Escuchar, cumplir la ley y ejecutar el presupuesto: las deudas pendientes del Estado argentino

Observatorio Lucía PérezInforme mayo 2021

Los datos representan un GRITO:

  • 127 femicidios y travesticidios
  • 81 días sin Tehuel
  • 103 infancias huérfanas
  • 170 marchas exigiendo justicia

En contraste con esta realidad a fin de mayo el Ministerio de las Mujeres y Diversidad ejecutó sólo el 10% de su presupuesto, que por ley le adjudicó 6 mil millones de pesos. Hasta la fecha solo gastó 600 millones, cifra que se corresponde con el pago de salarios y honorarios de funcionarias y asesoras. Para dimensionar lo que esto representa señalamos que el resto de los ministerios ya ejecutó el 40% de sus presupuestos, en promedio.

Según lo aprobado por el Parlamento ese ministerio debe administrar recursos que tienen que llegar a provincias, municipios, organizaciones sociales y hasta para ayudas personales. En momentos tan críticos como los que nos hace sufrir la pandemia sub ejecutar ese presupuesto es aún más grave.

Prevenir femicidios es posible y necesario. Destinar recursos a esta tarea es prioritario.

Hacemos nuestra las propuestas que las Familias Sobrevivientes de Femicidios le entregaron este miércoles 12 de mayo a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Es una síntesis de las obligaciones que está incumpliendo el Estado y, por lo tanto, los derechos que está vulnerando.

Es urgente escuchar este reclamo:

En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrario.

Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.

Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.

Así, la puerta de acceso a los derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.

Así, no podemos seguir ni un día más.

Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos.

Al concretarse el Estado argentino estará cumpliendo sus obligaciones y dando un paso determinante para que la letra de la ley se convierta en hechos.

Nuestras tres exigencias son las siguientes:

1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:

El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.

En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80, según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni un día más.

Reglamentación actual:

A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.

Reglamentación necesaria:

Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutención. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.

2) Exigimos que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.

En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaria para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.

Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territoriales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zonas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.

b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policías y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito jurisdiccional controlado por las redes que produjeron el delito.

b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadías a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.

c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.

d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.

f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.

g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.

h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación continua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.

i) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:

1) Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral
2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos
3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.

3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.

La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.

Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.

En las actuales circunstancias y tal cómo ha organizado el Estado el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible afrontar este camino sin ayuda. Todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro y presente.

Exigimos:

1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.

2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivados de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas. Es decir, deben hacerse pasar por locas. Todo dicho”.

Familias Sobrevivientes de Femicidios – Mayo 2021

Fuente: http://observatorioluciaperez.org/

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  • Fuerte jugada de Villarruel para que Sagasti pueda votar contra la ley de tierras de Milei

     

    Victoria Villarruel le concedió a Anabel Fernández Sagasti la posibilidad de votar en la sesión de este jueves, cuando se trate la ley de tierras, a través de medios telemáticos y garantizó un voto más a la oposición contra la iniciativa de Federico Sturzenegger. El decreto de la presidenta del Senado es un misilazo para Javier Milei, que puede sufrir una dura derrota si fracasa por cuarta vez el bloque oficialista en su intento por debatir el dictamen de inviolabilidad de la propiedad privada.

    Fuentes del peronismo comentaron a LPO que la Vicepresidenta «fue muy empática» cuando la senadora mendocina le comunicó su situación, con 32 semanas de embarazo y la prescripción médica de no viajar desde su provincia natal hasta la Capital Federal.

    Sin embargo, Villarruel decretó la autorización «ad referéndum del Senado» para que la senadora «pueda participar de manera remota o virtual, con voz y voto, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente». Es decir, la habilitación de la Vice deberá ser sometida a consideración de todos los bloques en recinto, aunque se supone que no debería ser rechazada.

    La definición es un condimento más en la pelea de la Casa Rosada con Villarruel, que mostró con esta maniobra su autonomía para manejarse según el reglamento pese a que su aplicación complique la media sanción de un proyecto del oficialismo. «Coquetea con el peronismo y encima defiende la democracia», dijo una fuente parlamentaria.

    Mayra salió a defender a Sagasti, pero no tuvo éxito: «decile que renuncie, vale la pena»

    Además, la jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei, respectivamente.

    El antecedente más parecido al de Fernández Sagasti es el caso de la diputada Blanca Osuna, quien votó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, desde una sala de internación en la que atravesaba cuidados médicos por el COVID19.

    La jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei.

    De hecho, Villarruel apeló como argumento al fallo de la Corte Suprema ante el pedido de Cristina Kirchner a los jueces de una «acción declarativa de certeza», también durante la pandemia y para el funcionamiento de la Cámara Alta por medios virtuales. Allí los magistrados entendieron que «ninguna cláusula constitucional veta la posibilidad de que las cámaras se reúnan, deliberen y voten de forma remota» y que «el Senado cuenta con todas las atribuciones para interpretar su reglamento en cuanto al modo remoto o virtual de sesionar, en ejercicio de la autonomía normativa que le confiere el artículo 66 de la Constitución».

    La Vicepresidenta también consideró en su disposición que la senadora mendocina «no pretende interrumpir ni dejar de ejercer sus funciones sino continuar desempeñándolas».

    Desde el peronismo, aclararon que la aprobación de la participación de Fernández Sagasti de forma remota «no necesita sumarse al temario, como las renuncias de senadores o licencias» y explicaron que «la mayoría que hace falta es de la mitad más uno».

     

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  • ¿Por qué funciona el discurso anticomunista?

     

    En la campaña electoral de 2023, los gritos vehementes de Javier Milei denunciando el “zurdaje comunista” generaron incredulidad y hasta risas. ¿A quién le hablaba?, ¿a quién convocaba con ese discurso antiguo? pensamos muchos. Un asombro similar produjeron las declaraciones de Donald Trump, que en 2019 denunció el “Green New Deal” (la propuesta de un nuevo acuerdo ecologista) como “un Caballo de Troya para el socialismo en Estados Unidos”. Más lejano aun pudo parecer el lema “Comunismo o libertad” usado en la campaña electoral de 2021 por Isabel Díaz Ayuso, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y desde luego, está el caso de Jair Bolsonaro, uno de los pioneros en reavivar la tradición anticomunista. Hasta hace poco tiempo, en su dispersión y heterogeneidad estas menciones podían parecer trasnochadas o anacrónicas, dada la desaparición del horizonte del comunismo soviético. Sin embargo, esos candidatos han llegado al poder. Entonces: ¿trasnochados ellos o ingenuos nosotros?

    Estos líderes forman parte de una lista más larga de quienes, con mayor o menor vehemencia, reclaman contra la conspiración comunista, socialista o colectivista que aqueja al mundo. De la ecología a las políticas de género, de los impuestos al cuidado humanitario de inmigrantes, o la educación sexual, hoy muchas de las causas y valores de la renovación de la cultura democrática de las últimas décadas han sido tachados de comunistas, como un avance totalitario y opresor. En el caso de los sectores ultraliberales, la educación y la salud públicas –y todas las políticas redistributivas o progresivas– son consideradas nuevas formas de comunismo. Así, la gran familia de las nuevas derechas parece estar viviendo otra vez la Guerra Fría, más cerca del delirio paranoide que de algún enfrentamiento real con opciones anticapitalistas.

    ¿Anacrónico?

    El primer dato a considerar es que el anticomunismo de estos líderes no es una novedad; tiene una larga historia de persecución política y pensamiento conspirativo que atraviesa todo el siglo XX de Occidente y que se remonta incluso a décadas anteriores a la Guerra Fría, al menos hasta la Revolución Rusa de 1917. Lo mismo sucede con la historia de estas derechas: la novedad que representan tiene profundas raíces en la historia del conservadurismo y el nacionalismo de cada país y a escala global (1). Por tanto, el anticomunismo es tan antiguo como la historia de las derechas que hoy tratamos de entender. Pero esto no significa que el fenómeno actual sea la mera continuidad de ese pasado o que pueda pensarse como la simple reverberación del fascismo de entreguerras. Hay en las derechas radicales una novedad indiscutible en la manera en que disputan sus intereses bajo el juego político de la democracia liberal, al mismo tiempo que la socavan por dentro, tal como han señalado agudos observadores (2). ¿Cuál es la novedad de su anticomunismo? ¿Por qué y para qué movilizar imaginarios en apariencia old fashioned, especialmente para las jóvenes generaciones a las que se dirigen?

    Se suele decir que el anticomunismo es un discurso anacrónico, en un mundo donde, desde la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991) el comunismo no existe más como opción política. Por esa razón, el componente antimarxista de las nuevas derechas suele ser relegado como un dato más de una retórica florida. Esta perspectiva tiende a descartar el problema, considerando como una mera estrategia discursiva al elemento ideológico que organizó buena parte del conflicto político del siglo XX. La dificultad reside en entender “comunismo” en términos geopolíticos literales, como si solo se refiriese al mundo soviético, a los partidos comunistas en Occidente o a la defensa de un modelo anticapitalista. Y tal vez ese no sea el ángulo más productivo para pensar el problema. La pregunta es, más bien, otra: ¿qué están diciendo cuando dicen “comunismo”, y qué potencial político tiene hoy volver a movilizar este término?

    Feminismo, género, diversidades sexuales, raciales o religiosas, educación sexual, cambio climático, migraciones, islamismo, redistribución del ingreso, protección de las minorías y de los sectores sociales más vulnerables… La lista de ideas, proyectos o sujetos tachados de “marxismo cultural” o “socialismo” –según las declinaciones de cada profeta– muestran, de una punta a la otra del mapa global, que “comunismo” designa hoy los valores del llamado mundo “progresista” de las últimas décadas (“woke”, en su versión despectiva). En otros términos, el anticomunismo es una declinación a la antigua del actual antiprogresismo, con la diferencia de que hoy la disputa se produce dentro del capitalismo y con variaciones muy relativas. Sin embargo, en esas variaciones relativas, que parecen marginales dentro del capitalismo, se juega la vida de millones de personas. Al apelar a la potencia simbólica del término “marxista” o “comunista”, los líderes de derecha buscan recuperar la fuerza mayor de ese combate en el Occidente liberal (de todas maneras, la evocación no es igual en todos, y de hecho algunos líderes, como Marine Le Pen o Giorgia Meloni, no recurren tanto a la batería discursiva anticomunista). En cualquier caso, todos defienden el mismo sentido antiprogresista que los vehementes antimarxistas Santiago Abascal o Javier Milei.

     

    Antiprogresismo

    El segundo dato clave –ya muy conocido– es que el antiprogresismo es hoy el centro de la batalla cultural de las nuevas derechas globales, que en cada país adquiere sus propios contornos –antiperonista y ultraliberal en Argentina, islamobófico y antimigratorio en Europa o Estados Unidos–. Esa guerra cultural de la “internacional reaccionaria” parte del supuesto de que la izquierda, a pesar de su fracaso en la construcción del socialismo, se impuso en el terreno cultural. La verdadera lucha debería apuntar, para las fuerzas conservadoras, a la hegemonía del progresismo que destruye la sociedad occidental con su pensamiento “políticamente correcto” (3). Por eso mismo, se presentan como la rebelión contra un sistema que suponen conquistado y dominado por el progresismo y la izquierda. Por muy anacrónico que parezca, el anticomunismo es coherente y está en el corazón del proyecto ideológico de las nuevas derechas.

    El anticomunismo propone respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social.

    Una mención aparte merece el combate contra el feminismo y la “ideología de género”, combate que va más allá de sus élites dirigentes. ¿Por qué el feminismo y la diversidad sexual están en el centro de la disputa y de la denuncia anticomunista sobre el “marxismo cultural”? En la actual configuración de las democracias liberales, pocas cosas –o casi ninguna– representan una amenaza real al orden social. Sin embargo, el feminismo, en su impugnación antipatriarcal (que incluye el cuestionamiento del orden heterosexual como norma), conserva un poder subversivo y antisistema que no tiene ningún otro factor del progresismo actual (independientemente de las corrientes dentro del feminismo). Así, estas derechas, que se proclaman antisistema, luchan en realidad por la preservación de un orden social blanco, masculino y colonial que sienten socavado. Tal como lo hacía el anticomunismo del pasado, que veía el orden occidental en peligro e imaginaba conspiraciones paranoicas de la Casa Blanca a la Casa Rosada, de los hippies a las guerrillas, de las minifaldas al peronismo. Es aquí, en la lucha por la preservación del sistema, donde la impugnación de “marxista” o “comunista” aplicada al feminismo encuentra todas sus resonancias pasadas.

    Si bien la batalla cultural antiprogresista unifica a las nuevas derechas radicales, sus diferencias no son menores, especialmente en cuestiones como la economía y el nacionalismo. Estas variaciones indican, también, que el florecimiento de fuerzas radicales de derecha debe ser explicado en función de procesos y tradiciones locales –y no meramente como una “ola global”–. Es aquí donde el anticomunismo de Milei adquiere su rasgo distintivo: no se trata de la impugnación de las agendas culturales del progresismo biempensante, sino de la destrucción de todo resabio de políticas orientadas a las grandes mayorías sociales entendidas como formas de estatismo y colectivismo. Se trata de la gestión desnuda en favor de los intereses del tecno-capitalismo concentrado internacional. Con ello, el neoliberalismo argentino –en la versión iracunda de Milei– retoma una larga tradición de nuestras derechas. Basta con evocar la última dictadura para constatar que las derechas fueron tan anticomunistas como neoliberales y autoritarias, y que su principal oponente fueron las políticas estatistas, keynesianas y redistributivas, en general asociadas al peronismo y al kirchnerismo. Desde luego, esto parece dejar a Milei lejos del proteccionismo de Trump, pero muy cerca de la defensa compartida del tecno-capitalismo. En todo caso, el anticomunismo neoliberal de Milei se alinea cómodamente con el de Bolsonaro o José Kast.

    Dentro de estas variaciones nacionales, algunos argumentos de orden geopolítico explican los tópicos anticomunistas de manera más concreta, sin los efectos anacrónicos que parecen tener en boca de líderes como Milei. El caso más claro es Trump y su batalla por la supervivencia del poder imperial estadounidense frente a China. Ello le permite, sin excesivos retorcimientos históricos, identificar su enemigo en el “comunismo oriental”. De la misma manera, su electorado de origen latino vota entusiasta la condena a la “troika de la tiranía”, tal como la llamó su Consejero de Seguridad Nacional en 2018, John Bolton, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por la misma razón estratégica pero en sentido inverso, en Hungría Viktor Orban dejó de lado su discurso anticomunista –que asociaba la Rusia de hoy con la Unión Soviética– para pasar a una cercanía más pragmática con Vladimir Putin.

    Significante vacío

    Volvamos a nuestras preguntas de partida: ¿por qué y para qué movilizar el imaginario anticomunista? Si, una vez más, dejamos de pensar el comunismo en términos literales, surge un último elemento clave: el potencial político-simbólico del discurso anticomunista en su larga historia. Con mayor o menor pregnancia según los países, “comunista” ha funcionado también como un potente significante vacío negativo, capaz de ser llenado con los más diversos contenidos y sujetos, como un otro absoluto, peligroso y amenazante. Tanto es así que Alice Weidel, la dirigente de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), puede permitirse decir que Adolf Hitler era un “comunista”.

    La noción de significante vacío es particularmente útil para entender el peso del anticomunismo en Argentina, donde –salvo algunos momentos– no ha habido fuerzas de izquierda importantes, a diferencia de países como Brasil o Chile, donde el comunismo evoca miedos históricos bien reales. En Argentina “comunista” es, entonces, un sentido a ser llenado, que sirve para polarizar y designar un otro peligroso que pone en riesgo “nuestro” orden social y moral, nuestra comunidad. Es, por ello, un enemigo absoluto que debe ser eliminado (4). En la historia argentina, la denuncia del “peligro rojo” ha servido para generar miedos sociales y justificar la persecución de trabajadores, partidos de izquierda, peronistas y antiperonistas, mujeres, jóvenes, gays o artistas “transgresores”, cuyas prácticas, ideas o deseos parecían hacer tambalear el orden occidental y cristiano. Movilizado con fines instrumentales o con auténtica convicción ideológica, “comunista” o “marxista” ha funcionado en boca de las derechas como designación automática de un culpable de todos los males. Así, el anticomunismo finalmente propone certezas y respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social y amenaza sobre la comunidad de pertenencia. Esta potencia simbólica es la que sigue funcionando en el apelativo “comunista” aplicado en el presente. Por eso mismo, la pandemia de Covid –epítome máximo de la disolución final por venir– fue también un momento de renacimiento del anticomunismo.

    Es entonces este gran poder performativo de la acusación de “comunista”, tan sedimentado históricamente en el mundo occidental, lo que permite que las nuevas derechas –herederas al fin y al cabo de largas tradiciones conservadoras– sigan utilizando el término para arremeter en su batalla cultural. Sin duda, la movilización antiprogresista ha logrado dar una nueva vida al “miedo rojo” para las generaciones desencantadas de nuestro tiempo.

    1. Para el caso argentino, véase: Sergio Morresi y Martín Vicente, “Rayos en un cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en Argentina”, en Pablo Semán (coord.), Está entre nosotros, Buenos Aires, Siglo XXI, 2023.
    2. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018; Steven Forti, Democracias en extinción, Barcelona, Akal, 2024.
    3. Pablo Stefanoni, “Las mil mesetas de la reacción: mutaciones de las extremas derechas y guerras culturales del siglo XXI”, en J. A. Sanahuja y Pablo Stefanoni (eds.), Extremas derechas y democracia: perspectivas iberoamericanas, Madrid, Fundación Carolina, 2023.
    4. Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco, Fantasmas rojos. El anticomunismo en la Argentina del siglo XX, UNSAM, 2024.

     

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