Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina.
Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería.
El Intendente Orazi les agradeció, en nombre de todo el personal municipal y del equipo de funcionarios, por la importante tarea desarrollada durante este tiempo y les deseó éxitos en esta nueva etapa que acaban de comenzar.
Por su parte, tanto Mabel como Virginia, emocionadas, manifestaron su agradecimiento por el reconocimiento al tiempo que recordaron anécdotas junto a compañeras de trabajo.
Durante la entrega de presentes estuvieron la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez, la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz, la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y la Contadora Municipal Claudia Nelli.
La economía puede mostrar una planilla prolija y, al mismo tiempo, dejar a los trabajadores haciendo equilibrio en la cornisa. Ese es el dato incómodo que aparece detrás del nuevo informe de la UCA: el desempleo no arde, pero el empleo se rompe por adentro. La macro luce ordenada en la vidriera. En la trastienda hay changas, monotributos flacos, motos prestadas y cuentas que no cierran.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina publicó un trabajo sobre la estructura laboral urbana entre 2010 y 2025. La conclusión es fuerte: el deterioro no aparece como una expulsión masiva al desempleo abierto, como en los años noventa, sino como una degradación silenciosa de las condiciones de trabajo. La UCA lo resume como una «desintegración laboral sin desempleo».
El dato central está en las trayectorias laborales. Entre 2011-2013 y 2023-2025, la proporción de desocupados que pasó al autoempleo informal subió del 24,1% al 29,5%. En cambio, la salida hacia empleos asalariados formales o públicos cayó del 24,1% al 19,6%. Dicho más simple: cada vez menos desocupados consiguen un empleo registrado y cada vez más terminan inventándose una ocupación de baja escala.
La misma dinámica golpea a quienes ya tenían un empleo formal. Según el informe, el pasaje de asalariados formales hacia el autoempleo informal subió del 4,8% al 6,2%. La caída ya no es sólo del desocupado que no encuentra puerta de entrada. También alcanza al trabajador registrado que pierde el escalón y cae en el rebusque.
Por eso la tasa de desempleo puede quedar relativamente contenida mientras el mercado laboral se deteriora. En el primer trimestre de 2026, la desocupación fue del 7,8%, casi sin cambios frente al mismo período del año anterior. Pero la informalidad subió al 44,2% y también creció la subocupación. El Estado cuenta a una persona como ocupada. El hogar mira si ese ingreso alcanza para llegar a fin de mes.
La composición del empleo confirma el corrimiento. El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
La precariedad también tiene números duros. En 2025 alcanzó al 45% del total de los ocupados. En el sector microinformal llegó al 66,5%. Entre los asalariados informales de microestablecimientos, trepó al 81,1%. En el empleo público fue del 15,9% y en el sector privado formal del 29,1%.
El ingreso muestra la parte más brutal del fenómeno. La UCA advierte que los trabajadores del sector microinformal cobran, en promedio, entre 30% y 40% menos que el resto. En 2025, los trabajadores privados formales regulados tenían una probabilidad 18 veces mayor de estar en el quintil más alto de ingresos que en el más bajo. En el microinformal, esa relación caía a 0,28.
Ahí aparece la otra cara del orden macroeconómico que el Gobierno vende como modernización. El informe marca dos motores en tensión. Por un lado, sectores de baja productividad que absorben mucha mano de obra. Por otro, actividades de alta rentabilidad, como recursos naturales, finanzas y servicios empresariales, que generan pocos puestos directos.
La apuesta libertaria combina ajuste fiscal, desregulación, incentivos exportadores y una mirada muy favorable a recursos naturales y finanzas. Ese camino puede ordenar algunas variables. Pero no arma, por sí mismo, un régimen de desarrollo. Sin crédito, proveedores, infraestructura, tecnología y coordinación estatal, los números cierran arriba y la factura se abre abajo.
El espejo peruano entra justo ahí. Perú logró durante años baja inflación, reservas altas y bajo endeudamiento. Pero en 2025 tuvo una informalidad laboral del 70,2%. Fueron 12,3 millones de trabajadores informales sobre una población ocupada de 17,6 millones. En las zonas rurales, la informalidad llegó al 94,8%. En las urbanas, al 64,5%. La desocupación, en cambio, fue de apenas 4,9%. La trampa queda a la vista: una macro eficiente puede convivir con una sociedad partida.
El ex ministro peruano Piero Ghezzi lo dijo en una entrevista con La Nación: «La política macro, que es transversal, no alcanza». También advirtió que en Perú «no hay suficientes sectores para incorporar a esos trabajadores». Esa frase explica el riesgo argentino.
Perú incluso mostró crecimiento del empleo en 2025. El INEI informó 17,57 millones de ocupados, un aumento de 1,5% frente a 2024. Pero la calidad del empleo siguió siendo el agujero negro. En empresas de hasta diez trabajadores, la informalidad fue del 88,6%. En las grandes, del 15,6%. En agricultura, pesca y minería, llegó al 91,1%. En servicios, al 57,6%. El orden macro no impidió que la mayoría trabajara sin red.
En Argentina, la palabra peruanización pega porque toca una fibra sensible. El país todavía conserva protecciones sociales y laborales más extendidas que Perú explicada por su complejo científico inudstrial. Pero el informe de la UCA advierte que esa arquitectura se erosiona. La norma protectoria sigue escrita. El problema es que una porción creciente del trabajo queda afuera de su alcance. .
Ramiro Robles, investigador del Observatorio de la Deuda Social, planteó que hacen falta políticas de coordinación salarial, fortalecimiento del salario mínimo y formalización. Pero con una aclaración clave: formalizar no es sólo registrar. También supone crear canales reales para incorporar a quienes hoy están fuera del sistema fiscal, previsional y laboral porque sus márgenes productivos son mínimos. Su diagnóstico fue poco amable para la épica oficial: «No parece evidente que en el corto plazo la situación del empleo vaya a mejorar».
«Una vecina rural define la situación: “acá hablamos de plata nomás, de plata y contaminación, porque no hay otra cosa”. Los vecinos al no ser escuchados por las petroleras, se quejan en los medios o toman medidas de protesta como cortar el acceso al pozo. Recién ahí es cuando las petroleras ofrecen “soluciones”, como regalarles electrodomésticos, ofrecerles materiales para la casa, mudarlos a un hotel mientras perforan o pagarles por su silencio.»
La estrategia del Gobierno para mantener al dólar bajo control empieza a mostrar un límite en las expectativas del mercado. Aunque el Tesoro y el Banco Central reforzaron durante las últimas semanas las intervenciones para evitar que la cotización supere los $1.500, los precios de los bonos ya descuentan un tipo de cambio más alto para los próximos meses y reflejan que los inversores esperan una depreciación gradual del peso.
Los valores implícitos surgen de la relación entre los bonos dólar linked y los títulos a tasa fija. De acuerdo con cálculos de Facimex Valores, el tipo de cambio de equilibrio se ubica en torno a los $1.512 para fines de agosto, $1.536 para fines de septiembre y cerca de $1.645 hacia mediados de enero de 2027. No se trata de un escenario de salto brusco, sino de una aceleración administrada del ritmo de depreciación.
En el mercado coinciden en que el Gobierno viene utilizando distintas herramientas para sostener el esquema cambiario. A las intervenciones en el mercado spot se sumó una creciente utilización de instrumentos atados al dólar, especialmente bonos dólar linked, para absorber demanda de cobertura y evitar movimientos abruptos de la cotización.
«El Gobierno busca permitir una corrección gradual del tipo de cambio, pero evitando movimientos bruscos que puedan alterar la dinámica inflacionaria. En ese marco viene interviniendo principalmente a través de instrumentos dólar linked para moderar la presión sobre el dólar y sostener el esquema cambiario», explicó Tomás Sisto Bourel, responsable de Research de Fortress Capital.
El analista sostuvo que las expectativas que hoy refleja el mercado son consistentes con ese escenario. Recordó que Goldman Sachs proyecta un dólar de $1.500 dentro de tres meses, $1.600 en seis meses y $1.800 dentro de un año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé un tipo de cambio de $1.673 para diciembre de 2026 y de $1.805 para junio de 2027. Los contratos de futuros también descuentan niveles cercanos a $1.625 para fin de año, mientras que los bonos reflejan una depreciación implícita anual de entre 22% y 24%.
Según Sisto Bourel, incluso un dólar cercano a los $1.800 seguiría ubicándose dentro del techo de la banda cambiaria vigente, por lo que el escenario base continúa siendo una depreciación administrada y no una devaluación disruptiva. «El Gobierno todavía cuenta con margen para ampliar la cobertura mediante el mercado de futuros, por lo que no esperamos necesariamente un salto cambiario sino una depreciación gradual acompañada por intervenciones puntuales», afirmó.
El cambio de estrategia también aparece reflejado en un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). La sociedad de Bolsa sostiene que el Banco Central redujo deliberadamente el ritmo de compra de reservas para evitar agregar presión alcista sobre el tipo de cambio. En la primera rueda bursátil de agosto la autoridad monetaria compró apenas USD 18 millones, una de las cifras más bajas del año y equivalente a sólo el 3,9% del volumen negociado en el mercado spot.
Para PPI, la prioridad oficial dejó de ser maximizar la acumulación de reservas y pasó a ser sostener la estabilidad cambiaria. Esa decisión estuvo acompañada por una fuerte expansión de la cobertura oficial. Según sus estimaciones, el stock de instrumentos vinculados al dólar aumentó unos USD 5.000 millones durante julio y alcanzó aproximadamente los USD 11.240 millones, impulsado por emisiones de bonos Dual TAMAR/dólar linked y por intervenciones del Banco Central en el mercado secundario.
Sisto Bourel coincide con ese diagnóstico y calcula que el stock de instrumentos atados al tipo de cambio en manos privadas ya ronda los USD 12.000 millones, luego de las ventas realizadas por el Banco Central y de los sucesivos canjes y licitaciones del Tesoro. A su juicio, la cobertura oficial pasó a concentrarse cada vez más en bonos dólar linked, mientras los futuros redujeron su participación relativa.
Sin embargo, detrás de la discusión financiera también aparecen factores propios de la economía real. Martín Burgos, director de la consultora Lado B, sostuvo que la presión cambiaria responde además a una cuestión estacional vinculada a la disponibilidad de divisas. «Ya se vendió buena parte de la cosecha gruesa. En el segundo semestre los dólares empiezan a escasear y el Banco Central tiene que administrar esa menor oferta para evitar sobresaltos a través de herramientas monetarias y financieras», explicó.
Pasó un fin de semana cargado de sobresaltos en Olavarría para el piloto reginense Facundo Aldrighetti, sufrió una descalificación con una decisión para discutir un rato largo en el sprint del sábado y el domingo en las pruebas a “tanque lleno” terminó contra el paredón de boxes en un duro accidente. En el sprint del…
La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. Cada uno de ellos…
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