Karina Milei bajó del escenario del cierre de campaña libertario en la provincia a José Luís Espert y lo corrió a último momento de la lista de oradores en el acto de Moreno.
Lo hizo tras revelarse este miércoles que el motoquero que ayudó a Espert a escapar de los incidentes en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora en realidad era un barrabrava del club Comunicaciones acusado de intento de homicidio.
El candidato de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales de octubre figuraba dentro de los cinco oradores junto con la referente local, Andrea Vera (hija del armador en la Primera, Ramón “Nene” Vera), el candidato seccional Diego Valenzuela, el armador bonaerense Sebastián Pareja y el propio presidente.
Pero minutos antes del inicio del acto, Karina bajó la orden de tachar a Espert y poner en su reemplazo a Diego Bondarenko. Más aún lo corrió de la foto de dirigentes que flanquearon al presidente durante su discurso.
Fuentes del armado libertario señalaron a LPO que esa decisión se debió a la necesidad de instalar hasta último minuto al comisario que encabeza en la Tercera, que no logró levantar su bajo nivel de conocimiento.
Pero también filtran tensiones con Espert, a quien, sobre todo en la Quinta sección, lo acusan de haberse prestado a fotos en apoyo a listas filo-libertarias que le compiten a LLA y que encabezan ex coordinadores locales, expulsados por Pareja.
“Espert entiendo que está invitado”, dijo a LPO un dirigente del armado de Pareja que no digiere al economista, al que se lo vio debajo del escenario en compañía de Manuel Adorni.
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Sebastián Pareja se niega a cumplir una orden judicial que, desde noviembre, lo intima a presentar un plan para reflotar más de 30 mil obras paralizadas en barrios populares por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Con el ajuste draconiano en la obra pública que dictó el gobierno de Javier Milei, casi 350 mil familias que esperaban por la finalización de obras de agua, cloacas, energía eléctrica y vivienda en sus barrios, se quedaron con las manos vacías.
Por eso, vecinos de 39 barrios populares presentaron mediante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una cautelar a la que hizo lugar el juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, que le dio tres meses al Gobierno para hacer un plan alternativo que complete esas obras.
Sin respuestas, en febrero se intimó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, que no hizo acuse de recibo. Por eso, en abril se libró un segundo oficio, esta vez dirigido directo a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana a cargo del armador de Karina Milei.
A finales de mayo el juez Heim suspendió la liquidación del FISU y le aplicó una multa de 200 mil por día a Pareja hasta que cumpla en presentar un plan alternativo para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.
Pero el silencio se estiró y el 8 de mayo pasado Milei decretó la disolución del FISU, la transferencia de sus recursos al Tesoro Nacional y declarados como de “libre disponibilidad”. Eso fue tomado por el Cels como una evidencia de incumplimiento deliberado a la cautelar de noviembre.
El juez federal Héctor Heim.
Por eso, a finales de mayo el juez Heim suspendió la liquidación del FISU y le aplicó una multa de 200 mil por día a Pareja hasta que cumpla en presentar un plan alternativo para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Contra la imposición de sanciones a Pareja, los abogados del Estado interpusieron un recurso que está en trámite. También, pidieron que se revoque la intimación a presentar un plan B para las obras y no consintieron la competencia del Juzgado.
En sus argumentos, los abogados del Ejecutivo rechazan que en una misma presentación se integren a 39 barrios: “Carecen de intereses individuales homogéneos”, dicen en alusión a barrios inscriptos en un mismo registro (Renabap) y con las mismas necesidad de obras.
En sus argumentos, los abogados del Ejecutivo rechazan que en una misma presentación se integren a 39 barrios. “Se trataría de un colectivo de 39 colectivos que carecen de intereses individuales homogéneos”, dicen en alusión a barrios inscriptos en un mismo registro y con las mismas necesidad de obras.
Y señalaron que no hay necesidad de presentar un plan alternativo porque ya avisaron que eso se hará “una vez cumplido y ejecutado el esquema de priorización, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios y en función de la situación económico-financiera existente en el país”.
En medio de todo eso, tanto el Cels como el defensor público oficial Pablo Lega le pidieron al magistrado que intime a Pareja frente al incumplimiento de la manda judicial. Al hacer lugar a ese pedido, el juez Heim libró otro oficio sobre el que acusó recibo el Gobierno el último viernes.
Ahora, le solicitó “en el plazo perentorio e improrrogable de 10 días” que indique, entre otras cosas, “si existe otra política pública destinada a garantizar el derecho a la integración socio urbana y derechos asociados ante el desfinanciamiento denunciado en esta causa”. Por lo pronto, Pareja se mantiene sin respuestas.
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