Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
El dirigente de la UATRE Eduardo Davico presentó este jueves una denuncia ante la Corte Suprema contra Elena Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, por sus vínculos con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La jugada se produjo luego que Santiago Caputo convenciera a Javier Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania de la comisión de Acuerdos del Senado, que debía dictaminar ambas postulaciones para la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde terminarían tramitando las causas contra Claudio «Chiqui» Tapia por presunta evasión.
Davico envió su escrito después que le dejaran un sobre anónimo en la puerta de su casa con información precisa sobre un vuelo privado que habrían compartido Nolasco Highton y Toviggino junto a Jorge Giani, esposo de la funcionaria judicial y presidente de la empresa Surco Seguros, conocida por negocios relacionados con el mundo del fútbol pero también la esfera sindical. Con un texto de 12 carillas, el sindicalista de Necochea sembró la inquietud sobre la cobertura que la hija de Highton podría facilitarle a la AFA en el cuarto piso de Tribunales.
De hecho, LPO informó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumió su cargo con el mandato de mitigar el apremio judicial de Tapia y Toviggino. Para eso, elevó no solo los pliegos que Milei decidió abortar sino también los de Rául Agustín Rubiero, Matilde Ballerini y Javier Cosentino, que falló en el juzgado Comercial N°8 a favor de la AFA en la causa de World Eleven. Los últimos tres siguen su camino en el Congreso.
No es casualidad que Mahiques haya escalado desde la Procuración General de la Ciudad al gabinete presidencial, en un acuerdo entre Karina Milei y Daniel «Tano» Angelici. Pero el desembarco del ministro funcionó, además, como un lubricante en la relación de la Casa Rosada con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, enfrentado ahora a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Por propiedad transitiva, la denuncia de Davico sugiere connivencia entre el gobierno, el Ministerio de Justicia, el máximo tribunal y la AFA.
Nolasco, creen en la agrupación opositora de la UATRE, podría ser el dispositivo en las sombras para que en el Palacio Talcahuano terminen salvando a Tapia y Toviggino si las causas escalan desde los tribunales inferiores.
Juan Bautista Mahiques.
Según el documento de Davico, el trío de Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná. Por entonces, regían en el país durísimas restricciones para la circulación por el rebrote del Covid19 y el segundo año de cuarentena, algo que torna más sospechoso el viaje de ida y vuelta en un día que compartieron los tres pasajeros entre Estados Unidos y Argentina.
La aeronave que los transportó es una modelo Gulfstream G450, con matrícula LV-GTQ y número de serie 4147. Se trata de un avión de lujo, operado por la firma Alas del Fin del Mundo SRL, y habría sido utilizado para traslados oficiales, incluyendo viajes del ex presidente Alberto Fernández a Bolivia en 2020 y compromisos internacionales de la AFA.
Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná.
Líder de la oposición a José Voytenco en la UATRE, Davico advierte en su denuncia sobre la proximidad entre Nolasco, Giani y Toviggino «mediante vuelos privados compartidos, relaciones personales reconocibles, coincidencias reiteradas y vínculos con actores insertos en estructuras sometidas a investigaciones públicas y judiciales». «No se afirma aquí que Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias», sostiene.
El verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad.
Fuentes al tanto de la situación indicaron a LPO que la sospecha es que «el verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad».
En efecto, Giani sería socio de Julio Comparada, ex presidente del Club Atlético Independiente, en la aseguradora. Desde allí habrían cerrado una serie de contratos de seguro de los espectadores en estadios de fútbol y descuentos de aportes con sindicatos, sobre todo con aquellos ligados a Luis Barrionuevo.
Por eso, la denuncia de Davico promueve la investigación para determinar si hay conflicto de interés a partir del vuelo privado, entre el tesorero de la AFA y el dueño de una empresa que tiene contratos con la misma entidad. «Legalmente, esto se vuelve relevante si hubo beneficios personales indebidos, en caso que el vuelo haya sido un ‘regalo’, y eso deriva en protección judicial hacia Toviggino», dijo un allegado al dirigente gremial.
En el sindicato precisan que «lo que realmente importa jurídicamente, más que el vuelo en sí, es quién pagó el viaje, si hubo contraprestación, si se tomaron decisiones en la AFA que beneficiaron a Giani y si hubo intervención judicial donde exista conflicto».
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Los anuncios de baja de retenciones hechos por Javier Milei lejos estuvieron de desatar euforia en la Mesa de Enlace. En concreto, es una reducción de 2 puntos para el trigo y la cebada (de 7,5 a 5,5%) y una baja de entre 0,25 y 0,5% para la soja a partir de enero de 2027.
Fuentes de distintas entidades consultadas por LPO coincidieron en analizar el anuncio como una reacción del Gobierno a perspectivas de siembra que ya hablaban de 20% menos de superficie cultivada para el trigo y la cebada con relación a 2025, algo que encendía alarmas en Economía en materia de recaudación.
En el campo recordaron que el año pasado Milei avanzó con una medida similar y se obtuvo una cosecha récord. Sin embargo, en la Federación Agraria ven que, aunque persisten buenas condiciones de humedad, el escenario es otro ya que ahora juegan múltiples factores económicos que complican la siembra, más allá de las retenciones.
«Este tipo de cultivos necesitan mucha urea y los valores se fueron a las nubes por la guerra por lo tanto», dijo a LPO el vice de Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando que analizó como «insuficiente» el anuncio de Milei. «No es significativo el impacto que esto va a tener. Es bueno pero poco», agregó.
Respecto de la soja, en FAA sostienen que es «muy poco» el porcentaje que el Gobierno prevé bajar por mes ya que, con ese mecanismo, llegarían a la próxima campaña con más de veinte puntos de retenciones.
En cuanto a la soja, no dudan que Milei cumplirá con su anuncio dentro de siete meses: «Por promete tan poco», deducen en la Mesa de Enlace
En el campo ven estos anuncios como intento del Gobierno por retomar la iniciativa política y una necesidad de «mostrar buenas noticias».
Más allá de eso, los productores consultados analizan que la administración libertaria no arriesga nada con esta medida. «No es gravitante fiscalmente y va a ser compensado con más producción», señalaron en otra de las entidades de la Mesa de Enlace.
En cuanto a la soja, no dudan que Milei cumplirá con su anuncio dentro de siete meses: «Por promete tan poco», deducen en la Mesa de Enlace, donde creen que el Gobierno no pondrá en riesgo la relación con entidades como la Sociedad Rural, que fungen de virtuales aliados del libertario.
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Esta mañana, quienes residen y quienes trabajan en el Hogar municipal La Esperanza fueron vacunados contra el COVID-19. En total son 11 personas que recibieron la aplicación de parte del personal de Salud Pública. La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra manifestó que la vacunación continuará en el Hogar…
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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