La primer compe del año fue para Leñakingos. El «Play-On» tuvo su primer torneo de verano y la familia acompañó, un excelente marco familiar disfrutó de la «Copa JM Estudio Jurídico». El domingo 6 de febrero fue la fecha en que el «PLAY-ON» del río Negro abrió sus puertas, o mejor dicho tranqueras, para recibir…
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que las charlas de educación vial continuarán la semana que viene en el centro comunitario de barrio Villa Antártida destinadas a los vecinos de ese sector de la ciudad, 25 de Mayo y Pretto. Las mismas se desarrollarán durante el jueves…
A partir de las 20 horas en el minianfiteatro del Militante se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión, organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad. La actividad cuenta además con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina. En la oportunidad se presentarán…
¿Qué pasaría si las manos desaparecen y las sombras de los aplausos continúan aplaudiendo? ¿Qué pasaría si la piedra del aplauso ve como las manos se esconden para siempre? Es así que comenzó a suceder, primero fueron los dedos, quienes retenidos en la mismísima nebulosa digital, y sin darse cuenta, iban borrando de a poco…
Ariel Lijo ordenó este jueves el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo para «corroborar el origen y la veracidad» del material, a través de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, y produjo un verdadero terremoto en Comodoro Py. La resolución es un guiño directo a Karina Milei, que se estaba desesperando por el avance de la investigación y hasta designó a Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia con la misión de frenarla.
En ese contexto, la definición del magistrado podría constituir un giro copernicano respecto del camino que había trazado Sebastián Casanello, que subrogó el juzgado de Lijo hasta febrero pasado.
De hecho, Lijo basó su argumento para el pedido a la Gendarmería en los lineamientos dispuestos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el 4 de diciembre pasado. Ese juzgado está integrado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.
Irurzun y Boico habían dejado abierta la causa por el reclamo del gobierno para que, justamente, se impugnara lo actuado por Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes alegaban que no instruían la causa con el contenido de los audios sino a partir de la prueba que obtuvieron en los allanamientos de las casas de los imputados, sus computadoras y sus teléfonos celulares. Farah había votado en sentido contrario.
LPO reveló que el propio Martín Menem se habría encargado de pedirle a Irurzun que mantuviera abierta esa posibilidad.
Ahora, Lijo habilita la chance que los audios fueran objeto de algún tipo de adulteración o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar.
La medida del magistrado generó sorpresa en Comodoro Py. Un colega suyo que seguía con atención la investigación calificó la resolución de Lijo como «una vergüenza».
Ya se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que ya no confía plenamente en Mahiques para la resolución de sus problemas.
El giro de Lijo, que disputa con Juan Bautista Mahiques la postulación como Procurador de la Nación, podría obedecer a la búsqueda de congraciarse con Karina Milei. De hecho, LPO informó que la hermana presidencial se habría enterado del ultimátum de Irurzun a Mahiques por el freno a su pliego para prorrogar su cargo a través de un mensaje de WhatsApp que le llegó a la legisladora Pilar Ramírez, su mano derecha.
Después de eso, se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que ya no confía plenamente en Mahiques para la resolución de sus problemas. La secretaria general de la Presidencia habría decidido puentear a su ministro.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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