Histórico avance en la OIT: se aprueba convenio vinculante sobre trabajo en plataformas

 

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), administrada actualmente por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), ingresó en la etapa de sumar inversores privados para su puesta en marcha. Así lo informó el gobierno neuquino con la “convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial” de la PIAP.

La búsqueda está dirigida a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito e inversores privados, tanto del país como del exterior. La planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ENSI es la encargada de su operación.

La PIAP es una de las instalaciones más importantes del mundo para la producción de agua pesada, un insumo esencial para ciertos tipos de reactores nucleares. Su reactivación permitiría que Argentina vuelva a producir y exportar este recurso estratégico, generando empleo, desarrollo tecnológico y divisas.

En una convocatoria previa, varias empresas internacionales ya habían manifestado interés en comprar agua pesada argentina durante los próximos años. Para responder a esa demanda, sería necesario poner en marcha las dos líneas de producción de la planta, lo que requiere una fuerte inversión inicial.

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta convocatoria “no es todavía un compromiso contractual, sino un paso para conocer qué opciones de financiamiento existen y bajo qué condiciones”.

Los interesados deberán presentar información sobre el tipo de financiamiento que ofrecen, plazos, tasas, formas de participación y experiencia en proyectos industriales o energéticos. Las propuestas y consultas deben enviarse a [email protected]

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El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por 71 federaciones y sindicatos de la CGT y las CTA, organizaciones sociales, movimientos populares, trabajadores/as de la economía popular y gremios del ámbito estatal, del transporte, industrial y de servicios, anunció una masiva movilización para este miércoles 25 de junio contra las políticas de ajuste, hambre, saqueo y pobreza del gobierno de Javier Milei. La concentración será desde las 12 en Carlos Pellegrini y Sarmiento, para movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado (ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788), conducido por Federico Sturzenegger. De la conferencia participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, FeMPINnRA y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte); entre otros. Por ANRed

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El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por al menos 71 federaciones y sindicatos (algunas de la CGT) del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, anunciaron hoy en una conferencia de prensa que llevaron adelante al mediodía en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que este miércoles 25 de junio marcharán contra las políticas de ajuste, hambre y pobreza del gobierno de Javier Milei.

La concentración será desde las 12 en el cruce de Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el centro porteño, para luego movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger y ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. La jornada de lucha, además, contará con el apoyo de federaciones y organizaciones sociales y gremiales.

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

«La paz social solo le sirve al Gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno»

Durante la conferencia de prensa, diversos dirigentes y referentes sindicales hicieron intervenciones. Entre otros, estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte).

Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CGT, declaró: «es la primera acción que vamos a llevar adelante. Confluimos sindicatos estatales, del sector privado, del sector de servicios, de la industria, de la economía popular y también universitarios», enumeró. Y agregó: «la lucha por la soberanía implica la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestras infraestructuras, de lo que queda de las empresas públicas, que sobrevivieron al experimento neoliberal de los 90′, significa soberanía alimentaria, del conocimiento y, también, trabajo argentino, porque la persona se construye y se desarrolla alrededor del trabajo, y la responsabilidad de los gobiernos es crear trabajo y dignidad del hombre y de la mujer que realiza su trabajo».

«Y por último, los salarios, efectivamente, porque si hay un lugar donde no existe libertad, es en la negociación colectiva, donde hay imposiciones, hay pautas, hay restricciones, y eso se da de patadas con lo que pregona como un credo el gobierno de Javier Milei. Dice que él cree en la libertad absoluta, pero en la mesa de negociación colectiva no hay libertad», remarcó.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, aseguró que desde las dos CTA se acompañará esta iniciativa y añadió: «es imprescindible la resistencia y la unidad para vencer esta política de hambre y saqueo. Este es un gobierno que está habilitado por el decreto 70/23, que la Corte aún no ha rechazado, que está regido por Ley Bases, y respaldado por una Corte Suprema de la injusticia que persigue y proscribe, pero no trata la inconstitucionalidad de estas leyes, con los que incluso ha plantado una nueva estafa del FMI, que afecta a los argentinos más allá de este gobierno. Por eso, esta convocatoria a construir unidad, demuestra que nuestro pueblo no se resigna y que sus organizaciones de trabajadores formales e informales estamos en la primera línea para enfrentarlo. Este llamado a la lucha no empieza ahora y no termina con esta convocatoria», remarcó.

En línea con lo que se fue expresando en la conferencia de prensa, Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina, aseguró: «hoy gobiernan las corporaciones y son quienes, de alguna manera, han determinado quiénes van a ser los ideólogos de llevar adelante sus políticas que tienen que ver con el saqueo que ya mencionaron anteriormente. Identificar al enemigo es, de alguna manera, tomar precauciones en anteriores momentos de nuestro país en que no la hemos podido visibilizar, y es momento de estar identificando con nombre y apellido a quienes están detrás del gobierno de Milei impulsando políticas para que los trabajadores naturalicemos, en primer lugar, salarios de hambre y, en segundo lugar, no tengamos la posibilidad de tener nuestras vidas dignas».

En tanto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, agregó: «este frente nos va a permitir comenzar a unir las luchas que se están llevando adelante en todo el país y por eso esta primera decisión de movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta ahora las únicas respuestas que hemos tenido de parte del gobierno no han sido otras que mentiras organizadas, descalificaciones, amenazas, represión e espionaje ilegal a todos los las representaciones sindicales», denunció.

«La paz social solo le sirve al gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno y que nos están saqueando. No solo cierran organismos y privatizan empresas estatales, sino ahora dice que van a vender hasta los edificios, los inmuebles y las tierras del estado. Si no les ponemos un freno, nos van a dejar sin país«, advirtió.

Por su parte, Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) remarcó: «acá estamos enfrentando no solamente a Sturzenegger, sino a un gobierno que está minado de empresarios, que piensa como empresarios, y que representa a las necesidades que tienen los empresarios en nuestro país. Así que me parece que lo del miércoles va a ser un punto de partida. Hay muchas organizaciones y, seguramente, hay mucho lugar para otras organizaciones que quieran venir a defender a la clase trabajadora. Ojalá que esto ocurra. Ojalá que no hayan sido en vano las desapariciones de compañeros y compañeras, las muertes, las persecuciones, los encarcelamientos, y que siguen habiendo, en la actualidad, y que enfrentemos a este gobierno como corresponde, que somos representantes de la clase trabajadora».

Mientras, Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes, señaló el impacto de las políticas de Milei en el sector que representa: «lo hace a través decretos, a los que nos venimos oponiendo, como el desvío de vialidad, la desregulación del sector aeronáutico, de la marina mercante, entre otras cosas, como a querer limitar el derecho huelga». Y agregó: «esta mesa es la consecuencia de un montón de de actores que se ven afectados, y por eso se ha ido ampliando, y creo que va a seguir ampliándose. Esta es la primera medida en el marco de un espacio que se está consolidando, y vamos a movilizar al Ministerio de Destrucción, porque es el que está llevando adelante estas políticas y es el ideólogo de destruir todo lo que conocemos y entregar nuestra soberanía».

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Más de 71 federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y gremios movilizados contra las políticas de Milei

Hasta el momento, integran el frente, y serán parte de la movilización, la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas; la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).

También se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

 

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

La nueva conformación del Congreso Nacional tanto en Diputados como en Senadores tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales, recibirá los proyectos de reforma laboral y tributaria. El presidente Javier Milei hizo trascender esa novedad, al tiempo que se estimó que convocará a sesiones extraordinarias para su tratamiento.  

Los proyectos se tratarían con la nueva conformación legislativa, donde el oficialismo nacional tendrá un tercio en ambas cámaras. De esta manera, se acercó al número que le permitiría aprobar leyes sin depender de la oposición. No obstante, el Ejecutivo deberá mantener contactos con algunos aliados provinciales.

En esa línea se expresó Guillermo Francos, jefe de Gabinete: “hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita”.

En el Ejecutivo ya trabajan con sectores dialoguistas la letra chica de la iniciativa, para conseguir apoyos durante el tratamiento de ella. Ejemplo de ello es el Consejo de Mayo, que debate el Pacto de Mayo, y en donde figuran estos cambios. El grupo se reúne una vez por mes, y representa a Diputados, al Senado, al Gobierno, a las empresas y a los sindicatos.

Diálogo con gobernadores

Ahora, se suma el diálogo con los gobernadores que convocó Javier Milei durante su discurso en la sede de LLA. “Esa política ya está decidida. No se definió cuándo se los va a llamar, pero la idea es que vengan en el corto plazo a hablar con los interlocutores de la Casa Rosada”, expresó un funcionario en Balcarce 50.

Ante la consulta sobre quiénes son esos interlocutores, en el oficialismo aclaran que las personas válidas para hablar con los distintos actores son Guillermo Francos, Santiago Caputo, Lisandro Catalán y hasta el propio Presidente.

Lo que adelantó el secretario de Trabajo

Días atrás, Julio Cordero (secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) anticipó que la iniciativa que busca reformar las leyes laborales incluye el concepto de “salarios dinámicos”, el cierre de convenios por empresas en vez de por actividad y la posibilidad de negociar paritarias por empresas.

De esta manera, se implementarían adicionales salariales individuales “por mérito”, la creación de un banco de horas trabajadas y la opción de pagar sueldos en distintas monedas.

Según explicó Cordero durante una exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el objetivo es que las negociaciones salariales puedan adaptarse a la realidad de cada empresa y región, y no queden sujetas a los convenios colectivos por rama de actividad, como ocurre actualmente.

Frente a este escenario, el propio Javier Milei defendió el proyecto laboral. “Los sindicatos saben que el sistema como está no funciona. Y la reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, aseguró en diálogo con A24.

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Docentes y trabajadores universitarios realizarán 48 horas de paro con movilización en reclamo de mejoras salariales, más presupuesto para las universidades públicas y que el Congreso apruebe el proyecto de ley de financiamiento presentado por los rectores, gremios y estudiantes. Por Agencia Farco.

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PARO UNIVERSITARIO Y MARCHA DE ANTORCHAS – Carlos De Feo entrevista

Las jornadas serán este jueves 26 y viernes 27 con una marcha hacia el ex Ministerio de Educación de la Nación, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá actos, movilizaciones y actividades en distintos puntos del país, en lo que se espera sea una gran jornada federal en defensa de la educación pública y en contra del vaciamiento y ajuste del gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Informativo FARCO el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo, aseguro que la crisis que está provocando el gobierno en las universidades se va acercando a ser catastrófica: “Primero, por el recorte presupuestario enorme que han hecho y, después, por la caída salarial que hoy ha logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo”.

En este escenario, el dirigente gremial aseguró que “es necesario volver a estar en la calle” para impedir la destrucción de la educación pública y le reclamó al Congreso que sancione la norma que busca mayor financiamiento: “Hace unos días atrás en la sesión se cayó por falta de coro, no se pudo tratar la ley, así que bueno, estamos reclamando también ahí de que finalmente se trate la ley y haya, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla”.

Carlos De Feo alertó que la situación salarial está generando que muchos trabajadores de las universidades se estén volcando a hacer chóferes para la aplicación Uber. “Muchos docentes hoy se van a manejar un Uber. Muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia y la universidad no se lo está dando”.

Este contexto también generó renuncias, pedidos de licencia sin goces de sueldo o incluso que muchos se vayan al exterior. “El funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes”, concluyó.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/paro-universitario-y-marcha-federal-de-antorchas-muchos-docentes-se-van-a-manejar-un-uber-hoy/

 

 

Loncopué atraviesa días marcados por la violencia. A menos de una semana del crimen de Franco Morel, la localidad neuquina volvió a estremecerse con otro episodio salvaje que dejó a un vecino gravemente herido y en terapia intensiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por dos hombres que lo atacaron a golpes luego de una discusión verbal. Producto de la agresión, el vecino sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y una hemorragia subaracnoidea. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Los agresores, identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B., fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De acuerdo con lo que reconstruyó la fiscalía, el ataque se produjo en dos momentos distintos: primero, tras un intercambio de insultos, uno de los acusados se enfrentó a la víctima hasta que otras personas intervinieron para separarlos. Minutos después, ambos imputados lo emboscaron nuevamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos del hecho aseguraron que uno de ellos le dio una patada en la cabeza cuando ya estaba caído.

La jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, que había argumentado riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, dispuso la libertad inmediata de los imputados, aunque les prohibió mantener contacto con la víctima o los testigos.

El violento episodio se suma al crimen ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue asesinado a puñaladas en plena calle. El autor fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

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