La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
El gobierno llevó la guerra con Victoria Villarruel al campo de la logística y le negó un helicóptero para que sobrevolara las zonas incendiadas en Chubut.
LPO explicó que la vicepresidenta viajó al Parque Nacional de Los Alerces para acompañar a los brigadistas en una de las áreas del siniestro que arruinó miles de hectáreas.
Ese acto dejó expuesto a Javier Milei, que no sólo no viajó a la Patagonia sino que compartió en sus redes una foto hecha con inteligencia artificial en la que aparece junto a los bomberos en medio de un incendio.
En la Rosada cayó muy mal que Villarruel se hiciera presente en el Sur y por eso le negaron el helicóptero que pidió a la Agencia Federal de Emergencia con el objeto de sobrevolar las zonas afectadas. Esa agencia depende del ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, la delegada de Patricia Bullrich.
La ex ministra tiene una guerra personal con Villarruel, con quien ya tuvo sus primeros chispazos en el Senado, y buscó congraciarse con los hermanos Milei, enfrentados sin retorno a la compañera de fórmula del presidente.
Milei se hizo presente en la zona incendiada pero en el metaverso
El enfrentamiento entre la vicepresidenta y la Rosada es frontal: el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que responde a Manuel Adorni, salió a pegarle directamente a Villarruel en las redes. «Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden…», tuiteó Lanari.
La mención a la «alta política» fue una referencia a una frase que pronunció la propia Villarruel en una entrevista en la que dijo que en el Senado podía ver la alta política. A Milei le molestó esa frase, hecha hace casi un año y medio, y se encarga de demostrarlo cada vez que puede.
Villarruel devolvió el dardo con un posteo en el que anticipó que les pedirá a los senadores que endurezcan las penas para quienes inician el fuego. «Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder», dijo en una chicana contra Bullrich, que volvió a acusar a los mapuches de haber incendiado la Patagonia.
LPO explicó que el fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, descartó de manera tajante la posibilidad de que haya una acción coordinada de parte de los mapuches, aunque reconoció que la principal línea de investigación es que el fuego fue intencional.
Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.
La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos
A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Cárcel del Helicoide, en Caracas.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.
El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
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