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Hacedores musicales reginenses se interiorizaron sobre el Banco de la Música Provincial

Mediante una charla abierta realizada en el Galpón de las Artes de Villa Regina, músicos y músicas de la localidad pudieron interiorizarse sobre el Banco de la Música Provincial. La jornada estuvo a cargo del presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris, y el secretario de Estado de Cultura de Río Negro, Ariel Avalos. De la actividad participó también la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado.

Río Negro se convirtió en la primera provincia en sancionar un Banco de la Música provincial, es por esto que el presidente del INAMU, se reunió con trabajadores y trabajadoras del campo cultural musical para compartir la experiencia del Banco de la Música Nacional e Independiente.

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    Milei, la designación de la esposa del periodista Adrián Ventura y la obsecuencia

     

    Mientras el Gobierno castiga a familiares de periodistas críticos, impulsa el ascenso judicial de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos. La historia de Marina Pisacco vuelve a poner en discusión la relación entre poder político, medios de comunicación y Justicia.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El periodista y su esposa a principios de año vacacionando en Abu Dhabi.

    Hay decisiones políticas que hablan más fuerte que los discursos. Mientras Javier Milei convirtió la batalla contra la denominada «casta» en una marca registrada de su gestión, una designación impulsada por la Casa Rosada expone una contradicción difícil de explicar: el ascenso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Marina Edith Pisacco, esposa del periodista Adrián Ventura, uno de los comunicadores que más enfáticamente sostiene las posiciones del oficialismo en materia judicial e institucional.

    El pasado 11 de mayo, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el mensaje solicitando el acuerdo correspondiente para designar a Pisacco como vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El documento lleva las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del propio Milei, quien solicita expresamente el tratamiento de la candidatura en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.

    La postulación comenzó su recorrido parlamentario y fue tratada en la Comisión de Acuerdos del Senado el 9 de junio, dando un paso más en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre determinados sectores del periodismo y el poder político.

    Una historia que no empezó con Milei

    El nombre de Marina Pisacco no aparece por primera vez asociado a un gobierno que premia a familiares de periodistas influyentes.

    En mayo de 2022, NLI publicó una investigación en la que repasaba cómo la magistrada había recibido durante la gestión de Mauricio Macri una promoción que generó fuertes cuestionamientos, mientras su esposo mantenía una permanente presencia mediática como analista judicial y uno de los periodistas de referencia de TN en temas vinculados a la Justicia Federal.

    Aquella nota planteaba una pregunta incómoda: si Ventura era tan severo al analizar supuestos privilegios de funcionarios kirchneristas, ¿por qué mantenía silencio cuando los beneficios alcanzaban a su propio entorno familiar?

    Cuatro años después, la discusión vuelve a instalarse. Cambia el gobierno, pero la protagonista sigue siendo la misma.

    El doble estándar del Gobierno

    La situación adquiere otra dimensión cuando se observa una decisión tomada por el propio Milei apenas días antes.

    El Gobierno nacional pidió retirar el pliego de una candidata a jueza federal luego de que trascendiera su vínculo familiar con un periodista que viene investigando presuntos hechos de corrupción dentro de la administración libertaria.

    La explicación política fue evidente: el parentesco pasó a convertirse en un obstáculo suficiente para impedir una designación judicial.

    Sin embargo, ese criterio parece desaparecer cuando se trata de Marina Pisacco.

    Mientras una candidata es descartada por ser familiar de un periodista crítico, otra recibe el respaldo explícito del Presidente siendo esposa de uno de los comunicadores que con mayor frecuencia defiende las posiciones oficiales.

    La diferencia entre ambos casos resulta evidente y alimenta interrogantes sobre la existencia de un criterio uniforme o, por el contrario, de una vara distinta según la cercanía política o mediática con el Gobierno.

    Ventura y una defensa permanente del oficialismo

    La simultaneidad tampoco pasa inadvertida.

    Mientras el Senado avanzaba con el tratamiento del pliego de Pisacco, Adrián Ventura protagonizaba distintos debates televisivos defendiendo con firmeza las decisiones del Gobierno y cuestionando las críticas dirigidas contra la administración libertaria.

    Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un intercambio al aire con Mario Massaccesi por el caso de Manuel Adorni, donde Ventura volvió a sostener la posición oficial incluso frente a cuestionamientos planteados dentro del propio programa.

    Por supuesto, ningún periodista pierde el derecho a expresar sus opiniones porque un familiar ocupe un cargo público ni existe evidencia de que sus posiciones respondan a esa circunstancia. Pero cuando un gobierno convierte la lucha contra los privilegios y el nepotismo en una bandera política, la promoción de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos inevitablemente despierta preguntas sobre la coherencia de ese discurso.

    La discusión no gira solamente alrededor de las condiciones profesionales de Marina Pisacco, cuya trayectoria es evaluada institucionalmente por el Senado, sino sobre la consistencia de un gobierno que parece aplicar principios distintos según quién ocupe el lugar de beneficiario.

    Porque si el parentesco con un periodista crítico alcanza para retirar un pliego judicial, resulta difícil explicar por qué el parentesco con un periodista alineado con el oficialismo no representa ningún inconveniente.

    La política argentina conoce desde hace décadas la influencia que determinados comunicadores ejercen sobre los distintos gobiernos. Milei llegó prometiendo terminar con esas prácticas y construir un sistema basado exclusivamente en el mérito. La candidatura de Marina Pisacco vuelve a poner esa promesa bajo examen y deja una pregunta abierta: ¿se trata del fin de los privilegios o simplemente de un cambio de beneficiarios?

     

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    Milei reglamentó la reforma laboral y avanzó sobre indemnizaciones, sindicatos y convenios colectivos

     

    Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

    Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.

    La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.

    La mira puesta sobre los sindicatos

    Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.

    La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.

    Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.

    La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.

    Convenios colectivos bajo presión

    Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.

    El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.

    Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.

    La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.

    Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores

    La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.

    La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.

    Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.

    La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.

    Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.

     

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