¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
Luis Caputo insiste en que el «riesgo kuka» vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual.
Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral.
Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales.
La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027.
En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una «prima política» que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo.
El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. «El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo», explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS.
Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico.
Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027.
«El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo», señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda.
El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo
En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. «Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros». Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado.
A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos.
En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la «confianza de los mercados», empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo.
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