| |

JARDÍN DE REJAS

¿Marketing político?
¿Respuesta al clamor popular?

Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.

Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programa Justicia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.

Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.

No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.

¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?  

Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.

Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…

De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».

Ley 22.278: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114167/texact.htm
Proyecto de reforma: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7523-D-2018&tipo=LEY

Colaboración: Emiliano Piccinini
Portada: Germán Busin
Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • Picardi citó a indagatoria a un empresario vinculado a los Menem por sospechas de lavado en Andis

     

    El fiscal Franco Picardi citó a declaración indagatoria para el próximo 3 de junio al empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado en la causa Andis, y su testimonio podría complicar a Martín y Lule Menem.

    Fuentes de Comodoro Py comentaron a LPO que Pocovi, medio hermano del hijo de Zulemita Menem, formó parte en el entramado de operaciones que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis. El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.

    Desde el gobierno niegan contacto con Pocovi. «Alan Pocovi es hermano de Kevin Pocovi. Kevin Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita. No tiene relación con Martín ni Lule, jamás la tuvieron», aseguran.

    La investigación de la causa Andis tramita en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene a maltraer al gobierno, y un camarista al tanto del caso admitió que Pocovi también aparece en maniobras sospechosas con contratos de Vialidad Nacional. En los tribunales de Retiro miran de reojo la facilidad del hombre de Calvete para aplicar a distintos rubros.

    Alarma total en la Rosada, llaman a indagatoria a Spagnuolo

    En efecto, una investigación del portal El Disenso reveló que el titular de Vialidad, Marcelo Campoy, habilitó el otorgamiento de obras por 1292 millones de pesos en mayo de 2025 para la familia Pocovi. Campoy está unido al clan del ex presidente Carlos Menem desde la década del 90 y, de hecho, ocupó el mismo cargo que ahora en 1999, cuando todavía gobernaba el riojano.

    El registro de visitas a la Casa Rosada arroja que, en los últimos dos años, Campoy se reunió con Lule Menem en más de 30 ocasiones. «Se reunió en 32 ocasiones en la Casa Rosada; 28 de esas visitas fueron por asuntos privados, ya que estos encuentros no fueron consignados en las actas oficiales de audiencias», dice El Disenso.

    Ariel Lijo.

    Para colmo, el cuñado de Campoy es Diego Eugenio Cadel, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados en la firma Damg Producciones Deportivas SRL. El emprendimiento de Martín Menem habría surgido en 2008 y está vinculado a la organización y publicidad de eventos deportivos.

    Con el arribo de Campoy a Vialidad Nacional, Pocovi logró convertirse en proveedor del Estado para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025». La empresa que logró la adjudicación se llama He Vras SRL y es una constructora formada entre las PASO de 2023 y el ballotage que Javier Milei le ganó a Sergio Massa.

    El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.

    La propiedad de la firma está registrada a nombre de Pocovi y Cipriano Arriola Cabrera. Aunque se lo define como «empresario paraguayo», su domicilio fiscal está fijado en un barrio popular de Quilmes y hasta habría cobrado el IFE (ingreso familiar de emergencia) durante la pandemia.

    El hallazgo periodístico del portal indica que, lejos de abortar la contratación de esa empresa, por el compromiso de su dueño en la causa Andis, Campoy le extendió en diciembre pasado la exclusividad del contrato hasta junio de este año. Solo habría tenido la astucia de no firmar la prórroga, acción que delegó en Ariel Paz, Jefe de Compras de Vialidad Nacional.

    Otro detalle de la jugada es que mientras que el servicio original fue valuado en $1.292 millones, en diciembre se fijó un precio de $2.584 millones para la misma función. Se trata de una suma que duplica el contrato anterior, acaso un acuerdo que mina la confianza en los índices económicos que defiende el gobierno.

     

    Difunde esta nota
  • LA NUTRICIÓN ES TODO

    Escribe Paula Cesari La Nutrición se entiende como el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos sólidos y líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. He estado cuestionándome este significado hacia esta palabra. No digo que no comprenda la asimilación de los alimentos, pero en…

    Difunde esta nota
  • Se disputó torneo de vóley masculino en Cumelen

    Durante el fin de semana, se disputó en el polideportivo Cumelen un torneo de vóley masculino mayores organizado por la Escuela Municipal de Voley. La competencia contó con la presencia de equipos locales, de Huergo y de Godoy. Las posiciones fueron las siguientes: 1º Karasuno 2º Costa Sur 3º Círculo Italiano 4º Cumelen Sub 20…

    Difunde esta nota
  • A LISA MALBEC

    Para la ocasión subo el Malbec de la línea A Lisa con la nueva botella y con buenos puntos Parkeritos, que presenta la Bodega Noemia de la mano de Hans Vinding-Diers. Un Malbec Patagónico típico y con buena concentración, que muestra otros caminos para la cepa en la región. Bodega: NoemiaZona: Mainqué – Río Negro …

    Difunde esta nota
  • |

    La Cultura Reginense en números (2017/2018/2019)

    ¿Es poca o es mucha la actividad artística/cultural que se desarrolla en Regina?. ”En Regina, nunca pasa nada!!!”, ¿es cierta esta afirmación? ¿Cuál es el aporte del sector privado? ¿Qué actividades aportan las instituciones culturales? ¿Cuál es el rol de la juventud en el tejido cultural reginense? ¿Se podría crear el Consejo Local de Cultura?…

    Difunde esta nota
  • |

    Privatizan AySA: Milei avanza con la entrega del agua y abre una licitación internacional para vender el 90% de la empresa

     

    Las pocas joyas de la abuela que quedan…

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.

    La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

    Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.

    El regreso del modelo de los ‘90

    La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.

    Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.

    Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.

    Tarifas, negocios y control social

    El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.

    La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.

    El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.

    Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.

     

    Difunde esta nota

Deja una respuesta