¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
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El Gobierno mostró una baja fuerte de la deuda pública en mayo, en el documento sobre la evolución de la deuda externa que produce la Secretaría de Finanzas que conduce Federico Furiase. Una reducción de casi USD 20.000 millones según ese documento oficial.
La página 3 del boletín de deuda de abril mostraba una deuda bruta de USD 496.676 millones al 30 de abril. Un mes después, la misma página del informe de mayo la ubicó en USD 479.273 millones. La caída fue de USD 17.403 millones. En la deuda en situación de pago normal, la baja fue de USD 17.398 millones. Y el dato más ruidoso aparece en la composición: la deuda pagadera en moneda extranjera cayó USD 20.546 millones, mientras la deuda en moneda local subió el equivalente a USD 3.148 millones.
El salto llama la atención por una razón simple. Una baja de semejante tamaño en deuda en dólares suele tener un costo visible. O se paga con reservas, o entra financiamiento fresco, o se produce una reestructuración con acreedores. Nada de eso ocurrió en una escala compatible con el número que mostró Economía. No hubo un agujero equivalente en las reservas. Tampoco una lluvia de dólares privados. El conejo salió de otra galera.
La clave está en las Letras Intransferibles. Son títulos emitidos por el Tesoro y colocados dentro del balance del Banco Central, muchas veces a cambio de reservas usadas para pagar deuda. Funcionan como pagarés del propio Estado contra el propio Estado. Figuran como activos del Central, pero tienen un problema histórico: no se venden en el mercado. No sirven para intervenir con fuerza sobre la liquidez. Son papeles atrapados en una vitrina.
El Gobierno decidió rescatar parte de esas Letras. Para hacerlo, el Banco Central aprobó sus estados contables de 2025, registró una utilidad de $34,3 billones, constituyó reservas por $11,4 billones y transfirió $24,4 billones al Tesoro como dividendos. De ese monto, $18,4 billones se aplicaron a recomprar Letras Intransferibles en poder del propio Central, por un valor nominal original estimado en USD 21.700 millones. Otros $6 billones quedaron como depósitos del Tesoro en la entidad.
Con esto Toto perdió la fineza del trader sofisticado. Es un dibujo burdo, se le ven todas las costuras. Ya no es ingeniería financiera, es obscenidad contable.
Ahí aparece el juego de espejos. El Banco Central genera utilidades. Luego gira pesos al Tesoro. El Tesoro toma esos pesos y se los devuelve al Banco Central para cancelar deuda que tenía con el mismo Banco Central. Es un viaje circular. Como si un almacenero se pagara una deuda a sí mismo, anotara el cobro en la libreta y después anunciara que mejoró su patrimonio.
Caputo rescató Letras con vencimientos entre 2029 y 2032. Economía las tomó valuándolas a precios de mercado internacional, por encima del valor contable previo que tenían registrado. Ahí nace el punto más sensible de toda la operación. Las ganancias del Banco Central surgen, en parte, de revaluar esos papeles. Y esos mismos papeles son luego cancelados con pesos derivados de esa revaluación.
«Con esto Toto perdió la fineza del trader sofisticado. Es un dibujo burdo, se le ven todas las costuras. Ya no es ingeniería financiera, es obscenidad contable», apuntó un ex funcionario del Banco Central.
El argumento oficial sostiene que la medida limpia el balance del BCRA. Milei siempre dijo que ese saneamiento era condición para levantar el cepo. Bajo esa lógica, un Central cargado de pasivos, títulos ilíquidos y compromisos cruzados no podía convivir con una apertura cambiaria.
La operación no elimina una deuda con acreedores privados ni reduce compromisos con organismos multilaterales. Cancela deuda del Tesoro con el Banco Central. Es decir, deuda dentro del propio Estado. La deuda externa real es otra cosa: bonos en manos de fondos de inversión, compromisos con bancos, préstamos de organismos multilaterales y obligaciones que no se resuelven con un asiento contable entre dos oficinas públicas.
Por eso la comparación exige cuidado. Una Letra Intransferible en el activo del Banco Central no es lo mismo que un Global en manos de un fondo de Wall Street. Tampoco es lo mismo que un vencimiento con el FMI, el BID o el Banco Mundial. En el primer caso, el Estado se debe a sí mismo. En el segundo, debe dólares a terceros. Y esos terceros no aceptan balances creativos como forma de pago. Piden cash, rollover o más tasa.
La operación no elimina una deuda con acreedores privados ni reduce compromisos con organismos multilaterales. Cancela deuda del Tesoro con el Banco Central. Es decir, deuda dentro del propio Estado. La deuda externa es otra cosa: bonos en manos de fondos de inversión, compromisos con bancos, préstamos de organismos multilaterales y obligaciones que no se resuelven con un asiento contable entre dos oficinas públicas.
La operación además choca con una de las obsesiones del Fondo Monetario: la autonomía real del Banco Central frente al Tesoro. El organismo viene mirando con recelo la fusión operativa entre Economía y la autoridad monetaria. Tasas, balances, liquidez, deuda y reservas aparecen cada vez más mezclados. En esa mesa, el Central queda menos como árbitro y más como auxiliar contable del Palacio de Hacienda.
El propio dato oficial de mayo deja ver la maniobra. En abril, las amortizaciones, canjes y cancelaciones habían sido por USD 35.050 millones, contra financiamiento, canjes y emisiones por USD 39.150 millones. El resultado neto del mes fue positivo en USD 4.101 millones y la deuda terminó subiendo. En mayo ocurrió lo contrario: hubo financiamiento por USD 29.564 millones, pero amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 48.519 millones. La operación neta dio negativa en USD 18.955 millones y la deuda bruta bajó a USD 479.273 millones.
La foto acumulada también cuenta la historia. Al 31 de diciembre de 2025, la deuda bruta era de USD 455.077 millones. En abril, las variaciones acumuladas de 2026 sumaban USD 41.600 millones y llevaban el stock a USD 496.676 millones. En mayo, después del rulo, las variaciones acumuladas bajaron a USD 24.196 millones y el stock quedó en USD 479.273 millones.
El contraste con la deuda externa es más incómodo para el relato oficial. Según el INDEC, la deuda externa bruta total de la Argentina alcanzó los USD 320.305 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025. Es un récord nominal. Contra los USD 276.137 millones del cuarto trimestre de 2024, el aumento fue de USD 44.168 millones en un año. Y contra los USD 285.951 millones del cierre de 2023, el incremento durante la gestión Milei fue de USD 34.354 millones.
El desglose muestra dónde está el peso del endeudamiento. El gobierno concentró USD 174.999 millones. Las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro sumaron USD 106.474 millones. El Banco Central registró USD 32.315 millones. Las sociedades captadoras de depósitos, otros USD 5.244 millones. Y otras sociedades financieras, USD 1.273 millones. En el tramo del gobierno central, los organismos internacionales explicaron USD 97.255 millones, con el FMI en torno a USD 57.230 millones. Los tenedores de títulos de deuda concentraron otros USD 59.066 millones.
Ese es el punto que incomoda. El Gobierno puede mostrar una baja fuerte de la deuda bruta del Tesoro gracias a una operación con el Banco Central. Puede decir que sanea el balance. Puede decorar el número. Pero la deuda externa con acreedores de verdad creció exponencialmente.
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