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El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.
La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.
Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.
Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.
Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.
La batalla por la información
La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.
El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Qué deberá explicar el Gobierno
El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.
Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.
Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.
El giro en el aire de Toto Caputo que pasó de empujar el veto al Presupuesto a pedir que se lo aprueben ya mismo como vino de Diputados, tiene una explicación. El ministro de Economía no consiguió juntar los USD 4.700 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda de enero.
Todas las bravuconadas sobre los USD 7.000 millones que tenía asegurados de bancos internacionales, más la posibilidad de activar los swap de China y Estados Unidos fueron apenas eso, bravuconadas.
Por eso, ahora trabaja contra reloj con el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para instrumentar un canje de al menos la mitad de los vencimientos. Su idea es subir bastante la tasa que cobran a cambio de alargar el vencimiento.
Esto hoy está prohibido por la ley Guzmán, que para evitar canjes ruinosos para el país impuso una condición: hay que mejorar dos de tres condiciones si se pretende canjear deuda. Si en un bono tenemos monto, tasa y plazo hay que mejorar dos de estos elementos.
El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya.
Caputo pretende mejorar sólo tasa, pero para los acreedores. O sea, la Argentina pagará más por su deuda, pero más adelante. Esto es la explicación del recurrente problema de deuda del país, se patea el pago para adelante a costa de aumentar el tamaño de la obligación.
El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya. Porque ya está negociando el canje con los acreedores y necesita mostrarles que desarmó esa cláusula. Pero nada es fácil en la Argentina, el equipo económico también trabaja con abogados en la emisión de los nuevos bonos, para sortear embargos por el juicio de YPF.
Es curioso como se dan las cosas. Caputo fue el genio que inventó incorporar al Presupuesto el artículo 75 que volteaba las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, que terminaron detonando todo el Capítulo 11 que incluía varios ajustes más.
Diego Santilli y los Menem sabían que esa provocación les iba a detonar los acuerdos que laboriosamente tejieron con los gobernadores del Norte, pero no se animaron a contradecir al ministro de Economía. Y así les fue. Luego, en la madrugada, para salvar la metida de pata de Caputo, la metieron doble y activaron desesperados el enjuague del reparto de cargos en la AGN, que les terminó detonando la relación con el PRO y los radicales.
Estuvieron a tres votos de salvar el Capítulo 11, pero no llegaron. El problema que se encontró Santilli es que tras dos años de incumplimientos por parte de la Rosada, los gobernadores piden pago en efectivo antes de acompañar al gobierno. Es una metáfora claro.
El Gobierno ahora analiza la posibilidad que Milei saque un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados, una vez que se sancione el Presupuesto.
Cuando le voltearon el Capítulo 11 del Presupuesto, Caputo empezó a presionar muy fuerte a Patricia Bullrich para que reincorporara la baja de las leyes de universidades y discapacitados en el dictamen de Presupuesto del Senado, hasta que hubo que finalmente le explicaron que eso sólo iba a generarle otra derrota parlamentaria al gobierno. Pero presionó hasta este viernes, para meter modificaciones, lo que hubiera obligado a regresar el proyecto a Diputados, hasta que se dio cuenta que necesitaba el Presupuesto ya por el tema de la deuda. «Caputo no entiende de política», se lamentó un diputado libertario.
El problema claro no es Caputo, es la falta de conducción de Milei o el miedo que él y su hermana tienen de marcarle un límite a su ministro de Economía.
Como sea, en ese clima tan especial que se da en el gobierno, ahora en el más alto nivel d ela Casa Rosada están pensando otra jugada genial: Una vez que se apruebe el Presupuesto, Milei podría sacar un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados.
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La foto oficial muestra crecimiento, pero el movimiento de fondo es otro. El Indec difundió el nivel de actividad de octubre con una suba interanual de 3,2%, aunque al mismo tiempo confirmó una caída mensual de 0,4%, un dato que volvió a encender luces amarillas en el mercado y entre los analistas.
La economía sigue arriba en la comparación contra el pozo de 2024, pero empezó a dar señales de agotamiento en el margen, justo cuando el Gobierno necesita sostener expectativas de recuperación.
El dato clave no está en el porcentaje interanual sino en la dinámica reciente. Según el análisis de la consultora ACM, la serie se mantuvo prácticamente plana y el retroceso mensual marca que la actividad volvió a tropezar luego de varios meses erráticos.
El mapa sectorial refuerza esa lectura. Mientras la intermediación financiera volvió a liderar el crecimiento, impulsada más por márgenes y volatilidad de tasas que por crédito productivo, los sectores que explican empleo y demanda interna mostraron retrocesos.
La industria manufacturera cayó 1% interanual, la administración pública bajó 0,7% y hoteles y restaurantes retrocedieron otro 1%, restando más de medio punto porcentual al resultado agregado. Es decir, crecen los sectores rentísticos y ligados a recursos naturales, pero se enfrían los que traccionan el mercado interno.
En lo que va del año, la actividad acumula una suba cercana al 5%, aunque incluso ese número empezó a corregirse a la baja frente a los meses previos. La explicación es conocida: la comparación contra un 2024 recesivo todavía infla los porcentajes, pero debajo de esa base baja la economía real muestra fatiga.
Las proyecciones también reflejan ese cambio de clima. El REM del Banco Central recortó expectativas de crecimiento y las consultoras hablan de un arrastre estadístico menor al esperado hacia 2026.
A ese cuadro se suma el movimiento de Marco Lavagna, que revisó al alza los datos de actividad de meses previos, a partir de un ajuste metodológico que permitió suavizar la secuencia de caídas y, sobre todo, evitar que se configure técnicamente una recesión. Sin esa corrección, la combinación de bajas mensuales consecutivas habría dejado al Gobierno expuesto a un diagnóstico mucho más incómodo en pleno cierre de año.
La maniobra no es menor: en términos técnicos, la recesión se define por dos trimestres consecutivos de caída del PIB, pero en el día a día del mercado el EMAE funciona como termómetro anticipado.
El EMAE es un estimador mensual que anticipa la evolución del Producto Interno Bruto trimestral y anual. Cuando el EMAE cae de manera persistente, el PIB termina reflejándolo con rezago. Por eso, una corrección en el EMAE no solo ordena el presente estadístico, sino que condiciona el crecimiento informado del PBI más adelante.
Como sea, el PBI podrá cerrar en positivo pero con una dinámica cada vez más desigual: finanzas y recursos naturales empujan, mientras la industria, el consumo y el empleo siguen perdiendo.
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