¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
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El ministro Toto Caputo salió a mostrar que el Gobierno tiene cubiertos los próximos vencimientos de deuda, pero dejó una frase que abrió otra discusión. El ministro reconoció que el swap con Estados Unidos de USD 20 mil millones está supuestamente disponible, aunque no puede usarse de manera automática, ni ingresa en las reservas. Si la Argentina necesitara activarlo otra vez, habría que volver a negociar con Washington.
La definición apareció durante la conferencia de prensa en la que Caputo presentó el programa financiero del Gobierno. La puesta en escena buscó transmitir calma. Pero la explicación sobre el swap dejó una zona gris.
«El swap con Estados Unidos está disponible. Si se requiriera, por supuesto tendríamos que ir a, tendríamos que charlarlo nuevamente», dijo Caputo. La frase fue el dato político de la conferencia. Confirmó que la línea existe, pero también reconoció que su uso depende de una nueva conversación con el Tesoro norteamericano.
Después completó: «hay como una especie de creencia que porque el año que viene es un año electoral, algo va a pasar. Nosotros, si bien nos preparamos para eso, no es el escenario base. De vuelta, nuestro trabajo es prepararnos para el peor escenario, y así lo hacemos».
Lo concreto es que para el mercado, el respaldo del Tesoro de Estados Unidos funcionaba como un prestamista de última instancia, comprometido a volcar la cantidad de dólares que sean necesarios para contener una corrida cambiaria, figura que se diluyó con las declaraciones del ministro.
El swap con Estados Unidos está disponible. Si se requiriera, por supuesto tendríamos que ir a, tendríamos que charlarlo nuevamente.
Caputo intentó desactivar la idea de que el año electoral pueda derivar en una crisis cambiaria o financiera. Pero al mismo tiempo reconoció que el Gobierno trabaja con un plan de emergencia. «Si uno mira las herramientas que vamos a tener el año que viene, son muchísimo más grandes y más amplias de las que tuvimos en el 2025», aseguró.
El ministro también ató la calma financiera a los fundamentos de la economía. «Pero la realidad es que creemos que estas reacciones obedecen también a los fundamentos económicos, o sea, no son casuales», afirmó. Luego agregó: «Y la economía va a seguir mejorando, la inflación va a seguir bajando, la economía va a seguir recuperando, y el escenario político se va a ir clarificando».
«Entonces, en ese escenario, la verdad, no creería que algo de eso va a pasar. Pero como dije, nos preparamos para que si eventualmente pase, no sea un, pues pasara, no sea un problema para los argentinos», cerró Caputo. La frase dejó expuesta la tensión del mensaje oficial. No espera una crisis, pero prepara un dique.
Lo cierto es que el swap con Estados Unidos nunca funcionó como una transferencia directa de dólares a las reservas. Al momento de la firma, no sumó un solo dólar a las brutas ni a las netas del Banco Central. Quedó asentado apenas como una «línea de liquidez vigente contractualmente» dentro de las notas marginales de los estados contables del BCRA.
El Tesoro de Estados Unidos también aclaró desde el inicio que no estaba transfiriendo dinero a la Argentina. Lo que habilitaba era un cupo disponible. Es decir, una línea que podía ser usada bajo determinadas condiciones. El Gobierno la presentó como un respaldo de gran volumen, pero en los papeles no engrosó la caja del Banco Central.
La operación también tuvo otra cara. Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, la calificó públicamente como un negocio sumamente rentable para Estados Unidos. La describió como un «home run deal», un éxito total. No habló como un funcionario que había hecho asistencia financiera clásica. Habló como alguien que había cerrado una operación ganadora.
La estrategia que ejecutó el Tesoro de Estados Unidos mezcló auxilio geopolítico a Javier Milei con una jugada de mercado muy conocida en el mundo de los fondos de cobertura. Bessent viene de ese universo. Y la mecánica tuvo el ritmo de una apuesta financiera: entrar cuando el activo está castigado, cobrar tasa y salir cuando el precio mejora.
El primer movimiento fue comprar pesos baratos. Durante la corrida cambiaria previa a las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Tesoro norteamericano volcó dólares del tramo activado, unos 2.500 millones, para comprar pesos argentinos en plena devaluación. Esa intervención ayudó a frenar la escalada del dólar libre y le dio aire político al Gobierno en un momento crítico.
El segundo movimiento fue hacer tasa. Los pesos adquiridos por Estados Unidos no quedaron quietos. Fueron colocados de inmediato en instrumentos financieros remunerados del propio Banco Central, con tasas muy elevadas, cercanas al 4 por ciento mensual en ese momento. Según balances oficiales posteriores del BCRA, la Argentina terminó pagándole al Tesoro norteamericano más de 17 millones de dólares netos sólo en concepto de intereses por el trimestre que duró la operación.
El tercer movimiento fue la salida con ganancia. En enero de 2026, ya con el mercado cambiario estabilizado después de las elecciones, el Gobierno argentino recompró la totalidad de esos pesos y le devolvió los dólares a Washington. Estados Unidos se desprendió de los pesos a un valor conveniente y cerró su posición con decenas de millones de dólares en ganancias líquidas.
El resultado fue nítido. Washington no se quedó con un solo peso argentino en su cartera. Cobró intereses. Recuperó los dólares. Y además obtuvo una ganancia financiera sobre la operación. Para Estados Unidos fue una jugada redonda. Para la Argentina, fue una asistencia con un costo significativo.
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