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A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), un organismo clave en el estudio de la alimentación y la salud pública. La medida, presentada como una “reorganización”, despierta fuertes críticas por el impacto en la ciencia y en un contexto de creciente deterioro social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión de disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) quedó formalizada hopy mediante el Decreto 192/2026, en el marco de una reestructuración más amplia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán).
Según el texto oficial, las funciones del organismo serían absorbidas por otras áreas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y evitar superposiciones. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde una realidad más profunda: el avance de un modelo de ajuste que recorta capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles.
No se trata de una oficina más. El CNIN era un espacio especializado en el estudio de la nutrición, la calidad alimentaria y su impacto en la salud de la población argentina.
El decreto no solo elimina el CNIN, sino que también fusiona otros institutos dentro de la ANLIS, en una lógica de concentración que ya se repite en distintas áreas del Estado.
El Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos suelen derivar en menos equipos, menos investigación y menor capacidad operativa. En otras palabras: menos Estado donde más se lo necesita.
En el campo de la salud pública, esto no es un detalle menor. Es un cambio estructural que puede afectar la capacidad del país para producir conocimiento propio y diseñar políticas basadas en evidencia.
La medida resulta especialmente preocupante si se la analiza en contexto. Argentina atraviesa un escenario donde:
En ese marco, cerrar un organismo dedicado específicamente a estudiar la alimentación de la población no parece una decisión casual, sino profundamente ideológica.
El CNIN no solo producía investigaciones: también aportaba datos clave para políticas públicas, diagnósticos sanitarios y estrategias de intervención.
Eliminarlo implica dejar al Estado con menos herramientas para entender qué comen —y qué dejan de comer— millones de argentinos.
La disolución del CNIN se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei: reducir el tamaño del Estado incluso en áreas críticas como salud y ciencia.
El problema es que estas decisiones no son fácilmente reversibles. Desarmar equipos de investigación, interrumpir líneas de trabajo y dispersar profesionales tiene efectos que pueden durar años o décadas.
Mientras tanto, las problemáticas que esos organismos abordaban —como la nutrición y la salud alimentaria— no desaparecen. Al contrario: se agravan.
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