¿Marketing político? ¿Respuesta al clamor popular?
Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.
Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programaJusticia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.
Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.
No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.
¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?
Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.
Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…
De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».
Un evento se desplazó por todo el mundo. Y ahora como una promesa de película de ciencia ficción, desde el otro lado del planeta llegó a nuestras vidas una Pandemia. Y ahora lo que solía ser, dejó de serlo.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina agradece al señor Luis Santos, responsable del área de semáforos dependiente de esa área municipal, por la donación de tres controladores de semáforos que fueron colocados en la intersección de las calles Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII; Cipolletti y Yapeyú Sur; Mitre…
Nuestro sommelier amigo Facu Gagliano (@cu4trodecopa) nos sorprende y deja el «vinito» de lado, en esta columna nos cuenta sobre la infusión número 1 de la Argentina, EL MATE. Un sommelier con todas las letras, no solamente sabe de vinos sino que debe conocer de otras bebidas y alimentos; su capacitación como actualización del conocimiento…
El interventor de Andis, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios que había detectado el fiscal Franco Picardi, en su investigación sobre el caso de las coimas que estalló con la divulgación de los audios de Diego Spagnuolo.
Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el asesor sin cargo de Javier Milei. Fuentes libertarias creen que la presentación es parte de una escalada de la interna entre Caputo y Karina Milei.
En el documento, Vilches denuncia que «se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma». «Se ha identificado un universo de 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78», dice y agrega que «del monto total mencionado, una cifra cercana a los $4.770 millones se encuentra aún en estado «Pendiente» de liquidación».
Según el autor del informe, al menos esa cuota «otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».
La trama descubierta por Vilches se produce justo en el momento de mayor tensión entre la Casa Rosada con el sector del Poder Judicial que se expresa en la Corte Suprema a través de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y con Lijo en los tribunales de Retiro. «Hay pólvora en todos lados», resumió una fuente del gobierno a LPO.
En efecto, la pelea en curso deriva de la decisión de Karina de barrer a Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia cuando designó a Juan Bautista Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Como reveló LPO en exclusiva, Milei habría llegado a cursarle un mensaje de WhatsApp a Lorenzetti en el que decía que el Ministerio de Justicia sería para el intendente Guillermo Montenegro pero su hermana terminó optando por Mahiques, en un acuerdo con Daniel «Tano» Angelici.
Por aquellos días, el joven Caputo llegó a advertirle al Presidente que «Mahiques es su propio jefe», dolido por el desplazamiento de su segundo, Amerio. El ex procurador porteño, hijo del camarista de la Casación Carlos «Coco» Mahiques, llegaba a la cartera de Justicia con el mandato de aplacar las causas judiciales que preocupaban a Karina y la AFA al mismo tiempo.
Sin embargo, su efectividad habría sido puesta en duda desde Balcarce 50 para desactivar las causas que afectan a Karina y Manuel Adorni, tal como informó LPO. La presentación del informe de Vilches se inscribe en esa saga.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería para peritar los audios de Spagnuolo
Entre los casos de mayor gravedad, el interventor de la Andis menciona el «Caso Reinoso, Alexis Lautaro (Factura 38425)». «Se facturó un importe de $12.150.000,00, lo que representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas».
También detectó legajos con desvíos superiores al 800% en los casos de Perea de Fusco (908%), Suárez (897%), Martínez Figueroa (872%) y Serrano Dalina (853% y 801%).
Además, encontró que «existe una relación directa y estrecha basada en lazos familiares, directivos compartidos y una misma sede social». Uno de los casos más resonantes es el de Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova SA: «Vínculo Familiar y Societario: Martin Gonzalo Armella es el Presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova SA y, a su vez, es Director Suplente (y Socio/Representante Legal) de Artrobone Ortopedia SA. Evangelina Ileana Garcia es la Presidenta de Artrobone Ortopedia SA y, según el acta de constitución de Imnova SA, es la madre de Martín Gonzalo Armella, estableciendo un claro vínculo familiar directo entre los principales directivos de ambas empresas», precisó.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería, donde tiene ascendencia Patricia Bullrich, para peritar los audios de Spagnuolo. «Es una vergüenza», había dicho una fuente al tanto de los movimientos del expediente la noche en que el juez libró el oficio.
Incluso, circularon versiones sobre un encuentro secreto entre el magistrado y Karina en la previa de aquella jugada. Ahora, el fiscal Picardi y el juez Lijo contarían con elementos probatorios que ratificarían el último dictamen elevado para las indagatorias del mes pasado, que llegaron hasta la citación del propio Spagnuolo.
Durante el fin de semana continuarán las muestras de los talleres de la Escuela Municipal de Arte para compartir con la comunidad el trabajo desarrollado a lo largo del año. Desde el viernes 3 al domingo 5 en el Galpón de las Artes tendrán lugar la exposición del Taller creativo de plástica para niños y…
Lotes de mil metros cuadrados a orillas de un lago central de 180 hectáreas, canchas de tenis, avenidas con palmeras y amplio club house. Así es La Isla, el área más exclusiva de Nordelta que tiene las mejores panorámicas del barrio. En la zona residen los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, y también tiene su casa el Cholo Simeone. Y allí vivía Marcelo Clayton Alves De Sousa hasta que la policía, que no lo encontró, entró a buscarlo. Ese vecino brasileño, discreto y sonriente, era el principal operador en Argentina de una formidable maquinaria de lavado de activos del Comando Vermelho.
Ahora cinco miembros de su organización acaban de ser condenados de manera definitiva por haber ayudado a poner en el circuito financiero legal la impresionante suma de 520 millones de dólares, lo que las autoridades judiciales argentinas estiman se hizo entre 2015 y 2023. El dinero sucio provenía del narcotráfico y se utilizaba para la compra de armas pesadas y de gran porte que abastecen al Comando Vermelho, el grupo delictivo de mayor envergadura de Brasil, que nació en la década del 70 con robos de bancos y blindados y progresó hacia el tráfico internacional de cocaína.
La investigación fue ardua, provino de una alerta de Brasil y fue desarrollada en Argentina por fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Que descubrieron que desde 2015 hasta 2023 esta organización, en base a una ingeniería financiera muy desplegada y que requirió de decenas de testaferros, lavó dinero en el país para remesarlo a Brasil. Lo hicieron mediante transferencias para las que usaron sociedades fachada, cuevas financieras y centros de operaciones. El lavado de activos se concretó con cuentas en cuentas Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Brubank, Banco Itaú Argentina y Mercado Libre. También con plataformas de criptomonedas como Binance o Ualá.
Hace dos semanas la Cámara Federal De Casación dejó firmes las condenas a tres años de prisión en suspenso contra cinco brasileños que actuaban como enlaces para transferir dinero a cuentas de Marcelo Souza y multas descomunales que llegan en algunos de los implicados hasta 780 millones de pesos. Los totales por los cinco son 2.640 millones de pesos.
Todos comparten rasgos semejantes: salvo una excepción, personas no mayores de 35 años, con pasaporte argentino, con el rol de recibir fondos de origen no demostrado, que posteriormente aplicaban en activos virtuales y productos financieros. Como reconocieron los hechos y la figura penal es de penas leves – partícipe necesaria del delito de lavado de activos de origen ilícito- todos quedaron en libertad. Porque son engranajes necesarios pero menores de la red.
La mayoría en Palermo, desde oficinas en un edificio en Santa María de Oro y Guatemala, donde canalizaban fondos mediante criptoactivos, bitcoins, billeteras virtuales y bienes registrables como vehículos de alta gama. Realizaban transferencias y depósitos en efectivo desde muy distintos lugares del país de fondos remitidos por terceras personas que no tenían ninguna relación con los titulares de las cuentas desde las que operaban.
Alves de Sousa y su esposa Naly Pires Diniz están prófugos. Llevaban una vida con ostentaciones en su casa de dos plantas en la calle Los Mimbres frente al lago de Nordelta cuando un equipo de fiscales dirigido por el jefe de la Procelac Diego Velasco estableció, tras una investigación compleja y prolongada, los resultados de la ingeniería financiera que desplegaban para lavar activos del sanguinario Comando Vermelho.
El día que los allanaron, el 6 de septiembre de 2023, no estaban en Nordelta, donde, contaron a LPO desde una de las fiscalías, hubo desde adentro resistencias hacia los operativos policiales, como ocurrió el año pasado cuando fueron a registrar a los hermanos Kovalivker por las coimas en la Secretaría Nacional de Discapacidad (Andis).
Aquel mismo día de 2023 el portero del edificio de Palermo donde Alves de Souza tenía la oficina principal avisó por whatsapp que había una requisa. Ese mismo día los lavadores dejaron abandonado un auto en el Shopping DOT sobre la avenida General Paz cerca del acceso Norte. Tres acompañantes fueron detenidos. Alves de Sousa y su mujer se escabulleron. Permanecen fugitivos.
Los fiscales acreditaron que desde 2015 hasta 2023 habían gestionado sin justificación debida del origen el manejo de 84.918.576,04 de pesos, 303.210 dólares, 188,73267 bitcoins (que en octubre de 2025 al cerrarse los abreviados a cinco miembros de la red equivalían a 13.682.925 de dólares) y tenencias en criptomonedas (dólar Tether) por una suma impactante: 515.567.165 dólares. Todo provenientes de operaciones de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.
En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos
Es tal el volumen de dinero que lavaron desde Argentina estos nexos del Comando Vermelho que, por los montos involucrados, a los dos líderes de la asociación ilícita solo la multa a fijarles superaría los 700 mil millones de pesos.
El radar se activó sobre Alves de Souza por la detección de dos depósitos bancarios que habían sido realizados el 29 de octubre de 2019, y que despertaron las alarmas del sistema financiero brasileño. Posteriormente, el avance de esa pesquisa adoptó la hipótesis de que las distintas operaciones bancarias y de criptoactivos que se fueron detectando buscaban canalizar activos ilícitos provenientes del Comando Vermelho.
Las redes de Marcelo Alves de Souza estaban movilizadas por un experto financiero de origen chino en Buenos Aires llamado Hang Wang, actualmente prófugo, que planificaba las operaciones de lavado de activos. El nombre de Alves De Souza apareció en el marco de una operación en Brasil llamada «Mercador de Ilusoes», una gigantesca investigación antilavado realizada en septiembre de 2023 en nueve estados de ese país que acreditó lavado de dinero del Comando Vermelho por tres billones de reales, lo que equivale a casi 600 millones de dólares entre 2019 y 2021.
Ese impresionante volumen de operaciones se concretó en nueve estados brasileños y en Brasilia. El esquema lo utilizaba como líder Antonio Ilário Ferreira, conocido como Rabicó, para ocultamiento de venta de drogas y para adquirir armas de gran porte. Utilizaban algo muy parecido que la red de Alves de Souza en Argentina: una práctica conocida como smurfing, que consiste en depósitos o transferencias de grandes montos de dinero efectuados en forma fraccionada. Muchas de estas transacciones las hacían moradores de regiones de frontera con Brasil. Se constataba lo mismo: el lavado se hacía con criptomonedas, que son activos digitales movilizados sin control del Banco Central y de la Receita Federal, que es el órgano recaudatorio de Brasil, lo que dificulta el rastreo de transacciones y favorece el lavado de dinero y la evasión de divisas.
¿Cómo entraba a Argentina esa montaña de dinero que luego se blanqueba con operaciones financieras hacia Brasil? Las computadoras y teléfonos secuestrados al grupo, más la información procedente de las autoridades judiciales del país vecino, delataban que buena parte venía de transferencias concretadas desde la Triple Frontera, de traspasos de efectivo y de empresas radicadas en Brasil conectadas al Comando Vermelho.
´Uno de los lavadores locales de Marcelo Souza ahora condenados de modo firme, Eliamar Dolores De Melo, movía fondos con transferencias de terceros a Mercovía SA, que era concesionario del grupo fronterizo entre Santo Tomé en Corrientes y San Borja en Brasil.
Una de las primeras alarmas públicas sobre esta organización se dio cuando se hizo público en la prensa brasileña el operativo Mercader de Ilusoes. Una nota del complejo O Globo reveló el 22 de septiembre de 2022 que los jefes del grupo investigado «tienen una vida de lujo en Buenos Aires».
Al condenar a los implicados en juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal 7 sostuvo el planteo de los fiscales de que en Argentina «la organización recibió al menos 520 millones de dólares norteamericanos, sin fuente de origen legal, que luego drenó por canales informales, opacos y de poca regulación (activos virtuales) y en el sistema financiero argentino a través de la utilización de testaferros y fragmentación de depósitos».
«Asimismo, en relación a los activos virtuales, a partir del avance de la pesquisa, especialmente por el aporte de la dificultosa tarea de trazabilidad que está siendo llevada a cabo para identificar el flujo de los activos virtuales operados por la organización, a la fecha está acreditado que esta asociación se encargó de a recepción y posterior transferencia de, al menos, USD 520.531.997,645 provenientes de un ilícito penal en el período 11 de febrero de 2021 a 6 de septiembre de 2023.»
Los eslabones de la red financiero canalizaban muchas transferencias. Por ejemplo Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, desde las oficinas de Palermo, realizaban movimientos del banco Santander mediante transferencias y depósitos comúnmente fraccionados desde muchas sucursales: operó por ejemplo en las sucursales de Rosario, Rosario Centro, Posadas, Plaza Houssay, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Chaco, El Dorado, Salta, Corrientes, Paraná, La Carlota, Córdoba.
El camarista Gustavo Hornos
Hace unos días el camarista de Casación Gustavo Hornos validó las condenas a tres años de prisión condicional a los brasileños que aceptaron su delito, y rechazó la apelación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al acuerdo. Los sentenciados aceptaron su delito y las multas cuantiosas que les fijaron. Son Felipe Gabriel Correia Goncalves, con multa de 720 millones de pesos). Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira y Thiago Cardoso de Oliveira, con multas a cada uno de 480 millones de pesos. Y Selma De Lima Muniz Barbosa, con multa de 180 millones de pesos.
Ya había condenados en una primera etapa otros tres operadores identificados como Ma Hai, oriunda de China, Katherine Yola Chasqui Inta, de Bolivia, y Juan David Babilonia Mora, colombiano. El Ministerio Público Federal pidió que otros investigados como Juan José Isola, María Antonella Garbagnati, Luana Belén Isola y Samira Eugenia Isola vayan a juicio oral. Los acusan de recepcionar de Alves de Sousa unidades de activos virtuales por dos billeteras Binance y tres descentralizadas, que originaron transacciones «por un valor total de 74.332.149,35 dólares».
En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos.
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