La empresa estatal rionegrina firmó un contrato para construir dos radares de uso civil que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de ese país.
La construcción de dos radares de uso civil por el Instituto de Investigaciones Aplicadas (Invap), que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de ese país africano, «nos permite ser competitivos internacionalmente», consideró la subgerente del área de Defensa, Seguridad y Ambiente de esa empresa, Micaela Rodrigo.
Invap y la empresa Jampur International FZE, de Emiratos Árabes Unidos firmaron días atrás el contrato para la provisión de dos radares primarios 3D móviles de uso civil, modelo RPA-200MC a ser emplazados en Nigeria, “provisión que incluirá también la capacitación del personal que los operará”, dijo Rodrigo.
Se trata de equipos móviles que pueden usarse tanto en el control habitual de aviación comercial como también de seguridad aérea, para aeronaves que vuelan sin identificarse o sin comunicarse con las autoridades, explicó Rodrigo al referirse al acuerdo que marca un hito para Río Negro en la exportación de tecnología.
“En marzo pasado se firmó en la sede del Invap un contrato con la fuerza aérea nacional para la provisión de radares con esta tecnología también”, recordó en diálogo con Télam.
“En ese momento decíamos, bueno esta tecnología lo bueno es que nos permite ser competitivos internacionalmente; con lo cual hoy podemos que fue así”, aseguró.
Sobre los tiempos de construcción Rodrigo sostuvo que para “este contrato la provisión es de 24 meses con lo cual en dos años tienen que estar los radares en Nigeria operativos”.
“De todas formas no es algo que estamos empezando de cero, ya estamos con algo avanzado, además de tener la experiencia de haber provisto a la fuerza aérea argentina y también los radares meteorológicos, lo que nos da una experiencia en este ámbito que hace que los tiempos de desarrollo cada vez puedan ser menores”, sostuvo.
Este modelo de radar, en su versión móvil y de uso civil, constituye la más reciente incorporación a la familia de radares RPA desarrollados por la empresa rionegrina de desarrollo tecnológico.
Su diseño modular y los transmisores distribuidos en la antena, le permite operar las 24 horas, los 365 días del año, con alta disponibilidad, mínimo mantenimiento.
Además pueden ser operados de manera remota y se integran “a sistemas de gerenciamiento de tránsito (ATM) y comando, y control multi-sensor, minimizando la dotación de personal necesario para operarlo”, precisó la ingeniera del Invap.
“Se trata de un radar de control civil, para el control de aeropuertos, pero lo que se suma es que tiene una antena primaria, esto quiere decir que son más parecidos a los que tiene fuerza aérea nacional, lo que permite detectar todo avión que está volando, quiera o no colaborar, por eso son radares más de defensa en lo general”, explicó.
“El haber podido firmar y poder exportar es realmente un hito muy importante, mas allá de que para Invap ya tenemos otras exportaciones pero, para el área de gobierno que justamente desarrollamos, los radares son la primera exportación”, consideró Rodrigo.
La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladaba esta tarde a distintos hospitales al menos a 20 adultos mayores de un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal que dieron positivo del nuevo coronavirus. El SAME comenzó a trasladar después de las 19 al menos a 20 adultos mayores del Hogar Geriátrico Catamarca, ubicado…
Este es un registro sonoro de un gran cambio nos afectó a todos. Y son estas experiencias particulares las que nos hacen resonar en común y nos identifican, como nos cuenta Mariana Belzagui en este podcast…
Revolucionada la oposición en Córdoba en la última semana. En primer lugar, sin dudas que el golpe por el caso Adorni y la crisis de Pami afecta a los libertarios que bajaron un acto que tenían programado para este sábado; mientras quien sí hará un encuentro es Luis Juez.
Pero, más allá de esto, lo central se produjo por los contactos entre el radicalismo y la alianza que lideran el libertario Gabriel Bornoroni y Juez. Con el primero se reunió hace unos días el exdiputado radical Rodrigo de Loredo.
La respuesta del mileísta fue bastante lapidaria: lo emplazó y le dio hasta el Mundial de Fútbol para que defina qué va a hacer; si se suma o no al esquema opositor.
Con diferencia de días se produjo otra reunión, pero entre el presidente de la UCR cordobesa, Marcos Ferrer y el propio Juez. Los comentarios no estuvieron lejos de la charla entre De Loredo y Bornoroni; aunque al juecismo le quedó claro algo: «Ferrer no se va a hundir con Rodrigo, si hace alguna locura». Algo que repiten otros que también conversan con el intendente de Río Tercero.
A ambos, tanto a Ferrer como a De Loredo les empezó a preocupar la sangría que dirigentes radicales hacia el esquema de La Libertad Avanza que ya tiene una pata radical con Soledad Carrizo, aunque son muchos los intendentes que empiezan a sondear de manera directa a Bornoroni.
Una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes: es democrática; permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos; y puede hacerse con una campaña breve y austera.
Por eso, a nadie le extrañó el pedido que este jueves por la tarde hizo público Ferrer: un llamado a una interna entre el radicalismo, los libertarios, el juecismo, el PRO y Encuentro Vecinal para definir quién debe ser el rival del peronista Martín Llaryora en el 2027.
«Una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes: es democrática; permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos; y puede hacerse con una campaña breve y austera», dijo Ferrer en sus redes.
En tanto, dentro de la coalición liderada por los libertarios lo ven como la última jugada del radicalismo por tratar de contener la tropa. Porque, además de impulsar ese mecanismo para definir el candidato provincial, Ferrer pide que esa interna también dirima los candidatos a intendentes. Una muestra de que el claro objetivo es que los libertarios no planten postulantes en lugares que hoy controla el radicalismo en el interior cordobés.
La reacción de la alianza opositora, por ahora, fue el silencio. Pero pocos descartan que aparezca una negativa a la opción de Ferrer. Juez en el 2023 rechazó la misma estrategia que impulsaba De Loredo y hubo un quiebre.
EL CLUB DE LA PRIMERA MANSIÓN | La libertad de crédito es para los funcionarios que aspiran a su primer palacete y no se conforman con un departamentito de morondanga.
Por Alfonsina Madry para NLI
Un préstamo de cerca de $ 420 millones le costó a Leandro Massaccesi —hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi— su conchabo en Capital humano: pasó a ser chivo expiatorio del club de la primera mansión que, lógicamente, rima con Banco Nación. Sandra lo eyectó y Leandro se defendió:
A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos […] la solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”.
Sea como fuere, el bueno de Leandro sabrá darle buen destino en ladrillos a los trescientos mil y pico de dolarcitos que embolsó. Llegar a la primera mansión o el primer palacete justifica cualquier tribulación o sombra de corrupción, incluso haber padecido la dura burocracia del Nación. Por eso insiste: la suya fue una buena acción y deberíamos darle la razón.
En consonancia también, por ahora se estima que al menos nueve libertarianos, entre funcionarios y legisladores, accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación con techo cercano a los $ 400 millones. Es decir: Leandro no es el único con fobia al monoambiente o a ese tan estrecho dos ambientes al que solía aspirar la clase media antes de que los ajustes hicieran diana en ella.
No fue por ostentación ni espíritu de corrupción: el oficialista Club de la primera mansión se enfrentó con noble decisión a la ardua burocracia del temido Banco Nación. ¡Merecen admiración! Cualquier sospecha sería mera presunción. ¿Por qué entonces Paulón pide acceso a la información?
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
