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Ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado y notificado formalmente en la causa que lleva el fiscal Juan Menucci en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a loteos ilegales para barrios privados.
La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.
El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.
Imputaron y allanaron al ex intendente Garro por el desarrollo de 400 loteos de barrios ilegales
La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.
La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.
También fueron notificados de las imputaciones los ex funcionarios Oscar Negrelli -ex secretario de Coordinación-, María José Botta -ex titular de Planeamiento- y Marcela Rogg -ex directora general de Planeamiento-, y se espera que en los próximos días sigan otros, como el ex secretario de Obras Públicas Luis Barbier.
Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.
Crisis en el cierre de LLA en La Plata porque Garro le quiere prestar su partido a los Passaglia
La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.
Quien investigaba la denuncia era el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero fue recusado ante la jueza Marcela Garmendia por «demoras e inacción» en la instrucción, por lo que durante la feria judicial el Ministerio Público Fiscal designó a Menucci.
De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.
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La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.
La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.
El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.
La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.
La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.
La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.
Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.
El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.
Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.
La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.
Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.
En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.
Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.
La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.
Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.
Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.
Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.
Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.
En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.
En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.
La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.
Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.
En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.
La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.
Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.
Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.
El municipio reginense, con Carolina Cailly como representante legal, presentó una medida cautelar ante el juzgado civil N°21 donde se solicitó el cese de la demolición de la chimenea Fioravantti, el recurso fue aceptado por la jueza Paola Santarelli, pero el trabajo realizado sobre las bases de la construcción ya no puede retrotraerse. Si bien…
