Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Negociaciones en las sombras
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Presiones internacionales y aliados inesperados
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
El giro forzado del oficialismo
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
Mucho más que un juicio
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
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José Antonio Kast busca superar la crisis de imagen en medio de una estrepitosa caída de la aprobación en poco más de un mes provocada por el aumento de los combustibles que ya generó cacerolazos contra su gestión en las principales ciudades.
En ese marco, el líder chileno lanzó el denominado «Plan de Reconstrucción Nacional», una ambiciosa reforma tributaria que busca transformar la estructura impositiva del país. El objetivo declarado del gobierno es estimular la inversión y dinamizar la economía; sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales y políticos.
El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas.
Sin embargo, la iniciativa ya tiene criticas de los partidos opositores que la definieron como «reforma tributaria encubierta» para beneficiar a los ricos. Según esos partidos, el beneficio se concentra desproporcionadamente en las grandes empresas y los sectores de ingresos más altos, favoreciendo la concentración de riqueza.
En ese marco, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) advritió que esta medida podría perjudicar a la clase media y provocar una disminución significativa en la recaudación fiscal. Esta preocupación surge en un contexto social complejo, donde si bien se valora el crecimiento, existe un apoyo ciudadano mayoritario hacia el aumento de impuestos a las grandes empresas para financiar derechos sociales.
El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas
Conadecus enfatiza que, en este escenario, resulta fundamental exigir transparencia y una fiscalización efectiva para asegurar que la reforma no profundice las desigualdades estructurales del país.
Por su parte, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, planteó que «Chile enfrenta un estancamiento estructural que exige una respuesta integrar para retomar nuestra trayectoria de progreso, porque el camino lo extraviamos hace más de 12 años».
Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.
«No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%», aseguró Quiroz.
No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%
La excandidata presidencial, Jeannette Jara, también cargó contra el plan de Kast y acusó que las iniciativas no favorecen a los sectores medios, sino que privilegian a los más ricos. Por eso, llamó a frenarlo en Congreso: «No puede avanzar», señaló.
«La rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una pyme, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura: es para los empresarios más ricos del país», afirmó la exministra del Trabajo.
Por último, Jeannette Jara, dijo que «aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos».
«No está pensando en el bienestar común, sino en privilegiar a un grupo reducido de la población, con el cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos», finalizó.
El Intendente Marcelo Orazi participó de la actividad en la que se hizo entrega de un presente a los voluntarios y las voluntarias de seguimiento de contactos estrechos de pacientes de COVID-19, en reconocimiento al trabajo realizado. También estuvieron presentes el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y el Ministro de Desarrollo Humano y…
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