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La actividad industrial se desplomó en noviembre con una caída que se acerca a los dos dígitos
La industria cerró noviembre con una nueva caída y enciende alarmas sobre el nivel de actividad y el empleo. Los datos oficiales muestran que no se trata de un tropiezo aislado, sino de un freno extendido en casi toda la estructura productiva, con impacto directo sobre los sectores más intensivos en mano de obra.
Según el INDEC, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró en noviembre una baja de 8,7% interanual. Además, la medición desestacionalizada cayó 0,6% respecto de octubre y la serie tendencia ciclo volvió a quedar en terreno negativo, con un retroceso del 0,1%.
El deterioro fue generalizado. Quince de las dieciséis divisiones industriales mostraron caídas en la comparación interanual. La única excepción fue marginal y no alcanza a compensar el desplome del resto. El dato confirma que el ajuste no quedó concentrado en un puñado de actividades, sino que atraviesa casi todo el entramado productivo.
En el último mes del año la producción automotriz se desmoronó un 30%
El golpe más fuerte volvió a sentirse en los sectores ligados al mercado interno. La producción de productos textiles se desplomó 36,7% interanual. Se trata de una de las ramas con mayor densidad de empleo, donde cada punto de caída suele traducirse rápidamente en suspensiones, reducción de turnos o cierres de plantas pequeñas y medianas.
En la misma línea, prendas de vestir, cuero y calzado cayó 17,6%. Dentro del rubro, el derrumbe fue más pronunciado en calzado, con una baja del 30,9%, y en curtido y terminación de cueros, que retrocedió 26,6%. Son actividades con cadenas cortas, poca espalda financiera y alta dependencia del consumo.
La contracción también alcanzó a la metalmecánica, otro núcleo clave del empleo industrial. Productos de metal bajó 18,6%, con una caída del 24,7% en envases metálicos. A su vez, la industria metalúrgica y los servicios de trabajo de metales retrocedieron 18,1%, afectando talleres, proveedores y contratistas.
En maquinaria y equipo, la baja fue del 17,9%. Dentro del sector, los aparatos de uso doméstico se hundieron 39,7%, un indicador claro del freno en las decisiones de consumo de bienes durables. La postergación de este tipo de compras impacta de lleno en plantas que concentran empleo calificado.
El sector automotor tampoco escapó al ajuste. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 23,0% interanual. La producción de vehículos se redujo 28,7%, mientras que autopartes retrocedió 19,9%, arrastrando a proveedores industriales y logísticos en distintas provincias.
El Gobierno suele señalar que el acumulado de enero a noviembre muestra un crecimiento del 2,0% respecto de 2024. Sin embargo, ese promedio convive con una dinámica de cierre claramente negativa. La caída mensual y el retroceso de la tendencia indican que la actividad llegó a fin de año en descenso.
El impacto sobre el empleo ya aparece en los registros oficiales. De acuerdo con datos del Ministerio de Capital Humano, el empleo asalariado registrado privado en la industria manufacturera cayó 1,8% en los primeros nueve meses de 2025, en línea con la menor demanda interna y la baja sostenida de la producción.
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Privatización exprés: el Gobierno habilitó a los nuevos dueños de las represas del Comahue a operar y cobrar sin trámite cerrado
Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.
La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.
Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio
La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.
Los beneficiarios de la habilitación exprés
Las empresas favorecidas por la medida son:
- Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
- BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
- Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila
Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.
CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio
La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.
De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.
Privatizar primero, legalizar después
Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.
Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.
Un modelo energético sin Estado
La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.
La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.
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