Nuevamente el piloto de Motocross reginense Pablo Galletta hizo podio al final de una competencia. En esta ocasión en la 24° Edición del Campeonato Nocturno de Verano SX 2020 en el Motocross Club Neuquén que constó de 3 jornadas: 17 y 7 de enero, y 21 del corriente mes.
El Coliseo neuquino hace más de dos décadas que promueve competencias de alto vuelo profesional, el Nocturno no es la excepción y durante las 3 jornadas las gradas estuvieron repletas.
El ganador de los Premios E-Tapas 2019, Pablo Galletta ocupó el segundo escalón del podio detrás del senillosense Palaco Perez, un piloto que como el deportista reginense suelen ser protagonistas en todas las competencias.
Osvaldo «Palaco» Perez, ganador del Nocturno 2020
En las dos primeras fechas Galletta pudo ubicarse como seguidor de los ganadores de la jornada, y en la última siendo 4to le alcanzó para hacer podio.
«La organización del Motocross Club Neuquén es siempre espectacular, la pista estaba muy bien presentada, y como condimento, la hinchada se hace sentir. La verdad que 10 puntos todo», expresó el reginense a #LaTapa.
También participaron de la competencia y de muy buena manera, Gonzalo Salas y Luciano Richmond, ambos son jóvenes promesas reginenses en pleno crecimiento.
En sus redes sociales dijo, «contento con este resultado y eternamente agradecido con todos los que siempre me acompañan y alientan».
PREMIOS ETAPAS Tercera edición. Ya estamos preparando la Tercera edición del los PREMIOS ETAPAS organizados por #LaTapa, en los eTapas destacamos y valoramos a jóvenes deportistas reginenses en etapa formativa por su compromiso, compañerismo, dedicación y proyección a través del voto en nuestra plataforma. Nos comunicamos con entrenadores y dirigentes locales para que ellos seleccionen a…
La ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro generó consecuencias inesperadas. La brigada de búsqueda y rescate urbano de Bomberos Voluntarios de Santa Fe permanece desde el fin de semana en condiciones de partir hacia la zona devastada por el terremoto en Venezuela, pero la ausencia de representación diplomática argentina en Caracas dificulta la coordinación del operativo.
Según pudo saber LPO de fuentes diplomáticas, los rescatistas fueron activados apenas se produjo el desastre y completaron toda la documentación exigida para laa misión internacional.
Sin embargo, el despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate, explicaron a este medio fuentes al tanto del operativo.
El despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate
La situación expone las profundas consecuencias que pueden tener las rupturas diplomáticas intempestivas que por ello representan un último recurso en la relación entre los Estados. Por eso, en 2015 el gobierno de Mauricio Macri suspendió los vuelos directos hacia Venezuela, pero nunca llegó a romper romper con Maduro.
La administración de Alberto Fernández tampoco restableció esas conexiones aéreas y con la llegada de Milei se decidió el retiro del personal de Caracas y la Argentina quedó sin embajada ni consulado operativo en ese país.
Rescatistas vietnamitas ya están en Venezuela
Mientras tanto, 40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida pero el Hércules que debería trasladarlos con los equipos y vehículos no apareció.
40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida
Los rescatistas ahora se encuentran en alerta amarilla esperando la nueva convocatoria esperando la orden de partida. Muchos debieron suspender sus trabajos, reorganizar sus familias y dejar en pausa todas sus actividades porque el llamado puede llegar en cualquier momento.
La brigada santafesina integra el reducido grupo de equipos USAR – Urban Search and Rescue- certificados bajo las normas INSARAG, el sistema creado por Naciones Unidas para coordinar las tareas de búsqueda y rescate en grandes catástrofes.
Esas normas unifican procedimientos, señalización, protocolos de seguridad y equipamiento para que brigadas de distintos países puedan trabajar de manera conjunta en escenarios de derrumbes masivos, explicó a LPO una alta fuente de Bomberos Voluntarios de la provincia.
Los rescatistas se guían por estos protocolos a través de los cuales las estructuras inspeccionadas quedan marcadas con símbolos internacionales que indican si se detectaron personas con vida, víctimas fatales, sectores ya revisados o zonas peligrosas. Esa estandarización permite que equipos de distintas nacionalidades continúen un operativo sin perder información crítica.
Personal del Ejército Argentino que llegó a Caracas
La brigada santafesina obtuvo la acreditación internacional en mayo del año pasado y fue registrada como ARG-15. Junto con la brigada USAR de la Policía Federal, integra el reducido grupo de equipos argentinos de capacidad media reconocidos por Naciones Unidas.
Esa categoría implica que puede operar entre diez y quince días de manera completamente autónoma, trasladando su propio campamento, comunicaciones, logística, atención sanitaria y equipamiento especializado.
Buena parte de ese equipamiento fue incorporado recientemente por el gobierno de Santa Fe. Entre otros dispositivos, la provincia adquirió sistemas de búsqueda técnica capaces de detectar movimientos, golpes e incluso latidos cardíacos bajo estructuras colapsadas, herramientas de alta complejidad que hoy poseen muy pocas brigadas del país y que pueden ser claves en la zona de catástrofe arrasada por los terremotos.
Rosario aporta seis de los 40 integrantes al contingente entre ellos, ingenieros civiles, arquitectos, especialistas en higiene y seguridad y rescatistas con años de experiencia en emergencias complejas.
La movilización de la brigada comenzó el viernes, cuando la Agencia Federal de Emergencias elevó el nivel de alerta tras monitorear la evolución del desastre. Como ocurre en todas las emergencias internacionales, el organismo coordinó la presentación de manifiestos de carga, inventario de equipamiento y disponibilidad del personal.
Brigadistas y equipos qataríes que llegaron a prestar colaboración en Venezuela
Argentina envió un primer vuelo en un Hércules con personal del Ejército, vehículos y equipos, pero tuvieron grandes inconvenientes para instalarse. Ese avió volvió el domingo y todavía no volvió a viajar hacia Caracas.
Ahora los bomberos santafesinos permanecen listos para partir apenas llegue la confirmación definitiva de Cancillería, que además deberá coordinar con las autoridades venezolanas las condiciones de ingreso y el traslado de varias toneladas de equipamiento especializado hacia la zona afectada.
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
Escribe Franco Martinez: La mano me está robando el otoño mientras la veo, caminando. Me lo arrebatan, y deja marcas huellas en las que encuentro destellos. Acusan, descreen. El otro y la cacería de brujas; muchos árboles secos masticados por la superpoblación. Venerados por todas las religiones que duermen en el vientre de Dios María….
Villa Regina tiene nuevo intendente y asumirá el 10 de diciembre, Marcelo Orazi consiguió casi el 55% de los votos, pero el «dato» fue que lo hizo como cabeza de dos listas diferentes. Poco tiempo antes de las elecciones la Cámara Nacional Electoral aprobó que Orazi, candidato de Juntos también encabece la lista de la…
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni sumó un nuevo capítulo con una medida que podría aportar información clave sobre el origen de los fondos utilizados para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá. La Justicia comenzó a analizar conversaciones extraídas del teléfono celular del contratista Matías Tabar, incluyendo intercambios con una secretaria de la Jefatura de Gabinete y con el propio funcionario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La medida profundiza una causa que ya había generado fuerte repercusión luego de que el contratista declarara bajo juramento que la obra demandó unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin facturación, un dato que abrió interrogantes sobre la consistencia patrimonial del actual jefe de Gabinete.
Una pericia que puede cambiar el rumbo del expediente
De acuerdo con la información conocida, la extracción del contenido del teléfono del contratista se realizó de manera completa y el material quedó incorporado al expediente judicial. Ahora los investigadores revisan mensajes de WhatsApp, llamadas y otras comunicaciones que podrían reconstruir cómo se desarrolló la contratación, la ejecución de la obra y los pagos realizados.
Entre los elementos bajo análisis aparecen conversaciones con una secretaria del jefe de Gabinete, una circunstancia que amplía el universo de personas involucradas en la reconstrucción de los hechos y que podría aportar detalles sobre la coordinación de los trabajos y los contactos entre las partes.
La expectativa de la fiscalía es determinar si las comunicaciones son compatibles con la versión oficial o si revelan inconsistencias respecto de las fechas, los montos abonados o la modalidad de contratación.
La declaración que abrió nuevas preguntas
El avance judicial se produce después de que Tabar brindara un testimonio que colocó a Adorni en una situación delicada. Según su declaración, las refacciones se extendieron durante aproximadamente diez meses y tuvieron un costo total de 245.000 dólares, abonados en dos etapas y siempre en efectivo.
El contratista sostuvo además que durante la ejecución de las obras el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo country y explicó que las remodelaciones incluyeron cocina, baños, pisos, quincho y pileta, además de otros trabajos complementarios.
Ese relato impulsó nuevas medidas de prueba y derivó en la incorporación del teléfono celular como una de las evidencias centrales de la investigación.
Una causa con creciente impacto político
Mientras la Justicia revisa los chats y la documentación obtenida, el expediente mantiene bajo observación la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre los gastos declarados y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.
La aparición de conversaciones entre el contratista y una integrante del equipo de la Jefatura de Gabinete agrega un nuevo elemento de análisis, ya que permitirá reconstruir la dinámica de la relación entre las partes y verificar si existieron gestiones administrativas o coordinaciones vinculadas con la millonaria remodelación.
Con la información digital ya incorporada al expediente, la fiscalía avanza sobre una etapa que puede resultar determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas hasta el momento alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos y la forma en que se desarrolló la contratación.
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