El Intendente Marcelo Orazi entregó los premios a los tres equipos que completaron el podio de la Liga Municipal de Fútbol Femenino organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
Los premios correspondieron a: Las Perlas (campeón), Las Inter (subcampeón) y Botineras (tercer puesto).
En la oportunidad estuvo acompañado por el Director de Deportes Damián Álvarez.
Orazi felicitó a las referentes de los equipos por el logro obtenido y agradeció su participación en el campeonato.
Patricia Bullrich empezó a hacer más explícita sus diferencias con los casos de corrupción que rodean al círculo de Javier Milei y se metió de lleno en su proyecto para representar al establishment que comparten la misma incomodidad.
El quiebre interno entre el grupo de Karina con Bullrich se aceleró en las últimas semanas y terminó de desbordar con el escándalo de Manuel Adorni. En el entorno de la ministra admiten que el caso impactó de lleno sobre la relación con Karina Milei y «la banda» que rodea a la secretaria general.
«Patricia pensó que después de lo de Adorni no le iban a pegar más, pero siguieron», dijeron a LPO en el círculo íntimo de la ministra. Bullrich arrastra desde hace meses un creciente malestar con el armado de Karina Milei y los Menem.
A la hermana presidencial no le importó sacarla del Ministerio de Seguridad para mandarla a la Cámara de Senadores con el objetivo de licuarle su volumen político. Bullrich no quería ser candidata, pero sin darse cuenta, Karina la corrió del lugar incómodo de ministra donde la podían echar por decreto. Ahora, en la Cámara Alta, tiene libertad de juego.
En el bullrichismo sostienen que con Patricia se empieza a consolidar el espacio político que representa a los votantes del PRO y a los sectores empresarios que respaldan el ajuste económico de Milei, pero se molestan con los escándalos de corrupción y el funcionamiento del círculo presidencial.
«Orden fiscal, baja de inflación, reformas y seguridad, pero sin corrupción y respetando principios republicanos», resumen cerca de Bullrich.
La ministra cree que el caso Adorni dañó especialmente al karinismo y expuso un problema político más profundo alrededor de la administración libertaria. Por eso empezó a mostrarse como una alternativa de continuidad económica, pero con mayor institucionalidad y volumen político.
La ministra cree que el caso Adorni dañó especialmente al karinismo y expuso un problema político más profundo alrededor de la administración libertaria. Por eso empezó a mostrarse como una alternativa de continuidad económica, pero con mayor institucionalidad y volumen político
En definitiva, Bullrich sale a disputar el lugar de representación electoral que pretende Mauricio Macri que, como contó LPO, empezó a trabajar nuevamente en una candidatura presidencial propia y decidió endurecer su enfrentamiento con Milei.
El ex presidente incluso impulsó el duro comunicado del PRO contra el oficialismo y ordenó al bloque votar la remoción de Adorni, una decisión que cayó pésimo en la Casa Rosada, como adelantó en exclusiva La Política Online.
El tema preocupó tanto a Macri que lo mandó a Fernando de Andreis a pegarle a Bullrich: «Me parece que lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro», chicaneó el armador de Mauricio.
En el entorno de Bullrich interpretaron el ataque como una señal de que Macri detectó que la ministra empezó a disputarle el mismo electorado y el mismo vínculo con el establishment. La senadora mira las encuestas que la ubican con mejor imagen que Javier Milei y triplica a Mauricio Macri.
La ex ministra mantiene diálogo con importantes empresarios y sectores de poder económico como Paolo Rocca, Héctor Magnetto y otros hombres fuertes del establishment que empiezan a pensar escenarios alternativos para 2027.
Por eso cerca de Bullrich repiten que la ministra quiere transformarse en «el plan A del establishment y el plan B de Milei». Si el desgaste del gobierno crece y Milei llega debilitado a la elección que ponga en riesgo la reelección, la senadora cree que puede negociar para quedar como la candidata presidencial del espacio libertario ampliado.
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La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
