¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
Las Fuerzas Armadas atraviesan una situación crítica que combina la falta de cobertura por la crisis de la obra social, el ajuste salvaje que se oficializó con el último decreto del Gobierno para el Presupuesto, y los bajos salarios.
Este último ítem ha sido motivo de análisis tras un informe
interno
que revela que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes del personal militar registraron una suba acumulada del 139,03%, muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 219,14% en el mismo período. Es decir, una caída del 80 por ciento.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados.
Los datos reflejan una marcada pérdida del salario real del personal militar frente al costo de vida. Mientras en diciembre de 2023 los haberes partían de una base de 100 puntos -igual que el resto de los indicadores-, para marzo de 2026 alcanzaron 239,03 puntos. En contraste, el IPC llegó a 319,14 puntos; alimentos y bebidas no alcohólicas, a 289,91; y vivienda y servicios básicos, a 517,41 puntos.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados
La mayor brecha se observa en el rubro de servicios esenciales. El costo de vivienda, agua, electricidad y gas más que quintuplicó su valor inicial, mientras que los ingresos militares apenas lograron duplicarse. Esta diferencia impacta de manera directa en la capacidad de sostener gastos fijos del hogar y en el acceso a bienes básicos. En alimentos, aunque la suba fue menor que en servicios, también superó ampliamente la recomposición salarial.
El exministro de Defensa Luis Petri
El índice pasó de 100 a 289,91 puntos, casi 51 puntos por encima de los haberes militares. Una fuente militar que sigue de cerca todo este proceso explicó a LPO que «este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales».
Este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales
«La comparación deja en evidencia que, pese a los incrementos otorgados en el período, la actualización de haberes no logró acompañar el ritmo de la inflación general ni el fuerte encarecimiento de los servicios básicos, consolidando una pérdida sostenida del ingreso real», agregó.
La situación salarial también aumenta el malestar con el ministro Carlos Presti que no pudo dar respuestas a las demandas de sus compañeros de armas desde que llegó al ministerio. Fuentes militares consultadas por LPO hablan de «desazón general» y afirman que «el 99 por ciento de las Fuerzas Armadas no tiene un concepto de Presti peor que el de Petri pero sí considera que no es la voz de las FFAA en el gobierno sino que es el gobierno de uniforme dando ordenes directamente».
La crisis salarial en las Fuerzas Armadas es un problema de arrastre. Durante el gobierno de Alberto Fernandez, con Sergio Massa en Economía y Jorge Taiana en Defensa, se empezó un plan de jerarquización de los haberes para que el personal militar cobre igual que las fuerzas de seguridad. Eso fue interrumpido tras la asunción de Javier Milei y la situación se agravó a punto tal que muchos militares activos tiene que buscar otro trabajo para sobrevivir.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó este miércoles la presentación del 4° Foro Patagónico y 2° Latinoamericano de Energías Sustentables que se realizará el 1 y 2 de noviembre a través de la modalidad virtual. Esta edición tiene el lema ‘Ciencia, industrias y sociedad, propulsores del desarrollo sustentable hacia la preservación de la vida en el…
Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?
El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.
Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.
El trampolín
Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.
Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.
En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.
El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.
Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.
La previa
Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.
La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.
La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.
La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.
La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.
Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.
El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.
El candidato
La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.
La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.
Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.
La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.
La trampa
Pero aquí empieza la trampa.
El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó.
El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?
La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.
Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.
Lo que los números no dicen
Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?
En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.
La advertencia
Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.
No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.
Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?
La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.
En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.
La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma.
La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.
En un contexto marcado por el repunte inflacionario y la caída de las tasas tradicionales, los plazos fijos UVA crecieron más de 80% durante abril y superaron el billón de pesos en el sistema financiero.
El fenómeno refleja un cambio de comportamiento entre los ahorristas, que buscan alternativas para no perder poder adquisitivo frente a una inflación que volvió a acelerarse.
Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de depósitos UVA pasó de unos $555.000 millones en marzo a más de $1 billón en abril, impulsado por la necesidad de cobertura frente a la suba de precios.
El atractivo principal de estos instrumentos es que ajustan por inflación a través del coeficiente CER, por lo que el dinero mantiene su valor real durante el plazo de inversión. Además, los bancos suelen agregar una tasa extra, aunque actualmente esa rentabilidad adicional es reducida.
Sin embargo, detrás del boom aparecen dudas importantes para los ahorristas e inversores: ¿conviene realmente inmovilizar el dinero en un plazo fijo UVA o existen alternativas mejores?
De acuerdo al asesor financiero Fernando Villar, el instrumento puede servir, pero tiene limitaciones claras. «La opción de plazo fijo UVA en general es una alternativa para un público conservador que no necesite liquidez», explicó. El especialista remarcó que estos depósitos suelen exigir inmovilizar el dinero durante al menos 90 días y que, en caso de cancelación anticipada, las condiciones son poco convenientes.
«El rendimiento real que uno tiene es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación», sostuvo Villar. Según indicó, muchos bancos están pagando apenas «inflación más 1%» e incluso algunos ofrecen menos que eso.
El rendimiento real del plazo fijo UVA es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación
Ese punto es central para entender el debate actual. El plazo fijo UVA no está pensado para generar grandes ganancias, sino para preservar el valor del ahorro en pesos. Es decir, funciona más como una herramienta defensiva que como una inversión de rendimiento.
En paralelo, las tasas de los plazos fijos tradicionales quedaron rezagadas frente a la inflación y ahora rondan el 20% nominal anual. Durante abril, varias entidades financieras redujeron los rendimientos de las colocaciones a tasa fija, lo que empujó a muchos ahorristas hacia alternativas indexadas.
En este marco, Joaquín Arregui, fundador y director de la consultora, coincidió en que existen opciones más eficientes dentro del mercado de capitales. «Los bonos CER surgen como una alternativa claramente superior», afirmó Arregui. Estos títulos también ajustan por inflación, pero suman una tasa adicional que hoy ronda el 4% anual para vencimientos superiores a un año.
Además, tienen otra ventaja clave: la liquidez. «Pueden venderse en el mercado secundario en cualquier momento sin penalidades», sostuvo el ejecutivo. En cambio, el plazo fijo UVA obliga a esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital sin pérdidas.
Villar también destacó ese aspecto. «En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios», señaló. Según detalló, algunos bonos CER están ofreciendo rendimientos de «inflación más 3% o más 5%», algo considerablemente más atractivo que el rendimiento bancario.
En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios
De todos modos, ambos especialistas advierten que ninguna inversión en pesos está exenta de riesgos. Villar recordó que siempre existe el peligro de una suba del tipo de cambio superior a la inflación, lo que podría licuar las ganancias reales en dólares.
«Dentro de una cartera diversificada, tener algo atado a inflación está muy bien. Ahora, el plazo fijo UVA, si bien es lo más fácil de obtener en el banco, no es lo más conveniente», resumió.
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