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Entrega de premios de la Liga de Fútbol Femenino

El Intendente Marcelo Orazi entregó los premios a los tres equipos que completaron el podio de la Liga Municipal de Fútbol Femenino organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.

Los premios correspondieron a: Las Perlas (campeón), Las Inter (subcampeón) y Botineras (tercer puesto).

En la oportunidad estuvo acompañado por el Director de Deportes Damián Álvarez.

Orazi felicitó a las referentes de los equipos por el logro obtenido y agradeció su participación en el campeonato.

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    El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.

    En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.

    Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.

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    El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.

    En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.

     Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares 

    En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.

    Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.

    Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.

    En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.

    Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.

    En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.

     

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    La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.

    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

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    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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