El juez federal Sebastián Ramos procesó por los delitos de «abuso de autoridad» y «lesiones leves» al policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por tirarle gas pimienta en la cara a una nena de 10 años y su madre en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024. El juez consideró que Rivaldi se apartó del protocolo para manifestaciones y «arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad». En aquel momento, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, y periodistas alineados al gobierno nacional, intentaron instalar la fake news de que el gas había sido arrojado por una activista de derechos humanos. De hecho, con el respaldo del Gobierno, Rivaldi siguió participando de los salvajes operativos represivos contra las marchas de jubilados/as, que ya dejaron decenas de personas heridas, como los casos de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.
En las últimas horas de este jueves 29 de mayo, el juez Sebastián Ramos decidió disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, del policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por los delitos de «abuso de autoridad en concurso real» y «lesiones leves», por arrojarle gas pimienta en la cara a Fabrizia (niña de 10 años) y a su madre Carla Pegoraro en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024.
En el fallo, que se da en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada, el juez consideró que el agente se apartó del protocolo para manifestaciones: «actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo. Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad. Apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción«, aseguró en el escrito judicial.
«El agente se encontraba de pie, en una posición de dominio, y aún así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres. Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional», concluye el fallo, en respuesta al extenso descargo de 60 páginas que presentó en su defensa el agente Rivaldi, en el que sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder, que nunca vio a una niña en la escena y que «si la hubiera visto, la habría retirado del lugar».
Respaldado como Chocobar, tras gasear a una nena y su madre, Rivaldi siguió reprimiendo en las marchas de jubilados/as
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el policía bonaerense Luis Chocobar fue recibido en Casa Rosada, respaldado como un héroe por la entonces también ministra de Seguridad Patricia Bullrich y convertido en un emblema de la política de seguridad de la llamada «Doctrina Bullrich», quien había sido condenado por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un joven asaltante de 18 años que en 2017 huía luego de haber apuñalado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca.
En el caso del policía Cristian Rivaldi, esta vez no hubo fotos como forma de respaldo gubernamental, pero sí Bullrich y periodistas alineados al gobierno de Mauricio Macri intentaron instalar una operación de prensa, tras los hechos represivos en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso, luego de que se viralizara en los medios de comunicación y en las redes sociales la imagen de Fabricia Pegoraro, la nena de 10 años, y su madre Carla, gaseadas por el policía Rivaldi cuando estaban indefensas en piso.
Rápidamente, Bullrich y los medios afines intentaron instalar la fake news de que quien había arrojado el gas era una activista de derechos humanos vestida con mameluco naranja. Luego, tras la contundencia de las imágenes del accionar represivo de Rivaldi, tuvieron que retroceder. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia y Amnistía Internacional remarcó que «los niños/as no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas».
Sin embargo, unos días después, a pesar de las repercusiones por su indiscriminado y salvaje accionar, Cristián Rivaldi siguió participando de los operativos represivos. Hasta ahora, que fue procesado por el juez Sebastián Ramos.
Mientras, en este contexto de naturalización de la violencia institucional por parte del gobierno nacional, que se evidencia en las repetidas represiones salvajes de las diversas fuerzas de seguridad a las tradicionales marchas de jubilados/as de cada miércoles frente al Congreso, la cantidad de personas heridas van en aumento.
Algunos de los casos más recordados son los de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero.
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