Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
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Roberto Sánchez está aferrado a la estrategia de desconocer el resultado de las elecciones en Perú. Si bien Keiko Fujimori todavía no fue proclamada de manera oficial, la diferencia de votos es casi irreversible con casi la totalidad de las actas escrutadas.
En ese marco, el candidato de Juntos por Perú lideró una marcha en el centro de Lima en el profundizó sus denuncias sobre un presunto fraude electoral.
La movilización reunió a simpatizantes que se concentraron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Cercado de Lima, mientras las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad debido a la tensión política y la coincidencia con otras manifestaciones programadas el mismo día.
«Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia», Sánchez quien también afirmó que esta actitud fue ordenada por «el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados».
«No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad», enfatizó.
Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a Fujimori.
No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.
En el fujimorismo remarcan que ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a la capital peruana cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo.
Lo cierto es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó -en su más reciente reporte de este sábado- que, cuando ya se ha contado el 99.987 % de los sufragios, Fujimori recibe el 50,134 % de los votos, equivalente a 9.222.064 papeletas, mientras que Sánchez alcanza el 49,866 %, al sumar 9.172.820.
Estas cifras ratifican la victoria de la líder del partido Fuerza Popular, ya que la ONPE informó que solo quedan por contar doce actas de votación, equivalentes a unos 2.400 votos, que han sido enviadas con observaciones o impugnaciones a los jurados electorales especiales (JEE) del país.
En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado peruano hasta 2031.
El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling Lara, confirmó que apoyarán la remoción de Manuel Adorni en el caso de que Javier Milei lo sostenga en el cargo.
«Espero que no lleguemos a esa instancia. Si llegamos a esa instancia el PRO va a acompañar la moción de censura o remoción», adelantó el senador misionero, en línea con el pedido que bajó la semana pasada Mauricio Macri.
«A esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho», dijo Goerling en declaraciones a Infobae. «Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo, es lo que estamos pidiendo», agregó el senador, que confirmó el adelanto de LPO de que el oficialismo quiere voltear la sesión del jueves.
LPO reveló que, antes de viajar a Estados Unidos para ver el Mundial, Macri le pidió a los diputados del PRO que voten la interpelación, pero la orden generó tensión porque el jefe de bloque Cristian Ritondo no quiere saber nada con pelearse con Milei. Este miércoles Fernando De Andreis, muy cercano al expresidente, dijo que no descartan acompañar la interpelación.
Los aliados del gobierno en el Congreso están reclamando a Milei que lo eche a Adorni porque de lo contrario no van a poder sesionar sobre ningún tema. De hecho, la interpelación de Adorni no figura en el temario de la sesión del Senado de este jueves, pero en el oficialismo saben que ni bien abra el debate, el peronismo irá por la cabeza del jefe de gabinete.
Maxi Abad
En ese sentido, desde el radicalismo en el Senado le salieron a pedir a Milei que eche a Adorni antes de tener que acompañar al kirchnerismo en el pedido de remoción. «Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más en el gobierno», declaró el bonaerense Maxi Abad.
«Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más. Incluso dentro del gobierno muchos lo piensan aunque no lo digan», afirmó el radical, que repitió que «el gobierno tiene la pelota» para evitar el daño que le generaría la remoción del jefe de Gabinete.
Abad explicó que en el bloque radical todavía no hay una postura definida sobre qué camino tomar, pero todos coinciden en que Adorni debe irse. «El gobierno tiene en sus manos terminar este tema porque esto le produce una profunda debilidad institucional. No hay que perder más tiempo», aconsejó Abad.
Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.
Por Roque Pérez para NLI
La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.
De combatir la «casta» a conservar sus privilegios
Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.
La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.
Una decisión que también genera preguntas judiciales
El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.
En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.
Los recursos del Estado vuelven al centro del debate
Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.
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