La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4770 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 9 de julio inclusive. CIRCULACIÓN La restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día…
Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
Un desborde de líquidos cloacales Pinamar generó la bronca de los turistas en el inicio de la temporada alta. Hubo un cierre total de la Ruta 11, serias complicaciones en el tránsito y varias quejas por los olores en una de las ciudades más top de la costa bonaerense gobernada por el PRO.
La Ruta 11 tuvo que ser cortada a unos 600 metros de la rotonda principal, como consecuencia de la rotura del asfalto en el sector que había sido intervenido en las últimas horas tras un derrame cloacal.
Los inconvenientes comenzaron en las primeras horas del lunes con la rotura de una cañería del sistema de saneamiento urbano. Esto derivó en la acumulación inmediata de líquidos cloacales sobre la calzada de la ruta. Ese día se realizaron tareas de limpieza y remoción de material.
Las fotos mostraron a la autopista completamente inundada de lado a lado por aguas servidas, afectando incluso las inmediaciones de un supermercado mayorista, donde los empleados denunciaron que los desechos llegaron a ingresar. Sin embargo, la Policía Ecológica asegura que si bien se registró agua alrededor del predio y persistía olor en el ambiente, el líquido no ingresó en el interior del local.
Ante la gravedad del derrame, los equipos de emergencia activaron de inmediato un protocolo de reparación, limpieza profunda y desinfección del área para mitigar el impacto ambiental y sanitario.
Desde el municipio que conduce Juan Ibarguren, un referente que responde a Martín Yeza, atribuyeron la responsabilidad del desperfecto a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) e intimaron a la prestataria para que solucione el conflicto en un plazo máximo de 24 horas.
%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE37 Un caño cloacal reventó en #Pinamar, Argentina, y desató un río de aguas negras que inundó y cortó la Ruta 11 por horas. %uD83D%uDEA7El desborde provocó caos vial, desvíos y kilómetros de fila en plena temporada alta, mientras vecinos alertan por riesgos sanitarios y un olor fétido en… pic.twitter.com/8rDqyfvDYC
«Me parece un desastre. Yo estoy gastando una fortuna acá, no se puede andar, no solo porque es un peligro, sino porque no se puede estar del olor. ¡Es un asco! ¡No se puede estar! Me entero por Twitter que era derrame cloacal. No puedo creer que esté pasando esto en Pinamar con lo que te cobran. ¡Insólito!», dijo una turista a El Destape.
En tanto, un residente apuntó a la falta de obras en la planta depuradora: «No avanzan y no sabemos qué pasó. Ya hace unos días que había olor en el ambiente cuando pasaba, pero ahora se ve que rebalsó por completo. Supuestamente estaban en obra, no sé qué habrá pasado, pero necesitamos una planta depuradora urgente. ¡Es una locura!».
El corte generó un impacto directo en el flujo vehicular en días de alto movimiento turístico. Los autos que intentaban ingresar a Pinamar debieron desviarse por accesos alternativos desde Ostende, lo que provocó filas, tiempos de espera prolongados y congestión en la rotonda principal.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la conferencia de prensa en la que se presentó la décima edición del ‘Pedaleando por un sueño’ que se desarrollará el 20 y 21 de noviembre. Estuvieron presentes Martín Torres, presidente del Club de Leones, institución organizadora; Osvaldo Ruiz Díaz, director del hospital local e integrantes de…
Un relevamiento de la empresa estatal Aubasa, que administra los peajes de la Autovía 2, sostiene que en los primeros 15 días de enero, la cantidad de vehículos en dirección a la Costa Atlántica disminuyó un 7,1%. Eso supone más de 100 mil vehículos menos hacia los destinos turísticos.
«Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano», dijo Pablo Ceriani, gerente General de la empresa.
Según Aubasa, si se comparan los registros actuales con la temporada 2023/24 la caída llega al 12%.
Entre el 1 y el 15 de enero se registraron 1.291.519 vehículos en dirección a los puntos turísticos de la costa. Son 100.077 vehículos menos que en la misma fecha de 2025, cuando se contabilizaron 1.391.596 automóviles.
El dato refuerza las estadísticas del gobierno de Axel Kicillof. La semana pasada en Villa Gesell se trazó un duro diagnóstico de la temporada de verano que tiene -al menos en la primera quincena- un 2,4% menos de turistas. Esto es unos 90.000 turistas menos que en la temporada 2024/2025 y un 9% menos si se lo compara con la temporada 2024/2023.
El titular de Aubasa, José Arteaga.
En tanto, un relevamiento de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, la fuerza política que encabeza Gustavo Pulti en Mar del Plata, destaca que el 38,9% de los entrevistados consideran que la temporada turística es Regular y el 37% la considera Buena. En tanto, un 11,2% la define como Muy Mala y apenas un 6,2% la destaca como Muy Buena.
El trabajo se realizó entre el 7 y el 13 de enero en comercios, hoteles y locales gastronómicos. El 48,8% tenía expectativas de que la temporada mejore mientras que un 29,5% esperaba que sea igual que el año anterior y un 18% consideraba que podía empeorar.
La semana pasada, el ministro de Producción, Augusto Costa, dijo que en comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que llegan menos turistas a los destinos de la provincia, que tienen estadías más cortas y que gastan menos. Además consideró que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro.
Según el funcionario, la estadía promedio de los turistas es de 3,8 noches, menor a los años anteriores. A su vez, Cuenta DNI -la billetera virtual del Banco Provincia- se utilizó un 21% menos en todo diciembre respecto del mismo mes de 2024.
En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló que Mar del Plata alcanzó el 60% de ocupación. Además, para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de turistas de 3,6 millones, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó ayer domingo al Comisionado de Valle Azul Heber Trincheri, en el acto por el 50º aniversario de esa localidad. En la oportunidad, Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros, transmitió los saludos de toda Villa Regina en esta fecha tan especial. “Como comunidad hermanas y vecinas, es mi…
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