La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa.
En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no soliciten permiso para la extracción de los mismos y, también, a aquellos que habiéndolo solicitado no realizaron la reposición correspondiente.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido, todos los inmuebles de la zona urbana, con edificación o sin ella, deben poseer dos árboles cada 10 metros de frente.
El arbolado urbano es un bien de dominio público municipal y los árboles son generadores de un sinnúmero de beneficios como purificar el aire, atenuar los vientos, filtrar ruidos y formar parte de los ciclos ecológicos vitales, entre otros.
Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó los archivos del caso que investiga al delincuente sexual Jeffrey Epstein. La decisión se produce como parte del acatamiento de la ley aprobada por el Capitolio que estipulaba este viernes como plazo para el cumplimiento.
Entre los documentos aparecen fotos de Bill Clinton y el cantante Michael Jackson y algunas pocas con Donald Trump que ya eran conocidas públicamente.
Por eso, el representante demócrata y co-autor del proyecto de ley que ordenaba la publicación de los archivos, Ro Khanna, dijo que estaba «decepcionado» con los materiales presentados y que explorará «todas las opciones» sobre qué hacer a continuación.
«La ley exige que se publiquen todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein. Es obvio que no han cumplido con ese estándar», dijo Khanna. «Si bien está claro que al menos están tratando de cumplir con la fecha límite, deberían haber podido hacer más».
Khanna dijo que trabajaría con el representante republicano Thomas Massie, quien colaboró con él para impulsar la publicación de los archivos, para explorar los próximos pasos. Khanna llegó a decir que considerar un juicio político podría estar sobre la mesa si el Departamento de Justicia finalmente no cumple plenamente.
La ley exige que se publiquen todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein. Es obvio que no han cumplido con ese estándar
«Thomas Massie y yo continuaremos explorando todas las opciones para luchar y asegurarnos de que cumplan con la ley, ya sea responsabilizando a las personas por desacato inherente, recomendando a personas para su enjuiciamiento, recomendando un juicio político o demandas privadas», afirmó.
Por su parte, el gobierno busca darle un cierre a este tema que se volvió un verdadero dolor de cabeza para Trump y alejó a una parte de sus bases que creyó en las teorías conspirativas del propio presidente que apuntaba a los Demócratas y su vínculo con el delincuente sexual.
El Gobierno de Trump es el más transparente de la historia. Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y con el presidente Trump pidiendo recientemente más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, la Administración Trump ha hecho más por las víctimas que los demócratas jamás han hecho
«El Gobierno de Trump es el más transparente de la historia. Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y con el presidente Trump pidiendo recientemente más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, la Administración Trump ha hecho más por las víctimas que los demócratas jamás han hecho», dijo la portavoz Abigail Jackson en un comunicado.
«Y mientras el presidente Trump cumple sus promesas, los demócratas como Hakeem Jeffries y Stacey Plaskett aún no han explicado por qué estaban solicitando dinero y reuniones a Epstein después de que él fuera un delincuente sexual condenado. El pueblo estadounidense merece respuestas», agregó Jackson.
Plaskett intercambió mensajes de texto con Epstein durante una audiencia del Congreso en 2019. Un grupo consultor demócrata le preguntó a Epstein si quería participar en una cena de recaudación de fondos con Jeffries en marzo de 2013.
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En medio de la polémica que cruza la causa AFA, fuentes del ámbito judicial revelaron a LPO que el juez federal Daniel Rafecas habría recibido una propuesta del ministro Mariano Cúneo Libarona, para que avance contra el hombre fuerte de la AFA, Pablo Tobiggino, con la sorprendente mediación del ex presidente Alberto Fernández.
El gobierno le habría hecho saber al juez federal que estraría dispuesto a impulsar su pliego como juez de la Cámara de Casación, si retoma la causa que en su momento instruyó contra la AFA.
La investigación gira en torno a la mansión de diez hectáreas en un exclusivo country Pilar y sus posibles conexiones con Tapia y su mano derecha y tesorero de AFA, Pablo Toviggino.
En Tribunales advirtieron que, en un primer momento, Rafecas entendía que se trataba de una causa en la que debía intervenir el fuero penal económico. No obstante, más tarde cambió de parecer y aceleró con los allanamientos.
Además de la amistad que lo une con Rafecas, a quien impulsó como Procurador, Alberto se la tiene jurada al Chiqui Tapia desde el momento en que el titular de AFA le negó el balcón de la Rosada con Messi y la Selección campeona del Mundo.
Frente a eso, operadores judiciales analizaron ese cambio de temperamento de Rafecas tiene pendiente un concurso para integrar la Cámara de Casación y es el Ejecutivo quien tiene la potestad de definir qué pliego va al Senado.
Es ahí donde, fuentes del ámbito tribunalicio señalaron que fue Alberto quien acercó a Rafecas y Cúneo para que el magistrado acepte manejar una causa que interesa al Gobierno en medio de la guerra abierta que mantiene con Tapia.
Más allá de eso, en las últimas horas se conoció la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que resolvió que la causa deje de estar a cargo de Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, en manos de Marcelo Aguinsky.
Así, la causa deja de investigarse como un delito penal federal y recae en el ámbito del fuero Penal Económico, donde los posibles delitos son los vinculados a lavado de activos, evasión impositiva, entre otros.
Ante ese fallo de la Cámara, los denuncias, entre ellos el titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, presentaron un escrito reclamando que la causa vuelva al fuero federal para que siga a manos de Rafecas.
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