El diputado José Luis Espert sorprendió con una serie de tuits en la que promocionó la compra de la criptomoneda Libra, del mismo modo en que lo hizo Javier Milei el 14 de febrero pasado.
A las 22:11 un tuit de la cuenta del diputado habla del lanzamiento de la versión dos de $Libra al que refiere como “un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y Pymes”. El posteo incluye un enlace al supuesto contrato de la criptomoneda. Sobre el final dice: “Argentina tiene un futuro Javier Milei y juntos vamos a lograrlo”.
En otro posteo incluía un recordatorio creado por el propio Espert para las 11:50 y en un tercer tuit sólo pegaba la ruta del contrato.
Desde el entorno del diputado -a quien el propio Presidente impulsa como candidato en la provincia- dijeron que hubo un hackeo en su cuenta y promueven dos tuits que buscan certifican que se trató intervención ajena a Espert. Uno de su esposa, María Mercedes González, y otro de su jefa de despacho, Jimena Aristizabal.
Más tarde, la cuenta La Libertad Avanza – provincia de Buenos Aires publicó una desmentida y asegura que la cuenta de Espert fue hackeada.
El token $LIBRA llegó a alcanzar una capitalización de mercado de más de USD128.000 a solo 30 minutos de su lanzamiento y a través del posteo desde la cuenta de Espert.
Existe un dato muy curioso: varios referentes libertarios salieron a desmentir los tuits de la cuenta de Espert, pero estos posteos eran idénticos a los publicados por Milei en febrero. ¿Por qué salen a despegarse de una serie de tuits que son idénticos a los del Presidente? ¿Por qué éstos mensajes en la cuenta de Espert tuvieron que ser desmentidos de inmediato, pero en todo el arco libertario existe un acuerdo para afirmar que no hubo delito en los posteos de Milei?
Sobre la medianoche, trascendió que el token $LIBRA llegó a alcanzar una capitalización de mercado de más de USD128.000 a solo 30 minutos de su lanzamiento y a través del posteo desde la cuenta de Espert.
El viernes 14 de febrero, Milei recomendó a través de Twitter una nueva criptomoneda llamada $LIBRA, presuntamente ideada para el financiamiento de empresas argentinas. Tras el posteo del Presidente, la criptomoneda registró una suba exponencial y luego se desplomó. En apenas 4 horas, mientras algunos funcionarios y cuentas relacionadas con La Libertad Avanza difundían el mensaje, la moneda perdió el 89% de su valor.
El escándalo escaló en los días siguientes cuando se revelaron las reuniones previas que Milei había mantenido con los responsables del proyecto, incluyendo un encuentro en octubre de 2024 con Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y otro en enero de 2025 con Hayden Davis de Kelsier Ventures. En todas esas reuniones estaba involucrado el trader Mauricio Novelli, ya conocido por el presidente.
Las denuncias penales se acumulan en el juzgado de María Servini de Cubría, mientras que el oficialismo logró frenar en el Congreso los intentos de la oposición por investigar el caso.
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La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
