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JARDÍN DE REJAS

¿Marketing político?
¿Respuesta al clamor popular?

Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.

Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programa Justicia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.

Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.

No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.

¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?  

Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.

Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…

De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».

Ley 22.278: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114167/texact.htm
Proyecto de reforma: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7523-D-2018&tipo=LEY

Colaboración: Emiliano Piccinini
Portada: Germán Busin
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    El llaryorismo decidió apuntar todos los dardos a la compleja situación que atraviesa Marcos Carasso, el radical que en el 2023 fue compañero de fórmula y candidato a vicegobernador de Luis Juez. En aquel momento, Carasso era, además, el presidente de la UCR cordobesa; situación por la que el senador aliado de Javier Milei lo eligió para completar el binomio y tratar de contar con la totalidad del respaldo radical. Algo que tampoco ocurrió.

    Ahora, a casi tres años de aquellos comicios, el panorama para Carasso se complicó porque fue imputado en una causa en la que se investiga sobrefacturación en Pami. Motivo por el que fue allanado la semana pasada en su domicilio particular, en la localidad de General Cabrera, como así también en las oficinas que ocupa en la capital cordobesa en el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla el juecismo. Y desde el que incomoda y presiona la gestión de Llaryora.

    Por esto, en las últimas horas Carasso terminó imputado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. En una maniobra en la que se investiga asociación ilícita y defraudación al Estado por casi 1400 millones de pesos en la obra social nacional.

    De acuerdo con lo que se desprende de la investigación, el radical, que es licenciado en Kinesiología podría estar vinculado a una empresa de servicios médicos en General Cabrera, localidad de la que también fue intendente, que proveía prestaciones a Pami. Y es ahí adonde apunta la investigación de la Justicia federal.

    La situación es curiosa por distintos motivos. Entre ellos, porque hace algunas semanas, cuando los intendentes reclamaron a la Nación por el envío de los fondos adeudados de Pami, el libreto libertario, los socios de Juez, fue: «que se dejen auditar». Auditoría que, en el caso de Carasso, se vuelve en contra.

    No sólo porque Carasso fue candidato a vice de Juez, sino porque el propio senador le dio trabajo dentro del Tribunal de Cuentas con un sueldo que roza los cuatro millones de pesos.

    Por esta situación, cuando esta mañana Rodrigo de Loredo fue consultado en una entrevista con La Voz dijo: «por eso, pregúntenle a Juez». Y se despegó de inmediato de Carasso, con quien nunca tuvo una buena relación.

    No obstante, en el llaryorismo fueron por un paso más. Presentaron un pedido de informes en la Unicameral que fue impulsado por el jefe del bloque del oficialismo y presidente del PJ, Facundo Torres. «Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono», dijo Torres.

    Y agregó que «sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe».

    En el peronismo dicen que Carasso fue candidatos de la gran mayoría de la oposición -radicalismo, juecismo, un sector del PRO y también de un neolibertario-, con lo cual deberían responder por la situación del radical oriundo del sur provincial.

    La causa en la que se investiga al radical tuvo su primer impacto hace unos días, pero puede ser mayor el golpe en los próximos días. Porque en el pedido de informes, el peronismo sumó el nombre de Claudio Suchecki, el cuñado de Juez y hombre que se desempeñó en distintos cargos dentro del Estado en los que el juecismo tuvo injerencia.

     

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