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La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
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El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
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La Liga Naval Argentina elevó una nota formal a la Embajada de Estados Unidos en la que expresa su preocupación por las iniciativas de desregulación del transporte marítimo y fluvial en el país impulsada por Federico Sturzenegger.
El organismo dice que estas políticas podrían favorecer el avance de intereses extranjeros -particularmente chinos- sobre sectores estratégicos de la navegación nacional.
En el documento sostiene que una apertura amplia del cabotaje podría provocar un fuerte deterioro de la marina mercante argentina y alterar el equilibrio geopolítico en el Atlántico Sur.
Según el planteo, la medida permitiría que empresas vinculadas al Estado chino operen en rutas marítimas y fluviales argentinas sin exigencias equivalentes a las que enfrentan los actores locales.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos.
En ese sentido, señalan que mientras las Fuerzas Armadas impulsan acciones destinadas a fortalecer la vigilancia y el control del mar argentino frente a la actividad de flotas extranjeras, especialmente pesqueras, una apertura del cabotaje facilitaría el ingreso de actores vinculados al gobierno chino a sectores considerados sensibles.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos
El documento también cuestiona la efectividad de las medidas anunciadas para exigir la contratación de tripulaciones del Mercosur en embarcaciones extranjeras. Según la entidad, esa condición resultaría insuficiente para garantizar una participación real de intereses nacionales, ya que los armadores mantendrían el control operativo y comercial de los buques.
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos.
Bajo ese diagnóstico, la Liga Naval Argentina solicitó formalmente una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos para ampliar los argumentos expuestos y analizar las implicancias que, a su juicio, tendría la reforma para la seguridad hemisférica, el comercio regional y la presencia estratégica en el Atlántico Sur.
La gestión se produce en medio del debate abierto en torno a la desregulación del sector marítimo argentino y refleja la preocupación de sectores vinculados a la marina mercante y la defensa nacional por el impacto que podrían tener los cambios regulatorios sobre la soberanía económica y el posicionamiento geopolítico del país.
En la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo
Un militar al tanto de la situación afirmó a LPO que el informe ya está en manos de Peter Lamelas y reveló que «en la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo».
En este contexto, especialistas de la Liga Naval han confeccionado un minucioso informe sobre los perjuicios que tendría para la soberanía nacional y la defensa, la presencia, la desaparición de una marina mercante de bandera y su reemplazo por una flota extranjera.
«Esti es un problema, sea cual sea la bandera. Porque acá es lo mismo que sean chinos, turcos o rusos. La diferencia es que los chinos no tienen problema en perder plata. Los alemanes no van a venir a perder plata acá porque no les interesa. A los chinos sí», concluyó.
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