Axel Kicillof sumó al Movimiento Evita de Emilio Pérsico a su campaña presidencial y podría anunciar su candidatura el próximo 19 de septiembre en un acto en Avellaneda.
El gobernador bonaerense encabezará un acto de Movimiento Derecho al Futuro, su espacio, en la UTN de Villa Domínico. Para nutrir el acto convocó a la organización de Pérsico, que este jueves anunció su incorporación a la campaña.
Lo hizo a través de Eduardo «Cholo» Ancona, el secretario general del Evita en la provincia, que prometió movilizar fuertemente para que el acto no baje de las 20 mil personas. También se movilizará el Evita de Capital, conducido por Jonathan Thea.
El Evita informó que Ancona tendrá entre sus principales tareas la articulación con referentes políticos de distintas provincias y con representantes de sectores sociales, empresariales y gremiales, con el objetivo de ampliar la base territorial y política del espacio de Kicillof.
Los organizadores del acto esperan que Kicillof anuncie su candidatura formalmente. El gobernador bonaerense viene de una gira por Misiones, adonde visitó a su par Hugo Passalacqua.
Kicillof seguirá con su gira «federal» a fin de mes cuando visite el Alto Valle de Río Negro, invitado por la CGT.
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El desembarco de Fernando Cerimedo en el negocio de la Hidrovía, revelado por LPO, estuvo precedido por una serie de vínculos políticos que involucraron a un candidato de Carolina Losada y a dirigentes relacionados con el poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y abastecimiento de combustible para remolcadores y barcazas.
Molins es pariente de Herme «Vino Caliente» Juárez, quien condujo durante décadas el destino del negocio portuario desde el gremio de estibadores y la poderosa Cooperativa de Trabajo Portuario hasta que llegó Macri al gobierno y el dirigente terminó preso y afuera del sector.
Esa historia no impidió que Molins jugase en el 2023 en la interna para la lista de Losada para la gobernación. Antes, en 2021, había respaldado a la radical cuando ganó una banca en el Senado por Juntos por el Cambio: «Felicitamos a Carolina Losada, a quien acompañamos como referente de nuestro espacio», escribió entonces.
Losada fue la dirigente santafesina que más apoyó a Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, mientras que la exministra de Seguridad fue la principal promotora de Losada en la interna contra Maxi Pullaro para la gobernación. En Santa Fe recuerdan que Patricia viajó a festejar el triunfo de la periodista, pero perdió por paliza contra Pullaro.
Al mismo tiempo, Patricia tiene vínculos con Cerimedo. El consultor libertario contó en una entrevista que ingresó a la política argentina a través de Bullrich en 2019 y continuó trabajando con ella hasta 2021. Nadia Beller, la mujer a la que Cerimedo habría mandado a asesinar, contó que el consultor decía que era «muy cercano» a Bullrich. Otro vínculo entre ambos sería el consultor «Andy» Rivas, un socio de Cerimedo que asesoró a la exministra.
Acciones de SANABRIA SRL
El Boletín Oficial de Santa Fe muestra que en junio de 2022 Molins tenía 175 de las 500 cuotas de Sanabria, equivalentes al 35% de la compañía, mientras Iván Alberto Sanabria concentraba las 325 restantes. En enero de 2023, Molins transfirió toda su participación a Sergio Ezequiel Amarilla y salió formalmente de la sociedad.
Ese mismo año, el dirigente aceitero Luciano Mandón compitió por la intendencia de Puerto General San Martín contra el peronista Carlos De Grandis. Fuentes al tanto del negocio portuario aseguraron a LPO que Sanabria tenía el compromiso de conseguir la habilitación municipal para entrar en el negocio portuario si Mandón lograba desplazar al histórico intendente.
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios
«La promesa era que con un cambio de gobierno municipal se destrabara la habilitación que Sanabria no podía conseguir», explicó a LPO una fuente que conoce las gestiones realizadas alrededor del predio.
Mandón fue concejal de Puerto General San Martín entre 2017 y 2025, preside la Mutual AMPIAVA e integra la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Antes de llegar a Unidos había transitado por el peronismo y por Unidad Popular, el partido de Claudio Lozano.
El SOEA es conducido por Daniel Succi que llegó a la secretaría general por un acuerdo con Mandón. En el sector agroexportador lo conocen como «el dirigente de Vicentin» por su histórica vinculación con la cerealera que entró en default el 2019.
El desembarco de Mandon en Unidos se produjo a través del sector evangélico que conduce el pastor y diputado Walter Ghione. Dentro del armado regional también contó con el respaldo de Mariano Soria, médico sanitarista, exsecretario de Salud de San Lorenzo y candidato a senador por el departamento San Lorenzo.
Soria y Mandón compartieron actividades políticas y vínculos con el sector aceitero. Fuentes al tanto del armado aseguran que ambos trabajaron para arrebatarle Puerto General San Martín a De Grandis, que gobierna la ciudad desde hace décadas.
Cuando la derrota de Mandón dejó sin efecto el compromiso para habilitar el negocio portuario a Sanabria, desembarca Cerimedo y a través de Surlibre Inversiones y aparece como directivo Vicente Quintanal, señalado como testaferro del consultor libertario preso en Bolivia acusado de intento de femicidio.
El aceitero Luciano Mandon junto a Clara García y dirigentes socialistas
A partir de ese momento, la antigua guardería aceleró las gestiones para reconvertirse en una prestadora de servicios navales. La empresa consiguió autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord, pese a que el municipio todavía no le había otorgado la habilitación definitiva por falta de documentación.
Fuentes del complejo agroexportador sostienen que esas autorizaciones son prácticamente imposibles de obtener sin contactos con las máximas autoridades. «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura te de luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en un negocio donde entran pocos jugadores», había explicado a LPO un empresario con décadas de experiencia en el sector.
De esta manera, Sanabria atravesó tres etapas. La primera asociada a Molins y al armado político de Losada; luego buscó apoyo en dirigentes vinculados al gremio aceitero para conseguir la habilitación municipal; finalmente, tras la derrota de Mandón, el proyecto llegó al entorno de Cerimedo y escaló hasta incluir la compra de uno de los mayores terrenos portuarios disponibles sobre el Paraná. La pregunta que queda flotando en el sector es ¿quién llevó el negocio al ex dueño de La Derecha Diario?
El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.
La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.
Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad
Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?
Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.
Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.
El dato aparece en el primer año completo de Milei
La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.
La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.
La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.
Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse
La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.
Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.
Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.
Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.
Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.
Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.
Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.
