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JARDÍN DE REJAS

¿Marketing político?
¿Respuesta al clamor popular?

Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”.

Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programa Justicia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones.

Como siempre, el pilar fundamental de toda “sociedad civilizada” es la educación, que a su vez debe ser garantizada por el Estado; si como solución al alto índice delictivo de menores se propone criminalizar sectores de la sociedad, se estaría apelando en simples palabras a un “exterminio provisorio” de la problemática.

No debemos olvidar que el poder punitivo del Estado criminaliza con mucha más fuerza los sectores económicos más vulnerables, que a su vez, son los que carecen de posibilidades. La solución siempre es la educación y la existencia de reales oportunidades de crecimiento social, laboral, económico, etc.

¿Es más fácil criminalizar, detener, realizar un proceso, lograr una condena y “ver que sucede en el medio”, para responder ante el clamor popular frente a la inseguridad? ¿No es más eficiente y respetuoso de los derechos, lograr una educación de alta calidad, ofreciendo oportunidades a todos los estratos sociales?  

Con un fuerte discurso político y social que se desprende del odio hacia los demás, se proponen estas “soluciones rápidas” que lamentablemente tienen un fuerte consenso social y que se retroalimentan por el mismo sentimiento de desprecio instaurado entre nosotros.

Pero al fin y al cabo, es lo que el gobierno de turno realmente quiere…

De la mano de toda esta ausencia, se encuentra el espacio para «políticas criminales» que no son de las más acertadas. La criminalización de los menores no es la solución a un problema que tiene como raíz la falta de factores socio-educativos que merecen y necesitan proyectos profundos, a largo plazo, alcanzando el rango de «políticas de Estado».

Ley 22.278: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114167/texact.htm
Proyecto de reforma: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7523-D-2018&tipo=LEY

Colaboración: Emiliano Piccinini
Portada: Germán Busin
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    El exasesor presidencial Demian Reidel fue imputado por la justicia federal por el descontrol de gastos con las tarjetas corporativas durante su gestión como presidente de Nucleoeléctrica, de donde lo echaron por otras sospechas de corrupción.    

    El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación formal tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.

    González busca determinar si existieron «irregularidades penalmente relevantes» en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando fue echado Reidel. La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero.  

    Karina se impuso y Milei tuvo que echar a Reidel por las sospechas de corrupción de Nucleoeléctrica 

    La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

    En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados, según informó la agencia Noticias Argentinas.

    La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero

    La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado «Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. – Cuenta N° 338402», incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano. El reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

    El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos «surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa». González también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos.

    En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

    Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado. 

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    — Demian Reidel (@dreidel1) May 1, 2026

     

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