¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
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Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
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