Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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Escala la conflictividad laboral en la cadena de supermercados Toledo, que cuenta con más de 40 sucursales en Mar del Plata y su región de influencia. Al momento, la empresa canceló el 70% de sus más de 1.400 trabajadores y preocupa el pago del aguinaldo.
La situación generó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por parte del gremio de Comercio, que se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar la posibilidad de medidas de fuerza de no cancelarse la totalidad de los salarios durante la semana.
En el gremio expresaron preocupación por el escenario financiero de la empresa de cara a los próximos meses.
«El argumento de la empresa es el contexto nacional de la caída del consumo, pero el gran problema es que los trabajadores están en una situación complicada porque el salario actual ya es insuficiente para afrontar el costo de vida», dijo el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Esteban Fraysse.
Con base en Mar del Plata, Toledo es una cadena tradicional en la región, con sucursales en Miramar, Pinamar, Necochea, Mar Chiquita y Tres Arroyos.
«Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio.
Se trata de la segunda crisis de Toledo en la última década. Hacia finales del macrismo, fue el propio fundador de la cadena, Antonio Toledo, el que se había quejado: «La situación no da para más», dijo, aunque sus expresiones trascendieron al afirmar que, de todas formas, volvería a votar a Macri.
Ahora con Milei, la crisis del consumo vuelve a golpear de lleno a la estabilidad financiera de la cadena. «Los trabajadores son quienes sostienen la empresa y, en un momento de tanta crisis, que no te paguen durante varios días genera una situación muy complicada para muchas familias», agregó Fraysse.
Por esta situación, la cartera laboral bonaerense convocó a una audiencia para el próximo miércoles a las 11 con el fin de que la empresa presente un cronograma de regularización en el pago de haberes.
«Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que las charlas de educación vial se brindarán esta semana en barrio Santa Rita. Las mismas se realizarán durante jueves y viernes de 20 a 22 horas. Los vecinos que deban renovar su licencia o tramitarla por primera vez deberán inscribirse…
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