Nuevamente el piloto de Motocross reginense Pablo Galletta hizo podio al final de una competencia. En esta ocasión en la 24° Edición del Campeonato Nocturno de Verano SX 2020 en el Motocross Club Neuquén que constó de 3 jornadas: 17 y 7 de enero, y 21 del corriente mes.
El Coliseo neuquino hace más de dos décadas que promueve competencias de alto vuelo profesional, el Nocturno no es la excepción y durante las 3 jornadas las gradas estuvieron repletas.
El ganador de los Premios E-Tapas 2019, Pablo Galletta ocupó el segundo escalón del podio detrás del senillosense Palaco Perez, un piloto que como el deportista reginense suelen ser protagonistas en todas las competencias.
Osvaldo «Palaco» Perez, ganador del Nocturno 2020
En las dos primeras fechas Galletta pudo ubicarse como seguidor de los ganadores de la jornada, y en la última siendo 4to le alcanzó para hacer podio.
«La organización del Motocross Club Neuquén es siempre espectacular, la pista estaba muy bien presentada, y como condimento, la hinchada se hace sentir. La verdad que 10 puntos todo», expresó el reginense a #LaTapa.
También participaron de la competencia y de muy buena manera, Gonzalo Salas y Luciano Richmond, ambos son jóvenes promesas reginenses en pleno crecimiento.
En sus redes sociales dijo, «contento con este resultado y eternamente agradecido con todos los que siempre me acompañan y alientan».
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La crisis del Pami se expande en las prestaciones odontológicas, que permanecen suspendidas desde lunes y hasta el miércoles a raíz de un paro de los profesionales del sector que denuncian una retribución insostenible y deudas que se arrastran de 2025.
«Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado», señalaron en un comunicado desde la Asociación de Profesionales Appamia, que apuntaron directamente contra la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo.
Los odontólogos denunciaron una interrupción en la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero, además de demoras en la devolución de montos por prótesis brindadas a afiliados, sumas que habían sido adelantadas por los profesionales desde diciembre de 2025.
Otro factor determinante del paro es el monto irrisorio que éstos profesionales cobran por cápita. «Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención», dijo a Radio Provincia Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia.
Frente a eso, advirtieron que el paro responde al «agotamiento y falta de respuesta coherente y viable» por parte de las autoridades de la obra social.
Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención
Desde el año pasado, la ausencia de prestaciones provocaron una avalancha de demandas en la Justicia por parte de afiliados del Pami. Pero, ahora, el agravamiento de la situación empieza a desatar presentaciones judiciales de sanatorios que denuncian que los convenios con Pami los están fundiendo.
Por caso, días atrás la clínica Cemeda de Olavarría, que atiende 2.118 afiliados del Pami, interpuso un amparo contra el Pami a fin de que se ordene la designación de un nuevo prestador que asuma la cápita actualmente correspondiente a Cemeda.
Según consta en la presentación a la que tuvo acceso LPO, en Cemeda ya habían presentado en febrero último una carta a las autoridades del Pami en la que denunciaron que «las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado».
En el sanatorio acusaron que el valor de la cápita «en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado», lo que comprometió «seriamente la vialidad económica de la clínica».
En la clínica Cemeda de Olavarría alertan que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
Y agregaron: «Los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes».
Así, alertó que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
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