¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que aún hay cupos disponibles para participar de la actividad de ‘Astroturismo’ que permitirá observar la Luna con un telescopio profesional, teniendo en cuenta que se encontrará en su posición más cercana a la Tierra. Las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo…
La mesa política del gobierno se volverá a reunir la semana que viene en medio de la disputa feroz que destapó el Rufusgate entre Martín Menem y Santiago Caputo, aunque en el gobierno creen que no servirá para resolver la interna.
La aparición del misterioso usuario Periodista Rufus, atribuido a Martín Menem, fue definida por Las Fuerzas del Cielo de Caputo como un «punto de inflexión» en la interna que arrastran contra el riojano, del espacio de Karina Milei.
Los chicos de Caputo esperan un gesto público de Milei para sentirse contenidos en el gobierno que maneja su hermana y no salir a dinamitar la interna, pero en ningún escenario hablan de la salida del asesor estrella.
En el medio del silencio de Karina y del propio Milei, que no habló del tema Rufus con Caputo, en el gobierno confirmaron que la mesa política se volverá a reunir en los próximos días, más probablemente en la semana patriótica del 25 de mayo.
«No sirve para nada la mesa», dice en privado Patricia Bullrich, una de las integrantes del grupo selecto. Como otros miembros, la senadora cree que las peleas por Twitter son «surrealistas» y que no se corresponden luego cuando los funcionarios se ven cara a cara.
«Van a fingir demencia como siempre», dijeron a LPO en el entorno de un ministro que coincide con Bullrich en que los funcionarios se juntan a hablar sin decirse nada.
Además del incómodo Caso Rufus, otro de los motivos para estirar el día de la próxima reunión de la mesa es el golpe que la propia Bullrich le asestó a Manuel Adorni cuando le dio un ultimátum al jefe de gabinete para que presente su declaración jurada. El propio Milei salió ese mismo día a explicar que Adorni presentaría los papeles de manera inminente y dos semanas después siguen sin aparecer.
Bullrich les dijo a los senadores que ella es la única política que respetan los Milei y por eso puede decir cualquier cosa. Distinto es el panorama para Adorni, que perdió la valoración de los propios empleados de la Rosada por sus travesuras patrimoniales. Incluso lo empezaron a apodar Castata, un jocoso acrónimo de casta y cascada.
Martín Menem
La desconfianza creciente entre los funcionarios de la Mesa se condice con el estado militarizado que adquirió la Casa Rosada. Los empleados del palacio están asombrados con la guardia militar que se montó en el primer piso, que comparten Santiago Caputo y Lule Menem.
Con la excusa del odio a los periodistas, todas las personas que van al baño son seguidas por personal de seguridad, en una medida de difuso respeto a la intimidad que requieren las diligencias sanitarias.
Karina prohibió además el acceso al histórico Patio de las Palmeras porque tiene miedo que la espíen a través de los vitreaux, pese a la dificultad que impone la pregnancia de un vidrio de colores. Los empleados se quejan de que para fumar se tienen que trasladar al patio Malvinas Argentinas y someterse a un mucho menor feng shui.
El próximo lunes 10 se dará comienzo a la Colonia de Vacaciones, destinada a niños desde los 6 hasta los 12 años. El horario de las actividades será de 13.15 a 18.30 horas. Organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina, se extenderá hasta el día 11 de febrero, según el…
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) reunió este jueves a representantes de provincias y cámaras empresarias vinculadas a la Hidrovía para analizar el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal y reforzar el pedido de una rápida adjudicación.
Del encuentro participaron funcionarios de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa, junto a dirigentes de la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA, la Cámara de Puertos Privados, el Centro de Navegación y otras entidades ligadas al comercio exterior.
La reunión se produjo luego de la apertura de la última etapa de ofertas de la licitación para privatizar y modernizar la Hidrovía. Según difundió la ANPYN, las provincias y los usuarios privados respaldaron las evaluaciones técnicas realizadas hasta ahora y destacaron la «solidez técnica y transparencia» del proceso.
En paralelo, las entidades empresarias reclamaron que el Gobierno avance rápidamente hacia la adjudicación definitiva para evitar mayores costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora. «No se puede perder más tiempo», señalaron en un comunicado conjunto difundido esta semana.
Tras completar la tercera etapa de la licitación donde compitieron las belgas Jan De Nul y DEME, la primera se impuso en antecedentes luego de presentar ofertas económicas muy similares y ahora resta la adjudicación.
La Bodega Infinitus de la Patagonia, forma parte del grupo Fabre Montmayou y se ubica a la vera de la Ruta N° 22 muy cerca de la ciudad de Gral. Roca en Río Negro. Posee unas 60 hectáreas de viñedos propios en la localidad Allen con una edad promedio de 40 años y compuestos por:…
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
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