GastroArte y una nueva propuesta para hoy

 

Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

Acerca de la autocrítica

La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

El caso de las cuotas

Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

La defensa de la libertad

Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

 

 

Foto de portada: Holding futures, de la colección “Mirar la deuda”.

La llegada al gobierno de La Libertad Avanza generó un terremoto sobre el sistema universitario. Mientras dilapida fondos en otros usos, se ufana del brutal ajuste que realiza en la inversión educativa, que ha hecho caer en casi dos quintos los recursos disponibles para las universidades públicas. ¿Se trata realmente de falta de dinero? ¿O son, en realidad, medidas reñidas con el derecho, la democracia constitucional y el conocimiento científico?

El ahogo presupuestario ha llevado a que las universidades argentinas sobrevivan con edificios en franco deterioro, incapacidad de sostener equipamiento o comprar insumos suficientes, becas que ya no alcanzan, docentes y no docentes con salarios míseros que buscan alternativas en el pluriempleo o directamente abandonan su puesto de trabajo. Para 2026, el financiamiento público destinado a las universidades representará el 0,431% del PIB, frente al 0,718% de 2023. Teniendo en cuenta que la mayor parte de ese porcentaje se destina a salarios, hay una caída del 43,2% en términos reales respecto de 2023. Tras cuatro marchas denunciando este deterioro, la comunidad educativa aún espera por la aplicación de la ley que recompone sus presupuestos a valores de 2023.

El gobierno argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), aprobada por amplia mayoría parlamentaria, “nació muerta” porque no identifica de dónde saldrían los recursos para solventarla. En esa afirmación hay dos errores conceptuales. El primero es que no existe en el ordenamiento jurídico el requisito de que una ley de este tipo (que financia universidades que ya existen y funcionan) deba per se identificar su fuente fiscal para ser aplicada. El segundo error es que, en todo caso, las fuentes fiscales para solventar la LFU son fácilmente identificables.

De la fortaleza de estos argumentos dependerá el resultado del recurso judicial que está en el escritorio de los jueces de la Corte Suprema, que deberá decidir si el gobierno tiene que cumplir o no con la LFU aprobada por el Congreso.

El escenario de fondo de esta disputa judicial es una dramática situación presupuestaria, que fuera recientemente denunciada por la Universidad Nacional de Río Negro ante la Relatora Especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas, así como por ACIJ, el CELS y la Red-DESC. Más profundamente, es una disputa por el respeto de los derechos y la defensa de la educación pública de calidad. Es necesario desmontar los argumentos ortodoxos para justificar la austeridad, que lejos de ser un mandato divino,  inevitable o supraconstitucional, es una excusa ideológica para enriquecer aún más a los ricos, mientras se provocan profundos daños sobre las vidas de las mayorías.

Desde un punto de vista constitucional, el argumento del gobierno es extraño: si la ley no identifica la fuente fiscal para financiarla, el Ejecutivo decide suspender administrativamente una ley que viene a compensar (parcialmente) el fuerte deterioro acumulado de los salarios, becas e inversión en el sector universitario. Este criterio no es aplicado a otras leyes aprobadas por el Congreso, que no suele identificar la fuente fiscal en sus textos, ni a decretos del propio gobierno, como el 931/2025 que subió en 120 por ciento los sueldos de más de mil funcionarios jerárquicos.

La Ley de Administración Financiera (art. 38) establece que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deberán especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento. Esto, sin embargo, no es un requisito de validez constitucional, sino de técnica presupuestaria. Es decir, no habilita al Poder Ejecutivo una posibilidad de vetar leyes ya promulgadas. Y, en todo caso, el presupuesto otorga al jefe de Gabinete la facultad de reestructurar partidas (art. 100, inc. 7 de la Constitución Nacional y art. 37 de la LAF 24.156). Cuando el Congreso sanciona una ley de este tipo, técnicamente le está ordenando al Ejecutivo que reasigne los recursos existentes para dar cumplimiento a la nueva norma de la forma que más convenga fiscalmente al Estado.

La LFU no es un “gasto nuevo”. La demanda judicial contra el Gobierno nacional que iniciara el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —actor político y federal que irrumpió enfrentando los abusos institucionales del Poder Ejecutivo—, exigiendo el cumplimiento de la ley, explica que esta norma no crea un beneficio inédito ni una nueva partida. Solo ordena actualizar y mantener a valores constantes las partidas que ya existen y estaban previstas, tomando como base la inflación oficial del INDEC. Al no haber un gasto nuevo, la exigencia de crear una nueva fuente para un nuevo financiamiento es falaz.

Otro punto es que al momento de aprobarse la LFU, La Libertad Avanza venía gobernando sin presupuesto aprobado, prorrogando por decreto el de 2023 hasta que finalmente se aprobó uno en diciembre de 2025. Así, el Ejecutivo reestructuraba partidas de forma discrecional y masiva mediante decenas de decretos sin especificar fuentes de financiamiento adicionales (por ejemplo, los fondos para la SIDE).

A todo evento, si el gobierno insistiera con su posición, rigen dos principios básicos en la interpretación del derecho: ley posterior deroga ley anterior, y ley especial deroga ley general. La LFU debería prevalecer, en cualquier caso, sobre la Ley de Administración Financiera. Si los presupuestos (normas generales) no derogan expresamente la LFU pero no asignan partidas específicas —como suele suceder con un número de compromisos financieros del Estado—, para eso el Ejecutivo cuenta con mecanismos (y obligaciones) para reasignar partidas y dar cumplimiento a los mandatos de las leyes. Esta es, de hecho, una exigencia jurídica internacional cuando se encuentra en juego un derecho social como la educación: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador exigen a los Estados que movilicen el máximo de recursos disponibles para asegurar la realización de los derechos humanos.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de aprobar una resolución sobre “Políticas fiscales y derechos humanos en las Américas”, que  dispone de manera expresa que “los Estados deben movilizar, utilizar y asignar el máximo de los recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta obligación comprende utilizar y distribuir adecuadamente los recursos existentes, así como ampliar el espacio fiscal, generando los recursos necesarios para lograr la realización de los derechos humanos”. Lo que señala la CIDH es que, incluso sin que existiera la LFU, el Ejecutivo debería financiar las universidades de manera suficiente, y no ahogarlas presupuestariamente: las medidas con efectos regresivos sobre los derechos humanos son admisibles solo bajo presupuestos estrictos, que en el caso argentino, el gobierno siquiera se molestó en mencionar.

Si el Congreso insiste con las mayorías agravadas de dos tercios y la ley es ratificada (como ocurrió con la LFU) luego de un veto del Ejecutivo, este no dispone en la Constitución de una opción adicional para “suspender” la vigencia de la ley. Lo intentó el gobierno al contestar la demanda del CIN, y tanto en primera como segunda instancia fue rechazada. Los argumentos formalistas del Ejecutivo para no cumplir la ley son más bien artilugios para escabullir la cuestión de fondo, que es la realización del derecho a la educación universitaria en Argentina.

Ahora debe resolver la Corte Suprema, cuya decisión no puede ocultar un trasfondo más amplio: la empecinada negativa del Ejecutivo a desoír un reclamo masivo de la sociedad e incumplir una ley de amplio consenso que busca recomponer, de manera progresiva el derecho a la educación. La Libertad Avanza quiere correr el límite de la legalidad, vulnerando la institucionalidad republicana y democrática a su paso.

Una mirada meticulosa sobre los efectos de las medidas de ajuste y desregulación implementadas por el gobierno de Milei demuestra que no todos pierden. La austeridad registra un marcado sesgo de clase, dados sus profundos y regresivos efectos distributivos sobre la sociedad. En palabras simples, estas medidas logran empobrecer más a las poblaciones pobres y enriquecer a las ricas, a la vez que tienen consecuencias negativas sobre el crecimiento.

La austeridad, mantra que erige el gobierno como explicación última de su accionar, como si se tratara de una regla de rango supraconstitucional (rango que solo gozan los Tratados de derechos humanos, art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), es una idea muy peligrosa porque permanece inmune a la refutación empírica. Aquí es donde entra nuevamente en escena el anti-intelectualismo que fogonea el ajuste en Argentina, que presenta un sesgo particular contra la educación pública y las ciencias sociales, que son capaces de cuestionar las políticas neoliberales con argumentos sólidos.

Aun así, hagamos el esfuerzo y mostremos lo evidente: que sí existen fondos para financiar la LFU.

Por empezar, no está del todo claro el costo fiscal implicado en cumplir la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 2024 que el proyecto implicaba un 0,23% del PIB, lo que en valores de 2026 representaría unos 3,6 billones de pesos. El CIN hizo una estimación para el normal funcionamiento del sistema, que dista en 2,3 billones de la asignación actual del Gobierno. Fuentes ligadas al Ejecutivo dejaron trascender una estimación cercana a 2,5 billones, mientras que el Centro de Investigación de Economía Nacional la calculó en $3,1 billones. Es decir, el costo fiscal se encontraría entre los $2,3 y $3,6 billones de pesos (algo así entre 1.643 y 2.571 millones de dólares al año). Son estimaciones cuyo valor efectivo debería resolver el propio gobierno en cumplimiento de la ley.

¿Se puede solventar ese gasto? La respuesta es un sí rotundo.

Financiarse con la emisión de pesos no debería ser un tabú, toda vez que el gasto así financiado genere un impacto positivo en el nivel de actividad futuro: el costo de la emisión de hoy se puede compensar con la mayor recaudación de mañana, si el gasto en cuestión empuja la actividad económica. Ciertamente, está concluyentemente estudiado que invertir en la educación genera mayor productividad a nivel individual y agregado, con impactos positivos mensurables en el PIB.

Otra alternativa sería financiar el gasto con deuda, algo más cercano al imaginario de lo posible para el gobierno libertario. Sin embargo, tomar deuda para el gasto corriente no es una buena recomendación. Solo tendría algún sentido para inversiones vinculadas al sector educativo, por ejemplo, si se quisiera mejorar el estado de la infraestructura universitaria.

Adoptando, por un momento, el argumento de que el problema fuera el equilibrio fiscal, pensemos otra alternativa: ¿y si mantenemos el nivel de gasto pero alteramos las prioridades? Según el informe ejecución presupuestaria de la OPC de abril de 2026, los pagos de intereses de deuda han mostrado un crecimiento significativo respecto del año pasado. De hecho, en el acumulado de los primeros cuatro meses de este año, mientras que las transferencias a universidades se llevaron $1,5 billones, el pago de intereses consumió el triple: $4,8 billones. No hay ninguna ley de hierro que impida redirigir partidas al interior del gasto: es una decisión política. El gobierno asume que dejar de pagar deuda o reestructurarla es más costoso que dejar de invertir en educación: la sociedad no parece estar avalando esa idea.

También puede verse en el presupuesto que hay $2,8 billones previstos para equipamiento militar en el Ministerio de Defensa. Cabe preguntarse si es necesario tal presupuesto considerando que estas erogaciones incluyen adquisiciones objetadas en mal estado (como la compra del avión Embraer ERJ 140LR) o con dificultades para quedar operativas (como los F-16).

Son apenas dos ejemplos que permiten pensar alternativas que no cambien el nivel total de gasto. Ahora bien, no debería ser tampoco un tabú incrementar el gasto para financiar la garantía de derechos. El Estado debería hacer el máximo esfuerzo para garantizar los recursos. En este sentido, el gobierno privó al Estado de fuentes de recaudación que existían y podrían haber provisto los recursos necesarios para cumplir la ley.

La ley 27.743 aprobada en 2024 introdujo, entre otras reformas, cambios en el régimen del Impuesto a los Bienes Personales, que incluyeron, según analiza el IDEP de ATE, la elevación de los mínimos no imponibles, la ampliación de exenciones y la reducción de alícuotas a través de su unificación a la baja. Esta reducción tuvo un impacto en la recaudación de 0,42% del PIB en 2024 y otro 0,32% adicional en 2025, suficiente para solventar la LFU. Este es uno de los impuestos más progresivos del sistema tributario argentino, que alcanza a menos del 2% de la población, los más ricos. Se quitó una fuente de recaudación que afectó la protección del derecho a la educación.

El gobierno también permitió el vencimiento del impuesto PAIS, previsto desde su creación en 2020 en el plazo de cinco años. Este impuesto afectaba diversas operaciones en moneda extranjera, cuyo peso fue variando en los años de vigencia. El IIEPP de la UBA estimó que con la desaparición de este impuesto se perdió un 1,1% del PBI, suficiente para financiar cuatro veces la LFU. Como ocurre con otros impuestos, su normativa y aplicación con seguridad podía mejorarse mientras que su eliminación solo trajo mayores problemas, no soluciones.

Ese cambio forma parte de una política más amplia de apertura comercial. El gobierno redujo derechos de importación y de exportación. En particular, la baja de retenciones provocó una pérdida de recaudación estimada en 0,03% del PIB en 2024 y 0,44% adicional en 2025. Este último valor alcanzaba y sobraba para financiar la LFU. Y lo que es más grave aún, mientras la LFU se aprobaba y promulgaba en el Congreso, el gobierno reforzó las acciones que desfinanciaron al Estado, provocando mayor falta de recursos. Entre septiembre y octubre de 2025, por espacio de 40 días, el Decreto 682/2025 dispuso bajar las retenciones a cero, una medida que solo favoreció a sectores especuladores, pues los productores ya habían liquidado la cosecha para reiniciar el ciclo productivo. La pérdida proyectada de recaudación realizada por CIFRA se calculó en $1.409 millones de dólares o un 0,24% del PIB. Es decir, la pérdida ocasionada de recaudación en 40 días alcanzaba para solventar todo lo requerido ese año para el funcionamiento de las universidades.

En diciembre, el gobierno insistió, mediante el Decreto 877/2025, con la reducción de alícuotas a la exportación agraria. En un ejercicio destinado a apoyar estas medidas, el IERAL de Fundación Mediterránea estimó la recaudación por derechos de exportación sobre granos y sus derivados en 2026 y la comparó con la que resultaría de la estructura impositiva vigente en 2023. Así fue que el Estado perdió alrededor de 1.950 millones de dólares, de los cuales unos 520 fueron por la última reducción de diciembre, es decir, posterior a la LFU. Se trata de entre el 76% y el 118% de lo requerido para sostener al sistema educativo superior, dependiendo de cómo se estime. En mayo de 2026, el gobierno anunció más reducciones de retenciones, continuando el mismo camino.

Como si fuera poco, la administración nacional se niega a revisar el opaco peso de los gastos tributarios, impuestos que se dejan de cobrar por beneficios específicos. Estimado por la OPC, el total de gastos tributarios proyectado para 2026 es de 3,42 puntos del PIB, de los cuales 0,65 corresponden específicamente a Ganancias. Es decir, cobrar el Impuesto a las Ganancias a todos los alcanzados permitiría financiar casi tres LFU. Pero esta estimación no incluye los nuevos beneficios incluidos en el RIGI. El Centro de Economía Política Argentina estimó que por los proyectos ya aprobados en el RIGI, el Estado resignará U$S 1.069 millones en recaudación. Casi otra LFU por año.

La regla del “déficit cero” y la implementación de medidas de ajuste, recomendadas y acompañadas por el FMI, no puede imponerse a expensas de la efectivización de los derechos humanos (como el derecho a la educación), dada la existencia de obligaciones constitucionales, regionales e internacionales asumidas por el Estado en este campo. (Y esto sin mencionar la trampa del gobierno al calcular si hay déficit solo luego de haber pagado el servicio de la deuda).

El Estado tiene múltiples caminos compatibles con sostener ese equilibrio fiscal y proteger derechos. La negativa a cumplir la ley no tiene que ver con eso; de lo contrario, no hubiera decretado aumentos del presupuesto de la SIDE o en los sueldos de funcionarios después de la aprobación de la LFU. El gobierno se niega a financiar la educación por convicción ideológica y estrategia política, no por una supuesta restricción fiscal. Esta ideología y esa estrategia tienen, del otro lado, a la Constitución, los tratados internacionales y la voluntad popular, expresada en el Congreso y en las calles.

La sentencia de la Corte Suprema debería determinar que el cumplimiento de la ley debe computarse desde su promulgación, y no desde que la Justicia le impone lo obvio al gobierno: que las leyes están para ser cumplidas. Este resultado podría darse incluso antes de que el tribunal analice estos fundamentos, porque la Corte debería rechazar el recurso extraordinario por otro motivo más bien formal pero muy aquilatado en la jurisprudencia: se trata de una medida cautelar, provisoria, y no del tipo de sentencias que, como regla, habilitan su competencia (sentencias definitivas, donde se resuelve quién tiene razón al final del día).

El máximo tribunal tiene la oportunidad de establecer si en Argentina vivimos en un país basado en reglas consensuadas o si una ley puede ser suspendida por el Gobierno siempre y cuando esto le convenga a los sectores más poderosos. La Corte tiene la obligación de resolver y defender de manera oportuna (no cuando el sistema universitario termine de colapsar) tanto los derechos humanos de la población como las reglas de juego básicas que habilitan la deliberación y participación democrática.

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