Entrega de semillas del Pro Huerta

 

Las leyes en la era Milei no son leyes “normales”: un número acotado de páginas —con una prolija técnica legislativa— referidas a una norma en particular. Son largas, grandilocuentes, enuncian grandes cambios, modifican una multiplicidad de normativas y siempre son “la mejor reforma del siglo”. Todo en un sólo movimiento. Con el DNU 70/2023, la Ley Bases, Inocencia Fiscal y la reforma laboral, siempre el mismo modus operandi: textos extensos, reformas en muchos frentes, poco tiempo de tratamiento legislativo. Todo a libro cerrado. La jornada legislativa tiene pocas horas cuando de “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina” se trata. Igual con el Súper RIGI, que busca darle un marco legal a los tecno-ricos para hacer de Argentina su campo de pruebas para el mundo que imaginan.

En democracia, la división de poderes tiene un sentido bastante lógico: contrapesar el poder y “los fierros” del Poder Ejecutivo. El Congreso, en teoría, hace eso: frenar el avasallamiento de la división de poderes. Y la teoría, en la gestión libertaria, es solo eso: la agenda parlamentaria está marcada, casi exclusivamente, por envíos del Gobierno. Incluso los legisladores libertarios, al interior de sus filas, admiten no creer en la necesidad de presentar iniciativas, sino de apoyar lo que venga como oficialistas. “Ese es nuestro rol”, dicen.

Cuando en marzo Javier Milei abrió las sesiones ordinarias de 2026 en la Cámara de Diputados el recinto estaba semivacío, a diferencia de los balcones del palacio, que estaban colmados de funcionarios y amigos que aplaudían ante cada vociferación del presidente. “Cada uno de los ministerios ha preparado diez paquetes de reformas estructurales (…) Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueves meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, anticipó Milei. Y agregó: “Tenemos el Congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante”. Con el diario del lunes, parece tener (todavía) razón.

A fines de mayo de este año, el gobierno mandó uno de esos paquetes de leyes reformistas. Hacía dos años se había aprobado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, un capítulo dentro de la ecléctica Ley Bases que da incentivos fiscales, tributarios, aduaneros e impositivos a las grandes inversiones extranjeras. Según el libertario, “la política de desarrollo más eficaz del siglo”. Pero, en la búsqueda de estirar cada vez más la hipérbole, parece que había algo aún más grande que el RIGI: el Súper RIGI.

El proyecto es resistido por gran parte del arco ideológico: desde la Fundación Mediterránea —porque deja de lado al campo, la industria, el comercio y la construcción— hasta distintas organizaciones de la sociedad civil que plantean que el país puede convertirse en un laboratorio global sin regulación para las big tech y la inteligencia artificial.

Esta nueva versión evolucionada del RIGI brinda una serie de beneficios para atraer inversiones en lo que el Gobierno llama nuevas industrias: inteligencia artificial, litio y sectores productivos vinculados a las nuevas tecnologías. “¿Hace falta que lo diga? Quieren llenar de data centers la Patagonia”, dice un legislador opositor.

El Súper RIGI sigue la misma trayectoria política que los otros proyectos enviados por el Ejecutivo y que fue planteada al Legislativo desde que La Libertad Avanza puso un pie en la Rosada. Lo vimos por primera vez cuando habló de espaldas al Congreso: el rol de los diputados y senadores es aprobar las ideas del Gobierno y dar la pátina institucional a las reformas y desregulaciones necesarias. Ni más, ni menos.

Desnormativizar es la norma. La ley Hojarasca barre con normas obsoletas y otras no tanto; la de Inocencia Fiscal disminuye los mecanismos del fisco para perseguir la evasión; la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina la normativa que impide los desalojos; la reforma de la ley de Glaciares barre con un “exceso de protección” a las grandes fuentes de agua dulce del país; la reforma laboral quita las trabas para generar más empleo. Y el Súper RIGI crea las condiciones para que empresas extranjeras inviertan en el país con menos impuestos, poca burocracia y durante 30 años. Más fácil y por más tiempo.

El debate del Súper RIGI llega en un escenario en el que suceden simultáneamente tres cosas: el Poder Ejecutivo manda leyes extensas, el oficialismo y sus aliados lideran las comisiones clave y, además, tienen mayoría en ambas cámaras. Ahí está el verdadero triángulo de hierro. El andamiaje legislativo completo es algo así: el Gobierno arma un proyecto extenso —generalmente con altas chances de ser judicializado, algo que el Ejecutivo sabe—, lo envía al Congreso con las comisiones presididas por sus alfiles, consiguen un dictamen de mayoría, van al recinto y lo aprueban. Pim, pum, pam.

Un dinamismo que se repite como el día de la marmota: el oficialismo pasa la hoja para firmar el dictamen de mayoría antes de que terminen los debates y la oposición, siempre a la defensiva, marca la desprolijidad y el desparpajo. Y no sólo por los proyectos de ley en sí, sino también por los lugares que le son negados en las comisiones, por el reparto de despachos, salones, la retención de sus asesores y otros etcéteras.

A este modus operandi se le suma que la  composición de las comisiones desde el inicio de la gestión ha sido, de mínima, anómala. Los lugares se asignan proporcionalmente según la cantidad de bancas de cada bloque. La Libertad Avanza y los bloques aliados hicieron valer su mayoría para presidir casi la totalidad en el Senado y en Diputados.

Es 2026: todo lo judicializable será judicializado.

¿Cómo se pasa de tener dos diputados —Javier Milei y Victoria Villarruel en 2021— a un andamiaje legislativo profesional que saca proyectos de ley que en apariencia no atraviesan el colador constitucional? Es de público conocimiento que el autor de la Ley de Bases, el DNU 70/2023, Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Hojarasca fue, en gran medida, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Pero hay alguien más. 

En 2023, con la administración libertaria recién asumida, la discusión pública pasaba por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En el Senado, entre los cuatro funcionarios invitados para defender el proyecto se destacaba una abogada no muy alta, apenas maquillada, de pelo castaño y suelto y apariencia tímida: María Ibarzábal Murphy. Nacida en el 86, graduada de la UCA, hizo carrera en estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires y entró en política durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupando cargos técnicos de segunda línea. En 2024 fue convocada por Santiago Caputo para trabajar en su equipo de legales.

El rol de Ibarzábal Murphy se hizo necesario después de que la Ley de Bases comenzó  a tener problemas. Aún no existía la arquitectura legislativa calculada al dedillo que ostenta hoy el gobierno. El  primer año estuvo signado por el avance de un mega DNU y con “la casta” palaciega estupefacta ante las formas y la impericia legislativa de los outsiders que ingresaban a los despachos. Para ese entonces el peso de la negociación y la tracción política descansaba en los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, así como en las espadas jurídicas representadas en el ex vicejefe de gabinete Jose Rolandi y esa jóven de apariencia tímida que entonces era titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. El camino de Ibarzábal Murphy dentro del Gobierno terminó de consolidarse en ese momento. Fue ella quien dirigió la reformulación de la estrategia legislativa y adaptó las iniciativas del Ejecutivo a los límites constitucionales. La traductora de la doctrina libertaria en forma de leyes y decretos para que pasen el filtro constitucional y legislativo. Así llegó a ser la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.

Javier Milei la bautizó en cadena nacional cuando la justicia estadounidense falló a favor de la Argentina en el caso YPF. “Este logro es consecuencia del trabajo riguroso, profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica, y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzábal Murphy”.

La guardiana de la firma del presidente es, además, del círculo de mayor confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y guarda una buena relación con Karina Milei. Por eso no extraña verla en la cocina legislativa, en los balcones durante las sesiones, en los pasillos del Congreso o asistiendo a los legisladores por los salones y galerías del recinto.

Todo cerebro, sin embargo, necesita un brazo que ejecute.

Una de las primeras audacias de la conducción libertaria en el Senado fue la negociación que llevó adelante Victoria Villarruel para pasar de 7 senadores a consolidar un grupo de 39 que, sin ser un bloque formal, blindaron el cuerpo. Del acuerdo participaron el PRO, la UCR y bloques provinciales. Así aventajaron al peronismo en la conformación y presidencias de las comisiones. Y esta dinámica continúa al día de hoy.

A fines de 2024, sin embargo, se hizo evidente que la relación (históricamente complicada) del binomio presidencial, no estaba bien y que aquella compañera de lista que, meses antes y al estilo Julio César Cleto Cobos, supo desempatar la Ley Bases, ya no sería la encargada de organizar las filas dentro del Senado.

Todo lo contrario ocurrió y ocurre en Diputados. Desde el inicio de la gestión Milei, el clan Menem (Martin, “Lule” y Sharif) con la venia de Karina Milei, ordenaron los debates, la composición de las comisiones y los números. Y quienes osaron desafiarlos terminaron abandonando las filas del bloque libertario en la Cámara Baja.

En las últimas elecciones de medio término, Patricia Bullrich ganó como senadora por la Ciudad de Buenos Aires y se convirtió en la interlocutora legislativa oficial de Casa Rosada, rol tradicionalmente ocupado por el vicepresidente de la Nación. Actualmente lidera un grupo de 21 senadores orgánicos. Quienes transitan los pasillos del Senado saben que es ella quien responde preguntas a todos los periodistas, negocia con todos los bloques, organiza y toma la voz cantante del oficialismo en el Congreso.

Las diferencias respecto del pliego de la jueza Maria Veronica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, no lograron romper ese vínculo entre la ex candidata a presidenta por el PRO y la Rosada. La postura de Bullrich sobre el Adorni-gate, por ahora, tampoco.

Después de la elección legislativa del 2025, La Libertad Avanza conquistó 95 bancas en Diputados y 21 en Senado. No sólo se convirtió en la primera minoría en la Cámara Baja, si no que cuenta con un océano donde pescar votos en un contexto atomizado con representantes provinciales, bloques pequeños y monobloques. Esto difiere del escenario en el que jugó sus cartas en sus dos primeros años de gestión: la escasa cosecha de 7 senadores y 38 diputados.

Previo al triunfo de las elecciones de medio término en 2025, el oficialismo ya había logrado sacar adelante leyes fundamentales para su programa de gobierno con la ayuda de sus aliados del PRO, la UCR (ambos hoy diezmados con saltos de garrocha hacia LLA) y partidos provinciales. Después del resultado electoral supo que ya podía comenzar con paquetes de leyes más osados constitucionalmente: reforma laboral, régimen penal juvenil,inocencia fiscal, y Súper RIGI.

El oficialismo tiene, efectivamente, una maquinaria legislativa eficiente. Pero todos los gobiernos tuvieron, a su manera, sus propias maquinarias legislativas eficientes. El kirchnerismo, el menemismo, el macrismo. ¿Qué es lo que hace distinta a esta máquina?, ¿es la figura misma de Javier Milei?, ¿es la avanzada de las ideas antipolítica?, ¿es la atomización de la oferta partidaria?, ¿son las redes?, ¿es la época?, ¿por qué pasan las leyes?, ¿porque nadie se informa?, ¿sucede solo en Argentina?

También hay algo que es cierto: las oposiciones y los debates en el Congreso no se dirimen sólo ante un proyecto de país en particular. El parlamento argentino parece quedar chico ante las agendas de los múltiples círculos rojos, el peso de Donald Trump, el ingreso de las tecnologías de Peter Thiel y Sam Altman,  y esta especie de nuevo orden institucional donde un puñado de techbros tienen fortunas superiores al PBI de países enteros. El desafío es cómo dialogar en el recinto con ese mundo y cómo dejar de operar únicamente en los estrechos márgenes de la narrativa mileísta. 

Lo llamativo no es tanto la solvencia legislativa del oficialismo como la ausencia de una respuesta conceptual equivalente por parte de quienes están en frente. 

El debate del Súper RIGI empezó en Diputados, tuvo 3 jornadas de debate con la presencia de funcionarios, obtuvo su despacho favorable avalado por 61 firmas y espera su desembarco en el recinto este miércoles 24 de junio. Se habló de “dictamen cantado” porque el debate se dio en estas tres comisiones: Presupuesto y Hacienda (presidida por “Bertie” Benegas Lynch, con sus esfuerzos ahora enfocados en intervenir la Oficina de Presupuesto del Congreso); Industria (presidida por José Luis Garrido, del bloque “Por Santa Cruz”, que responde al gobernador Claudio Vidal  y quien, como otros bloques provinciales, mantiene una posición “pragmática” con el gobierno nacional), y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (presidida por Martín Yeza, del PRO, ex intendente de Pinamar y aliado del LLA).

Para lograr las firmas, el bloque oficialista contó con los aliados de siempre: “Fuerza del Cambio” (PRO, UCR, el MID del exlibertario Oscar Zago, y diputados que responden a Santa Cruz), “Innovación Federal” (ligada a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones), “Independencia” (la primera fuga dentro del peronismo, orquestada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, en pleno debate por la Ley de Bases), y “Producción y Trabajo” que responde al mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego.

Esta vez, LLA tuvo que negociar modificaciones con el MID y el PRO y aceptar incluir la obligatoriedad de contratar un mínimo de un 20% de proveedores locales (que también fue moneda de cambio para los aliados en la votación del primer RIGI dentro de la Ley de Bases), generar incentivos a la investigación y el desarrollo, y crear un registro público de proyectos, entre otros. Los cambios nunca afectan el core del asunto, son prendas de cambio que aparentan mejorar el proyecto.

Por el lado de la oposición, tanto Unión por la Patria como la Izquierda firmaron un dictámen de rechazo. Agustín Rossi, diputado por UxP, se refirió al Súper RIGI como “el proyecto Palantir”, en referencia a la empresa fundada por el ahora vecino de Barrio Parque, Peter Thiel. Los diputados opositores acusan que este proyecto busca profundizar la entrega de recursos estratégicos.

La hipótesis cobra fuerza con el envío de otras iniciativas, como la reforma de la ley de sociedades (que contempla la creación de empresas automatizadas integradas 100% por agentes de IA) o la liberación del porcentaje de venta de tierra argentina a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo pretende convertir en ley de forma inmediata. Hipótesis que el ministro de Economía tampoco pareciera querer refutar.

“Por lo que vimos en los dictámenes en comisiones, los números ya los tienen y lo van a aprobar con una mayoría que va a estar entre 135 y 145 votos a favor”, augura un diputado. En el Senado, el pronóstico es similar. Todo indica que el Ejecutivo, una vez más, tendrá su ley. 

Sin embargo, por estos días, toda la agenda legislativa oficialista está obstaculizada por la posible moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La maquinaria oficialista muestra sus grietas: muchos de sus aliados frecuentes son los que buscan desplazarlo.

La arquitectura legislativa es prolija y funciona, casi siempre, como un relojito suizo. Hubo, nobleza obliga, casos en donde este andamiaje no funcionó a la perfección. La Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad fueron aprobadas por el Congreso, luego vetadas por el Ejecutivo y más tarde insistidas en ambas cámaras en un movimiento histórico que inauguró el rechazo a un veto presidencial. Es cierto que poco después ese reloj suizo volvió a funcionar: el Gobierno promulgó las normas pero mantiene suspendida su aplicación hasta que digan “de dónde van a salir los fondos”.

Por estos días y después de un largo conflicto, el gobierno amplió parcialmente las partidas para universidades, para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte. Hay temor, sí, pero no “al Congreso que no lo va a dejar hacer lo que quiere hacer”, si no al Poder Judicial y sus posibles fallos que puedan poner en duda la baja del riesgo país, la continuidad de la bondad del FMI y el acceso al mercado de crédito internacional. Eso explica, quizás, la premura por llenar las vacancias judiciales en tan poco tiempo.

Pasan los años, pasan los gobiernos, pero quedan las leyes que otorgan permisos extraordinarios a inversiones extranjeras para explotar los recursos naturales del país. El Súper RIGI tiene una duración de 30 años, marcará la estructura productiva del país y la recaudación tributaria, esté o no Javier Milei, esté o no Axel Kicillof, o quien quiera que gane las elecciones del año que viene. 

En la noche de aquel 1 de marzo del 2026 en la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei continuaba su alocución: “Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años (…) que dejarán en el pasado, de una vez y para siempre, el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia. Esta es la propuesta para este Congreso: legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte y ustedes deberán hacer la suya”. Y vaya si la están haciendo.

La entrada La máquina de hacer leyes se publicó primero en Revista Anfibia.