PorLa Tapa
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Luego de rechazar el sello de La Libertad Avanza, el exministro de Martín Llaryora, Pedro Dellarossa, intentará recuperar su bastión electoral, la ciudad de Marcos Juárez, con una alianza que armaron Unite, el partido de José Bonacci, y la Unión Vecinal Federal, un partido provincial que lidera Laura Villalba, actual funcionaria de Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba.
Dellarossa fue dos veces intendente y hace cuatro años promocionó a la actual jefa comunal, Sara Majorel, quien no buscará la elección y, además, es el blanco de todas las críticas por su floja gestión. Luego, en 2023, Dellarossa se bajó de la lista de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio para acordar con Llaryora, quien lo designó ministro de Industria. Hace algunos meses, Dellarossa renunció al «cordobesismo» para recuperar para sí la intendencia de Marcos Juárez.
Primero, rechazó competir con el sello de La Libertad Avanza. El propio Lule Menem fue hasta la casa de Dellarossa, pero el caudillo le dijo que él no usaría la marca LLA. Intentó que su partido, el PRO, le diese el sello, pero no logró convencer a Oscar Agost Carreño, el jefe político del espacio tras ganarle la pulseada a Mauricio Macri. Entonces, anotó su alianza conformada por Unite y Unión Vecinal Federal, dos sellos cercanos a Llaryora.
En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni. Como se recordará, se especulaba que la disputa entre Roca y Schiaretti sería mano a mano, por lo que restarle votos al libertario era (hipotéticamente) clave. Ahora, el sello de José Bonacci se une al de Villalba, la funcionaria filo peronista.
En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni.
Con esta jugada, Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri y su «sí se puede». La Libertad Avanza, por ahora, mantiene la idea de sumarse a la campaña de Dellarossa, quien basará su estrategia en visitar a sus vecinos y pedir disculpas por haber promovido a Majorel y por haber integrado el Gobierno provincial hasta mayo de este año, es decir durante casi tres años.
La otra gran candidata es Verónica Crescente, quien se postula por Unión Vecinal (el partido que fundó Henry Dellarossa, padre de Pedro). Hace cuatro años, Crescente fue la candidata a intendenta de Juan Schiaretti. Su piso electoral es de 39%, lo que obtuvo en 2022. Ese mismo porcentaje había logrado cuatro años antes, en 2018, el peronismo. Ahora, para dividir el voto a Crescente y favorecer a Dellarossa, el Gobierno provincial puso a jugar como candidato a Germán Font.
Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri
Aunque Font es funcionario provincial, el peronismo no puso el partido. Armó otra alianza con el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria, ambos satélites de El Panal. Al Frente Federal de Acción Solidaria lo preside Sergio Flores, también funcionario de Daniel Passerini. En 2025, el Frente de Acción Solidaria postuló como candidato a diputado a un influencer libertario, también para restarle votos a Roca. El Vecinalismo Independiente es un histórico aliado del peronismo en Hacemos por Córdoba.
Por ahora, la principal intención de La Libertad Avanza es bloquear a Font; y aseguran que si gana Dellarossa, los referentes partidarios se subirán al palco de los festejos la noche del 6 de septiembre.
El Intendente Marcelo Orazi participó el miércoles de la presentación del proyecto de conectividad por fibra óptica a cargo de autoridades de la Agencia Río Negro Innova. La directora ejecutiva de RN Innova, Soledad Gonnet, presentó el proyecto y Maria Elena Guaresti, de la UPCEFE, mostró los estudios de impacto ambiental y social. El proyecto…
El complejo metalmecánico de Córdoba sigue con señales de alerta por las consecuencias del modelo económico de Javier Milei sobre la economía real.
Ahora, las fábricas de maquinaria agrícola produjeron más durante el segundo trimestre del año, impulsadas por una cosecha récord y la reaparición del crédito, pero ese mayor nivel de actividad no se tradujo en mayores ingresos. Por el contrario, las empresas venden más unidades, facturan menos y comenzaron a ajustar el empleo.
La radiografía surge del último Monitor Estadístico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes (AFAMAC), junto con la consultora Economic Trends, y encendió luces amarillas tanto entre los industriales como en el Centro Cívico cordobés.
Los números muestran una paradoja difícil de ignorar. Mientras la producción de maquinaria agrícola aumentó 15,9% respecto del mismo trimestre de 2025, la facturación en el mercado interno cayó 11,9% a precios corrientes y las exportaciones retrocedieron 14,8%. Es decir, el incremento del volumen fabricado no alcanzó para compensar la pérdida de rentabilidad que atraviesa el sector.
Detrás de ese fenómeno aparece una combinación conocida por los industriales: costos dolarizados, atraso cambiario para exportar, precios internacionales menos favorables y una demanda que, aunque volvió a financiarse, todavía no logra sostener márgenes razonables para toda la cadena. Es el combo por caídas en la facturación del mercado interno, retrocesos en las exportaciones y niveles de utilización de capacidad instalada que permanecen por debajo de los registrados un año atrás.
El impacto resulta todavía más severo entre los fabricantes de agrocomponentes. Allí la producción se desplomó 27,1% interanual y el empleo cayó 3,2%. En el conjunto del complejo metalmecánico vinculado a la maquinaria agrícola, la plantilla laboral se redujo 1,2%, una señal que comienza a preocupar en una provincia donde la industria representa uno de los principales motores económicos.
La preocupación de Llaryora
La maquinaria agrícola constituye uno de los pilares industriales de ciudades como San Francisco, Marcos Juárez, Bell Ville o Villa María, donde la actividad tiene un fuerte peso económico y político y es el enclave de los «farmer», grupo electoral clave para el cordobesismo. Cuando al peronismo le fue mal en la capital provincial, los «farmer» lo sostuvieron en el gobierno.
En el Gobierno provincial observan que el deterioro de la rentabilidad puede terminar erosionando un entramado de pequeñas y medianas empresas que, hasta ahora, había logrado sostenerse pese al ajuste nacional, como pasó con Metalfor.
La inquietud aparece además en medio del delicado equilibrio que Llaryora intenta mantener con la Casa Rosada. El gobernador necesita preservar el canal de diálogo con Javier Milei para garantizar asistencia financiera y recursos para la provincia, mientras procura evitar que el enfriamiento de la economía golpee el empleo industrial, uno de los principales activos de su gestión.
El desempeño de la maquinaria agrícola refleja también las contradicciones que atraviesa el agro argentino. La cosecha récord y la reducción parcial de las retenciones mejoraron el nivel de actividad, pero todavía no alcanzan para recomponer completamente la rentabilidad de productores e industriales.
Durante la última Exposición Rural de Palermo, Milei volvió a prometer la eliminación definitiva de las retenciones, aunque condicionó esa decisión a una mejora de los ingresos fiscales provenientes de la minería y la energía. Para la industria metalmecánica, sin embargo, ese horizonte todavía luce lejano.
Mientras tanto, las fábricas trabajan por debajo de su potencial. Según AFAMAC, las empresas de maquinaria agrícola utilizan apenas el 68,4% de su capacidad instalada, casi ocho puntos menos que un año atrás, mientras que las firmas de agrocomponentes apenas alcanzan el 59%.
Continuando con su agenda en Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler, con quien repasó la agenda de trabajo entre el Municipio y esa área del gobierno provincial, previo a la visita de la Gobernadora Arabela Carreras a la ciudad la próxima semana. Al respecto, Orazi…
El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
¿Qué es eso que sos? Eso que es innegable en vos, eso que no se puede enajenar de tu persona y se disfruta plenamente. Se vive con naturalidad y fluidez. Se siente propio. Hay cosas que hacemos que nos muestran, a ojo crudo, quienes somos. Cuando estas haciendo algo, por ejemplo, que te abstrae completamente…
