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Patricia Bullrich cambió de estrategia con el peronismo en el Senado ante el riesgo de que Karina Milei la aísle como lo hizo con Victoria Villarruel. La exministra de Seguridad aceptó al filo del fin de semana otorgarle al interbloque de José Mayans seis lugares en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto y otros seis en la de Asuntos Constitucionales, acaso más importante que la primera porque por ahí debería tramitarse la discusión sobre la reforma política que impulsa Javier Milei.

En la de Relaciones Exteriores, el formoseño anotó los nombres de Marcelo Lewandowski, Juan Manzur, Jorge Capitanich, Adán Bahl, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, mientras que para la de Asuntos Constitucionales todavía no se conoce el detalle de los senadores que se sumarán.

El giro de la jefa de la bancada libertaria se produce después de una refriega que duró todo el verano con Mayans y el PJ, que reclamaban el respeto a la proporcionalidad de los bloques para la integración de las comisiones. De hecho, el peronismo sigue sin incorporarse a la comisión de Acuerdos, la que discute los pliegos de los jueces, porque allí Bullrich sólo le dejó tres sillas.

Un senador libertario admitió ante LPO que «se hizo un esfuerzo para ajustar lo que se podía en las comisiones donde no había conformación completa». Aunque reconoció que el peronismo «está abajo» de lo que correspondería por representación en la comisión de Acuerdos, reivindica como un hecho positivo «la voluntad de compensar y dar lugares» en las otras.

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Sin embargo, un colega de su bloque admitió que la maniobra no se concretó sin hacer las cuentas. «Entiendo que los números siguen siendo favorables de la comisión, eso da tranquilidad», dijo.

Fuentes parlamentarias argumentan que a Bullrich no le quedó otra que aceptar las condiciones del peronismo porque el gobierno está complicado para conseguir las voluntades que necesita en el debate de la eliminación de las PASO, la reforma de la Boleta Única de Papel (BUP) y el financiamiento de las campañas políticas. La especulación, en base a los primeros contactos informales, es que ni los gobernadores radicales ni los peronistas quieren suprimir las primarias pero que los representantes del PJ en la Cámara Alta podrían aceptar la modificación del reglamento de la BUP, para que se establezca la validez del tilde en el primer tramo para producir efecto arrastre en el resto de la tira.

Di Tullio, Bahl y Capitanich.

Además, la ex ministra de Seguridad observa en cada reunión de mesa política como el gobierno queda cada vez más absorbido por Karina y la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso es administrada por Martín Menem, de relación directa con la hermana presidencial. En términos formales, Milei no tiene otro interlocutor en el Senado que la propia Bullrich porque no hay diálogo con Villarruel ni tampoco con el presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala.

La tortuosa construcción libertaria con Bullrich habría terminado beneficiando al peronismo en el mismo terreno donde venía perdiendo desde el recambio legislativo de diciembre. «Siempre existe un lado bueno», celebró un senador peronista de larga experiencia y agregó: «la verdad es que no entiendo ninguna decisión que esté en contra del reglamento interno, está claro en artículo 91 y también en 93, así que debería saldarse esa discusión absurda».

La tortuosa construcción libertaria con Bullrich habría terminado beneficiando al peronismo en el mismo terreno donde venía perdiendo desde el recambio legislativo de diciembre. ‘Siempre existe un lado bueno’, celebró un senador peronista.

Frente a esa situación, Capitanich presentó dos proyectos propios, uno para convertir las PASO en una competencia voluntaria u optativa y otro para «garantizar transparencia, regular la publicidad digital y asegurar financiamiento electoral claro y trazable».

También el radical Eduardo Vischi elaboró uno para que las primarias «dejan de ser obligatorias para los ciudadanos, eliminando la sanción o carga pública de asistir». Su iniciativa, según su entorno, «admite la preinscripción de los electores, optimizando la organización del acto electivo; posibilita que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia; y establece un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante».

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 Paolo Rocca volvió a quedarse con las manos vacías en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Esta vez no fue por los caños, sino por la obra civil del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. En el tablero donde se define quién captura la renta de la infraestructura, el grupo Techint volvió a perder terreno.

La licitación para la construcción del ducto del consorcio Southern Energy quedó en manos de la UTE Víctor Contreras – SICIM. La decisión fue unánime. Y el contrato ya está firmado. En el sector lo leen como otro golpe directo a la estructura industrial que durante años dominó este tipo de obras.

El proyecto lo impulsa San Matías Pipeline, un vehículo de inversión integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Son los mismos socios que avanzan en el esquema de exportación de GNL con buques licuefactores. Pero tuvieron que dividir la ingeniería financiera: un vehículo para producir y otro para transportar. Dos RIGI distintos, dos apuestas en paralelo.

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La licitación se hizo con un formato que buscó blindarse de cuestionamientos. Todo corrió por una plataforma digital, con trazabilidad completa del proceso. La apertura de sobres económicos fue ante escribano. Se evaluaron aspectos técnicos, financieros y económicos. El mensaje fue claro: evitar cualquier sospecha en un proyecto donde los márgenes son finos y los intereses enormes.

El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. A eso se suma una planta compresora de 46.000 HP que se instalará en el kilómetro 80 de la traza. 

El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios.

En la compulsa participaron cinco oferentes para el ducto: Víctor Contreras – SICIM; Techint – SACDE; Contreras – Bonatti – Pumpco; OPS; y BTU. Para la planta compresora compitieron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. El resultado fue categórico: el tendido quedó para la UTE Víctor Contreras – SICIM y la compresora para Oilfield Production Services (OPS).

La clave estuvo en los números. La oferta ganadora fue 85 millones de dólares más baja que la de sus competidores. Pero no fue solo precio. También pesó la flexibilidad: no pidió anticipo, ofreció mejores garantías de cumplimiento y un esquema de reaseguro más sólido. En proyectos donde cada dólar cuenta, esos detalles inclinan la balanza.

No es un hecho aislado. A principios de año, Tenaris -la subsidiaria de Techint- ya había perdido la licitación de los caños frente a la india Welspun. Aquella derrota tuvo eco político. El presidente Javier Milei cargó contra Rocca en varias oportunidades. Lo bautizó «Don Chatarrín de los tubitos caros». Lo dijo en Nueva York y lo repitió esta semana en la Fundación Libertad.

En el sector energético la secuencia se sigue como una serie. Primero los tubos. Ahora la obra civil. Dos capítulos que muestran cómo el mapa de proveedores se reconfigura.  «Esto ya no es un club cerrado», comentaron a LPO desde una de las empresas.

La escena tiene algo de ironía. El grupo que durante décadas fue sinónimo de integración industrial en la Argentina hoy observa desde afuera cómo avanzan proyectos clave.