Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
Eduardo Vischi propuso rechazar in limine una denuncia contra el juez Luis Armella por trabar la investigación del caso Sur Finanzas, que involucra al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
El impulsor del expediente contra el magistrado es el abogado Daniel Sarwer, que se hizo acreedor de la etiqueta de «denunciante serial», y su trámite debería discutirse este miércoles, en la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Ese ámbito está presidido por el abogado César Grau pero también lo integran los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los senadores Luis Juez, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y el propio Vischi y el moleísta Hugo Galderisi.
La presencia de cuatro jueces en la comisión, más la recomendación de Vischi para desestimar la denuncia de Sarwer, coloca a Armella muy cerca de la chance de salvarse. Sin embargo, otros consejeros consideran que lo correcto sería discutir el expediente.
La iniciativa de Sarwer contra el juez a cargo del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora planteaba «la inacción, desatención o demora reiterada» por parte del magistrado en la causa de Sur Finanzas, que investiga una red de operaciones financieras vinculadas al dueño de la empresa, Ariel Vallejos, cercano al presidente de la AFA. «Este tipo de información no puede ser considerada una cuestión menor, y exige imperiosamente una investigación disciplinaria, a fin de determinar si se está ante negligencia grave, desidia funcional, incumplimiento de los deberes del magistrado, o cualquier otra conducta incompatible con la función judicial», sostuvo el denunciante.
Luis Armella.
Armella delegó la investigación en la fiscal Cecilia Incardona, quien había sonado como candidata para ocupar el cargo de Leopoldo Bruglia, silla que ahora podría quedar en manos de Pablo Yadarola si el Senado aprueba el pliego que la comisión de Acuerdos dictaminó el miércoles pasado. Incardona, que cosecha el apoyo de la familia judicial pero también del peronismo, habría sido atendida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para brindarle explicaciones acerca de por qué no sería impulsada por el Poder Ejecutivo. Se rumorea, de todas maneras, que podría ser compensada en otro concurso, más adelante.
Pese a la red de presunta protección que pretende demostrar Sarwer en su escrito, Vischi consideró que el texto contiene «relatos genéricos, vagos y de difícil comprensión».
La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado.
Para impedir el avance del expediente en el Consejo, el senador correntino señaló que «el denunciante no se refiere a ningún expediente o causa en particular» y «tampoco menciona datos que ayuden a identificar posibles expedientes, tales como fecha de presentación o entidades denunciadas». «La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado», fundamentó.
Esa justificación despertó suspicacias entre los rivales de Vischi en la Magistratura. «Rechaza la denuncia porque no está especificada la fecha, cuando lo que correspondería es que los consejeros investiguen», dijo uno de los consejeros, al tiempo que otro objetó que se descarte a Sarwer por ser «denunciante serial»: «¿qué queda para Carrió?», se preguntó.
Según el senador, «las deficiencias detalladas aniquilan las potestades investigativas de esta comisión, por lo que la denuncia debe ser rechazada por resultar manifiestamente improcedente». «La falta de pruebas que respalden las acusaciones y la confusión en la exposición de los hechos no justifican iniciar un proceso que podría afectar la integridad y el normal funcionamiento del sistema judicial», alegó.
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El gobierno de Javier Milei decidió el desmantelamiento y virtual cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, creada en 1925 y motor del crecimiento del pueblo que, ahora, se ve amenazado con el traslado de 300 militares y 185 civiles que representan el principal movimiento de la economía local.
La decisión es mudar a la Base Comandante Espora de Bahía Blanca las escuadrillas de vigilancia marítima de aviones B2000 y la escuela que es considerada cuna de la aviación naval.
El intendente de Punta Indio, el peronista David Angueira, fue notificado de la medida este jueves en una reunión con el contraalmirante de las Fuerzas Armadas Enrique Olivero y el Jefe de Base Mariano Rivolta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
«Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad desde lo social y económico», dijo Angueira, que convocó este viernes a una asamblea en la que se creó una comisión de defensa de la Base, integrada por todas las instituciones de la comunidad y por concejales de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza.
«Está toda la comunidad movilizada. Muchos trabajadores no podían hablar del estado en que estaban, llorando por su puesto de trabajo, por el impacto que va a tener en la comunidad», dijo a LPO tras la asamblea el ex intendente de Punta Indio y actual subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta.
Asamblea de vecinos e instituciones de Punta Indio en defensa de la Base Aeronaval.
Como primera acción, la comisión solicitó una audiencia de urgencia con el ministro de Defensa, Carlos Presti. «Queremos escuchar de su boca lo que tiene para decir y, si no se logra revertir el traslado, vamos a manifestarnos de distintas maneras. Esta decisión el pueblo de Punta Indio no la va a aceptar», sostuvo Y Zurieta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
En Punta Indio también hay bronca por la manera en que se comunicó una medida tan sensible para la comunidad. Nadie del Ministerio habló con el intendente, que fue convocado a la base por el comandante, que después convocó a los civiles e hizo una formación para dar el anuncio.
«No hubo forma de conmoverlo ni que entienda lo que estaba anunciando. Hoy todo el personal llorando no podía creer la frialdad con la que comunicaron esto», dijo Y Zurieta, que analizó que la llamada «reestructuración» planteada entrama el final de la Base.
En Punta Indio destacaron que todos los bloques políticos apoyaron la comisión en defensa de la Base. Incluso los dirigentes de La Libertad Avanza local le pidieron información dirigentes provinciales y nacionales
La medida establece el traslado a Bahía Blanca en enero para los militares, mientras que para el personal de civil le darán la opción de pedir el pase a otro destino de la Fuerza.
«Genera un golpe emocional muy fuerte porque es gente que está instalada en este pueblo y no se imagina yéndose de acá. Tienen sus hijos en nuestras escuelas, en nuestros clubes. Es un pueblo que con esto le están dando un golpe letal, le sacan el recurso más importante que tiene», dijo el ex intendente.
La localidad de Punta Indio cuenta con poco más de 1.000 habitantes, mientras que el distrito en su totalidad (con la ciudad de Verónica como cabecera), cuenta con más 12 mil habitantes. La Base Aeronaval se inauguró en 1925, poco después de la fundación del pueblo.
El impacto de la medida hizo que la asamblea de este viernes congregue a todas las instituciones del pueblo. Y en el plano político, la convocatoria del intendente tuvo el acompañamiento de concejales del PRO, UCR y de La Libertad Avanza.
«Todos apoyaron la comisión. Incluso los que tienen más responsabilidad, que son los de La Libertad Avanza, hablaron con algunos dirigentes. Ellos pidieron información y hablan de una reestructuración, que no se va a cerrar, pero lo que anunciaron es que se van los aviones», dijo Y Zurieta.
Trascendidos que llegaron a Punta Indio señalan que, a partir del traslado de casi toda la estructura, el Gobierno sostendría la Base abierta en 2027 pero no da garantías de continuidad a 2028, por lo que calculan un destino de cierre total.
«Hablan de una reestructuración que implica llevar a Bahía Blanca a los aviones destinados a custodiar el sur, pero no tiene sentido, porque se llevan aviones escuela que tranquilamente podrían quedarse acá. Es parte del ajuste», dijo Y Zurieta.
El actual funcionario de Vialidad bonaerense sostuvo que ya hablaron por este tema con Axel Kicillof. Este viernes, el gobierno provincial manifestó su «preocupación y rechazo» frente a esta medida y acompañó las medidas que surjan de la comisión de defensa de la Base.
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