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¡Gracias Mabel y Virginia y a disfrutar de una nueva etapa!

Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.

Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.

El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.

Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.

Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.

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    Apuntan a la candidata a la Defensoría ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3, Ana Clarisa Galán. También la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos. Incluso señalan a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Según dicen en el gobierno, los tres firmaron un rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había impulsado el gobierno de Javier Milei.

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    En tanto, Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia, confirmando los vínculos de Mahiques con el capo del fútbol argentino.

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    Este viernes ingresaron al Senado 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país, así como también de algunos jueces que están en edad de jubilarse y que el Ejecutivo pide su continuidad por 5 años más, como o casualidad, el magistrado que avaló la reforma laboral del Gobierno que había sido suspendida en primera instancia.

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    Entre los nombres destacados figuran Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. En el fuero civil se postulan, entre otros, Florencia Inés Córdoba para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 y Lucila Califano para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9.

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    El listado también contempla designaciones en tribunales orales federales y nacionales, como el caso de Bernardo María Rodríguez Palma, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires. En materia de cámaras, sobresale la candidatura de Alicia Isabel Braghini como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, y la de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

    Los pliegos incluyen postulaciones para cargos de defensores públicos y fiscales. Entre ellos, Germán Luis Artola aparece como Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, mientras que Pedro Mariano Rebollo aspira a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. También se proponen defensores de víctimas, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.

     

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    Censura en la Casa Rosada: el gobierno de Milei prohibe el ingreso a todos los medios

     

    El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.


    Un gobierno que responde con castigo

    Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.

    El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.

    Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.


    Antecedentes que marcan un patrón

    Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.

    A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.

    Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.


    Intolerancia, relato único y disciplinamiento

    La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.

    En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.

    El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.


    Una señal de alerta para la democracia

    La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.

    Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.

    Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.

     

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