernación bonaerense. El ministro de Infraestructura saca una luz de ventaja en los sondeos que manejan en Casa de Gobierno, pero lo sigue de cerca el experimentado intendente de La Plata, considerado un «primus inter pares» por sus colegas.
Katopodis y Alak fueron mencionados en las últimas semanas como los candidatos más fuertes del axelismo, en una lista nutrida que incluye a Jorge Ferraresi, muy respetado por su gestión pero de persistente perfil bajo en los medios. «Ferraresi quiere ser el gran ministro de Obras Públicas de Kicillof presidente», afirmó a LPO uno de sus colegas.
También se menciona en La Plata a Carli Binaco y Andrés «Cuervo» Larroque. Se trata, por supuesto, de los candidatos propios de Kicillof, que luego deberán ir a una negociación interna con los postulantes de Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Semanas atrás, en una cumbre del Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna de Kicillof en el peronismo, el gobernador les pidió a los cinco que salgan a recorrer la provincia sin generar fricciones entre ellos.
Katopodis tiene a su favor las herramientas que le dan su gestión como ministro de Obras Públicas bonaerense y antes de Alberto Fernández en la Nación. Esa tarea le permitió y le permite capitalizar el reparto de obras a los distritos con fotos con los intendentes en cada punto de la provincia.
Katopodis y Alak fueron mencionados en las últimas semanas como los candidatos más fuertes del axelismo, en una lista nutrida que incluye a Jorge Ferraresi, muy respetado por su gestión pero de persistente perfil bajo en los medios.
En tanto, Alak y Ferraresi son candidatos que miden bien en sus zonas de influencia y arrastran una larga militancia peronista que nadie les discute . Alak tiene fuerte injerencia en la capital provincial y en los distritos cercanos como Berisso, Ensenada y Magdalena. Logró además poner en valor la capital provincial con un shock de obras, luego de la deslucida gestión del macrista Julio Garro.
Julio Alak, Axel Kicillof y Florencia Saintout.
Algo similar sucede con Ferraresi. Sus números vuelan en Avellaneda y también en Quilmes y Lanús. Pero por fuera de esos distritos del sur del conurbano el conocimiento sobre su figura pública se diluye.
Ferraresi renunció a la intendencia para buscar nuevos rumbos y abocarse de lleno a la campaña a gobernador. Al frente del municipio quedó su esposa Magdalena Sierra quien tendrá algo más de un año para instalarse como la sucesora.
Sin embargo, ahora podría volver en breve al gobierno municipal como jefe de asesores en una jugada que sorprende porque su deseo era abocarse de lleno a su instalación como candidato. Desde Avellaneda confirman que su regreso es una posibilidad aunque desmienten que el motivo de esa vuelta sea un pedido de los funcionarios del gabinete.
En cuanto a Alak, el intendente de La Plata encaró una campaña similar a la que le permitió recuperar la capital provincial: juntar a la vieja guardia el peronismo y consolidar poder desde allí. Ya hizo algunos actos con Eduardo Duhalde y reunió a ex intendentes y legisladores de la Quinta Sección.
Jorge Ferraresi.
En cuanto a Larroque y Bianco, en el peronismo creen que sus candidaturas son parte de una jugada para darle más opciones a Kicillof en la negociación final, en la que podrían aparecer otros candidatos que hoy aparecen por el medio, como los que integran la flamante Liga de Intendentes, entre los que se menciona a Federico Otermin y Federico de Achaval. O algún «independiente» como el intendente de Malvinas, Leo Nardini.
Bianco fue designado por Kicillof como armador bonaerense y en ese rol estuvo este sábado en un plenario en el interior bonaerense, donde reclamo a los distintos referentes del axelismo que empiecen a unificar la representación por distrito, para ir más ordenados a la negociación o pelea final con el kirchnerismo.
«Si hay negociación y Kicillof termina siendo el candidato a presidente del peronismo, va a poder condicionar la elección del candidato a gobernador, tal vez vetando a un ultra cámpora como Mayra Mendoza, pero no va a poder elegir el candidato», afirmó a LPO un intendente que sigue de cerca las negociaciones.
Una negociación en la que nadie se atreve a descartar que sobre el final aparezca Sergio Massa como el candidato a gobernador de la unidad, aunque por ahora el ex ministro de Economía asegura que lo tienta más la pelea presidencial.
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Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.
Por Roque Pérez para NLI
Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.
No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.
El Estado que quería prestar $52.600 millones
El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.
Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.
Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.
Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.
También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.
Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.
Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.
El gerente dijo que no y después llegó el traslado
La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.
El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.
Pourrere se negó a firmar.
Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.
Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?
El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.
El discurso libertario frente a la caja del Estado
Y acá aparece el problema político para Milei.
El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.
Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.
El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.
Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.
El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.
Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.
Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.
Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?
Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.
Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?
En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.
La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa Regina confirmó que el martes 29 de junio se depositarán los aguinaldos a los empleados municipales, los cuales se acreditarán el miércoles 30.
Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña la filosofía, sobre todo cuando se trata de las elecciones en la principal potencia de América del Sur. La atención estuvo concentrada en el duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Pero ayer, 4 de octubre, Brasil votó…
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