Adelantar las elecciones o votar el mismo día que las presidenciales es dilema que domina al gobierno porteño. Jorge Macri busca ser el candidato en alianza con los libertarios y como gesto hacia Javier Milei, podría convocar para el mismo día que las nacionales.
Hasta hace poco tiempo atrás parecía definido. En Uspallata estaban decididos a desdoblar los comicios. Ahora, con la posibilidad de un acuerdo con los libertarios, volvieron las dudas.
Votar en mayo o junio con las elecciones nacionales convocadas para octubre sería una provocación a Milei. Y en el gobierno porteño quieren bajar la tensión al máximo.
«Si quiere desdoblar, la convocatoria no puede salir mucho después de diciembre», explicó a LPO un experimentado dirigente oficialista.
El jefe de Gobierno porteño tiene la obligación de convocar a elecciones 120 días antes de las primarias y todo indica que en la Ciudad habrá PASO. La ley porteña también habilita al Jorge Macri a adherir a las elecciones nacionales con un simple decreto.
«Con un candidato como Adorni los libertarios ganaron la Ciudad. Es tentador ganar la Ciudad y correr al PRO. Pero si Macri te pone un candidato de 8 puntos te liquida en las presidenciales», reflexionó un legislador peronista.
En el oficialismo piensan que, a más tardar en diciembre, todos los frentes deberán estar encarrilados. «Si no se da lo de los libertarios, siempre está la posibilidad de volver a impulsar Juntos», bromeó un legislador del PRO.
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Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.
Por Roque Pérez para NLI
La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.
De combatir la «casta» a conservar sus privilegios
Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.
La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.
Una decisión que también genera preguntas judiciales
El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.
En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.
Los recursos del Estado vuelven al centro del debate
Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.
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