¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
La inflación de septiembre se ubicó en 2,1% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Fue el registro más alto desde abril y acumula un alza de 22% en lo que va del año, mientras en la comparación con los últimos doce meses, la variación fue de 31,8%.
Con el alza del dólar como un factor clave, el mes pasado se alcanzó el nivel más alto desde abril, cuando el índice había marcado 2,8%.
Vivienda, educación y transporte registraron las mayores subas de precios en septiembre, en torno al 3% ubicados por encima del promedio del IPC, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 3,1% a nivel nacional, impulsada por subas en alquiler de la vivienda; educación se incrementó 3,1% y transporte registró un alza de 3%. Estas categorías tuvieron incrementos de precios superiores al IPC nacional que se ubicó en 2,1% en septiembre.
Salud subió 2,3%, bienes y servicios y prendas de vestir y calzado avanzaron 2,1%, en línea con la suba general; y por debajo del promedio se ubicaron categorías como alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), recreación y cultura (1,3%) y restaurantes y hoteles (1,1%).
En comparación interanual, el IPC nivel general avanzó 31,8% y se destacaron las subas en educación (62,2%), vivienda, agua, electricidad, gas (49,3%) y otros combustibles y restaurantes y hoteles (48,7%).
En cuanto.a los alimentos, bebidas y otros artículos para el Gran Buenos Aires (GBA), se destacó la suba intermensual del tomate redondo (30,9%) y el limón (16,6%). Fuera de las frutas y verduras, que tienen fuerte componente estacional, se vieron principales subas en harina de trigo común 000 (5,2%), aceite de girasol (3,7%), hamburguesas congeladas (3,4%) y detergente líquido (3,4%).
Cayeron arroz blanco (-3,7%), pollo entero (-3,3%) y leche fresca en sachet (-2,2%).
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la evolución de la inflación estuvo atravesada por el salto del tipo de cambio y el eventual pass through. «El dólar, en promedio, se movió 5,3% por encima del mes de agosto, pero el efecto de variación del tipo de cambio no se percibió al ciento por ciento (al igual que en julio y agosto)», dijeron desde la consultora.
En tanto, consideran que la caída de las ventas, a lo que se suma un colchón de precios previo en los productos derivados de trigo y maíz (carne vacuna, pollo, pan, entre otros), explican, en buena medida, esa desvinculación temporaria.
«Además, el gobierno mantuvo su política de anclas sustentadas en el topeo de los aumentos de tarifas, medicamentos y prepagas, un consumo que no repunta y topeo de salario. Las naftas y la evolución de los precios en frutas y verduras esta vez tiraron para arriba», afirmaron en un comunicado.
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Quince días antes de presentarse como candidato presidencial en 2019, José Luis Espert firmó un contrato de un millón de dólares con Federico “Fred” Machado, hoy acusado de narcotráfico y lavado de dinero y cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema. El documento —certificado por escribano— establece pagos mensuales en dólares, vuelos privados y asesoramiento “para refinanciar deuda” de una empresa fantasma de Guatemala.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un contrato incómodo en plena carrera electoral
El 7 de junio de 2019, cuando faltaban apenas dos semanas para que se inscribiera como candidato presidencial, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, hoy detenido y próximo a ser extraditado a Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.
Según reveló La Nación en una investigación de los periodistas Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell, el acuerdo establecía un pago inicial de 100.000 dólares “en el acto de la suscripción”, seguido de nueve cuotas mensuales consecutivas de igual monto, todas en dólares, a ser abonadas mediante transferencias bancarias.
Machado firmó el contrato en representación de Minas del Pueblo, una firma guatemalteca de su propiedad que hoy se encuentra bajo investigación y fue intervenida por la justicia estadounidense.
Un financiamiento fuera de los registros
Durante ese mismo año, Machado financió la campaña presidencial de Espert con vuelos en avión privado —al menos 36 según registros judiciales— y una camioneta a su disposición. También se mencionan otros gastos por “100 o 150 lucas” (dólares) en comidas y hoteles. Ninguno de esos aportes fue declarado oficialmente como gasto de campaña.
La semana pasada, mientras aún figuraba como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert admitió haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020, aunque negó que el contrato fuera por un millón ni que tuviera pagos mientras estaba en campaña. Sin embargo, el documento al que accedió La Nación lo contradice: el convenio preveía desembolsos mensuales desde junio de 2019, cuando ya estaba lanzado políticamente.
El propio Bank of America emitió una constancia oficial que confirma una transferencia de 200.000 dólares desde una firma ligada a Machado hacia una cuenta de Espert en Nueva York.
Asesor económico o fachada de campaña
En los papeles, Espert fue contratado para “la realización de un análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento a tres años”. Esa descripción coincide parcialmente con la versión que el economista dio en un video grabado en las oficinas de Santiago Caputo, donde sostuvo que lo convocaron para asesorar “a una minera en la reestructuración de deuda”.
El contrato, sin embargo, iba mucho más allá. Incluía directivas insólitas redactadas en primera persona, presuntamente por Machado, con frases como “debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación es siempre preferible al concurso de acreedores” o “considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, en un texto que alternaba entre consejos financieros y justificaciones personales.
El acuerdo también fijaba un plazo de doce meses prorrogable y garantizaba los pagos “sin importar la ocurrencia de fuerza mayor o disposición estatal”, lo que blindaba a Espert contra cualquier contingencia económica o legal. Incluso, se sometía expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, una elección llamativa para un contrato entre un argentino y una empresa guatemalteca.
Firmas, vuelos y omisiones
El documento fue firmado de puño y letra por Espert y Machado, y las rúbricas fueron certificadas por un escribano porteño el 19 de junio de 2019, apenas tres días antes de que Espert se inscribiera oficialmente como precandidato presidencial. En esa elección, superó las PASO con el 1,5% de los votos y quedó sexto en las generales de octubre.
Espert admitió luego que nunca devolvió el dinero pese a no haber completado el trabajo, alegando “razones de fuerza mayor” vinculadas a la pandemia. “La ruptura la decidí yo. Cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más’”, declaró el economista días atrás en una entrevista con Radio Mitre.
El contrato, sin embargo, preveía que ante incumplimiento del prestador —Espert—, Machado podía exigir la devolución de las sumas entregadas y reclamar daños y perjuicios.
El vínculo que no se corta
Aunque Espert intenta reducir el caso a un vínculo profesional inconcluso, los documentos, los vuelos privados y las transferencias bancarias demuestran que hubo una relación económica directa y sostenida entre el hoy candidato liberal y un empresario con causas federales por narcotráfico.
El caso se agrava por la coincidencia temporal: mientras Machado firmaba contratos y financiaba la campaña, la justicia estadounidense ya seguía sus movimientos por operaciones de lavado.
Ahora, con la extradición del empresario aprobada por la Corte Suprema, el expediente puede reabrir interrogantes sobre los verdaderos alcances del financiamiento político de Espert y el posible uso de estructuras empresarias —como Minas del Pueblo— para canalizar dinero de origen incierto hacia la política argentina.
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