Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
El corazón financiero de occidente está herido. Todavía no es una crisis abierta. Pero los indicadores empiezan a alinearse de una forma inquietante. Wall Street camina sobre hielo fino.
Los jugadores más grandes de Wall Street tomaron una medida muy inusual que da cuenta del grave impacato de la guerra en la economía de Estados Unidos. BlackRock y otros gigantes de las finazas comenzaron a limitar los retiros de fondos de sus inversores, una suerte de «corralito» selectivo que día a día se expande a nuevas instituciones.
En las últimas dos semanas se combinaron tres factores que según los analistas pueden explicar el fenómeno de los retiros masivos de dinero del sistema de Wall Street: la guerra con Irán y su impacto sobre el mercado del petróleo, el ruido que no afloja sobre una posible burbuja en torno a la inteligencia artificial y el enorme mercado de private equity y crédito privado que creció en las sombras después de la crisis de las subprime de 2008.
El nerviosismo se volvió visible cuando BlackRock limitó los retiros de su fondo HLEND, que administra junto a la gestora HPS, después de recibir solicitudes por alrededor de 1.200 millones de dólares, cerca del 9% de su valor neto.
Otro de los casos relevantes ocurrió con Morgan Stanley, que restringió los retiros en su fondo North Haven Private Income Fund, un vehículo de crédito privado de unos 7.600 millones de dólares. Los pedidos de rescate superaron el 10% del capital, por encima del límite trimestral que permite el reglamento del fondo. El banco terminó devolviendo solo una parte del dinero solicitado, aplicando el clásico mecanismo de compuerta que se activa cuando los gestores temen tener que liquidar activos a pérdida.
Otro de los casos relevantes ocurrió con Morgan Stanley, que restringió los retiros en su fondo North Haven Private Income Fund, cuando los pedidos de rescate superaron el 10% del capital.
Algo parecido ocurrió con Cliffwater, una firma especializada en medir el rendimiento de préstamos privados. Su fondo Corporate Lending Fund, que administra cerca de 33.000 millones de dólares, recibió pedidos de rescate por alrededor del 14% del capital. La firma limitó las devoluciones al 7%, lo que volvió a encender alarmas en el mercado.
La lógica es sencilla: cuando los inversores quieren salir al mismo tiempo, los fondos enfrentan el problema de vender activos que no tienen mercado líquido. Y ahí aparece otro dato que empieza a incomodar: el aumento de defaults y reestructuraciones en empresas muy endeudadas, donde ya entre el 8% y el 12% de los préstamos muestra signos de estrés. Un síntoma que trae el recuerdo de la crisis de los préstamos hipotecarios de la subprime.
No se trata de un colapso, pero sí de un síntoma. Cuando un fondo empieza a cerrar la puerta, el resto del mercado mira con desconfianza qué está pasando adentro. El gestor, George Noble, comparó los rescates limitados en fondos con «las primeras grietas que se veían en 2007».
Para entender el problema hay que mirar qué es exactamente el crédito privado. Se trata de préstamos que no provienen de bancos tradicionales. Después de la crisis de 2008, las regulaciones redujeron el margen de los bancos para financiar empresas con riesgo medio o alto. Ese espacio lo ocuparon fondos de inversión que prestan dinero directamente a empresas. Ese mercado creció a una velocidad extraordinaria durante la última década, pero ahora enfrenta un punto de inflexión: menor liquidez, valuaciones bajo presión y creciente cautela de inversores institucionales que empezaron a revisar su exposición al sector.
El private equity, o P.E., es el otro engranaje de ese sistema. Son fondos que compran empresas, las reestructuran y las venden más caras algunos años después. Muchas de esas operaciones se financian con deuda. Y esa deuda muchas veces proviene justamente del crédito privado.
El resultado es una red muy densa de préstamos entre fondos, empresas adquiridas y vehículos financieros. Un operador financiero lo describió con una imagen bastante gráfica: «Una telaraña de deuda que funciona bien mientras nadie la sacuda demasiado».
Ahí aparece el recuerdo inevitable de las hipotecas subprime, un universo de activos difíciles de valorar, empaquetados dentro de estructuras financieras complejas.
El crédito privado podría ser un Lheman silencioso.
La diferencia es que ahora el sistema es todavía más opaco. Muchos de estos préstamos no cotizan en mercados abiertos. Los precios se estiman con modelos internos y cuando los inversores quieren salir, el mercado descubre que no hay compradores suficientes. El analista FluentInFinance, muy seguido por operadores de Wall Street, escribió en X que el crédito privado podría convertirse en «el próximo Lehman silencioso».
En paralelo, el contexto global se volvió hostil. La guerra en Medio Oriente empujó el petróleo y reaviva la inflación global.
Al mismo tiempo, la fiebre por la inteligencia artificial infló las valuaciones de las tecnológicas y disparó inversiones gigantescas en centros de datos y chips. Ese entusiasmo empieza a generar preguntas incómodas sobre si esa inversión tendrá un retorno real.
Por eso, el economista Mohamed El-Erian advirtió que las tensiones actuales pueden generar un «efecto contagio clásico» si los inversores empiezan a vender activos para obtener liquidez.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.
Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.
El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.
En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.
La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.
Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.
La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.
Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.
«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional
Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.
En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.
Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.
Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral.
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