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La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt debe reemplazar a José Luis Espert al frente de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El Gobierno quería poner a Diego Santilli, pero la fiscal recordó que la ley de paridad no se negocia ni se acomoda según conveniencias políticas.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

La interna libertaria por el reemplazo de José Luis Espert en la lista de diputados nacionales bonaerenses sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que la persona que debe asumir ese lugar es Karen Reichardt, segunda en la nómina original, y no Diego Santilli, como pretendía el oficialismo de Milei.

El pronunciamiento respondió a un planteo interno entre La Libertad Avanza y la Justicia Electoral, luego de la renuncia de Espert a su candidatura tras las denuncias por lavado de dinero que lo vinculan con el empresario Fred Machado. Mientras el Gobierno intentaba imponer a Santilli —tercero en la lista—, la fiscal sostuvo que la sustitución debía respetar el orden de prelación y la paridad de género establecida por la ley, aclarando que el principio de paridad fue concebido como una herramienta para revertir desigualdades estructurales y no puede ser aplicado de modo que perjudique a las mujeres.

Según Roteta, aceptar el planteo libertario implicaría desconocer el carácter reparador de las normas que buscan garantizar la igualdad en la representación política. Con esta afirmación, la fiscal desarmó el argumento del oficialismo, que había citado el decreto 171/2019 para justificar su maniobra. Ese decreto dispone que, ante una vacante por renuncia, debe reemplazar al candidato una persona del mismo género que le sigue en la lista, pero Roteta explicó que una lectura tan estricta resulta contraria al espíritu de la ley de paridad.

Antecedentes y jurisprudencia

La fiscal también se apoyó en antecedentes de la Cámara Nacional Electoral y en el caso Lucila Crexell, donde los jueces priorizaron el objetivo sustantivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los cargos electivos. Desde esa perspectiva, Roteta reafirmó que el principio de paridad no puede ser interpretado de manera literal cuando eso implique un retroceso en los derechos políticos de las mujeres, sino que debe entenderse como un mandato de reparación y equidad sustantiva.

Lo que viene: Ramos Padilla tiene la última palabra

El dictamen de la fiscal no es vinculante, pero marca un precedente claro frente al intento del oficialismo libertario de colocar a Santilli por encima de Reichardt. La decisión final quedará ahora en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla, y eventualmente podría ser revisada por la Cámara Nacional Electoral.

Mientras tanto, en el universo libertario —cada vez más convulsionado—, la resolución dejó al descubierto una vez más la ausencia total de reglas claras y la vocación por torcer la ley según la conveniencia del momento. Roteta, en cambio, reafirmó en su dictamen que la paridad no es una formalidad: es un derecho político conquistado que no puede retroceder.