Para la noche de hoy sábado GastroArte ofrece una nueva propuesta para disfrutar de la buena música y comida local. En este caso, la cita es en Mon Bohemi a partir de las 23 horas con Juani Liberati y Nico Plos y un menú que incluye medallón de roast beef con provoleta fundida, berenjena asada y chutney de frutos reginenses más mayonesa de ajo asado.
La Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invitan a continuar acompañando esta propuesta para revalorizar a nuestros artistas y gastronómicos.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la reunión que el Comité de Crisis de la Provincia mantuvo con referentes de distintos sectores comerciales de Villa Regina. En el encuentro estuvieron presentes el Vicegobernador Alejandro Palmieri y los Ministros de Gobierno Rodrigo Buteler y de Economía Luis Vaisberg. La convocatoria tuvo como finalidad escuchar…
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Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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El Banco Central decidió este jueves bajar los encajes de los bancos un 5% con la idea de reactivar el crédito. La decisión confirma el anticipo de LPO: el equipo económico está preocupado por la caída de la actividad que afecta a los principales sectores que generan empleo -industria, comercio y construcción-, más allá que públicamente hayan festejado este jueves que la economía creció un 0,4% en enero.
La decisión libera pesos a los bancos, con la esperanza que se destinen a nuevos créditos. Pero también abre un dilema clásico: los pesos pueden ir a préstamos o al dólar.
La medida baja los encajes del 50% al 45% sobre depósitos a la vista. Es decir, por cada $100, los bancos ahora pueden prestar $55 en lugar de $50. Es liquidez directa al sistema. En la lectura oficial, eso debería empujar una baja de tasas y darle aire al crédito al consumo y a las empresas.
El problema es que el canal de transmisión no está limpio. El sistema financiero viene mostrando señales de estrés. La morosidad ya superó el 10%, un nivel que empieza a encender alarmas. Con familias y empresas más endeudadas, los bancos no van a salir a prestar agresivamente. Y si no prestan, esos pesos pueden buscar otro destino.
Ahí aparece el riesgo que sobrevuela toda la medida: que la liquidez liberada no vaya al crédito sino al dólar. En un esquema donde el tipo de cambio sigue siendo un ancla sensible, cualquier desvío de pesos hacia cobertura cambiaria puede meter presión sobre la banda.
El problema es que el canal de transmisión no está limpio. El sistema financiero viene mostrando señales de estrés. La morosidad ya superó el 10%, un nivel que empieza a encender alarmas. Con familias y empresas más endeudadas, los bancos no van a salir a prestar agresivamente. Y si no prestan, esos pesos pueden buscar otro destino.
Sin embargo, el tipo de cambio hoy se ubica aproximadamente un 20% por debajo del techo de la banda. Eso le da margen para tolerar cierta corrección. Incluso, un dólar un poco más alto podría mejorar la posición negociadora frente a los agroexportadores, en un momento donde la liquidación sigue siendo un factor clave para sostener el programa.
Pera la medida también parece reconocer algo que el equipo económico es renuente a aceptar: la política monetaria contractiva pesa sobre la actividad. Un análisis previo de la consultora Outlier ya apuntaba a este movimiento. «Es probable que se necesiten mayores flexibilizaciones en el régimen de integración de encajes bancarios», anticipaba el trabajo. Pero el mismo informe dejaba una advertencia clave: el crédito viene desacelerando en un contexto de mayor mora, caída de salarios reales y menor dinamismo del consumo. Es decir, liberar encajes puede no ser suficiente si la demanda de crédito sigue débil.
El movimiento expone la disyuntiva que atraviesa al Gobierno: seguir priorizando la desinflación a costa de resignar actividad, o empezar a darle algo de combustible a la economía aun con el riesgo de recalentar los precios. Es el viejo dilema entre ancla y motor.
Desde la ortodoxia, la premisa es clara: el crédito es el motor de la economía. Pero desde el otro lado de la biblioteca la secuencia se invierte. No es la cantidad de dinero la que determina el nivel de actividad, sino la propia dinámica de la economía la que define cuánta liquidez necesita.
La baja en encajes en el BCRA se debe por un lado a la disminución de depósitos en dólares durante marzo. Por otro lado, a que había ‘sobre encaje’ luego de los pagos de Bonares y Bopreal. Es para monitorear hacia adelante la evolución de los depósitos.
En las redes, los economistas leyeron la medida en esa clave más estructural. Federico Machado de Economía Open lo explicó así: «La baja en encajes en el BCRA se debe por un lado a la disminución de depósitos en dólares durante marzo. Por otro lado, a que había ‘sobre encaje’ luego de los pagos de Bonares y Bopreal». Y agregó un punto que cambia el eje: «Es para monitorear hacia adelante la evolución de los depósitos».
Es decir, más que un impulso clásico al crédito, también hay una lógica defensiva: administrar la liquidez en un sistema donde los depósitos empiezan a moverse.
En la misma línea, Amílcar Collante puso el foco en el frente externo del sistema financiero: «Los depósitos en USD comenzaron a bajar, en el corto plazo puede ser un limitante a la expansión de crédito en USD. Difícil la remonetización en USD.».
La lectura conjunta es más compleja que el titular. No es solo una medida para que los bancos presten más. También es una respuesta a un sistema que empieza a mostrar tensiones: depósitos que dejan de crecer, crédito que no despega y mora en aumento.
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