La Dirección de Deportes, suma una nueva Escuela Municipal. La disciplina del Hockey desarrolla sus actividades los días martes y jueves de 18:00 a 19:30, en el predio ubicado en las intersecciones de las calles Juan Bautista Alberdi y Juan Cruz Varela. Cabe destacar que las clases serán para los mayores de 18 años de ambos sexos.
Para poder inscribirse, los interesados e interesadas, deberán acercarse al predio, en los días y horarios donde se lleva a cabo la práctica deportiva. Se les recuerda llevar ropa cómoda para una mejor actividad y mucha agua para una buena hidratación
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
Vecinos, asambleas socioambientales y familias de toda Mendoza iniciaron una caravana a pie de más de cien kilómetros para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, respaldado públicamente por Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una caminata que volvió a encender la defensa del agua
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata se convirtió en el punto de partida de una nueva gesta popular: la “Gesta Libertadora por el Agua”, impulsada por la Asamblea por el Agua de Uspallata. Vecinos, ciclistas, familias y agrupaciones socioambientales se reunieron con una consigna que se volvió bandera en toda la provincia: el agua de Mendoza no se negocia.
La caravana, que reúne desde organizaciones territoriales hasta turistas que se encontraban en la zona, marcha rumbo a la capital provincial para llegar mañana, justo cuando el Senado iniciará el debate por la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, rebautizado por la empresa como PSJ Cobre Mendocino.
El objetivo es claro y directo: presionar al Senado provincial para que rechace el proyecto, considerado por los manifestantes como una amenaza grave para una región ambientalmente frágil y dependiente del agua.
Más de cien kilómetros para hacerse escuchar
La movilización recorrerá más de cien kilómetros a lo largo de dos días. El trayecto comprende:
Ruta 7, avanzando hasta Potrerillos.
Ruta 82, bordeando el perilago y atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, hasta desembocar finalmente en la capital.
Para sostener la marcha se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros, con agua, alimentos y espacios de descanso. La convocatoria continúa sumando adhesiones, incluidas asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este provincial, que realizan caravanas paralelas para confluir en la Legislatura.
El movimiento ambientalista mendocino considera esta protesta como una de las más importantes desde las históricas movilizaciones de 2019 en defensa de la Ley 7722, la norma que protege el agua frente a proyectos extractivistas de alto impacto.
El proyecto San Jorge y el respaldo de Milei
Mientras miles caminan para impedir su avance, Milei salió a defender abiertamente el emprendimiento minero. Según expresó, el proyecto aportaría una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. El mandatario, fiel a su estilo confrontativo, afirmó que para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña, siguiendo la línea de los últimos 25 años y estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo, apuntando directamente al peronismo.
Las asambleas, en cambio, insisten en que la explotación de cobre y oro en la alta montaña pone en riesgo la disponibilidad de agua en una provincia donde cada gota es estratégica. Por eso reclaman a los legisladores que voten en contra de la DIA y pongan freno a lo que consideran un retroceso ambiental de consecuencias irreversibles.
La llegada a la Legislatura está prevista para mañana por la mañana. Y allí, cuando los senadores abran el debate, la multitud mendocina les recordará algo que hace años es mandato popular: el agua vale más que cualquier negocio.
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