Encuesta Inédita – El municipio con más candidatos

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Miguel Pichetto desenmascaró la falta de argumentos jurídicos, políticos y económicos del gobierno para sancionar la reforma laboral. Después de impugnar la derogación de los estatutos en general y el del periodista en particular, el diputado rionegrino dijo que «no hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar» y subrayó lo que se dijo públicamente desde que se presentó el proyecto: «fue abordado por los grandes estudios de Buenos Aires vinculados con los sectores empresarios».

Según el legislador, la reforma en debate «deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va a un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector más fuerte de la relación laboral, que es el sector empresario». «Revisando la ley y buscando esforzadamente para ver si había algún elemento o algún punto que favoreciera al trabajador, puedo decir que no hay ninguno», agregó.

Completamente alejado de la narrativa predominante entre los liberales, consideró que los autores de la norma «se meten con el cálculo de despido para hacer una indemnización más débil, más frágil y que, indudablemente, es la búsqueda para no darle al trabajador lo que le corresponde». «Armaron un sistema híbrido que se llama FAL, que es el fondo de asistencia a despidos, en donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio», precisó.

Tal como anticipó LPO, Pichetto expresó que «el FAL es un fondo creado para el negocio financiero del ministro Caputo, supuestamente para asistir a los fondos de despido de las empresas». «Vamos a ver, yo creo que va a servir de soporte, como siempre, al gobierno, que cuando necesite algún crédito, va a estar el fondo que se va a conformar con una parte sustancial del fondo de sustentabilidad», vaticinó.

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Pichetto también reprochó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. «Se meten con el sistema institucional que regula el mundo del trabajo y no le avisaron a nadie, optaron directamente por avanzar con todo y liquidaron el fuero laboral», se quejó. 

A su entender, los impulsores del proyecto creen que «la nueva justicia laboral que va a analizar las cuestiones individuales de contratos de trabajo va a ser conformada por la Ciudad y se presume que va a estar más vinculada al sector empresario». «Lo quiero ver este tema. Vamos a ver cómo funciona este sistema, no vaya a ser cosa que termine siendo peor», alertó.

También pronosticó que sería peor el sistema de convenios por empresa. «En la primera etapa, el empresario grande puede tratar de conformar un sindicato más cercano pero, en la segunda etapa, ese sindicato va a ser tomado por un sector de la base que tiene una vinculación indiscutida con la izquierda», explicó, y citó los casos de la fábrica recuperada Zanón y el Hotel Bauen. Para Pichetto, la gestión sin patrón «ha terminado fundiendo la empresa» en ambos casos.

Además, indicó que «se pierde una gran oportunidad para abordar un tema del trabajo hoy en la Argentina, que es el trabajo de las plataformas, un trabajo de opción desesperada cuando el hombre pierde el trabajo formal o incluso el trabajo informal, donde pierde el sistema de contención laboral y va a buscar en la plataforma una salida de emergencia para su propia vida».

Se meten con el sistema institucional que regula el mundo del trabajo y no le avisaron a nadie, optaron directamente por avanzar con todo y liquidaron el fuero laboral.

Finalmente, alertó que «esta ley se instala en un marco de recesión profunda con cierre de empresas». «Les recuerdo que es China el tema: cuando entra China, liquida todo, depreda todo y no se puede competir con China», graficó.

En ese sentido, Pichetto aseguró que «este esquema de libre comercio no funciona». «Ya que lo quieren tanto a Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección y de defensa de la empresa nacional, como hace el presidente norteamericano?», concluyó.

 

 

La firma estadounidense Excelerate Energy opera desde hace años el buque regasificador en Bahía Blanca. Ese barco transforma el gas natural licuado importado en gas apto para inyectar en la red troncal. Hasta ahora su negocio fue ese: cobrar por el servicio de regasificación. La novedad es que el gobierno oficializó su inscripción también como comercializadora e importadora de GNL. 

El movimiento coincide con la reorganización del esquema de compras externas que impulsa el Gobierno. Desde fines de enero, el Gobierno puso en marcha una profunda reorganización del esquema de compras externas de gas natural licuado (GNL) que hasta ahora estaba centrado en empresas bajo el control del Estado como ENARSA y Cammesa, que actuaban como comprador y intermediario directo para cubrir los picos de consumo invernal.  

Ese modelo implicaba que el Estado contrataba buques en el mercado internacional a precios globales (por ejemplo, entre USD 12 y USD 17 por millón de BTU), y luego vendía ese gas a las distribuidoras a valores tres veces menores, en línea con el Plan Gas, subsidió la diferencia con recursos fiscales. 

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El nuevo diseño, formalizado en la Resolución 33/2026, apunta a seleccionar mediante licitación pública a un único operador privado que concentre la compra de GNL en el exterior, coordine la logística marítima y comercialice el gas regasificado en el mercado local, utilizando la terminal de Escobar como nodo clave. 

Esa decisión implica retirar al Estado de su rol de intermediario y plantea un interrogante central: cómo se trasladarán los costos internacionales al mercado interno y hasta qué punto el viejo esquema de subsidios será reemplazado o reajustado para que el costo del gas no termine recayendo sobre la demanda residencial e industrial sin amortiguación estatal.

Si Excelerate logra convertirse en el único importador, tendría dos fuentes de renta. Por un lado, el margen comercial sobre el GNL que compra en el exterior. Por otro, el canon por regasificar ese mismo gas. Esa doble condición le permitiría ofrecer precios más agresivos en la licitación de compras de gas para el invierno.

La Unidad Transitoria de Empresas (UTE) que integran YPF y ENARSA concentra la coordinación operativa y los servicios portuarios, incluido el tramo de unos 50 kilómetros de gasoducto que conecta el puerto con la red nacional. Allí está el nudo del negocio. 

Si Excelerate logra convertirse en el único importador, tendría dos fuentes de renta. Por un lado, el margen comercial sobre el GNL que compra en el exterior. Por otro, el canon por regasificar ese mismo gas. Es una integración vertical completa. Compra, trae, transforma y entrega. Todo en una misma estructura. 

En el sector privado admiten que esa doble condición le permitiría ofrecer precios más agresivos en la licitación frente a la UTE. Puede resignar margen en la comercialización y compensarlo con la tarifa de regasificación. O viceversa. La competencia pura se vuelve más difusa cuando un mismo jugador maneja dos eslabones críticos de la cadena. 

El encargado del área de Energía, daniel González.

En 2025 Argentina importó alrededor de 22 cargamentos de gas natural licuado (GNL) para atender la demanda, según licitaciones adjudicadas por la empresa estatal ENARSA para abastecer los picos invernales por un monto total cercano a USD 600 millones. 

Este patrón de importaciones en 2025 muestra que, pese a Vaca Muerta, el país sigue dependiendo fuertemente del GNL importado en los meses más fríos para sostener el suministro energético. El que controle esa canilla, controla un flujo de divisas clave. 

El GNL sigue siendo el seguro de última instancia. Un ex funcionario del área energética lo resumió así: «No es lo mismo contratar un servicio que depender de un proveedor integral. Cuando el mismo actor fija el precio del gas y además cobra por regasificarlo, la capacidad de negociación del Estado se achica». 

El ex funcionario aclaró que «la cuestión no es ideológica», aunque inevitablemente tiene implicancias políticas. «El capitalismo necesita reglas claras y organismos que eviten abusos de posición dominante. Cuando un actor concentra importación, logística y transformación, el mercado deja de ser un mercado y se parece más a un embudo», apuntó. 

No es lo mismo contratar un servicio que depender de un proveedor integral. Cuando el mismo actor fija el precio del gas y además cobra por regasificarlo, la capacidad de negociación del Estado se achica.

Excelerate, por su parte, argumenta que su experiencia técnica y su presencia global le permiten optimizar costos. Opera en distintos continentes y negocia volúmenes significativos de GNL en el mercado internacional. En un contexto de volatilidad de precios, esa escala puede ser una ventaja. Pero la pregunta es otra. ¿Puede el Estado garantizar que esa ventaja no se traduzca en dependencia estructural? Porque el gas no es un producto más. Es insumo industrial, calefacción domiciliaria y generación eléctrica. Es economía real. 

El antecedente reciente de crisis energéticas mostró que cuando falta gas, el costo lo paga la producción. Paradas de plantas, cortes a industrias, mayores subsidios. La energía es como el sistema circulatorio de la economía: si se obstruye, el cuerpo entero se resiente. 

En un país que todavía destina millones de dólares a equilibrar su balanza energética, cada decisión pesa. El avance de Excelerate abre una discusión que excede una licitación. Se discute quién maneja el flujo del gas en los meses críticos. Y, en el fondo, quién fija las condiciones de un mercado estratégico.