«En los hechos, Milei nos tiró a las provincias el Pami». Ese es el diagnóstico que altas fuentes del Gobierno provincial hacen de la crisis de financiamiento del Pami, «la punta del iceberg» de lo que asoma si el Gobierno nacional no encuentra el rumbo rápidamente.
Martín Llaryora ya mostró los dientes. Les pidió a los dirigentes liberarios que «no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos». Sabe que así incomoda a los socios de Gabriel Bornoroni, en particular a Luis Juez. «No puede el Pami estar abandonando a los abuelos. A los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos».
La cuenta que hacen en El Panal es que el desfinanciamiento del Pami le está costando a Córdoba unos 30 mil millones de pesos. En números gruesos, 9 mil millones de pesos les debe el Pami a los municipios cordobeses por atención en el sistema de salud comunal; una cifra similar por las prestaciones de los hospitales provinciales; y unos 15 mil millones de pesos por la deuda de Pami con Apross, la obra social provincial.
Casi 60 mil jubilados provinciales tienen doble cobertura -Pami y Apross-, por lo que hay un acuerdo de pago entre las dos obras sociales. En la Provincia aseguran que el Pami adeuda nueve meses, a razón de 1.700 millones de pesos mensuales. «Hay un impacto directo en el sistema de salud», aseguran en el Gobierno provincial.
De la Sota tensiona al máximo con Llaryora y apuesta al armado nacional post Milei
En un juego sincronizado, salieron a evidenciar la crisis del Pami desde la senadora Alejandra Vigo hasta el defensor del Pueblo, el radical Carlos Galopo. La esposa de Juan Schiaretti pidió explicaciones por la «gravísima situación», mientras que el radical reclamó la «renuncia» de las autoridades del Pami en Córdoba.
El legislador radical Dante Rossi también pidió la remoción de la cúpula del Pami en Córdoba; y Ramón Mestre matcheó: «$ 2.100 por mes. Eso es lo que el Gobierno nacional decidió que vale la atención médica de un jubilado. Mi total apoyo a los médicos y jubilados. La salud es una prioridad, no un número en una planilla». Ambos trabajan en dinamitar un eventual acuerdo de Rodrigo de Loredo con La libertad Avanza.
«Vamos a levantar la voz en tres aspectos innegociables: atención de los abuelos, el cumplimiento del financiamiento universitario y los fondos para la discapacidad», dice un ministro que diseña la campaña reeleccionistas de Llaryora, quien advierte que hay un «incumplimiento flagrante» de esas leyes por parte de los funcionarios nacionales.
