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Un decreto publicado en el Boletín Oficial modificó una norma vigente desde 1995 y fijó un orden automático para reemplazar al jefe de Gabinete en caso de ausencia temporal. La decisión elimina la discrecionalidad presidencial y consolida una línea interna de poder dentro del Ejecutivo.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno nacional oficializó este 4 de marzo el Decreto 130/2026, mediante el cual modificó el artículo 9° del Decreto 977/1995 y estableció un orden fijo para reemplazar al jefe de Gabinete en caso de ausencia transitoria. La medida impacta directamente en la situación de Manuel Adorni, actual titular del área, y ordena una cuestión que hasta ahora quedaba sujeta a decisión puntual del Presidente.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cuando el jefe de Gabinete se ausente por viajes oficiales, misiones o cualquier impedimento temporal, será reemplazado en primer término por el titular del Ministerio de Capital Humano y, en caso de que también esté ausente, por el titular del Ministerio de Defensa.

La modificación sustituye el mecanismo anterior previsto en el Decreto 977/1995, que permitía que el Presidente designara en cada ocasión al ministro que asumiría interinamente. Es decir, no existía un orden automático ni jerárquico preestablecido: la decisión era discrecional.

Así, el Gobierno definió formalmente quién será jefe de Gabinete interino ante una eventual ausencia temporal de Adorni, despejando así una zona gris administrativa que se arrastraba desde los años noventa.

Un cambio administrativo con lectura política

Aunque se presenta como una decisión técnica, el decreto tiene una dimensión política ineludible. La Jefatura de Gabinete es el área encargada de coordinar la administración general del país y de articular el vínculo formal con el Congreso. No se trata de un cargo menor ni meramente protocolar.

En el esquema actual de poder, la figura de Manuel Adorni concentra exposición pública y peso interno. Definir quién lo reemplaza no es un dato accesorio: implica establecer quién queda al mando de la coordinación ministerial en momentos de ausencia, incluso si esa ausencia es breve.

El decreto aclara además que el ministro que asuma interinamente no dejará de ejercer las funciones propias de su cartera. Es decir, no habrá reemplazo en cadena: el funcionario sumará atribuciones temporales sin abandonar su ministerio.

Qué cambia respecto del régimen anterior

Hasta ahora, el artículo 9° del Decreto 977/1995 establecía que el reemplazo del jefe de Gabinete sería ejercido por el ministro que designara el Poder Ejecutivo. Esa redacción abierta permitía flexibilidad, pero también discrecionalidad total.

Con el Decreto 130/2026, esa posibilidad desaparece. El orden queda fijado por norma y sólo podría modificarse con otro decreto. La decisión apunta a garantizar continuidad administrativa y evitar improvisaciones formales ante viajes o licencias.

En términos institucionales, no se altera la línea de sucesión presidencial —que sigue siendo la prevista por la Constitución Nacional— sino únicamente la suplencia interna dentro del gabinete.

Continuidad sin vacíos

El mensaje oficial es claro: evitar vacíos de coordinación en la estructura ejecutiva. En un contexto de alta centralización de decisiones, la previsibilidad en la cadena interna de mando se vuelve un elemento estratégico.

La medida no modifica políticas públicas ni introduce cambios económicos, pero sí consolida un esquema de poder dentro del Ejecutivo. Y en política, la definición de jerarquías nunca es un dato neutro.

Hoy como en los 90 se vende una ilusión que no es más que eso, y que sólo puede sostenerse con un creciente disciplinamiento y una feroz represión que se festeja sin tapujos.

Por Ariel Fernández para NLI

Creer que bajar la edad de imputabilidad puede ser algo positivo en un país que se hunde en la desocupación y es atravesado por los más violentos discursos sociales, es al menos, ingenuo.

Está claro que las penas no resuelven nada, menos aún si hablamos de menores. Van a ser enviados a la cárcel, no para ayudarlos, sino para desecharlos. Hay una sociedad que prefiere no mirarse, que fomenta la eliminación de niños que no tienen escapatoria y que no son más que un producto neto de la misma sociedad que los señala.

Estamos en peligro, no hay dudas de eso, especialmente porque las respuestas a lo que nos pasa están tan cerca de nosotros que se nos hace imposible verlas.

Los pibes y las pibas arrastran nuestros dolores, nuestros despidos, la perversión de un estado que cada vez los empuja más a los márgenes, a un futuro devastado.

La muerte se los lleva cada vez más rápido o los condena sin la sentencia de un juez. La aleja de su naturaleza, de los colegios, de jugar a la mancha o de saborear un dulce. Desde las altas cumbres que se erigen en el dinero, son quienes ocupan los tronos principales los que definen a esos pibes y pibas, los que determinan cómo son y cuáles son sus derechos.

Los pibes concebidos como desecho de una sociedad que está partida al medio, que los insulta, que les teme con un miedo sin ningún fundamento más allá del que construyeron desde hace años un sector político con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos.

Son los excluidos de los excluidos. La parte más vulnerable de un sistema que no vislumbra un futuro colectivo, sino una especie de evolución donde los mejores lograrán ser empresarios de sí mismos.

Hoy como en los 90 se vende una ilusión que no es más que eso, y que sólo puede sostenerse con un creciente disciplinamiento y una feroz represión que se festeja sin tapujos.

La pobreza es un fenómeno que no para (y no tenemos por qué creer que esto va a cambiar) y establece reglas cada vez más desiguales, cada vez más injustas.

Entonces, para la gente de “bien”, la ecuación termina siendo perfecta, esos pibes ya no van a estar, porque los mata una bala, la droga o el encierro.

Todo parece terminar en la fría y perversa sensación (maldita y estúpida sensación) de aceptar sin miramientos la vida que, a pesar de nuestra voluntad, nos toca.