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En 1880, la guerra entre Nicolás Avellaneda y Carlos Tejedor terminó con la federalización de Buenos Aires y cambió para siempre la organización política argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
El 24 de agosto de 1880, mientras la Argentina todavía intentaba cerrar las heridas abiertas por décadas de guerras civiles, la ciudad de Buenos Aires no era todavía exactamente la ciudad que conocemos hoy. Era, al mismo tiempo, capital de la Nación y capital de la provincia más poderosa del país, una superposición que escondía un conflicto mucho más profundo: quién controlaba el principal puerto, quién administraba las rentas aduaneras y, sobre todo, dónde debía residir el poder efectivo de un Estado nacional que todavía no había conseguido imponerse completamente sobre los intereses de las provincias y sobre el enorme poder económico y político de Buenos Aires. Aquel problema había atravesado buena parte del siglo XIX y volvió a estallar violentamente en 1880, cuando el gobernador bonaerense Carlos Tejedor se levantó contra el proyecto de federalización impulsado por el presidente Nicolás Avellaneda. La confrontación terminó con combates en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, el traslado del gobierno nacional al entonces pueblo de Belgrano y, finalmente, con una decisión que cambió para siempre la geografía política argentina: Buenos Aires dejó de pertenecer institucionalmente a la provincia y pasó a ser la Capital de la República.
Una capital que pertenecía a dos poderes
El problema venía desde la organización nacional posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas. En 1853, las provincias habían sancionado una Constitución que establecía un régimen federal y disponía que la capital debía ser una ciudad federalizada, pero Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación durante casi una década. La reunificación producida después de Pavón no resolvió completamente la cuestión porque la provincia porteña conservaba un peso económico excepcional derivado de su puerto y de las rentas aduaneras. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado nacional fue construyendo instituciones comunes, un Ejército nacional y un aparato administrativo cada vez más importante, pero la cuestión de la capital continuó pendiente. El conflicto no era meramente administrativo: detrás de la discusión sobre dónde debía funcionar el gobierno se encontraba la disputa por el control de los recursos que permitían financiar al Estado.
La contradicción resultaba evidente. Buenos Aires era la sede de las autoridades nacionales, pero también era territorio de la provincia de Buenos Aires y estaba gobernada por autoridades provinciales que respondían a intereses propios. En una Argentina donde el puerto porteño concentraba buena parte del comercio exterior, esa situación otorgaba a la provincia una capacidad de presión que ninguna otra jurisdicción poseía. Por eso la federalización de la ciudad significaba mucho más que cambiar un domicilio: implicaba separar el centro político de la Nación del poder territorial de la provincia, otorgando al Gobierno nacional jurisdicción directa sobre el lugar donde funcionaban sus instituciones.
Cuando Avellaneda avanzó decididamente hacia esa solución, encontró la resistencia del autonomismo porteño. Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se convirtió en el principal opositor al proyecto y comenzó a organizar fuerzas militares, mientras el Gobierno nacional también reforzaba su capacidad defensiva. El enfrentamiento fue adquiriendo una intensidad que hacía cada vez más probable una salida armada. La disputa por la capital, que podía parecer una cuestión jurídica para los historiadores posteriores, estaba a punto de convertirse nuevamente en una guerra entre argentinos.
Belgrano, capital de emergencia
La situación llegó a un punto crítico en junio de 1880. Tejedor se preparó para resistir la federalización y el Gobierno nacional decidió trasladar temporalmente sus autoridades fuera de la ciudad. Avellaneda y el Congreso se instalaron en Belgrano, que por entonces era un pueblo ubicado en las afueras de Buenos Aires y que hoy forma parte de la Ciudad Autónoma. El edificio donde funcionaba la municipalidad de Belgrano se convirtió en sede de las instituciones nacionales y allí sesionó el Congreso que terminaría sancionando la ley de federalización. El lugar es actualmente el Museo Histórico Sarmiento y conserva la memoria de aquellos meses en los que un barrio porteño fue, literalmente, el centro político de la República.
Mientras las autoridades nacionales se refugiaban en Belgrano, la tensión se transformaba en combate. Las fuerzas de Tejedor se enfrentaron con tropas nacionales en distintos puntos del área metropolitana, entre ellos Puente Alsina, Corrales y Barracas, mientras la escuadra nacional bloqueaba Buenos Aires. La magnitud de los enfrentamientos demostró que la cuestión de la capitalización no podía resolverse mediante una simple negociación entre dirigentes: los sectores enfrentados estaban dispuestos a utilizar la fuerza para imponer sus respectivos proyectos de organización nacional.
La derrota de Tejedor selló el desenlace. El gobernador bonaerense renunció y el proyecto de federalización quedó finalmente liberado de la resistencia armada que había impedido concretarlo durante décadas. El 20 de septiembre de 1880, el Congreso sancionó la Ley 1029, que declaró capital de la República al municipio de Buenos Aires bajo sus límites existentes. La norma estableció además que los establecimientos y edificios públicos situados en la ciudad quedarían bajo jurisdicción nacional, aunque mantuvo determinadas propiedades provinciales y dispuso mecanismos para resolver la transferencia de bienes y competencias.
El proceso no fue simplemente una victoria militar de Avellaneda sobre Tejedor. Fue la resolución de una disputa que había acompañado prácticamente toda la organización constitucional del país. La ley convirtió una cuestión largamente discutida en una realidad institucional: la Nación tendría por fin una capital que no dependiera políticamente de una provincia.
El nacimiento de una ciudad que ya no pertenecía a la provincia
La federalización produjo una consecuencia que muchas veces queda escondida detrás de la fecha y del texto de la ley: Buenos Aires tuvo que dejar de ser la capital de la provincia que llevaba su mismo nombre. La provincia necesitaba entonces construir una nueva sede administrativa y política. El gobernador Dardo Rocha impulsó la creación de una nueva capital y en 1882 fue fundada La Plata, concebida desde el comienzo como una ciudad planificada y monumental destinada a reemplazar a Buenos Aires como capital bonaerense.
La creación de La Plata demuestra hasta qué punto la federalización alteró el territorio argentino. No se trataba solamente de una modificación de jurisdicciones sobre un mapa: implicaba crear una nueva capital provincial, reorganizar oficinas públicas, trasladar instituciones y redefinir las relaciones entre la provincia y la Nación. Buenos Aires, mientras tanto, comenzó a desarrollar una identidad política propia como capital federal, aunque durante mucho tiempo seguiría siendo también el centro económico, financiero, cultural y demográfico de todo el país.
La nueva situación exigió además la creación de estructuras específicamente nacionales para administrar el territorio federalizado. En diciembre de 1880, por ejemplo, la Nación recibió la Policía de Buenos Aires y creó la Policía de la Capital, destinada a garantizar el ejercicio de la autoridad nacional sobre la ciudad. El primer jefe fue Marcos Paz, designado por Julio Argentino Roca, quien había asumido la Presidencia el 12 de octubre de ese año.
La federalización también abrió una nueva etapa política. El Estado nacional pudo consolidar su presencia institucional y avanzar durante las décadas siguientes en la construcción de una administración centralizada, mientras el país ingresaba en un período de crecimiento económico, expansión ferroviaria, inmigración masiva y desarrollo del modelo agroexportador. La etapa que comenzó alrededor de 1880 suele ser presentada como la consolidación del Estado nacional, aunque esa consolidación tuvo también sus contradicciones: el poder político quedó concentrado en una elite estrecha y el Partido Autonomista Nacional dominó durante décadas la estructura institucional.
La guerra que terminó dibujando el mapa político argentino
La historia de la federalización de Buenos Aires permite entender que la construcción del Estado argentino estuvo lejos de ser un proceso pacífico y lineal. Durante décadas, la disputa entre Buenos Aires y las provincias había enfrentado proyectos económicos y políticos diferentes, y la cuestión de la capital condensaba todos esos conflictos. Quién controlaba Buenos Aires tenía una importancia que excedía ampliamente a la ciudad, porque significaba controlar el principal centro económico del país, el puerto y buena parte de las herramientas materiales necesarias para ejercer el poder nacional.
Por eso resulta significativo que la ley que finalmente convirtió a Buenos Aires en Capital Federal haya sido sancionada después de una guerra interna. El edificio donde hoy funciona el Museo Histórico Sarmiento recuerda justamente esa circunstancia: durante algunos meses, el Estado argentino tuvo que abandonar su sede habitual porque la ciudad que debía ser capital era, al mismo tiempo, el territorio de un gobernador que se rebelaba contra el poder nacional.
A partir de entonces, la relación entre Buenos Aires y la Nación quedó definitivamente transformada, aunque no desapareció la tensión entre el poder concentrado en la capital y el resto del territorio. La Argentina que surgió de 1880 consiguió construir un Estado nacional mucho más fuerte, pero también consolidó una estructura territorial profundamente centralizada alrededor de Buenos Aires, una característica que continuaría generando debates durante todo el siglo XX y que todavía forma parte de las discusiones sobre federalismo, distribución de recursos y concentración económica.
La paradoja histórica es que la federalización buscaba resolver el problema de Buenos Aires como poder autónomo y terminó convirtiendo a la ciudad en el centro indiscutido de la Nación. La provincia perdió su capital histórica y recibió una nueva; el Estado nacional obtuvo jurisdicción sobre la ciudad, pero Buenos Aires comenzó a concentrar una influencia política, económica y cultural todavía mayor. La guerra de 1880 puso fin a una etapa de enfrentamientos por la organización territorial del país, pero también dejó instalada una pregunta que la Argentina nunca terminó de resolver completamente: cómo construir un verdadero federalismo cuando la capital concentra una parte tan extraordinaria del poder.
Aquel 24 de agosto de 1880, por lo tanto, no debe recordarse solamente como una fecha dentro de la larga lista de efemérides nacionales. Fue uno de los momentos en que la Argentina terminó de decidir dónde estaría su corazón político y, al hacerlo, también definió buena parte de su estructura territorial para el siglo siguiente. Buenos Aires dejó de ser la capital de una provincia para convertirse en la capital de todos, pero el precio de aquella solución fue una concentración que todavía hoy marca la vida nacional. La historia de la federalización no es solamente la historia de cómo se resolvió una vieja disputa entre porteños y provincianos: es la historia de cómo nació una Argentina políticamente unificada que, desde entonces, nunca dejó de discutir cuánto poder debía vivir en su capital y cuánto debía regresar al resto del país.
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José de San Martín no pensaba la independencia como un proyecto aislado para cada territorio. Su estrategia militar y política apuntaba a una América del Sur libre y capaz de decidir su propio destino.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay una imagen de José de San Martín que la escuela argentina repitió durante generaciones: el general sobre su caballo, cruzando los Andes, espada en mano, conduciendo al Ejército de los Andes hacia la liberación de Chile y, después, del Perú. Es una imagen verdadera, pero incompleta. Porque detrás de aquella extraordinaria operación militar existía una concepción política mucho más amplia que la simple independencia de las Provincias Unidas. San Martín no estaba pensando solamente en liberar un territorio; estaba pensando en impedir que América del Sur quedara nuevamente sometida a una potencia extranjera y en construir las condiciones para que los nuevos Estados pudieran sostener su propia soberanía. Su proyecto no puede separarse de la idea de una independencia continental, de la necesidad de coordinación entre los pueblos americanos y de su permanente preocupación por evitar que las disputas internas destruyeran aquello que la guerra contra España había permitido conquistar.
Por eso, cuando hoy utilizamos la expresión Patria Grande para interpretar el pensamiento sanmartiniano, no estamos diciendo que San Martín utilizara ese término en el sentido político contemporáneo. Estamos empleando una categoría posterior para describir una idea que aparece de manera reiterada en su actuación: las nuevas repúblicas americanas no podían pensarse completamente aisladas unas de otras. La frontera entre los proyectos independentistas no era para él una frontera política definitiva, sino una circunstancia dentro de una lucha mucho más amplia contra el dominio colonial. El Ejército de los Andes, la liberación de Chile y la expedición al Perú forman parte de una misma estrategia porque, desde su perspectiva, la independencia de una provincia o de un solo país no servía de mucho si el poder español conservaba capacidad militar suficiente para reconquistar el resto del continente.
La independencia como proyecto continental
San Martín había comprendido algo que resulta fundamental para entender su estrategia: España podía perder una batalla y seguir siendo una potencia capaz de recuperar territorios. Mientras el centro del poder colonial permaneciera intacto en el Perú, la independencia de los territorios del sur continuaría amenazada. Por eso su plan no consistió en avanzar directamente hacia Lima atravesando el Alto Perú, sino en buscar una vía alternativa: organizar el Ejército de los Andes, cruzar la cordillera, liberar Chile y desde allí avanzar por el Pacífico hacia el corazón del poder español en Sudamérica.
La operación implicaba una concepción política antes que militar. No se trataba simplemente de ganar batallas; se trataba de modificar el mapa estratégico de todo el continente. San Martín necesitaba que Chile fuera independiente porque necesitaba sus puertos, sus recursos y su posición geográfica para continuar la campaña hacia Perú. Necesitaba que Perú dejara de ser el principal bastión realista porque mientras allí existiera un poder español organizado, la independencia sudamericana permanecería incompleta.
La correspondencia de San Martín muestra que esta preocupación por la dimensión continental de la guerra era permanente. En sus comunicaciones con otros dirigentes insistía en la necesidad de coordinar esfuerzos y concentrar recursos para terminar con el poder español. Su famosa frase acerca de que la independencia del Perú era necesaria para asegurar la de Chile y la de las Provincias Unidas sintetiza una lógica que atraviesa toda su estrategia: la libertad de cada territorio dependía también de la libertad de los demás.
Por eso resulta difícil encerrar su pensamiento dentro de las fronteras nacionales que terminarían consolidándose décadas después. San Martín fue argentino, por supuesto, pero su actuación política y militar fue esencialmente americana. Combatió por las Provincias Unidas, pero también organizó la liberación de Chile y condujo la campaña libertadora del Perú. Su horizonte político era necesariamente mayor que el territorio de las Provincias Unidas.
Contra España, pero también contra cualquier dominación extranjera
Existe otro aspecto menos difundido de su pensamiento: para San Martín, la independencia no podía reducirse a cambiar una bandera por otra. Una nación que expulsara a un poder colonial para quedar inmediatamente sometida a otra potencia no habría conquistado una verdadera soberanía.
La cuestión era especialmente delicada porque las guerras de independencia sudamericanas coincidieron con una profunda transformación del equilibrio internacional. Gran Bretaña había adquirido una enorme importancia económica y naval; Francia mantenía ambiciones internacionales; España intentaba recuperar sus antiguas posesiones y Estados Unidos comenzaba a proyectar con mayor fuerza su influencia sobre el continente. Las nuevas repúblicas americanas nacían, por lo tanto, en un escenario internacional en el que su debilidad podía convertirlas rápidamente en objetos de disputa entre potencias.
San Martín observaba ese escenario con preocupación. Su correspondencia demuestra una permanente atención hacia la situación europea y hacia las posibilidades de intervención extranjera en América. La independencia política debía estar acompañada por capacidad para defenderla. De poco servía proclamar una república si no existían fuerzas capaces de proteger su territorio, sus recursos y sus decisiones.
En este punto aparece una idea profundamente moderna: la soberanía no consiste solamente en tener un gobierno propio, sino en disponer de la capacidad material para sostener las decisiones propias. Un país políticamente independiente pero económicamente vulnerable, militarmente indefenso o completamente dependiente de potencias extranjeras podía convertirse nuevamente en un territorio subordinado, aunque ya no existiera un virrey español.
Esa concepción ayuda a comprender por qué San Martín otorgó tanta importancia a la organización militar, a los recursos propios y a la coordinación entre los territorios americanos. La independencia debía poder defenderse.
El encuentro con Bolívar y el sueño que quedó incompleto
El episodio que mejor permite observar la dimensión continental del pensamiento sanmartiniano es, probablemente, su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en julio de 1822.
Ambos habían llegado a conclusiones estratégicas similares desde caminos diferentes. Bolívar había impulsado la independencia del norte de Sudamérica y San Martín había construido la campaña desde el sur. Los dos entendían que la derrota definitiva del poder español exigía terminar con el último gran bastión colonial en el Perú.
Lo que ocurrió exactamente durante aquellas conversaciones sigue siendo objeto de debate histórico. No existe una transcripción completa del encuentro y muchas de las versiones posteriores fueron construidas a partir de cartas, testimonios y reconstrucciones. Pero existe un dato que no necesita de ninguna leyenda: San Martín decidió retirarse del escenario peruano y dejó a Bolívar la conducción militar que terminaría derrotando definitivamente a las fuerzas españolas en Ayacucho en 1824.
La decisión es extraordinaria porque San Martín no abandonó Perú después de una derrota. Se retiró después de haber construido las condiciones para la independencia y cuando todavía podía aspirar a conservar una enorme influencia política.
La explicación se encuentra también en su concepción de la independencia. No quería transformar la guerra libertadora en una disputa personal por el liderazgo continental. Había diferencias políticas entre ambos dirigentes y existían cuestiones complejas respecto del futuro institucional del Perú, pero San Martín terminó priorizando una cuestión que consideraba superior: que la independencia pudiera completarse aunque él dejara de ser el protagonista.
Ese gesto tiene una dimensión política enorme. La historia suele recordar a los grandes líderes por su voluntad de poder. San Martín ofrece una imagen diferente: un dirigente que, después de haber construido una campaña militar extraordinaria, aceptó abandonar el centro de la escena cuando consideró que su permanencia podía dificultar el objetivo principal.
La Patria Grande que aparece en su pensamiento, entonces, no era solamente una consigna sentimental de unidad latinoamericana. Era también una estrategia concreta de supervivencia política frente a las potencias coloniales y frente a la fragmentación interna.
Una América unida, pero no necesariamente idéntica
Hablar del proyecto continental de San Martín tampoco significa convertirlo retrospectivamente en defensor de un único Estado sudamericano. Esa interpretación sería tan simplificadora como la visión puramente nacionalista que lo presenta exclusivamente como héroe argentino.
San Martín entendía que los territorios americanos tenían realidades políticas diferentes. Su preocupación principal era que pudieran constituirse como naciones soberanas y evitar el retorno del dominio colonial. El objetivo era la independencia, no necesariamente la desaparición de las identidades políticas particulares.
Por eso su pensamiento puede ser leído como una tensión entre unidad estratégica y diversidad política. Los pueblos americanos podían organizar sus propios gobiernos, desarrollar sus propias instituciones y mantener sus particularidades, pero necesitaban comprender que compartían intereses fundamentales frente a las potencias extranjeras.
Esa concepción resulta particularmente interesante porque anticipa una discusión que atravesaría toda la historia latinoamericana: ¿cómo construir soberanía nacional sin caer en un aislamiento que vuelva vulnerable a cada país por separado?
San Martín parecía haber entendido que una América fragmentada podía ser más fácil de dominar que una América capaz de coordinar sus intereses.
El legado que quedó después de su muerte
San Martín murió en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, cuando las nuevas repúblicas sudamericanas ya llevaban varias décadas de vida independiente. Para entonces, sin embargo, el proyecto continental que había contribuido a construir estaba atravesado por profundas divisiones. Las guerras civiles, las disputas territoriales y las rivalidades entre las nuevas dirigencias habían reemplazado al enemigo colonial como principal fuente de conflicto.
Aquello que San Martín había intentado evitar se convirtió en una de las grandes tragedias políticas del siglo XIX americano: la independencia no produjo automáticamente unidad, desarrollo ni soberanía económica.
Las nuevas repúblicas quedaron insertas en un sistema internacional profundamente desigual y muchas de ellas desarrollaron economías orientadas hacia la exportación de materias primas y la dependencia de mercados y capitales extranjeros. La ruptura política con España no significó el final de todas las formas de subordinación.
Allí es donde el pensamiento sanmartiniano adquiere una dimensión que excede la efeméride.
Su proyecto no puede ser utilizado como una doctrina política cerrada para el presente, porque San Martín perteneció a otro tiempo, enfrentó otros problemas y no dejó un programa económico moderno en el sentido actual. Pero sí dejó una serie de principios que permiten discutir la idea de soberanía: la independencia como condición indispensable, la defensa de los recursos propios, la coordinación entre los pueblos americanos y el rechazo a que las nuevas naciones fueran simples piezas de las disputas entre potencias.
Por eso la expresión Patria Grande puede resultar útil si se utiliza con rigor histórico. No para inventarle a San Martín pensamientos que pertenecen al siglo XXI, sino para describir una dimensión real de su acción política: nunca entendió la emancipación americana como una colección de pequeñas independencias completamente desconectadas entre sí.
Su ejército cruzó los Andes porque la geografía no podía convertirse en una frontera para la libertad. Su campaña continuó hacia Chile porque la independencia argentina era vulnerable mientras existiera un poder español fuerte en el Pacífico. Avanzó hacia Perú porque allí estaba uno de los principales centros del poder colonial. Y finalmente aceptó retirarse porque entendió que la causa podía ser más importante que el hombre que la conducía.
Tal vez allí se encuentre la parte más profunda de su legado.
San Martín no imaginó una América Grande solamente porque quisiera verla unida en un mapa. La imaginó capaz de decidir su propio destino.
Y esa diferencia es fundamental.
Porque la Patria Grande, entendida desde su experiencia histórica, no significa que todos los países deban ser iguales ni que deban renunciar a sus identidades. Significa comprender que la soberanía de cada uno puede ser más sólida cuando existe cooperación con los demás y que la independencia política pierde buena parte de su sentido cuando las decisiones fundamentales continúan tomándose desde afuera.
Doscientos años después, el mapa sudamericano sigue dividido en Estados diferentes. Pero aquella pregunta que atravesó la vida de San Martín continúa abierta: si los pueblos que conquistaron juntos su independencia pueden también construir juntos las condiciones materiales para defenderla.
Ese fue, quizás, el verdadero horizonte político del Libertador.
No solamente liberar territorios.
Liberar a un continente de la idea de que su destino debía ser decidido por otros.
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La relación entre Lula y Donald Trump entre su pico de máxima tensión. El Gobierno de Lula activó este jueves el mecanismo previsto en la Ley de Reciprocidad Económica para responder a las medidas comerciales adoptadas por Washington. Antes de avanzar con eventuales contramedidas, Brasilia notificará a Estados Unidos y buscará una salida mediante consultas diplomáticas.
La decisión activa el mecanismo establecido por la Ley de Reciprocidad Económica (Ley Nº 15.122/2025) y representa un nuevo capítulo en la escalada comercial entre ambos países.
La Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) compartió el pedido con los demás integrantes de su Comité Ejecutivo de Gestión, siguiendo el procedimiento establecido por el Decreto Nº 12.551/2025. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará al Gobierno estadounidense sobre el inicio del proceso y solicitará consultas diplomáticas.
La apertura del expediente no implica todavía la aplicación automática de nuevos aranceles brasileños pero contempla una instancia de diálogo destinada a intentar reducir o incluso eliminar los efectos de las medidas estadounidenses antes de que Brasil pueda avanzar con las contramedidas previstas por la legislación.
Brasil remarcó además que las consultas diplomáticas buscan reforzar la decisión de privilegiar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales.
La apertura del expediente no implica todavía la aplicación automática de nuevos aranceles brasileños pero contempla una instancia de diálogo destinada a intentar reducir o incluso eliminar los efectos de las medidas estadounidenses antes de que Brasil pueda avanzar con las contramedidas previstas por la legislación.
En este marco, el gobierno brasileño volvió a rechazar los argumentos utilizados por Estados Unidos para justificar sus medidas comerciales. Según informan en el Palacio Planalto durante el último año se mantuvieron negociaciones con la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) y se presentaron pruebas destinadas a refutar las acusaciones de supuestas prácticas comerciales desleales por parte de Brasil.
Por eso, calificó las tarifas estadounidenses de «injustificadas y arbitrarias» y aseguró que continuará defendiendo su posición ante todas las instancias disponibles.
Además de activar el mecanismo de reciprocidad, la potencia sudamericana anticipó que continuará adoptando medidas para reducir los daños provocados por los aranceles estadounidenses sobre la economía y los ingresos de los brasileños.
El Ejecutivo brasileño también ratificó su estrategia de diversificación comercial, con la búsqueda de nuevos socios y mercados para los productos brasileños. A la vez, anunció que mantendrá medidas de protección para los sectores afectados mediante el Plan Brasil Soberano, destinado a preservar empleos y la capacidad productiva nacional.
De esta manera, Brasil da un paso formal hacia una eventual respuesta comercial contra Estados Unidos, pero mantiene abierta la vía diplomática. La próxima etapa será la ronda de consultas entre ambos gobiernos, que determinará si la disputa puede encaminarse mediante una negociación o si Brasil avanzará hacia la aplicación de medidas de reciprocidad.
Brasil da un paso formal hacia una eventual respuesta comercial contra Estados Unidos, pero mantiene abierta la vía diplomática. La próxima etapa será la ronda de consultas entre ambos gobiernos, que determinará si la disputa puede encaminarse mediante una negociación o si Brasil avanzará hacia la aplicación de medidas de reciprocidad
El escenario de tensión no puede quedar escindido del proceso electoral de octubre que definirá al próximo presidente de Brasil y en el que Lula y sus principales ministros denuncian una injerencia de Estados Unidos.
La semana pasada, Lula acusó a Marco Rubio de «odiar a Brasil» y de obstaculizar la negociación con Donald Trump. En el entorno del líder del Partido de los Trabajadores crece la teoría que es el Secretario de Estado el que quiere que la relación con la Casa Blanca e intervenir directamente en las elecciones en favor de Flavio Bolsonaro.
LPO adelantó que China decidió intervenir en favor de Brasil en la pelea con Estados Unidos por los aranceles a través de una solicitud formal para participar participar en las consultas iniciadas por el gobierno de Lula ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La solicitud de Beijing fue presentada bajo el artículo 4.11 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC bajo el argumento que posee un «interés comercial sustancial» en el caso debido a que las medidas estadounidenses también afectan a productos de origen chino.