¡Gracias Mabel y Virginia y a disfrutar de una nueva etapa!

 

El fin de la Argentina no es profecía, es diagnóstico. La Argentina fue dejando de ser una trama integrada y devino archipiélago de enclaves extractivos conectados hacia afuera, hacia la exportación y el contrabando, separados por intersticios desertificados. El gobierno libertario ofrece al mercado inmobiliario la oportunidad de crear santuarios anarcocapitalistas arrancados a la soberanía política sobre el territorio. No debería sorprender: la corriente de opinión inaugurada por Friedrich Hayek prevé desde sus inicios, a mediados del siglo XX, esta estocada final a los Estados nacionales: la fragmentación y apropiación corporativa de porciones de espacio, la secesión. La matriz urbanística es la de zonas económicas especiales, ciudades gestionadas como empresas que calzan perfectamente en la estructura económica misma del modelo posneoliberal argentino, un combo de latifundio, contrabando, futurismo y especulación financiera desconectada de la economía real.

Tal tipo de postulados económicos se corresponde con esta morfología urbana. La privatización de la expansión metropolitana sostenida hace cincuenta años es la hoja de ruta anarcocapitalista. Excepciones a los códigos de planeamiento urbano forjaron  un régimen de prácticas para el que la ley es solo una sugerencia. El zócalo sobre el que avanzan en el Congreso los ejecutores del plan de gobierno es el tramo final de un proceso histórico impulsado por nombres que se repiten.

Javier Milei no destruye un Estado de manual. Lo que algunos lamentan era ya un estado-espejismo instrumental al status quo de negocios. Lo cual explica muchas cosas.

El 12 de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tecno-oligarca Peter Thiel, fundador de las mega empresas tecnológicas PayPal y Palantir, instalado en Buenos Aires desde abril. El misterio es el sello de las operaciones “exotéricas” (anda alertando sobre la llegada del Anticristo) de Thiel. Sus narrativas sci-fi se apilan sobre los disparates económicos y complejizan la lectura de lo que busca. El verdadero sentido de sus teatralizaciones se encuentra lejos de las fotos, como lo demuestra la investigación reciente de Anfibia y Reporteros Sin Fronteras, “Hackear a Peter Thiel”. Más bien, está en esa reforma al régimen de propiedad que impulsa el gobierno libertario —los RIGI, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”— que es el core de la agenda de la tecno-oligarquía global. 

El archipiélago exportador

La Argentina no es destino turístico de excéntricos magnates y emires fanáticos del paisaje. Tampoco es sólo refugio contra el Armagedón nuclear, aunque no falten inversores que quieran explotar ese nicho paranoico, como la estancia Wamani desarrollada por el millonario argentino Martín Varsavsky en Mendoza. Esta etapa final de la Argentina es la secesión territorial con o sin ley específica. Thiel no requirió norma alguna para hacerse con una parte de Vista Energy, la petrolera de Miguel Galluccio.

El suelo fértil para este tipo de exploraciones es la tradicional desigualdad argentina en la relación entre lo público y lo privado. De un lado, el planeamiento urbano de un Estado enclenque; del otro, el poder de empresarios que conocen mejor que nadie cómo sacarle provecho a ese Estado poroso. Así, el escenario de tensiones entre corporaciones —y entre las potencias Estados Unidos y China—, se traslada a la apropiación de nuestro territorio. Como si fuera tierra virgen, se lo disputan fondos de inversión respaldados por el movimiento trumpista MAGA, la corona británica, rabinos norteamericanos, emires árabes, empresas chinas y las redes parasitarias de las élites locales, siempre dispuestas a venderle todo a cualquiera.

Por eso la revolución que amenaza con fragmentar al país en un archipiélago tiene la forma de las Zonas Económicas Especiales, utopías de ecosistemas sin democracia ni derechos laborales, donde los multimillonarios son déspotas. Sobre esta iniciativa explicó el investigador canadiense Quinn Slobodian: “fue celebrada, y a menudo puesta en acto, por una hueste de ultracapitalistas, libertarios y neoliberales que creían posible escapar de las ataduras de la supervisión y el control democráticos. (…) Una suerte de mundo posible gobernado únicamente por el contrato y el intercambio, dejando atrás el legado hecho bolsa de soberanía popular o gobierno representativo”. 

En la Argentina, esta matriz global opera sobre un sistema de negocios inmobiliarios ordenado hoy por lo que el investigador Michael Goldman describe como speculative urbanism (urbanismo especulativo): la producción de ciudad como activo financiero, sobre los ejemplos de Dubái, Shanghái o Singapur, y ejecutada sin deliberación democrática en nombre de la eficiencia. Un urbanismo neoliberal que elude regulaciones e impone de facto un nuevo diseño del espacio. Algo equivalente a lo que Uber le hizo al transporte y Pay-Pal a las transacciones comerciales. Un urbanismo de plataformas, explica la socióloga australiana Sara Barns, que crea sus propias reglas internas independientes de los sistemas legales y constitucionales.

Una investigación de la revista WIRED expuso la red de organizaciones del lobby que impulsa esta innovación en Estados Unidos. Una coalición que incluye a la Frontier Foundation, apoyada por Pronomos y NeWay Capital, fondo que explota las marcas de Próspera, la ciudad-empresa hondureña severamente cuestionada por Naciones Unidas frente al impacto que tuvo en materia de Derechos Humanos, respaldada por inversiones de Peter Thiel, entre otros. 

El promotor de Próspera llegó a la Argentina antes que el tecnomagnate. El 7 de julio de 2025, el cofundador del enclave hondureño, Gabriel Delgado Ayau, entró a la Casa Rosada y se reunió casi dos horas con el entonces jefe de asesores del presidente, Demian Reidel. Nieto de Manuel Ayau —fundador de la Universidad Francisco Marroquín y presidente de la Sociedad Mont Pelerin, nodo fundado por el propio Hayek—, define las ciudades privadas como un “modelo transportable” y sostiene que la Argentina podría “crear nuevos espacios para invertir, emprender y experimentar”. Reidel, quien debió salir del gobierno en medio de denuncias de sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina, es también el impulsor de los proyectos de data centers de OpenAI en la Patagonia.

Un detalle que debería pesar en las deliberaciones sobre el Súper RIGI es que cuando el Congreso hondureño, bajo el gobierno de Xiomara Castro en 2022, derogó el régimen de zonas especiales, ZEDEs en aquel sistema jurídico, Próspera demandó al Estado en el CIADI del Banco Mundial por 10.775 millones de dólares por “daños a inversiones” (el presupuesto total de Honduras de este año es aproximadamente 16.758 millones de dólares). En 2025, el monto del reclamo bajó a 1.630 millones, pero como el nuevo gobierno de Nasry Asfura pertenece a la fuerza de ultraderecha que había apadrinado las ZEDEs, el desenlace previsible de esta historia es el de una extorsión que toma de rehén al Estado mismo.

Los tecno-oligarcas temen morir tanto como odian pagar impuestos. Por eso impulsan las freedom cities, ciudades de libertad, a la vez guarida fiscal basada en criptomonedas y paraíso de experimentaciones clínicas enloquecidas. Allí no corren los controles estándar de alimentos, medicinas y ensayos clínicos. Son refugio de startups y figuras que promueven soluciones eugenésicas en visiones edulcoradas. Tal es el caso del Próspera Bio Hub, que experimenta con terapias no aprobadas por las autoridades estadounidenses; de Minicircle, respaldada inicialmente por Thiel y Sam Altman, CEO de OpenAI, que promete “alinear tus genes con tus ambiciones”. Bryan Johnson, el biohacker que aplica sobre sí mismo ingeniería genética para la extensión de la vida y vende suplementos alimentarios también se sometió a experimentos allí en 2023. Fue antes de anunciar que padece una enfermedad degenerativa extraña. 

Las ciudades “desreguladas” son producto de una historia de disrupciones urbanas, sueños digitales y gobernanza corporativa. Así es como la producción de la ciudad de esta etapa del capitalismo se convierte en una de las mayores fuentes de reproducción del capital financiero. La nomenclatura llega en inglés porque cada término importa mecánicas conceptuales llave en mano. Imaginarios de “islas de fantasía” que promueve el premio Nobel de economía Paul Romer, fascinación neoliberal en torno al estatuto colonial de Hong Kong y de Singapur, postulados de free-market cities, derivas de las gated communities (barrios privados, como Nordelta), charter cities, start-up cities, freedom cities que son parte de la plataforma política del trumpismo.
Las lecciones mal aprendidas de varios experimentos  fallidos no llegan a impugnar estos experimentos: Hargeisa proyecto delirante financiado en parte por el Estado de bienestar en Somalia, el proyecto de ciudad inteligente Sidewalk Toronto propulsado por Google, y la citada Próspera.

La arquitectura jurídica para blindar el nuevo urbanismo de fragmentación y secesionista llega del norte. Pero en Argentina hacen pie en un régimen de hecho erigido sobre excepciones a la norma y negocios inmobiliarios desde 1976. Nombres como los de Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain son los más representativos del tipo de empresario especializado en la producción privada del espacio urbano residencial para los sectores más acomodados, una explotación de la segregación socioespacial de urbes cerradas, que se hizo posible merced a las inversiones públicas en infraestructura —especialmente autopistas— de los años sesenta y setenta.

El canciller Pablo Quirno explicó a principios de agosto que la idea detrás de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es permitirle a algún extranjero “comprar una provincia o un pueblo”. Pero la extranjerización anhelada por el mileísmo no es mera venta de tierras a ciudadanos de otra nacionalidad. Es sinceramiento jurídico del régimen de hecho. Y el Súper RIGI, con media sanción en Diputados, que el ministro de Economía presentó como un régimen orientado a la instalación de data centers, está pronto a tratarse en el Senado.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, casi el 5% del país. 31 departamentos superan el límite legal del 15% máximo en manos extranjeras; 14 están por encima del 25%. En marzo el Gobierno propuso directamente eliminar ese límite dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo apoyó la Sociedad Rural con el argumento del precio es un negocio que tiene la vista puesta detrás del horizonte: la hectárea de la zona núcleo cotiza 15 mil dólares contra 25 mil o 30 mil en Iowa. Argentina es el cuarto reservorio mundial de tierra negra (con 39,7 millones de hectáreas) después de Rusia (326,8 millones), Kazajistán (107,7 millones) y China (50 millones).

Esa es la estructura que cobija un ecosistema de negocios con el suelo rural y urbano convertido en encajes financieros.

En este mercado se abre ahora el capítulo de los data centers, centros de cómputo indispensables en la cadena de valor de la inteligencia artificial y las criptomonedas. La primera fase de esta verdadera carrera del oro fue  Stargate Argentina, joint venture de OpenAI, la empresa de Sam Altman, junto a la local Sur Energy para levantar en la Patagonia un centro de datos de 500 megavatios con hasta 25 mil millones de dólares de inversión, estructurado, claro, bajo el RIGI y sus treinta años de privilegios fiscales, monetarios y aduaneros. Desde su anuncio el año pasado no se supo más de Stargate, aunque especialistas consultados para esta nota aseguran que estaría a la espera definiciones de beneficios fiscales para avanzar.

La doble operación de extirpación de soberanía, territorial y popular fue avanzando junto al sistema económico de especulación monetario-financiera y la hegemonía centrada en la city porteña, la bolsa de Rosario, las redes de la exportación y del contrabando. Ahora muta hacia su etapa superior, la cripto y la guarida fiscal.

Mutación urbanística: programa, no desregulación

Lo que progresa no es desregulación, sino enajenación, en las dos acepciones del término. El suelo cambia de dueño y, en el mismo movimiento, la ciudad pierde el control deliberativo sobre su propio destino.

Los números del conurbano describen la transformación. Hay más de 500 urbanizaciones privadas en la región metropolitana de Buenos Aires. Conglomerados de grandes dimensiones que dividen o encierran localidades preexistentes, lo que la investigadora del Conicet Sonia Vidal-Koppmann llama “nuevas fronteras urbanísticas”, un fenómeno de agregación que la normativa de ordenamiento territorial “no ha podido controlar”.

El caso del partido bonaerense de Tigre muestra la mecánica fina: 70% de expansión del suelo urbano entre 1980 y 2017. Y el dato revelador: los grandes movimientos de tierra del período 1999-2017 (los años del auge de Nordelta y sus clones) se hicieron al amparo de apenas dos ordenanzas, según la reconstrucción de Ana Fehrmann. La norma madre sigue siendo, por lo demás, el Decreto-Ley 8912, sancionado por la dictadura en 1977.

La impotencia normativa es, en realidad, la verdadera política de planeamiento urbano caótico. Como señala la economista Jayati Ghosh, “desregulación es una antífrasis”, la palabra nombra lo contrario de lo que hace pues en realidad se trata de una regulación explícita “al servicio de los hedge funds y las tecno-élites”.

Y, sin dudas, en esta jornada larga gran favor le hizo al desarrollo de las zonas la reforma constitucional de 1994. Con marketing progresista, convirtió a las administraciones provinciales en cobradoras de regalías. Un federalismo invertido en el que cada excepción a códigos de planeamiento votada de madrugada es regulación a favor de alguien.

La “respetabilidad” cotiza

El empresarialismo urbano, como lo denominan los ingenieros María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, se va cristalizando en códigos de edificación con el apoyo político de la derecha argentina. La reforma porteña de 2018 pasó de zonificar por usos a regular por morfología y capacidad constructiva, redujo la superficie destinada al centro libre de manzana, favoreció las demoliciones para así captar la nueva y mayor edificabilidad habilitada. Es decir, convirtió al suelo porteño en una grilla de derechos de edificación negociables. Lo financiarizó.

La maniobra se perfeccionó en 2024. En una sesión maratónica en la que se despacharon más de 300 expedientes, la Legislatura porteña aprobó otra reforma. Esta se vendió como preservación de la identidad barrial. Pero en lo decisivo, optimizó el mercado de derechos de edificación transables al habilitar la transferencia de capacidad constructiva desde los barrios del sur a otros donde la demanda retribuye mejor. El metro cuadrado se desprendió del terreno y se convirtió en activo financiero comprado barato en La Boca o Barracas y transado caro en Palermo o Belgrano.

Esto se agregó a la Ley 6.508 de transformación del Microcentro que permitió computar entre el 50% y el 70% de la inversión privada como pago a cuenta de Ingresos Brutos, una renuncia fiscal de 230 millones de dólares. El Estado subsidiando a los ricos.

El resultado: demoliciones a la orden del día, “cascarones vacíos” que conservan solo la fachada tapiada; catalogaciones desestimadas por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el Chalet Tudor de Bustillo en venta pese a estar protegido, entre otras. Así se aseguró un mercado con unidades cuyo metro cuadrado supera los 4 mil dólares, en una ciudad con 200 mil viviendas vacías y unas 12 mil personas durmiendo en la calle. El Observatorio del Derecho a la Ciudad llama al modelo de la derecha porteña “la utopía excluyente”. Un sistema en tres tiempos: desplazamiento de sectores vulnerables mediante operativos punitivos, criminalización de la supervivencia —intentos de internación forzosa de personas en situación de calle— y gentrificación.

La compra de la mansión de Thiel en Buenos Aires se inserta en esta dinámica y anticipa la etapa siguiente: 13,5 millones de dólares pagados por Birkdale Emprendimientos, una sociedad constituida 49 días antes de la operación, detrás de la cual la Inspección General de Justicia identificó al abogado jefe y al director financiero de Thiel Capital. La técnica de las sociedades interpuestas (shell companies) que se usó en CABA y el conurbano bonaerense tuvo su propio laboratorio de ensayos en la Patagonia.

El futuro, hoy aquí

La conversión del territorio nacional en un archipiélago de zonas tiene precedentes consumados.

Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, es el ejemplo más claro. El magnate inglés Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, logró hacerse una estancia en los noventa, que estaba ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. Y en esa operación se apropió también del lago que estaba cerca. En la misma movida, había adquirido tierras en la costa atlántica, donde construyó una pista de aterrizaje más extensa que la del Aeroparque porteño.

Su impulso fagocitador de campos acabó enfrentando a este Gold Silver de la Trulalá patagónica con la población comunitarista que persiste allá. La reacción fue la movilización recurrente de activistas en reclamo de acceso libre al lago en las Marchas por la Soberanía.

Lago Escondido es la secesión de facto: territorio cercado, acceso público judicializado eternamente, jurisdicción extranjerizada dentro del mapa argentino, con el sistema político convalidando todo. Lewis, quien fue indultado recientemente por Donald Trump de su condena a prisión en Nueva York por maniobras financieras irregulares, fue protegido de Mauricio Macri. El expresidente llevó a Barack Obama 1.700 kilómetros hasta aquella mansión a discutir vaya uno a saber qué, durante la presidencia argentina del G20. Fue Macri, además, quien lo favoreció directamente al romper la restricción de que extranjeros acumulen tierras en áreas prioritarias para la seguridad nacional. Su decreto 820/2016 elevó del 25% al 51% el umbral accionario para considerar extranjera a una empresa.

A escasos kilómetros del feudo de Lewis se encuentra el fideicomiso Amaike, de capitales de Emiratos Árabes Unidos. La estancia Las Marías pertenece a la casa real de Abu Dhabi. El tramo de la Ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón se convirtió, según el diario Tiempo Argentino, en una servidumbre de paso por el interior de un solo bloque de tierras extranjerizadas: cuatro grupos —Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la belga BURCO y el británico Lewis— controlan allí unas 110 mil hectáreas, casi seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Una sola montaña repartida entre propietarios extranjeros, y las nacientes de cuatro ríos adentro del alambrado.

Lewis le vendió recientemente al emir de Qatar su estancia de la costa oceánica rionegrina, con pista propia de 2.200 metros y hangares para aeronaves de gran porte, a tiro de las Islas Malvinas. El enclave británico se transfirió al enclave catarí.

Los árabes perfeccionaron el modelo de Lewis. Los capitales del Golfo Pérsico entraron encubiertos por sociedades fantasmas habilitadas por el decreto macrista. Y todo hubiera pasado desapercibido si este año las triquiñuelas no hubieran saltado en los tribunales, generando un escándalo que complica al gobernador Alberto Weretilneck.

El 7 de abril, el expolista Hugo Barabucci confesó en un juicio que él había comprado un campo de 20 mil hectáreas con dos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Detrás de esta revelación apareció un entramado de sociedades fantasma, testaferros y fideicomisos que transfirió finalmente la propiedad a manos directas de dos hombres del poder emiratí: Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, hombre de confianza del emir de Abu Dhabi, y el general retirado Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.

En febrero, en pleno bombardeo iraní contra bases estadounidenses en Emiratos, su presidente, emir de Abu Dhabi y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Bariloche con una comitiva de 200 personas. ¿Cuál será la naturaleza de esta urgencia?

La zona al dock

En el sur de la CABA todo está listo para la nueva zona libertaria. “Ramblas del Plata” no será un barrio porteño más. Una propuesta que IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, que busca emular la revolución urbanística de Margaret Thatcher en los docks londinenses del East End de los años setenta. Una ciudad entera de iniciativa privada sobre 71,6 hectáreas ganadas al río, entre la Reserva Ecológica y La Boca. Es el proyecto urbano más grande del país. Un Puerto Madero con esteroides, diría Trump. El volumen del negocio: 1.800 millones de dólares de inversión en tres etapas, 895 mil metros cuadrados de capacidad constructiva para entre 6 mil y 10 mil viviendas de lujo en torres, oficinas, hotelería, comercio, escuelas y un paseo costero. IRSA vendió este año casi todos los lotes de la primera etapa.

IRSA es dueña del suelo, fija el masterplan y vende lotes a otros desarrolladores que edifican dentro de sus reglas. Es una zona económica especial de hecho. Su régimen urbanístico no surge del código general de la ciudad sino de un convenio público-privado sancionado a medida del proyecto; el espacio público queda bajo mantenimiento privado por contrato; y la escala es la de una ciudad mediana con gobierno propio. Es exactamente el desplazamiento que Sonia Vidal-Koppmann viene documentando desde hace veinte años en la región metropolitana: de la construcción de barrios cerrados a la creación de ciudades privadas. La desigualdad constitutiva de estas zonas la ubica pegada a la villa Rodrigo Bueno. El contraste no podía ser más lógico.

Pero quien crea que esto empezó con Macri-Rodríguez Larreta y Milei debe mirar el antecedente de Isla Demarchi, un predio vecino a Ramblas del Plata. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con Elzstain, en lo que fue el puntapié inicial de una cooperación de las fuerzas políticas que ella conducía para aprobar en la Legislatura porteña las modificaciones que requerían los proyectos de IRSA.

En 2012, el gobierno del Frente para la Victoria anunció en Isla Demarchi un Polo Audiovisual: doce hectáreas frente al río presentadas como un “Central Park porteño”, con una torre de 335 metros y 67 pisos, estudios de televisión, un hotel de lujo en los pisos superiores y un estadio. El “Hollywood argentino”, financiado a través de la ANSES, interesó también a Elsztain quien incluso recorrió Isla Demarchi a pie junto a su hijo y a funcionarios de presidencia por aquellos días. En 2017, un decreto de Mauricio Macri canceló el Polo y las tierras volvieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) donde todavía esperan su turno.

Para confirmar que la enajenación de territorio es un movimiento furtivo pero coherente, Milei y Caputo rediseñaron por decreto el Puerto de Buenos Aires, instruyendo a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a convocar iniciativas privadas para financiar y operar proyectos urbanos público-privados. La hipótesis que trabajos académicos liberalizadores venían modelando, la “paulatina reducción del espacio operativo portuario y un traspaso hacia lógicas de urbanización comercial y residencial”, se convierte en business.

No se puede hacer más lento.

¿Malvinas ZEDE?

Trump corrió por izquierda al entonces primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, amagando con respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas a comienzos de este año. Semanas más tarde, él mismo recordó que su país no tiene amigos más íntimos que los británicos. Esa fugacidad hizo pensar que se trataba de una represalia por negarse a acompañar la cruzada contra Irán.

Pero ayer mismo, 1 de septiembre, el mismo Trump activó la alerta roja en Londres con respecto a Malvinas. Su gobierno está dispuesto a “revisar” la tradicional posición norteamericana de respaldo al Reino Unido en materia de soberanía, dijo en conferencia de prensa en el Salón Oval. Los libertarios en el gobierno argentino salieron a celebrar la novedad con entusiasmo filonacionalista.

A nosotros nos conviene tomarlo en serio por otro motivo. Leído desde la lógica de la secesión, estos gestos no serían tanto reparación histórica sino caballo de Troya. Washington no le entregaría las Islas a la Argentina, algo absolutamente improbable. Pero el lobby MAGA podría querer quitarle el dominio de las islas al Estado británico, para crear una ZEDE controlada por corporaciones multinacionales en el Atlántico Sur. Un vigía de occidente con su propio régimen jurídico, fiscal, autonomía presupuestaria y ciudadanía por contrato.

Las condiciones materiales para que esto ocurra fueron zanjadas con la aprobación por el gobierno de ocupación del proyecto petrolero Sea Lion en el que participa también una empresa israelí. De la guerra de 1982 a esta parte, el gobierno kelper se convirtió en un “embrión de un Estado nacional” al decir del especialista Federico Lorenz. El petróleo pasó a consolidar una cierta independencia de Malvinas respecto de la metrópoli británica. Condiciones óptimas para la instalación de un nodo geopolítico en el molde de la ciudad-estado-empresa. Normalizar la relación entre la administración colonial y el gobierno argentino amortizaría costos de mantenimiento logístico del enclave. Pero eso no es soberanía.

Legalizar el estado de cosas

El mapa de las innovaciones legislativas del tipo RIGI avanza sobre los pasos de la ley de Bases inicial de Milei para completar la obra de fragmentación del país. El nuevo corpus empujado por Sturzenegger y la City no es otra cosa que la adecuación del sistema legal al estado de cosas y su blindaje hacia el futuro.

Thiel en la Argentina representa el avance de la agenda global de freedom cities, microestados anarco-capitalistas. Y viene porque aquí se está fabricando algo mejor que Próspera. El magnate habría inscripto a sus tres hijas en un colegio porteño como prueba de su convencimiento. La Argentina ofrece a la tecno-oligarquía escala continental, recursos estratégicos, un sistema jurídico perforado por décadas de cesiones discretas, un gobierno que se asume “topo” destructor del Estado que administra, y una distancia cierta de los descalabros geopolíticos que ellos mismos fomentan en Oriente Medio y Europa. Es el prototipo exportable del nuevo régimen de propiedad, inspirado en representaciones idealizadas del feudalismo. La etapa superior del capitalismo financiero en la era de las plataformas y el triunfo de la contracultura antidemocrática. Esta vez parece que el tiro del final sí va a salir.

Y aquí debemos sumar otro factor de incentivos que aceita el proceso histórico de la secesión: el ladrillo como puerta de entrada del dinero global anonimizado. El especialista en crimen organizado Jean-François Gayraud, autor de Le nouveau capitalisme criminel (2014), señala cómo el negocio inmobiliario compra el territorio y la respetabilidad en la misma operación. Los “profesionales grises” —abogados, escribanos, agentes inmobiliarios, banqueros— son los facilitadores indispensables que hoy cuentan con ministerio propio en los gabinetes de Milei y el primo de Macri.

Esta arquitectura jurídica del despojo se afina con el paquete de “inocencia fiscal II”, aprobado en Diputados hace algunos días, que promete volver a blindar a los millonarios del escrutinio sobre el origen de sus fondos. “La evasión y elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales y el lavado de activos son fenómenos diferentes pero estrechamente interconectados”, sostienen las especialistas Verónica Grondona y Magdalena Rua. La opacidad es el sello del avance disimulado del programa socio-político de la tecno-oligarquía.

René Lavand engañaba, pero avisaba: no se puede hacer más lento. El gobierno libertario hace el mismo truco pero con las dos manos y el establishment global a favor. En el teatro, cuando la magia termina, el naipe desaparecido vuelve a aparecer. Los países, como la Argentina, tristemente no.

La entrada Secesión argentina se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

Desde que se exhibió ese trapo maravilloso después del partido contra Inglaterra en el Mundial, distintas fuerzas políticas se hicieron eco y recuperaron el reclamo soberano por Malvinas, esa pasión que nunca nos deja. Lo que era impensable es que el Javier Milei, declarado admirador de Margaret Thatcher y quien consideraba irrelevantes a las islas, se embanderara anoche en cuanto tópico irredentista hemos sabido conseguir. Por eso, por debajo de ese humo neblinoso, debemos prestar atención a lo que viene escondido en este presente griego que parece ser la súbita conversión patriótica del presidente y de quienes ya se apresuran a no sacar los pies del plato para acompañarlo.

Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”. Durante años, muchos sostuvimos la necesidad de construir una política democrática y autocrítica sobre Malvinas. No para abandonar la reivindicación soberana, sino para fortalecerla. Porque la causa no podía seguir siendo rehén de las simplificaciones patrióticas, de los reflejos nacionalistas ni de las manipulaciones partidarias. Había que rescatarla de quienes la utilizaban como consigna vacía y devolverla al terreno de la política para construir un proyecto democrático. No imaginábamos este giro. O quizás sí. Quizás estaba contenido en algunas de las contradicciones que durante décadas intentamos señalar.

Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”.

Porque lo que aparece hoy ante nuestros ojos es una escena paradójica: una causa nacional y federal degradada una vez más; las islas objetivamente más lejos que hace algunos años; la defensa convertida en justificación para nuevas estructuras de seguridad; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la incongruencia de un presidente que durante años despreció tradiciones fundamentales de la cultura política nacional y que ahora se presenta como defensor de los intereses argentinos.

La cuestión no es menor. Lo que se anunció en nombre de la defensa nacional obliga a formular preguntas incómodas. No solo sobre Malvinas, sino sobre el país que estamos construyendo. Porque la experiencia argentina enseña que cada vez que la palabra “seguridad” desplazó a la palabra “política”, las consecuencias fueron graves.

Durante gran parte del siglo XX la defensa nacional estuvo asociada a una idea relativamente sencilla: la protección de la soberanía frente a amenazas externas. La existencia misma de las Fuerzas Armadas se justificaba por la necesidad de defender el territorio, los recursos y la independencia nacional. Pero a partir de los años sesenta comenzó a consolidarse otro paradigma. La llamada Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada en el contexto de la Guerra Fría, modificó profundamente esa concepción. El problema ya no era un enemigo exterior. El enemigo estaba adentro. La amenaza dejó de identificarse con otro Estado para asociarse con conflictos sociales, organizaciones políticas, movimientos sindicales, grupos estudiantiles o cualquier actor percibido como potencialmente desestabilizador. La consecuencia fue conocida en toda América Latina. En nombre de la seguridad nacional se justificaron sistemas de vigilancia, persecución política, estados de excepción, terrorismo de Estado y dictaduras militares. La cuestión ya no era proteger a la nación sino controlar a la sociedad.

A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Hasta anoche.

La Argentina conoce demasiado bien esa historia. La última dictadura fue la expresión más brutal de esa lógica. Y resulta imposible olvidar que la guerra de Malvinas fue, entre otras cosas, el intento final de aquel régimen por reconstruir una legitimidad que ya estaba agotada.

Por supuesto, la causa de Malvinas no fue una invención de la dictadura. La reivindicación argentina es anterior, legítima y ampliamente compartida. Pero precisamente por eso resulta importante distinguir entre una causa nacional y los usos políticos que pueden hacerse de ella.

A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Que el patriotismo no podía quedar monopolizado por los militares y que la causa Malvinas necesitaba más democracia y no menos. Durante más de cuarenta años, con avances y retrocesos, esa convicción pareció consolidarse.

Hasta anoche.

Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar. Cuando la reivindicación de Malvinas comienza a convivir con la expansión de estructuras de seguridad, con nuevas doctrinas de vigilancia y con alianzas hemisféricas concebidas en términos de amenazas permanentes, conviene prestar atención. Eso es lo que anunció Milei la noche del 3 de septiembre. 

Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar.

En marzo de este año Argentina se incorporó al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por Donald Trump y constituye un buen ejemplo de esta situación. Los anuncios supuestamente malvineros de la cadena nacional son su capítulo más reciente.

Presentada como una iniciativa destinada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, la propuesta de Trump parece responder a desafíos reales. Sin embargo, también expresa una determinada concepción del continente basada en la seguridad y que organiza la política alrededor de amenazas. Una concepción que tiende a desplazar las preguntas sobre soberanía, desarrollo, desigualdad o integración regional hacia un lenguaje centrado en el control.

Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. La causa Malvinas es, en esencia, una causa de descolonización. Remite a una disputa de soberanía con una potencia extranjera, al control de recursos naturales y a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Está en juego la autonomía argentina para decidir sobre su territorio y sus espacios marítimos. Sin embargo, la arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

La arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington. Se denuncia la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y se celebra una alineación estratégica cuya principal preocupación no es la descolonización, sino la gestión hemisférica de amenazas (contra Estados Unidos). La contradicción resulta evidente. Y más aún cuando observamos el estado concreto de la cuestión Malvinas.

Desde la derrota de 1982 las islas están más lejos que nunca de nuestras posibilidades de recuperación. Las negociaciones diplomáticas se encuentran estancadas. La presencia militar británica permanece intacta. La explotación de hidrocarburos fortalece la posición económica de los isleños y del Reino Unido.

Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington.

El contexto internacional actual no ofrece señales favorables para una modificación sustancial del escenario. Frente a esa realidad, la retórica soberanista corre el riesgo de convertirse en una forma de compensación simbólica. La regla parecería ser que cuanto más lejos se encuentra el objetivo, más intensa se vuelve la apelación a lo emocional. 

Es un mecanismo conocido. La política cede lugar a la épica. Los resultados concretos son reemplazados por gestos. La complejidad desaparece detrás de los aplausos. Y entonces ocurre algo todavía más preocupante. La causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

Quien cuestiona una política específica parece cuestionar la soberanía misma. Quien formula dudas sobre una estrategia concreta es acusado de debilitar la posición nacional. La deliberación democrática se vuelve sospechosa. 

Como señalamos, la causa nacional no se fortalece mediante unanimidades artificiales. Se fortalece mediante la discusión pública y el control democrático. Se nutre de políticas de Estado construidas sobre consensos amplios y no sobre adhesiones circunstanciales. La gran paradoja de este momento histórico es que la reivindicación de la soberanía parece reaparecer asociada a una tradición política que históricamente debilitó la capacidad de las sociedades para discutir libremente sus propios intereses.

Ocurre algo preocupante: la causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

El resultado que hoy tenemos ante nuestros ojos parece condensar algunas de las peores posibilidades de la historia reciente argentina: una causa nacional y federal degradada y manipulada una vez más; las islas más lejos que nunca; la defensa convertida en argumento para ampliar mecanismos de control interno; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la paradoja de un presidente que durante años despreció la tradición nacional argentina y que ahora anuncia que defenderá los intereses nacionales.

Por eso la pregunta verdaderamente importante no es qué pensamos sobre Malvinas. La pregunta es qué tipo de democracia queremos construir alrededor de Malvinas. Si queremos que la causa sirva para ampliar la participación ciudadana o para justificar nuevas formas de control. Si la defensa nacional será entendida como una política pública sometida al escrutinio democrático o como un ámbito reservado a expertos, servicios de inteligencia y estructuras de seguridad. Si aprenderemos algo de la historia reciente o si volveremos a recorrer caminos que ya conocemos demasiado bien.

La entrada Malvinas, más lejos que nunca se publicó primero en Revista Anfibia.