Tras la reunión con Sergio Massa y Máximo Kirchner en la que se llegó a un acuerdo para que haya una PASO presidencial en el peronismo, Axel Kicillof encaró esta semana un importante raid político que arrancó en Chaco y terminó con una reunión con Susan Segal en Buenos Aires y con una visita a Montevideo que incluyó una foto con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.
El gobernador bonaerense se reunió el jueves con la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, en el Hotel Alvear. Fue un encuentro que duró una hora donde Kicillof trazó un diagnóstico de la situación del país. También participaron varios empresarios.
Este viernes, Kicillof viajó a Montevideo para participar del Tercer Congreso Panamericano, un ámbito que reúne a políticos progresistas de varios países. El presidente Yamandú Orsi lo recibió en la Torre Ejecutiva, la sede del poder político uruguayo.
Ambos líderes conversaron sobre cuestiones regionales y de los cambios geopolíticos que enfrenta hoy el mundo. Además, analizaron las oportunidades estratégicas para el Río de la Plata y para Latinoamérica.
Kicillof mencionó el reciente episodio que protagonizó Javier Milei en Brasil cuando asistió a una actividad de campaña de Flavio Bolsonaro, candidato de derecha que compite en las elecciones contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.
«No fue bueno para Argentina que el presidente de nuestro país fuera a Brasil y tuviera las apreciaciones y las palabras que tuvo con el presidente ese país. Eso ocasionó que hoy estemos en una situación de mucha fragilidad, hubo una degradación en el vínculo que para mí es grave, lo digo en calidad de gobernador de la provincia», dijo Kicillof.
Lo digo en rioplatense: Javier Milei metió la pata hasta el fondo.
Milei participó en el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro en São Paulo. Allí criticó que la Justicia brasileña no le permitiera visitar al ex presidente. Además, calificó a Lula de «ladrón» y de «diseminar el socialismo» en América Latina.
«Lo digo en rioplatense: Milei metió la pata hasta el fondo», dijo Kicillof, aunque aclaró -quizás para evitar nuevas tensiones- que ese tema no lo pudo hablar con Orsi.
Axel Kicillof en el Tercer Congreso Panamericano.
Kicillof y el jefe de Estado de Uruguay firmaron además dos convenios. Uno entre la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para llevar productos a la provincia de Buenos Aires.
El otro es sobre investigación científica. En este caso, entre la Comisión de Investigación Científica (CIC) de la provincia de Buenos Aires y la Universidad de la República de Uruguay.
El Tercer Congreso Panamericano se desarrolla en Montevideo con asistentes como los expresidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Ernesto Samper. El coordinador general del Congreso Panamericano, David Adler, dijo en la apertura que este espacio de debate apunta a una «visión alternativa» centrada en la cooperación, igualdad soberana, entendimiento mutuo y fraternidad.
Durante tres días se abordarán temas como la paz, la seguridad, la inteligencia artificial y la soberanía digital, en busca de «soluciones concretas y reales a los desafíos que hoy amenazan el bienestar de nuestros pueblos en todo el hemisferio», sostuvo Adler.
La vicepresidenta uruguaya y presidenta de la Asamblea General del Parlamento, Carolina Cosse, llamó en su discurso a no desanimarse ante las derrotas electorales en la región y destacó que en Perú y Colombia los candidatos de izquierda perdieron por un estrecho margen.
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
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