El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Villa Regina Ariel Oliveros participó de la entrega de insumos informáticos a la Escuela N° 196 de Villa Alberdi que fueron adquiridos a partir del convenio que el Municipio firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este caso, el establecimiento educativo recibió una computadora completa.
En la oportunidad, el Secretario de Coordinación estuvo acompañado por el Coordinador del Consejo Escolar Daniel Zanaria.
El tria de la Vendimia se vivió a pleno en la perla del Valle. La Isla 58 fue el epicentro de un evento deportivo que crece años tras año en Villa Regina y que se lució con más de 90 competidores. Un buen marco de público, un gran despliegue de medios de comunicación y una…
El Gobierno de Río Negro permitirá a partir de la semana próxima la apertura paulatina y escalonada de comercios en 28 ciudades y localidades de la provincia. En principio se habilitará a los comercios a abrir tres días a la semana, de manera tal de ir reiniciando la marcha del circuito económico en esos lugares….
El creciente deterioro de la red vial por el freno a la obra pública en rutas nacionales desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, no solo dispara reclamos de gobiernos provinciales y presentaciones judiciales de municipios, también es expuesto por medios internacionales que se suman a las alertas por la desinversión en la materia.
Un caso reciente es el del canal estatal alemán Deutsche Welle, que realizó un informe donde advirtió el impacto en términos logísticos y de crecimiento de accidentes que desata la parálisis de obra impuesta por el gobierno libertario en las rutas nacionales.
En ese contexto, el canal alemán dio cuenta de un reciente informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que denunció que «el deterioro real» alcanza «un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias», a partir de un recorte del 72% en la inversión vial del Gobierno desde diciembre de 2023.
Como ejemplo, la DW ilustró un tramo de la Ruta Nacional 54 en Jujuy que es vía de acceso a dos minas y cuatro proyectos de litio. Ahí, el paso constante de camiones detonó la traza, ocasionando accidentes que, durante 2025, crecieron un 3% en la provincia norteña.
Según detalló el informe, el gobierno de Jujuy está en negociaciones con las mineras para reparar las rutas pero que no se puede avanzar sin el acuerdo del Gobierno nacional.
Precisamente en Jujuy, LPO reveló que, en medio del caos en materia vial, el gobierno de Javier Milei puso a un pediatra que elabora cerveza artesanal al mando de la seccional jujeña de Vialidad Nacional.
Para eso, fue desplazada como jefa del Distrito Sexto (Jujuy) de Vialidad Nacional la ingeniera Cristina Flores, a quien reasignaron en una asesoría creada para ella en la misma jurisdicción.
En Jujuy aseguran que ese movimiento tuvo como exclusiva intención ubicar al médico libertario en un cargo nacional y surge en medio de crecientes reclamos por la ausencia de obras básicas de mantenimiento por parte del organismo que a nivel nacional administra Marcelo Campoy.
En paralelo, ya están judicializados muchos reclamos al gobierno de Milei para que se ocupe al menos de las obras básicas en las rutas nacionales.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más resonantes es el de la Ruta Nacional 3. Por el colapso de esa traza en el tramo que atraviesa su distrito, el intendente de Azul, el camporista Nelson Sombra, hizo una denuncia en la Justicia junto a vecinos, entidades de usuarios y víctimas de accidentes viales.
En la causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Azul, generó indignación en Azul el descargo que hizo Vialidad Nacional a finales del año pasado. Ahí, la representación legal del Gobierno negó toda responsabilidad.
«Niego que la Ruta Nacional 3 en el tramo que atraviesa el Partido de Azul, presente un deterioro significativo», dijo la abogada de Vialidad, que denunció al municipio de «afirmaciones dogmáticas, pero sin vocación de demostrar mediante pruebas fehacientes sus dichos».
Sin embargo, en el expediente al que tuvo acceso LPO, figuran numerosos videos (ver abajo) que exponen el evidente estado de deterioro de tramos de la Ruta 3.
Más allá de eso, en el gobierno de Milei insisten que, de existir siniestros viales, es por culpa de los conductores y no por el mal estado de la ruta.
«En todo caso, esa siniestralidad es realidad debida a la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor, y/o de la mala conservación de los vehículos que circulan por la mentada calzada y/o falta de control del uso del corredor vial», dijo la abogada de Vialidad, desentendiendo al Gobierno del colapso vial.
Ecuador y Colombia entra en una espiral tensión que amenaza con romper las relaciones diplomáticas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió implementar el 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
La medida fue impuesta luego que el colombiano Gustavo Petro hablara de la grave situación humanitaria del ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, que está detenido por corrupción y se volvió una bandera del progresismo contra la persecución política.
En ese marco, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano respondió que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida «a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral» de Noboa.
El arancel ecuatoriano entrará en vigor en febrero y la respuesta colombiana será «proporcional, transitoria y revisable», indicó el gobierno de Petro. «Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional», añadió.
Daniel Noboa, decidió implementar el 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
De su lado, el ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países «como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética» de Colombia, indicó sin mencionar directamente los aranceles.
La decisión se fundamenta en análisis técnicos que «evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico» colombiano en momentos de «variabilidad climática».
Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 y en 2025 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica. En ese contexto, Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y que tiene hoy un déficit de 1.000 Mw.
Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional
«Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional», indicó el ministerio.
Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.
La crisis también impacta en el intercambio de petroleo. Tras la decisión de Colombia sobre la suspensión energética, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo de ese país por uno de sus oleoductos.
«La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», informó la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.
Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd). Para transportar el crudo extraído en la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.
La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.
Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.
Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.
En contra del relato del «fin de los planes», los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fye en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.
Según confirmó LPO una fuente del Gobierno, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy cerca de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.
A diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños.
Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo, que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.
La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.
En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de «los planeros». Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.
Evolución de los planes sociales desde el gobierno de Cristina Kirchner al de Milei.
Macri casi triplicó los planes que recibió de Cristina Kirchner y Alberto Fernández duplicó los que recibió de Macri.
En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.
La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.
Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de reducción de empleo de calidad.
Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.
La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales.
El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.
Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe que hablaron con LPO, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia.
En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.
La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.
El cuadro de la FDHI muestra el aumento nominal de la AUH y de la Tarjeta Alimentar desde la asunción de Milei
Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.
El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.
Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.
El Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib el convenio de colaboración con el objetivo de garantizar la seguridad en la elaboración de alimentos. La rúbrica se concretó en Allen y fue encabezado, vía zoom, por la Gobernadora Arabela Carreras. Participaron también autoridades de la ANMAT, además de…
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