“LA APATÍA JUDICIAL ES UNA ELECCIÓN”
Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Gral. Roca que revocó la medida cautelar que le permitía a la familia de Joaquín cultivar y elaborar el aceite de cannabis, la abuela de Joa transmitió a través de las redes un video donde contaba que la decisión de la familia era seguir cultivando más allá del fallo.
En 2018 la mamá de Joaquin, promovió una acción de amparo para lograr la autorización para el cultivo y fabricación del aceite.
En la presentación solicitaron al Estado el suministro de aceites necesario para el tratamiento del niño y reclamaron que hasta tanto el demandado diese cumplimiento a lo reclamado, se dispusiera cautelarmente la autorización para cultivar cannabis en su domicilio, petición que tuvo respuesta favorable por parte de la Jueza Federal de Viedma.
El fallo firmado por los jueces Ricardo Guido Barreiro, Mariano Lozano y Richard Gallego argumenta que debe ser el Estado Nacional quien se encargue de proveer el aceite de cannabis y no es potestad de la familia realizar la medicina de forma casera.
Ahora, el mismo Joaquín, quien padece el síndrome de tourette, quiso presentarse y dar su opinión sobre su “HERMOSURA” (como el nombra a la planta de cannabis) pero prohibida medicina natural que le permite a él y a muchos muchos más, tener una mejor calidad de vida.
Un caso de la región que pone en agenda nacional al cannabis medicinal, quizás no como debería, pero al menos lo visibiliza. La problemática no se trata de un caso en particular, se trata de un tema de salud pública, una nueva deuda de la democracia.
La ley 27350 votada hace dos años a las claras no tuvo como objetivo atender las necesidades de familias que requieren el aceite para aliviar determinadas patologías sino más bien intentar atraer dólares extranjeros. ¿Traerlos para después fugarlos?. Las madres que impulsaron la norma siguen siendo perseguidas y penadas como si fuesen homicidas.
La misma justicia que le niega el amparo a Joaquín es la que permitió cultivar en Jujuy en tierras del Estado al hijo del gobernador asociado a empresas extranjeras cuando la ley solo autoriza el cultivo al INTA y al CONICET con fines de investigación médica o científica. Como también en estos días la ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, y miembros de una empresa farmacéutica norteamericana a los efectos de llevar adelante un proyecto medicinal con destino de exportación.
Hoy Joaquín y su familia, inconscientemente, desde el valor y el coraje que les da el luchar por el bienestar de toda la familia, se convierten en la voz de muchos más que a causa de la persecución a la que son sometidos se sumergen a la clandestinidad o al narcomenudeo del mercado negro, un mercado sustentado por las esferas más altas de la sociedad.
La extrema lejanía entre los magistrados y la gente, es pura y exclusiva decisión de ellos. Una estrategia política. La apatía judicial es una elección. A lo largo del tiempo fueron alejándose del pueblo y empatizando con las antípodas del mismo. Acercándose a los entramados políticos y empresariales, perdiendo objetividad, menospreciando y devaluando su jerarquía y posición.
Mientras la ciencia siga siendo un negocio para pocos, mientras la ciencia médica siga siendo principalmente un negocio, tener la medicina en el patio de la casa seguirá siendo un escollo para las grandes corporaciones.
Una solución que no van a liberar.
Hay que plantarse, una vez más, ante los empresarios, los dirigentes, los jueces. Hay que desnudar el reality porno expreso de relaciones carnales entre el ejecutivo, el judicial y las grandes empresas multinacionales. Tenemos que dejar de mirar cómo se relamen los lomos entre ellos frente a nosotros los terrestres que pocas veces somos beneficiarios de sus decisiones. Y esas pocas que se dan, logran sobreponerse porque son erupcionadas desde el clamor social, desde la presión popular, porque suben como una burbuja en el agua de un suspiro de un marginal sumergido en lo profundo de un abandono estatal que agobia y ahoga.
¿Calidad de vida o Negociados? ¿Ciencia en favor de todos o de unos pocos? ¿Autocultivo legal o en manos del Estado?
Justicia por Joaquín, por Baltazar, por Alejo, por Thiago, por Ramiro… y por todos los que necesitan el aceite de cannabis para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Sin cultivo no hay derechos. Sin derechos no hay salud. Si el Estado no asume la responsabilidad, exijimos la modificación del artículo 8 para la regulación del autocultivo y la despenalización del mismo.
Portada: Chelo Candia
