¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
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El Gobierno avanza en el diseño de un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS como fuente de financiamiento de largo plazo. La iniciativa ya comenzó a discutirse con los principales bancos del sistema y busca resolver el principal problema que enfrenta hoy el mercado: la falta de fondeo para sostener préstamos a 20 y 30 años.
El tema fue uno de los ejes de la reunión que mantuvieron la semana pasada en la sede de ADEBA el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el subdirector ejecutivo de Operación del FGS, Raúl Osvaldo Benítez; y representantes de las principales entidades financieras. Allí comenzaron a delinearse las condiciones de un esquema que permitiría reducir el costo del financiamiento para la vivienda.
La alternativa que hoy concentra el mayor consenso consiste en que el FGS licite depósitos a plazo fijo en UVA de largo plazo entre los bancos. El organismo ofrecería fondos a una tasa cercana a UVA más 4% anual, permitiendo que las entidades otorguen créditos hipotecarios alrededor de UVA más 6%, por debajo de los niveles actuales.
La utilización del FGS como herramienta para expandir el crédito hipotecario comenzó a tomar forma públicamente durante la exposición BATEV, cuando el ministro de Economía planteó ante desarrolladores y empresarios de la construcción la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para el sector. «Para los desarrollos, el crédito es fundamental y tenemos dos opciones: los bancos y el mercado de capitales. Estamos intentando con las dos», sostuvo en ese momento.
En aquella oportunidad, Caputo propuso que bancos y sociedades de bolsa conformaran un fondo destinado a financiar hipotecas y aseguró que el Gobierno buscaría potenciarlo con recursos de organismos multilaterales y del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. «Júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicarlo con plata de organismos multilaterales o del FGS», les dijo a los empresarios.
El esquema que hoy negocia el equipo económico conserva ese objetivo de ampliar el financiamiento de largo plazo, aunque con una ingeniería diferente. En lugar de crear un fondo específico, la alternativa que ganó terreno consiste en que el FGS aporte directamente liquidez a los bancos mediante depósitos UVA de largo plazo, una herramienta que permitiría acelerar la implementación del programa y expandir nuevamente la oferta de créditos hipotecarios.
Federico Furiase y José Luis Daza
La discusión representa un cambio respecto de las primeras alternativas que analizaba el mercado. Meses atrás se evaluaba que el FGS comprara carteras hipotecarias ya otorgadas para devolver liquidez a los bancos. Ahora, en cambio, Economía parece inclinarse por un mecanismo más simple: fondear directamente a las entidades para que vuelvan a prestar.
El diagnóstico es compartido por el Gobierno y los bancos. El problema ya no pasa por la demanda de créditos sino por la escasez de recursos de largo plazo para financiarlos.
«El crédito hipotecario empezó a crecer con la baja de la inflación, que es una condición necesaria pero no suficiente», explicó a LPO un especialista en crédito de uno de los principales bancos privados. «Además de una inflación más baja, también tienen que disminuir las tasas de interés. Como eso no ocurrió, muchas familias dejaron de calificar para acceder al préstamo», sostuvo.
El mismo ejecutivo señaló que el principal cuello de botella es el fondeo. «Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años», resumió.
Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años
Los datos muestran que el mercado perdió dinamismo. Luego de un mayo muy flojo, en junio los desembolsos hipotecarios mostraron una leve recuperación y alcanzaron alrededor de US$150 millones, equivalentes a unos 1.850 créditos, según estimaciones privadas. Sin embargo, el volumen todavía representa menos de la mitad del registrado en junio de 2025, cuando el mercado atravesaba su mejor momento desde la reaparición de este tipo de préstamos.
El freno preocupa también por su impacto sobre la economía real. Según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, Argentina registra un déficit habitacional cercano a los 5,74 millones de hogares, mientras que el Gobierno considera que una recuperación del crédito podría transformarse en uno de los motores de la construcción y del empleo durante la segunda parte del año.
El proyecto, sin embargo, también abre interrogantes. Uno de ellos es por qué el FGS aceptaría colocar recursos a una tasa cercana al 26% anual cuando podría invertirlos en títulos públicos ajustados por inflación con rendimientos superiores, aunque a plazos mucho más cortos. Esa diferencia es uno de los aspectos que Economía todavía debe terminar de definir antes del lanzamiento.
Entre quienes respaldan la iniciativa aparece el economista Miguel Kiguel, quien sostiene desde hace tiempo que el FGS es prácticamente el único inversor institucional argentino con capacidad para financiar activos de largo plazo. Según sus estimaciones, un fondo del orden de los US$5.000 millones permitiría financiar unas 72.000 hipotecas de US$70.000 cada una, generando un fuerte impulso sobre el mercado inmobiliario.
No obstante, especialistas también advierten que el diseño deberá preservar el patrimonio del FGS, cuyos recursos pertenecen al sistema previsional. Cualquier esquema deberá evitar que el organismo termine absorbiendo riesgos excesivos sin una adecuada evaluación de los créditos financiados.
La estrategia del Gobierno para mantener al dólar bajo control empieza a mostrar un límite en las expectativas del mercado. Aunque el Tesoro y el Banco Central reforzaron durante las últimas semanas las intervenciones para evitar que la cotización supere los $1.500, los precios de los bonos ya descuentan un tipo de cambio más alto para los próximos meses y reflejan que los inversores esperan una depreciación gradual del peso.
Los valores implícitos surgen de la relación entre los bonos dólar linked y los títulos a tasa fija. De acuerdo con cálculos de Facimex Valores, el tipo de cambio de equilibrio se ubica en torno a los $1.512 para fines de agosto, $1.536 para fines de septiembre y cerca de $1.645 hacia mediados de enero de 2027. No se trata de un escenario de salto brusco, sino de una aceleración administrada del ritmo de depreciación.
En el mercado coinciden en que el Gobierno viene utilizando distintas herramientas para sostener el esquema cambiario. A las intervenciones en el mercado spot se sumó una creciente utilización de instrumentos atados al dólar, especialmente bonos dólar linked, para absorber demanda de cobertura y evitar movimientos abruptos de la cotización.
«El Gobierno busca permitir una corrección gradual del tipo de cambio, pero evitando movimientos bruscos que puedan alterar la dinámica inflacionaria. En ese marco viene interviniendo principalmente a través de instrumentos dólar linked para moderar la presión sobre el dólar y sostener el esquema cambiario», explicó Tomás Sisto Bourel, responsable de Research de Fortress Capital.
El analista sostuvo que las expectativas que hoy refleja el mercado son consistentes con ese escenario. Recordó que Goldman Sachs proyecta un dólar de $1.500 dentro de tres meses, $1.600 en seis meses y $1.800 dentro de un año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé un tipo de cambio de $1.673 para diciembre de 2026 y de $1.805 para junio de 2027. Los contratos de futuros también descuentan niveles cercanos a $1.625 para fin de año, mientras que los bonos reflejan una depreciación implícita anual de entre 22% y 24%.
Según Sisto Bourel, incluso un dólar cercano a los $1.800 seguiría ubicándose dentro del techo de la banda cambiaria vigente, por lo que el escenario base continúa siendo una depreciación administrada y no una devaluación disruptiva. «El Gobierno todavía cuenta con margen para ampliar la cobertura mediante el mercado de futuros, por lo que no esperamos necesariamente un salto cambiario sino una depreciación gradual acompañada por intervenciones puntuales», afirmó.
El cambio de estrategia también aparece reflejado en un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). La sociedad de Bolsa sostiene que el Banco Central redujo deliberadamente el ritmo de compra de reservas para evitar agregar presión alcista sobre el tipo de cambio. En la primera rueda bursátil de agosto la autoridad monetaria compró apenas USD 18 millones, una de las cifras más bajas del año y equivalente a sólo el 3,9% del volumen negociado en el mercado spot.
Para PPI, la prioridad oficial dejó de ser maximizar la acumulación de reservas y pasó a ser sostener la estabilidad cambiaria. Esa decisión estuvo acompañada por una fuerte expansión de la cobertura oficial. Según sus estimaciones, el stock de instrumentos vinculados al dólar aumentó unos USD 5.000 millones durante julio y alcanzó aproximadamente los USD 11.240 millones, impulsado por emisiones de bonos Dual TAMAR/dólar linked y por intervenciones del Banco Central en el mercado secundario.
Sisto Bourel coincide con ese diagnóstico y calcula que el stock de instrumentos atados al tipo de cambio en manos privadas ya ronda los USD 12.000 millones, luego de las ventas realizadas por el Banco Central y de los sucesivos canjes y licitaciones del Tesoro. A su juicio, la cobertura oficial pasó a concentrarse cada vez más en bonos dólar linked, mientras los futuros redujeron su participación relativa.
Sin embargo, detrás de la discusión financiera también aparecen factores propios de la economía real. Martín Burgos, director de la consultora Lado B, sostuvo que la presión cambiaria responde además a una cuestión estacional vinculada a la disponibilidad de divisas. «Ya se vendió buena parte de la cosecha gruesa. En el segundo semestre los dólares empiezan a escasear y el Banco Central tiene que administrar esa menor oferta para evitar sobresaltos a través de herramientas monetarias y financieras», explicó.
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