¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
Mientras muchos países en desarrollo quedaron relegados a importar tecnología, Argentina construyó durante décadas una capacidad nuclear propia que la ubicó entre las naciones con mayor conocimiento en la materia. Desde el primer reactor de investigación de América Latina hasta la exportación de tecnología a otros países, la trayectoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica muestra cómo una política de Estado sostenida puede transformar conocimiento científico en soberanía.
Por Redacción de NLI
La energía nuclear suele asociarse en el imaginario mundial con las grandes potencias militares o con países que poseen enormes recursos económicos. Sin embargo, existe una historia menos conocida: la de un grupo reducido de naciones que logró desarrollar capacidades nucleares con fines pacíficos, y entre ellas Argentina ocupa un lugar destacado.
La historia comenzó oficialmente en 1950, cuando el país creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), uno de los organismos científicos más antiguos de la Argentina. En una época donde el dominio de la tecnología nuclear estaba concentrado en Estados Unidos, la Unión Soviética y unas pocas naciones europeas, Argentina decidió apostar por la formación de científicos, la investigación propia y el desarrollo de infraestructura tecnológica.
Esa decisión permitió que, con el paso de las décadas, el país construyera reactores de investigación, centrales nucleares, empresas tecnológicas y una cadena de especialistas capaces de intervenir en proyectos de enorme complejidad.
La experiencia argentina demuestra que la ciencia no avanza únicamente por tener recursos abundantes, sino también por la existencia de políticas públicas que sostengan objetivos estratégicos durante generaciones.
El primer reactor nuclear de América Latina
Uno de los primeros grandes hitos ocurrió en 1958, cuando Argentina puso en funcionamiento el RA-1 Enrico Fermi, el primer reactor nuclear de investigación de América Latina.
El logro fue extraordinario para la época. Mientras muchos países de la región dependían completamente de tecnología extranjera, científicos argentinos habían desarrollado la capacidad para operar una instalación nuclear propia.
El reactor no tenía como objetivo la producción de energía eléctrica, sino la investigación científica, la formación de especialistas y el desarrollo de aplicaciones vinculadas con la medicina, la industria y la agricultura.
Aquel proyecto marcó el nacimiento de una comunidad científica nuclear argentina que con el tiempo alcanzaría reconocimiento internacional.
De la investigación a la generación de energía
Décadas más tarde, Argentina avanzó hacia la construcción de centrales nucleares destinadas a producir electricidad.
La inauguración de Atucha I en 1974 convirtió al país en el primero de América Latina en contar con una central nuclear de potencia. Posteriormente llegó Embalse, en Córdoba, y más adelante Atucha II, completando un sistema que permitió incorporar generación eléctrica de origen nuclear a la matriz energética nacional.
Más allá de las diferencias políticas y económicas de cada etapa histórica, el desarrollo nuclear argentino tuvo una característica particular: la búsqueda de capacidades propias.
No se trató solamente de comprar una central y operarla, sino de formar técnicos, crear proveedores nacionales y desarrollar conocimientos que permitieran intervenir en distintos aspectos de la tecnología.
INVAP y la capacidad argentina de exportar conocimiento
Uno de los ejemplos más destacados del desarrollo tecnológico argentino es INVAP, empresa estatal de la provincia de Río Negro que se convirtió en una referencia internacional en áreas como tecnología nuclear, radares y satélites.
La empresa participó en proyectos de reactores de investigación que fueron exportados a países como Australia, demostrando que Argentina no solo podía consumir tecnología avanzada, sino también producirla y venderla al exterior.
Ese punto resulta central para entender la importancia estratégica de la ciencia. La inversión en conocimiento no genera únicamente publicaciones académicas: también puede convertirse en industria, empleo calificado y capacidad exportadora.
Cada reactor, cada satélite o cada desarrollo tecnológico argentino tiene detrás una cadena invisible de universidades, investigadores, técnicos y trabajadores formados durante años.
La ciencia como cuestión de soberanía
El desarrollo nuclear argentino también estuvo atravesado por debates políticos. A lo largo de las últimas décadas hubo momentos de expansión y períodos de reducción de inversiones, pero la capacidad acumulada permitió que el país conservara un lugar relevante.
Especialistas suelen señalar que áreas de alta complejidad tecnológica no pueden desarrollarse con una lógica de corto plazo. Formar científicos e ingenieros, construir laboratorios y sostener equipos de investigación requiere décadas de esfuerzo, mientras que desmantelar esas capacidades puede ocurrir en pocos años.
Por eso, la discusión sobre ciencia y tecnología no se limita a una cuestión presupuestaria. También involucra el modelo de país que se pretende construir.
Un país que desarrolla tecnología propia tiene mayores herramientas para decidir sobre su futuro. Uno que depende exclusivamente de proveedores externos queda condicionado por decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
Un legado que vuelve a estar en discusión
En un mundo donde la energía, la tecnología y los recursos estratégicos ocupan un lugar cada vez más importante, la experiencia nuclear argentina adquiere una nueva relevancia.
La transición energética, la necesidad de reducir emisiones contaminantes y la creciente demanda de electricidad vuelven a poner a la energía nuclear en el centro del debate internacional.
Para Argentina, el desafío consiste en aprovechar una capacidad construida durante más de siete décadas y adaptarla a los nuevos desafíos tecnológicos.
La historia nuclear argentina es una prueba de que un país latinoamericano puede desarrollar conocimiento de frontera cuando existe una decisión política sostenida, instituciones fuertes y una comunidad científica capaz de transformar ideas en tecnología.
En tiempos donde muchas veces se discute la ciencia únicamente como un gasto, la trayectoria de la CNEA muestra otra realidad: detrás de cada investigador formado y cada laboratorio funcionando existe una herramienta concreta de desarrollo, independencia y soberanía nacional.
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La situación crítica que cruza a Granja Tres Arroyos (GTA) llegó a su punto de máxima tensión esta semana, cuando la empresa notificó en algunas de sus plantas que paralizará la actividad durante todo agosto. Eso, en medio de conflictos salariales sin resolver, entre ellos el pago del aguinaldo.
En Pilar, este viernes los 150 trabajadores fueron informados de la suspensión de la jornada laboral desde el lunes 3 al domingo 30 de agosto inclusive. «No se desarrollarán actividades operativas ni de faena», dice el comunicado de la empresa.
De acuerdo a lo detallado por El Diario de Pilar, al momento muchos empleados no percibieron los salarios de junio y julio, ni el aguinaldo y que recién días atrás terminaron de cobrar mayo, mes que fue liquidado en hasta 10 cuotas. Esa foto lleva a varios trabajadores a realizar changas y, también, a endeudarse.
«Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores de la ex Crest Roja a los que «le dieron vacaciones forzadas».
Lo mismo pasa en la planta de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría que hoy controla la firma Wade, subsidiaria de GTA. «Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores a los que «le dieron vacaciones forzadas».
En mayo, LPO contó que esa planta pasó de faenar 110 mil pollos por día a 80 mil. Ahora, la situación empeoró en medio de la profundización de las importaciones de pollo de Brasil promovidas por el gobierno libertario.
Ya en mayo, Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos al derrumbarse la faena diaria, que pasó de 700 mil a 200 mil pollos.
La grave crisis que cruza a la principal empresa avícola del país genera una fuerte incertidumbre en trabajadores de plantas bonaerenses como Brandsen, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Pergamino y otras.
Dina Migani dirige la Secretaría de medio ambiente del gobierno de Rio Negro, además es dueña de Quinpe SRL una empresa que vende químicos a empresas de fracking. Quinpe fue denunciada por un ex empleado por contaminar con químicos peligrosos en las acequias que se usan para riego en Fernández Oro y que terminan en el Rio Negro.
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