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¡Gracias Mabel y Virginia y a disfrutar de una nueva etapa!

Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.

Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.

El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.

Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.

Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.

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  • El escándalo de los geriátricos clandestinos jaquea al intendente de Santa Fe: ancianos con hambre, sarna y sin atención médica

     

     Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.

    Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.

    El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.

    Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo

    El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.

    Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.

    El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.

    Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.

    La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.

     La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este 

    El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.

    Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.

    Residentes tras la clausura del geriátrico

    La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.

    El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.

     

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  • Ante la suba del petróleo, las pymes proponen aumentar la mezcla con biodiesel

     

     Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.

    Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.

    La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.

    Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara

    Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.

    «Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.

     Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior 

    Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

    «La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.

    [Las pymes del biodiesel denuncian que Bullrich les entrega el negocio a las cerealeras y pone en riesgo 25 fábricas]

    Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.

    Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.

     La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo 

    El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.

    Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.

    Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.

    Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.

     

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