Triunfo de LLA en Neuquén: Nadia Márquez celebró el respaldo popular

 

La Libertad Avanza (LLA) logró cuatro bancas en el Congreso Nacional por Neuquén, consolidando su presencia en la política provincial y nacional. Nadia Márquez destacó el rol de fiscales y la estrategia del partido, mientras celebraba un resultado que sorprendió a propios y extraños.

La actual diputada nacional y senadora electa, expresó su satisfacción tras la jornada electoral en una entrevista con AM Cumbre 1400: “Felices realmente, agotados por la jornada y por lo poco que dormimos, pero muy contentos y agradecidos a los neuquinos por habernos elegido”, afirmó.

El resultado tuvo un impacto visual inmediato en el mapa político del país, teñido de violeta, color característico del partido liderado por el presidente Javier Milei. Márquez señaló que pocas provincias permanecen en celeste, destacando el alcance nacional del triunfo y el rechazo al populismo.

El rol de los fiscales y el compromiso de la militancia

La legisladora resaltó la importancia de la participación ciudadana en el éxito electoral. 1.700 fiscales voluntarios trabajaron en Neuquén, cumpliendo un rol clave en la transparencia del proceso: “Gente joven, gente mayor, todos comprometidos con las ideas y el modelo de país que queremos”, explicó Márquez, destacando el llamado del presidente Milei a la participación activa de todos los miembros del partido.

Controversias y resistencia electoral

Durante la campaña, carteles en contra de Márquez aparecieron en la ciudad. Sin embargo, lejos de perjudicarla, estos incidentes reforzaron su imagen: “La gente le sacó tarjeta roja a esa forma de hacer política nociva, sucia. Fue tan grotesco que la gente dijo ‘no queremos más esto’”.

Además, las redes sociales jugaron un papel fundamental para contrarrestar tácticas adversas y amplificar las propuestas del partido, consolidando la conexión con los votantes locales.

¿Quienes serán los nuevos representantes?

A partir del 10 de diciembre, Nadia Márquez asumirá como senadora nacional, dejando su banca de diputada a Gabriela Muñoz, quien completará el mandato. El triunfo también permitió la incorporación de Gastón Riesco y Soledad Mondaca como diputados nacionales, esta última representando a Rincón de los Sauces. “Logramos una segunda banca, doblando y un poco más a Unión por la Patria. Fue la frutilla del postre”, celebró Márquez.

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    El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que marca el cierre de una etapa clave en la obra energética más importante de las últimas décadas en la Argentina. “Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck durante el acto.

    Una obra que une producción y exportación

    El ducto, de 437 km de extensión, conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta llegue a la costa rionegrina para su exportación. Esta conexión consolida un nuevo corredor energético que transformará la matriz productiva nacional y fortalecerá la inserción de la provincia en el mapa internacional del sector hidrocarburífero.

    La obra se desarrolló bajo altos estándares de calidad y seguridad, e implicó 76 cruces especiales sobre rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados y la instalación de tres campamentos móviles. Miles de trabajadores participaron en las tareas, consolidando una de las operaciones logísticas más grandes del país.

    En octubre, la unión transitoria de empresas conformada por Techint y Sacde alcanzó un récord de 175 uniones diarias y más de 4 km de avance en una sola jornada. Este ritmo permitió completar el tramo principal del ducto antes de lo previsto, destacando la eficiencia técnica y la coordinación entre los equipos públicos y privados.

    Próximos pasos y etapas técnicas

    El siguiente paso será la ejecución de las soldaduras lineales complementarias y el cruce subterráneo del río Negro, programado para diciembre de 2025. Una vez finalizados estos trabajos, comenzarán las pruebas hidráulicas y de presión, paso previo al inicio de las exportaciones proyectadas para diciembre de 2026.

    Durante la ceremonia, Weretilneck destacó que “es un día histórico para Río Negro y para la Argentina” y subrayó el valor estratégico del proyecto. “Estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica”, señaló, al resaltar el esquema de cooperación público-privada que hizo posible la obra.

    El mandatario remarcó que “esas condiciones dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan”.

    Impacto económico y desarrollo provincial

    VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliarse hasta 550.000 barriles diarios. Según las proyecciones oficiales, el proyecto generará ingresos para Río Negro por más de US$ 1.000 millones en los próximos 13 años, derivados de regalías, tasas y aportes vinculados a la actividad.

    Además, el Bono VMOS, por un monto de US$ 60 millones, ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad, fortaleciendo la infraestructura pública y los servicios provinciales.

    El gobernador resaltó el esfuerzo conjunto entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores, que “consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece la cadena de valor regional”.

    Punta Colorada: nodo logístico del futuro

    El proyecto también posiciona a Río Negro como un nodo logístico estratégico, capaz de articular la producción de la cuenca neuquina con la infraestructura portuaria del Golfo San Matías. La terminal de Punta Colorada se convertirá en un nuevo punto de salida para el petróleo argentino, permitiendo la carga de buques de gran porte a través de monoboyas instaladas mar adentro.

    En el predio se construyen seis tanques de almacenamiento de 120.000 m3 cada uno, dos de los cuales ya completaron sus estructuras principales. Los restantes avanzan en las etapas de impermeabilización, protección catódica y montaje de domos, junto con caminos internos y obras de drenaje.

    Frentes activos y avance de la obra

    Según el área provincial de Hidrocarburos, en la cabecera de bombeo de Allen se realizan tareas de movimiento de suelo, montaje de tanques y fundaciones eléctricas, además del prefabricado de cañerías y drenajes. En la estación de bombeo de Chelforó (EB1) se instalan bases premoldeadas, pórticos eléctricos y fundaciones de sala técnica, con avances en hormigón y soldaduras de ajuste.

    En paralelo, entre Allen y Chelforó se completaron las pruebas hidráulicas y se avanza con el soplado de fibra óptica y los empalmes de cañería, mientras que el tramo Chelforó–Punta Colorada se prepara para el inicio de la fase constructiva final, pendiente de la autorización definitiva para el cruce del río Negro.

    Un proyecto estratégico para el país

    Con una inversión estimada en US$ 2.000 millones, el Oleoducto Vaca Muerta Sur contará con cuatro estaciones de bombeo, 28 válvulas de bloqueo y una capacidad inicial de 390.000 barriles diarios, ampliable a 550.000 en 2027.

    A nivel nacional, su puesta en marcha representa un salto en la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad del sector energético argentino.

    Integración y futuro energético

    El Gobierno de Río Negro acompaña el proceso promoviendo la participación de pymes y trabajadores rionegrinos en la cadena de valor del proyecto, tanto en la etapa constructiva como en la futura operación.

    Weretilneck concluyó que este avance “demuestra que cuando el Estado trabaja en conjunto con el sector privado y las comunidades, se logran resultados que trascienden gestiones y consolidan futuro”. Con la última soldadura completada, la provincia se prepara para una nueva etapa en su historia energética, con la vista puesta en el crecimiento sostenido y la integración al mercado global del petróleo.

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    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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