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¡Gracias Mabel y Virginia y a disfrutar de una nueva etapa!

Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.

Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.

El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.

Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.

Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.

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    Gabriel Katopodis quedó en medio de una pelea entre manifestantes y policías en el puente 25 de Mayo ubicado sobre la colectora de la General Paz. El ministro acompañaba a trabajadores de Pymes en una manifestación cuando empezaron los forcejeos con efectivos de la Policía de la Ciudad.

    El reclamo se centró en la situación laboral de los trabajadores industriales y pymes. Durante la protesta los manifestantes colgaron una bandera que cruzaba todo el puente con la consigna: «Milei, ya fundiste a 25 mil pymes».

    Las concesionarias de las grandes marcas venden un 30% menos a pesar de congelar precios por el avance chino

    La situación escaló cuando unos 200 manifestantes del INTI intentaron corta la traza de la colectora de la General Paz mano Riachuelo. En ese momento, personal policial les cerró el paso y los hizo volver a la vereda. En pleno forcejeo ante quienes protestaban, dos efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron heridos en el rostro.

    El operativo policial avanzó sobre los manifestantes con empujones y el uso de gas pimienta. Katopodis participaba de la protesta e intercedió para evitar la represión policial sobre los manifestantes.

    La convocatoria a la movilización había sido lanzada por el secretario general de Ate Nacional, Rodolfo Aguiar, quien estuvo presente en el lugar acompañado por Óscar de Isasi, también dirigente del gremio.

    Los manifestantes expresaron su preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas, responsabilizando al Gobierno nacional por el cierre de miles de pymes y por el deterioro de las condiciones laborales. El gremio denuncia una retracción inédita en la economía argentina, con un impacto que, según sus dirigentes, supera al registrado durante la pandemia.

    De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), son ya 17 meses seguidos de caída en la cantidad de empresas registradas, una racha negativa que implica una reducción que «ha sido más pronunciada incluso que en la pandemia».

     

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    El gobierno atrapado en su propio discurso: el caso Adorni y la transparencia selectiva

     

    Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.

    El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?

    La prórroga que agravó las sospechas

    La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.

    Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.

    La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.

    Un funcionario bajo la lupa

    En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.

    La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.

    Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.

    El costo de predicar una cosa y hacer otra

    La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.

    Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.

    Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.

    La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.

    El espejo de la casta

    El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.

    El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.

    Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.

     

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