Para la noche de hoy sábado GastroArte ofrece una nueva propuesta para disfrutar de la buena música y comida local. En este caso, la cita es en Mon Bohemi a partir de las 23 horas con Juani Liberati y Nico Plos y un menú que incluye medallón de roast beef con provoleta fundida, berenjena asada y chutney de frutos reginenses más mayonesa de ajo asado.
La Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invitan a continuar acompañando esta propuesta para revalorizar a nuestros artistas y gastronómicos.
El mercado empieza a mostrar una preferencia llamativa dentro de los activos argentinos: para buscar retornos en dólares, algunos inversores encuentran más atractivo en las provincias que en los bonos del gobierno de Javier Milei. Una cartera recomendada por Facimex Valores asigna el 40% de la inversión a títulos provinciales, contra apenas un 25% destinado a soberanos argentinos.
La composición muestra hasta qué punto los bonos subsoberanos ganaron espacio. Entre las apuestas aparecen títulos de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, mientras que para la deuda nacional Facimex selecciona el GD35 y el AE38. La recomendación se completa con un 35% de obligaciones negociables corporativas. Es decir, tres de cada cuatro dólares de la cartera quedan fuera de los títulos emitidos por el Tesoro nacional.
«Hay una búsqueda de rendimiento que ya no pasa exclusivamente por comprar soberanos. Las provincias que tienen buenos números fiscales y capacidad de pago ofrecen una combinación de tasa y riesgo que está resultando atractiva», explicó un operador financiero consultado por LPO.
Pero detrás de la distribución de la cartera aparece una segunda lectura. Mientras el gobierno de Milei decidió no emitir nueva deuda en los mercados internacionales, las provincias aprovecharon la reapertura del financiamiento para colocar sus propios bonos. Desde las elecciones legislativas del año pasado, seis jurisdicciones captaron cerca de USD 4.900 millones, el ritmo más alto de emisiones subnacionales desde 2017.
La lista es extensa. Córdoba abrió el ciclo con USD 725 millones y posteriormente volvió por otros USD 800 millones. La Ciudad de Buenos Aires realizó dos colocaciones por USD 600 millones y USD 500 millones; Santa Fe consiguió USD 800 millones; Entre Ríos, USD 300 millones; Chubut, USD 650 millones; y Neuquén acaba de sumar otros USD 500 millones.
El caso neuquino mostró que el apetito continúa. La provincia buscó USD 500 millones y recibió ofertas por USD 1.100 millones, más del doble del monto que pretendía colocar. Finalmente emitió deuda con vencimiento en 2034 y una tasa del 7,65%, incluso sin utilizar como garantía directa las regalías petroleras de Vaca Muerta.
Hay una búsqueda de rendimiento que ya no pasa exclusivamente por comprar soberanos. Las provincias que tienen buenos números fiscales y capacidad de pago ofrecen una combinación de tasa y riesgo que está resultando atractiva.
Las tasas pagadas por las provincias oscilaron entre 7,3% y 9,75%. Ciudad consiguió en mayo financiamiento al 7,3%, el costo más bajo de su historia, mientras Córdoba había iniciado el ciclo pagando 9,75%. El descenso posterior de las tasas muestra también cómo fue mejorando el acceso de los emisores argentinos al mercado.
El proceso todavía podría continuar. San Juan y Santa Cruz preparan emisiones de hasta USD 600 millones cada una, principalmente destinadas a financiar obras de infraestructura vinculadas con minería y otros proyectos productivos.
El contraste con Nación es particular porque no responde, al menos por ahora, a que el Tesoro esté intentando colocar deuda y no encuentre compradores. La estrategia de Caputo es directamente no emitir nuevos bonos internacionales. Economía sostiene que puede cubrir sus compromisos mediante otras fuentes y que prefiere esperar una caída adicional de las tasas antes de volver al mercado.
Caputo explicó esa decisión cuando presentó el Programa Financiero 2026-2027. Según el ministro, las primeras propuestas que recibió el Gobierno contemplaban colocar USD 5.000 millones a diez años pagando alrededor de 12,5%, un costo que consideró demasiado elevado. La apuesta oficial es esperar hasta conseguir financiamiento en condiciones considerablemente más favorables.
Hay provincias con balances ordenados que ofrecen tasas interesantes y, al mismo tiempo, Nación prácticamente no está creando papel nuevo. Eso hace que los inversores tengan cada vez más alternativas fuera de los soberanos.
Esa diferencia obliga a matizar la fotografía que deja la cartera de Facimex. Que el 40% esté colocado en provincias y solamente el 25% en soberanos muestra una preferencia concreta de inversión, pero también responde a que las provincias están generando nuevos títulos y alimentando el mercado con oferta, mientras Nación decidió no emitir nueva deuda internacional.
«Son dos fenómenos que se potencian. Hay provincias con balances ordenados que ofrecen tasas interesantes y, al mismo tiempo, Nación prácticamente no está creando papel nuevo. Eso hace que los inversores tengan cada vez más alternativas fuera de los soberanos», señaló otro operador financiero consultado por LPO.
La paradoja es que la reapertura del mercado internacional terminó siendo aprovechada primero por otros emisores argentinos. Provincias y empresas consiguieron miles de millones de dólares mientras Caputo continúa esperando una tasa más baja para regresar.
Por ahora, esa dinámica también se refleja en las recomendaciones de inversión. Facimex mantiene exposición a los bonos de Milei, pero les reserva apenas una cuarta parte de su cartera: por cada dólar destinado a soberanos, recomienda colocar más de un dólar y medio en deuda provincial.
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YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.
Por Roque Pérez para NLI
Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?
De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado
Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.
La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.
El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.
Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.
El comprador no es un actor cualquiera
La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.
El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.
Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.
La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.
Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia
La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.
Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.
Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?
No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.
La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.
La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.
En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.
Y quizás allí esté la verdadera noticia.
Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.
La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.
«La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir».Milan Kundera La palabra cultura proviene del latín cultus que designa el cuidado de la tierra y sus cultivos, así como también del ganado. Palabra que se ha transformado a lo largo del tiempo en…
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