La CGT nacional definió una nueva conducción: todos los detalles

 

Un llamado al 911 alertó, a las 23:28 del miércoles, sobre una camioneta en llamas en la intersección de Chrestía y Matheu, en un sector del alto de Neuquén. Cuando la dotación del Cuartel Central de Bomberos llegó al lugar, se encontró con una Dodge Ram negra completamente envuelta en fuego.

El jefe de Bomberos, Juan Molina, informó que el incendio estaba totalmente desarrollado en el habitáculo, con afectaciones también en la zona del motor y las cubiertas. La camioneta estaba estacionada y sin ocupantes, por lo que los peritos trabajan sobre la hipótesis de que el fuego no se produjo por un desperfecto en movimiento, sino que se habría iniciado desde el interior del vehículo.

Otro auto afectado por el calor

El intenso fuego alcanzó a un segundo rodado: un Chevrolet Onix, estacionado adelante de la camioneta. Las micas y partes plásticas delanteras se derritieron por la radiación calórica, según precisó Molina, por lo que la primera tarea fue contener el avance del fuego hacia ese vehículo.

A pesar de la violencia del incendio, no hubo personas lesionadas ni daños en el tendido eléctrico cercano, lo que evitó una situación más riesgosa para los vecinos del sector.

Un dato clave: había polvo químico en el suelo

Durante la inspección, los bomberos detectaron restos de polvo químico en la carrocería y en el suelo. Ese detalle revela que alguien intentó apagar el fuego antes de la llegada de la dotación.

“Es evidente que un vecino usó un matafuegos intentando contener las llamas”, indicó el jefe del operativo. Esta señal, sumada a la ubicación y al daño concentrado en la cabina, es parte del análisis pericial para reconstruir lo sucedido.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó en las ultimas horas la designación en el Senado de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión, un ex militar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los 70′ hasta mediados los 90′. Asumirá en junio. Por El Ciudadano.

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Así lo pudo constatar Noticias Argentinas de fuentes judiciales al tanto del expediente que, curiosamente, tuvo circulación con pedido de reserva en los días previos a la formalización que Villarruel hizo ayer mediante el decreto 0306/25. Gestoso Presas asumirá el 1 de junio.

Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos «por prescripción de la acción penal».

El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias encontró dos libros – en supuesto mal estado – en el lavadero del Hospital Militar de Salta y se los entregó a Gestoso Presas para que considerara si había información importante; éste receptó el pedido pero le encargó quemar el material al capitán Silvio Manino.

Manino simuló ejecutar la orden pero, en realidad, los guardó en su casa y tiempo después los presentó al Ministerio de Defensa que, por entonces, era conducido por la ministra Nilda Garré, quien inició una denuncia penal y un sumario interno.

Posteriormente a que se conociera la historia, tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas fueron pasados a retiro.

Una de las particularidades del caso es que Gestoso Presas, en ese momento, era jefe de la Compañía de Inteligencia 5: el gusto por la inteligencia parecería ser un patrón en el caso de Villarruel a la hora de elegir colaboradores, ya que entre sus principales asesores se encuentra Claudio Gallardo, quien fuera el hombre en inteligencia de César Milani.

Fuente: https://elciudadanoweb.com/villarruel-designo-en-el-senado-a-un-ex-militar-que-habia-ordenado-destruir-material-probatorio-de-la-dictadura/

 

 

El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes a Los Ángeles a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional y movilizó a 700 marines para enfrentar “una rebelión” contra Estados Unidos, encabezada por manifestantes de “la izquierda radical” y “agitadores pagados” , sumando ya más de cinco mil efectivos militares que están desplegados en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con los defensores de los derechos civiles que protestan contras las redadas migratorias. Lo que Trump califica como “izquierda radical” son manifestantes que protestan por las redadas y detenciones de migrantes. La semana comenzó con tropas militares en las calles de Los Ángeles y la llegada de decenas de tanques y otros vehículos militares a Washington, así como con amenazas de represión violenta. En realidad, fue  otro día normal bajo el nuevo régimen estadounidense. Por Mirko C. Trudeau* (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-CLAE).

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Es la primera vez desde 1965 en la que un mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, que sólo había ocurrido bajo órdenes de los gobernadores (la Guardia Nacional es una fuerza “híbrida” de mando compartido entre gobernadores y jefe del Ejecutivo federal). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines, fuerza militar de élite empleada en intervenciones armadas, estaban en alta alerta para sumarse al operativo en aras de defender a la autoridad migratoria “de su propio pueblo si es necesario”.

This is the current situation in Los Angeles, United States. US seems to be preparing to deploy Marines after the National Guard was deployed and yet failed to control the violence and rioting. Situation is going out of hand. US is the new Third world. pic.twitter.com/iyZjr8BeOV

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 9, 2025

Poco después, Trump afirmó: “vamos a tener tropas en todas partes”. mientras miraba por televisión cómo se le incendiaba la casa. El asesor presidencial Stephen Miller, proclamó que la meta de aquí en adelante es la detención de por lo menos tres mil indocumentados al día. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, cuenta con diez millones de habitantes, de los que unos 915.100 no tienen estatus legal, según el Migration Policy Institute.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. “Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

La redada migratoria del viernes pasado en al menos siete lugares de trabajo dejó unos 45 detenidos.Los operativos continuaron este lunes y los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para trasladar a los inmigrantes detenidos a diferentes puntos en vehículos sin identificación.

Las grandes ciudades que se han proclamado santuarios para migrantes, todas bajo gobiernos demócratas, son el blanco explícito del gobierno de Trump, y los operativos de alto perfil con agentes armados y sin identificación se realizaron en días recientes, no sólo en Los Ángeles, sino también en Chicago y Nueva York, entre otras.

Muchos han sido arrestados por atreverse a protestar o sólo observar, como David Huerta, presidente estatal del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en Los Ángeles, quien fue herido y sigue detenido –él emitió una declaración afirmando que lo que estaba ocurriendo ahora se trata de “cómo nosotros como comunidad nos unimos y resistimos la injusticia”.

Soviet flag seen in Los Angeles protests. pic.twitter.com/2TPewPHvwG

— Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, ya había advertido que Trump estaba buscando provocar el caos y confrontaciones para enviar las tropas, pero “no es la manera en la que se comporta un país civilizado”. Pero ya en su primer gobierno, Trump sugirió a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que militares dispararan contra manifestantes no violentos del movimiento de Black Lives Matter en Washington. Por suerte, Esper se negó.

El uso de la Guardia Nacional ahora ya estaba listo. De hecho, el gobierno del republicano ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar al ICE y a otras agencias en los operativos antimigrantes que ahora se están acelerando.

La última vez que un presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional fue cuando Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para obligar a los gobiernos locales racistas a cumplir con una nueva ley de derechos civiles para los afroestadunidenses.

Mientras, empezaron a llegar a Washington decenas de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes, como también aviones caza y helicópteros, entre otros equipos militares que Trump ha ordenado para un desfile militar (inusual en este país), supuestamente para marcar el 250 aniversario del ejército, pero que todos saben es para festejar el cumpleaños del presidente, el 14 de junio, con un costo de entre 25 a 40 millones de dólares. Mientras, todo indica que a Trump se le está incendiando la casa.

* Mirko C. Trudeau es economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2025/06/10/a-trump-se-le-incendia-la-casa-mientras-sigue-la-represion-en-los-angeles/

 

 

La mañana de este martes se vio atravesada por dos operativos policiales en sectores muy concurridos de la ciudad de Neuquén. Uno de ellos ocurrió en pleno centro, donde se halló a un huésped muerto dentro de un hotel; el otro, a pocos kilómetros, en la Isla 132, donde Prefectura encontró el cuerpo de un hombre junto al río Limay. Aunque ambos hechos llamaron la atención de vecinos y transeúntes, las primeras informaciones no vinculan los casos entre sí.

Cerca del mediodía, la Policía intervino en un hotel de Avenida Olascoaga, en el corazón de la capital provincial, luego de que personal del establecimiento alertara sobre la presencia de un hombre sin vida en una de las habitaciones.

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que no se detectaron indicios de criminalidad en el lugar. Para preservar la investigación, se dispuso una consigna policial en la entrada del edificio, a la espera del avance de las diligencias forenses.

Hasta el momento no trascendió la identidad del fallecido ni el tiempo que llevaba alojado en el establecimiento. La intervención quedó en manos de la Policía y personal de Criminalística, quienes trabajarán en la escena hasta obtener los primeros resultados sobre las causas del deceso.

Otro cuerpo hallado en la Isla 132

Minutos antes de iniciarse el operativo en el hotel, Prefectura Naval Argentina detectó el cuerpo de un hombre joven en la Isla 132, a orillas del brazo del río Limay, durante el recambio de personal.

El fallecido estaba vestido con ropa oscura, tendido en la costa, a unos 100 metros del puente de acceso y cerca del área de plaza saludable y bici senda. Desde ese lugar, era visible para cualquiera que transitara por el puente, lo que generó sorpresa en quienes pasaron por allí a primera hora.

Dos patrulleros se ubicaron de inmediato para delimitar el paso entre los árboles ribereños, con el fin de preservar la escena hasta la llegada del médico legista.

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Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

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Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

 

 

 

Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU