Justicia sanciona con 86 millones diarios al gobernador chaqueño por desatender a comunidad Wichí
El Juzgado Civil y Comercial N°6 de Resistencia impuso una multa histórica a Leandro Zdero por incumplir una resolución que lo obligaba a garantizar salud y alimentos a una comunidad Wichí en El Impenetrable. La decisión expone la negligencia del gobierno provincial y la indiferencia del Estado frente a los pueblos originarios.
Multa sin precedentes
El gobernador chaqueño Leandro Zdero, aliado directo de Javier Milei, recibió un duro revés judicial: el Juzgado Civil y Comercial N°6 de Resistencia le impuso una multa diaria de 85,9 millones de pesos por no cumplir con una resolución que lo obligaba a garantizar condiciones mínimas de salud y alimentación para una comunidad Wichí en El Impenetrable.
La sanción, señalan desde EnOrsai, marca un hecho histórico: nunca antes un gobernador en funciones había enfrentado una multa de semejante magnitud por desobedecer órdenes vinculadas a la supervivencia de un pueblo originario.
Abandono estructural de los pueblos originarios
Desde hace meses, Zdero desoyó advertencias judiciales que exigían respuestas concretas: acceso a alimentos, atención médica y condiciones de vida dignas para familias que sobreviven en medio de la pobreza extrema.
Este caso desnuda una realidad incómoda: mientras el gobernador se presenta como soldado fiel del proyecto político de Milei, en su propia provincia se violan sistemáticamente derechos humanos elementales.
Precio político y ético del incumplimiento
La Justicia, forzada por el abandono estatal, se vio obligada a ponerle precio al incumplimiento: casi 86 millones de pesos por cada día de demora. La decisión no solo tiene un impacto económico, sino que refleja un trasfondo ético y político: Zdero eligió alinearse con el discurso del ajuste y la desatención social antes que con la Constitución Nacional, que protege a las comunidades indígenas.
Mientras en los discursos oficiales se habla de “orden” y “república”, en el Chaco más profundo se escribe una verdad mucho más dura: un Estado que le da la espalda a los sectores más vulnerables, incluso cuando un tribunal lo obliga a actuar.
