Rodrigo De Loredo le exigió este jueves al gobierno que garantice la aplicación de una ley sancionada al inicio de la presidencia de Cristina Kirchner en beneficio de los productores rurales frente a los acopiadores de granos. El planteo es un misil dirigido a Cargill, Bunge y Dreyfus, grandes ganadoras de la generosa ventana de tiempo que la Casa Rosada otorgó con la fugaz eliminación de retenciones.
El diputado radical publicó un video en Twitter para informar que la Ley 26351 “obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declarar”, una medida que evitaría el abuso de los acopiadores que lucraron con voracidad durante la ventana de tiempo en que Javier Milei dispuso retenciones 0 para el complejo del agro. “Esa ley está vigente y se tiene que aplicar”, remarcó.
Según el jefe de la bancada de la UCR, en 2018 la por entonces secretaría de Agroindustria detectó que algunas empresas “no acreditaron la tenencia de la mercadería y comunicó a la AFIP para que aplique la alícuota mayor de las retenciones”.
“Ese antecedente prueba que la ley se puede aplicar y frenar la especulación de exportadores como Bunge, Cargill o Dreyfus, que inscribieron ventas al exterior con retención 0 en 48 horas, sin tener los granos, y se hicieron con todo el beneficio”, explicó el propio De Loredo, que además consideró esa maniobra como “un escándalo”.
Las críticas del legislador traducen también el malestar de los productores rurales, que fueron avasallados por las cerealeras nucleadas en la CIARA. Tal como informó LPO, una decena de empresas tapó de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central y en apenas 72 horas agotaron el cupo para vender con retenciones cero
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Un diputado opositor Diputados aseguró a LPO que la ley la debe aplicar el Ejecutivo pero sembró la sospecha de “un pacto oscuro entre Caputo y las grandes exportadoras”.
Desde el pichettismo, el cordobés Carlos Gutiérrez sugirió que “el mercado se autorregula pero algunas manos se ayudan”. “Cuando algunos todavía estaban haciendo números, cuando otros maldecían haber vendido unos días antes y haber provisionado sus insumos para la próxima siembra con un dólar ‘lógico’, otros ya tenían todo resuelto”, protestó.
El diputado de Martín Llaryora apuntó incluso a la coordinación entre el gobierno y los exportadores para sacar los granos hacia China. “Incluso la presencia de barcos chinos, que -créase o no- en apenas 72 horas estuvieron en los puertos argentinos listos para cargar. Todo un récord. Sobre todo porque nadie les había avisado nada”, ironizó.
La ley 26351 se sancionó el 26 de diciembre de 2007, apenas asumida Cristina y tres meses antes que estallara el conflicto por la resolución 125, sobre aplicación de retenciones móviles.
Los barcos chinos, créase o no, en apenas 72 horas estuvieron en los puertos argentinos listos para cargar. Todo un récord. Sobre todo porque nadie les había avisado nada.
En su artículo 1, establece que “cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”.
El artículo 2 fija que “quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”.
Por eso, también el jefe del bloque Democracia Para Simpre, Pablo Juliano, presentó un pedido de informes al gobierno. “Entre el lunes y el miércoles de esta semana, con el aval y la complacencia del gobierno de Milei, las cerealeras se hicieron de un botín de más de $1.500 millones de dólares”, expresó el líder de la bancada de Facundo Manes, y agregó un dato inquietante: “el gobierno no les exigió siquiera anotar una declaración jurada de venta al exterior (DJVE) sin que antes se acreditara la tenencia de los granos, porque el ritmo de declaraciones hubiera sido el que corresponde y las grandes exportadoras deberían haber compartido esos 1.500 millones con los productores”.
El peronista Eduardo Valdés presentó una iniciativa similar para que el Poder Ejecutivo publique la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir. Su opinión es que hubo “un saqueo legalizado”: “No adelantaron divisas por amor a la patria, lo hicieron porque el Gobierno les regaló una renta extraordinaria. Los dólares hubieran entrado igual, solo que con el Estado cobrando lo que corresponde”, dijo.
