¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
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Empresarios brasileños que participarán en la audiencia pública organizada por el gobierno de Estados Unidos sobre el aumento de aranceles a productos brasileños manifestaron su preocupación por el posible impacto político de la participación Flávio Bolsonaro y del influencer conservador Paulo Figueiredo en ese ámbito de negociación.
Según informó Folha de San Paulo, ambos se inscribieron para intervenir en la audiencia convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que escuchará a más de 80 participantes antes de definir la política arancelaria hacia Brasil.
Aunque Flávio tiene previsto solicitar que Washington retire las tarifas, el sector empresarial teme que la instancia derive en una mayor confrontación política. La preocupación radica en que los funcionarios estadounidenses podrán formular preguntas a cada expositor, lo que podría abrir espacio para declaraciones de fuerte contenido ideológico o electoral.
De acuerdo con la publicación, los empresarios consideran imposible anticipar qué preguntas realizará el gobierno estadounidense ni cuál será la postura que adoptará el senador durante el intercambio.
En ese contexto, existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales.
La audiencia de esta semana forma parte del proceso mediante el cual Estados Unidos evalúa la aplicación de nuevos aranceles a productos brasileños, una medida que ha generado preocupación tanto en el gobierno de Brasil como en diversos sectores exportadores por su potencial impacto sobre el comercio bilateral.
Existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales
En ese marco, Lula decidió enviar observadores y optó por no realizar una intervención oficial durante la audiencia y mantiene como estrategia principal la negociación diplomática directa con Washington. Según publicó G1, la representación brasileña estará integrada por funcionarios de la embajada en Washington y técnicos del gobierno, cuyo objetivo será seguir de cerca las exposiciones de empresas, asociaciones y otros participantes del proceso abierto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La decisión refleja la evaluación del Palacio del Planalto de que una confrontación pública en esta instancia tendría escasas posibilidades de modificar el curso de la investigación.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo
Mientras tanto, el protagonismo en la audiencia quedó en manos del sector privado brasileño. Diversas cámaras empresarias y asociaciones exportadoras presentaron argumentos técnicos para cuestionar la propuesta sosteniendo que las medidas perjudicarían tanto a exportadores brasileños como a importadores y consumidores estadounidenses.
Entre los sectores más activos figuran las industrias del café, el calzado, la maquinaria, el mobiliario y la pesca. La audiencia forma parte del proceso de investigación iniciado bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Una vez concluida la etapa de consultas públicas, el USTR deberá analizar las presentaciones antes de adoptar una decisión definitiva sobre la eventual imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas. En Brasil, el gobierno interpreta que aún existe margen para una solución negociada y evita dar por cerrada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que Washington anuncie su decisión final.
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