El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Villa Regina Ariel Oliveros participó de la entrega de insumos informáticos a la Escuela N° 196 de Villa Alberdi que fueron adquiridos a partir del convenio que el Municipio firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este caso, el establecimiento educativo recibió una computadora completa.
En la oportunidad, el Secretario de Coordinación estuvo acompañado por el Coordinador del Consejo Escolar Daniel Zanaria.
El descontento: he allí la fuerza histórica afectiva capaz de hacer que se bifurque el curso de la cosas. Frédéric Lordon Hasta ahora no he escuchado que un gobierno decrete un día para parar un poco y animarse a ponerse en el lugar de la gente; o inclusive, se haga un paro a sí mismo…
La solución a la mayoría de los problemas sociales (desigualdad, violencia, corrupción) que nos aquejan en la vida moderna, tienen el inicio del proceso de evolución en la educación. Pero inentendible y lastimosamente, nuestra clase política logró con esfuerzo y dedicación que la misma sea, hace mucho tiempo, un problema en sí mismo. Por ende,…
Este sábado y domingo a partir de las 19 horas tendrá lugar la Feria ReEmprender especial Navidad. En la Plaza Primeros Pobladores se podrá encontrar la mejor opción para regalar en estas fiestas de la mano de artesanos y emprendedores reginenses. Además acompañará la música de distintos artistas para disfrutar de este espacio. ¡Te esperamos!…
Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
Mientras Donald Trump vuelve a mostrar el rostro más brutal del imperialismo norteamericano sobre Venezuela, vale recuperar a un Carlos Calvo que no es el recordado actor; nos referimos al jurista que, desde el siglo XIX, explicó con una lucidez asombrosa por qué estas invasiones no son errores ni excesos, sino parte constitutiva del poder imperial. La Doctrina Calvo no solo ayuda a entender lo que pasa hoy en Caracas: desnuda el ADN de la política exterior de Estados Unidos.
Por Alcides Blanco para NLI
El otro Carlos Calvo: jurista, diplomático y antiimperialista antes del antiimperialismo
Carlos Calvo nació en Buenos Aires en 1824 y fue uno de los juristas internacionales más influyentes de América Latina. Diplomático, historiador y especialista en derecho internacional, desarrolló su pensamiento en un contexto marcado por intervenciones militares europeas y presiones extranjeras sobre los países latinoamericanos recién independizados.
Calvo observó un patrón que se repetía una y otra vez: potencias extranjeras que utilizaban reclamos de ciudadanos, empresas o acreedores como excusa para intervenir política o militarmente en Estados soberanos. Frente a eso, formuló una doctrina que hoy resulta incómodamente actual.
Qué plantea la Doctrina Calvo
La Doctrina Calvo se apoya en principios simples pero revolucionarios para su época:
Igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros, sin privilegios especiales
Obligación de someterse a la justicia local del país donde surja el conflicto
Rechazo absoluto a la intervención extranjera, diplomática o militar
En términos claros: ningún Estado extranjero tiene derecho a intervenir en otro país para defender intereses privados, mucho menos usando la fuerza. La soberanía no se negocia.
Del siglo XIX a Trump: la doctrina frente al imperialismo moderno
Lo sucedido en Venezuela con la invasión estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro es una violación directa y deliberada de la Doctrina Calvo y de todo el derecho internacional moderno.
Estados Unidos actuó por fuera de cualquier jurisdicción, desconociendo al Estado venezolano, ignorando la legalidad internacional y utilizando la fuerza militar como herramienta política. Exactamente el tipo de conducta que Calvo denunció hace más de 150 años.
Nada de esto es nuevo: cambia la excusa, pero no la lógica. Ayer era la “protección de ciudadanos”, hoy es la “defensa de la democracia”.
El petróleo como motor real de la agresión
Calvo entendió algo clave: las intervenciones nunca son ideológicas, son económicas. Venezuela concentra las mayores reservas de petróleo del planeta, y desde su nacionalización se convirtió en un obstáculo estructural para los intereses de las grandes corporaciones energéticas.
Cada vez que el Estado venezolano reafirmó el control sobre sus recursos, la respuesta fue escalando: bloqueos, sanciones, sabotajes, intentos de golpe y finalmente invasión directa.
La Doctrina Calvo anticipó este conflicto: cuando un país periférico ejerce soberanía real, el imperialismo responde con violencia.
El secuestro de Maduro y la negación de la soberanía
El secuestro del presidente venezolano no es solo un hecho político: es un acto colonial. Supone que Estados Unidos se arroga el derecho de decidir quién gobierna y quién no, anulando la autodeterminación de los pueblos.
Para Calvo, este tipo de acciones no eran anomalías sino el funcionamiento normal del sistema imperial, que necesita disciplinar a quienes se salen del libreto.
Carlos Calvo versus el orden mundial actual
El “otro” Carlos Calvo —el jurista— pensó un mundo donde los países latinoamericanos no fueran patios traseros, sino sujetos plenos de derecho. Por eso su doctrina fue combatida, invisibilizada y reemplazada por mecanismos favorables al capital extranjero.
Hoy, frente a Trump y la ofensiva sobre Venezuela, Calvo vuelve a ser actual porque demuestra que el problema no es Maduro, ni el chavismo, ni Venezuela, sino la negativa de un país a ser colonia.
Conclusión
La Doctrina Calvo no es una reliquia académica: es una herramienta para entender el presente. La invasión estadounidense y el secuestro de Maduro confirman que el imperialismo sigue actuando como en el siglo XIX, solo que con un discurso más cínico.
Mientras Trump ejecuta la política del garrote, Carlos Calvo sigue recordando que la soberanía no se pide permiso: se ejerce.
El debate del Presupuesto incluyó la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que empujó personalmente Santiago Caputo, que afianza su control sobre toda el área impositiva luego de haberse quedado con la conducción de ARCA.
La norma intenta que la gente gasta los dólares que tiene en el colchón, sin temor a persecuciones de la agencia recaudadora por tratarse de activos no declarados. Es una suerte de blanqueo soft, que busca de manera indirecta estimular el uso de los ahorros. La inciativa sigue la lógica de los pryectos de «tapón fiscal» su se sancionaron en los noventa.
La ley comenzó a trabajarse en un equipo coordinado por Santiago Caputo, que incluyó al renunciado ex director de ARCA, Juan Pazo; a la secretaria Legal y Técnica, Maria Ibarzabal; a la directora del Banco Central, Silvina Rivarola y al propio ministro de Economía, Toto Caputo.
Esto confirma que el asesor presidencial ha regresado a la operación política sobre el Congreso, como ocurrió este viernes cuando intervino para asegurar el apoyo de los gobernadores peronistas del Norte, como reveló LPO, jugada que que permitió sancionar el Presupuesto sin modificaciones que obligue a devolverlo a Diputados.
La movida confirma que el asesor presidencial ha regresado a la operación política sobre el Congreso, un movimiento que reactivó la interna con los Menem.
Esto, como era previsible, reactivó la interna con los Menem, que se apresuraron a mostrarse en el Senado, para marcar el territorio.
Bullrich con senadores peronistas en medio de la sesión de este viernes.
El proyecto busca incentivar a la gente a ingresar sus dólares al sistema, supuestamente blindándolos del cualquier intento de persecución de futuras administraciones, aunque es materia de debate entre especialistas hasta que punto esto es así.
Por eso, fuentes del gobierno confirmaron a LPO, que en la previa del envío del proyecto al Congreso, se intensificaron las consultas con tributaristas, penalistas y expertos en lavado, para afinar la iniciativa que busca devolverle el principio de inocencia a todos los ahorristas.
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