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Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

 

 

Durante décadas fue uno de los pueblos más prósperos del interior bonaerense. Tenía hoteles, comercios, una intensa actividad turística y miles de visitantes cada temporada. Pero una inundación extraordinaria cambió para siempre su historia y convirtió a Villa Epecuén en una ciudad fantasma que hoy atrae visitantes de todo el mundo.

Por Redacción de NLI

Las ruinas de una ciudad suelen asociarse con civilizaciones antiguas o con guerras devastadoras ocurridas a miles de kilómetros de la Argentina. Sin embargo, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace apenas unas décadas. Calles que ya no conducen a ningún sitio, árboles convertidos en esqueletos blancos por la sal, edificios sin techos y automóviles deformados por el agua conforman un paisaje que muchos comparan con un escenario posapocalíptico. Se trata de Villa Epecuén, en el partido bonaerense de Adolfo Alsina, una localidad cuya historia resume tanto la capacidad de progreso del interior argentino como la fragilidad de las obras humanas frente a la naturaleza.

Un pequeño pueblo que soñó con convertirse en un gran centro turístico

La historia de Villa Epecuén comenzó a principios del siglo XX alrededor de un recurso natural excepcional: las aguas hipersalinas de la laguna Epecuén, cuya concentración de sal supera ampliamente la del mar. Desde muy temprano se difundió la idea de que esos baños poseían propiedades terapéuticas para aliviar enfermedades reumáticas, afecciones dermatológicas y distintos trastornos musculares. Más allá de las discusiones científicas sobre la magnitud de esos beneficios, el fenómeno alcanzó una enorme popularidad y transformó a la localidad en uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, miles de familias llegaban cada verano para disfrutar de los baños salados. La ciudad creció al ritmo de esa actividad. Se construyeron hoteles, hosterías, restaurantes, comercios y centros recreativos que generaban empleo para buena parte de la región. En su mejor momento, Villa Epecuén llegó a contar con más de un centenar de establecimientos hoteleros y una infraestructura capaz de recibir decenas de miles de visitantes por temporada. Era uno de esos ejemplos de desarrollo regional que demostraban cómo un recurso natural podía convertirse en el motor económico de toda una comunidad.

Sin embargo, ese crecimiento convivía con un riesgo conocido desde hacía décadas. La laguna formaba parte de un complejo sistema hídrico del sudoeste bonaerense donde las variaciones climáticas podían modificar considerablemente el nivel del agua. Ingenieros y especialistas advertían periódicamente sobre la necesidad de mantener y reforzar las defensas que protegían al pueblo, aunque durante años la amenaza pareció lejana.

La inundación que borró una ciudad del mapa

A comienzos de la década de 1980, una sucesión de lluvias extraordinarias alteró el equilibrio de toda la cuenca. Los niveles de agua aumentaron de manera constante y comenzaron a ejercer una presión cada vez mayor sobre el terraplén que protegía Villa Epecuén. Finalmente, el 10 de noviembre de 1985, una parte de esa defensa cedió y el agua avanzó sobre la localidad.

Lo que inicialmente parecía una inundación más terminó convirtiéndose en una catástrofe sin precedentes. En cuestión de semanas, el nivel del agua siguió creciendo hasta cubrir completamente calles, viviendas y edificios públicos. La evacuación de la población evitó una tragedia humana de mayores dimensiones, pero significó el abandono definitivo de una ciudad que había tardado más de medio siglo en construirse.

Con el correr de los años, la laguna llegó a cubrir Villa Epecuén con varios metros de agua. Allí quedaron automóviles, muebles, hoteles enteros y recuerdos de miles de familias que nunca pudieron regresar. Durante casi dos décadas, el pueblo permaneció oculto bajo la superficie, convertido en una especie de Atlántida bonaerense cuya existencia sobrevivía únicamente en fotografías y relatos de antiguos habitantes.

El regreso de las ruinas y la memoria de un pueblo

A partir de los primeros años del siglo XXI, un prolongado descenso del nivel del agua comenzó a revelar lentamente las estructuras que habían permanecido sumergidas durante años. El paisaje que emergió sorprendió incluso a quienes habían vivido allí. La acción combinada del agua y de la sal había transformado completamente la ciudad. Los árboles aparecieron blanqueados como esculturas minerales, las paredes conservaron apenas sus esqueletos de hormigón y muchos objetos quedaron cubiertos por gruesas capas de cristales salinos.

Lejos de desaparecer del imaginario colectivo, Villa Epecuén encontró una nueva forma de existencia. Fotógrafos, documentalistas, historiadores y turistas comenzaron a visitar las ruinas atraídos por un escenario único en América Latina. Incluso deportistas de reconocimiento internacional eligieron ese paisaje para filmaciones y producciones audiovisuales, contribuyendo a que las imágenes del antiguo pueblo recorrieran el mundo.

Pero detrás del atractivo turístico permanece una historia profundamente humana. Las ruinas no representan solamente una curiosidad paisajística; son el recuerdo de una comunidad que perdió su lugar de pertenencia, de comerciantes que vieron desaparecer su trabajo y de familias que debieron reconstruir su vida lejos del sitio donde habían nacido. Al mismo tiempo, la experiencia de Villa Epecuén continúa alimentando debates sobre la planificación territorial, las obras hidráulicas, el impacto de los eventos climáticos extremos y la necesidad de pensar el desarrollo con una mirada de largo plazo.

Hoy, caminar por las calles de Villa Epecuén significa recorrer una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido en 1985. Cada pared derruida y cada árbol petrificado por la sal recuerdan que el progreso nunca está completamente garantizado y que la relación entre las sociedades y la naturaleza exige planificación, inversión y conocimiento. Tal vez por eso su historia siga despertando fascinación: porque demuestra que incluso en la inmensidad de la llanura bonaerense existen lugares capaces de condensar, en unas pocas cuadras, la grandeza y la fragilidad de toda una comunidad.