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La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante ayer el ciclo de ‘Educación vial en mi barrio’ en Villa Alberdi, con charlas destinadas a quienes necesiten obtener la primer licencia o renovar la licencia de conducir que tendrán continuidad en la jornada de hoy. La actividad se distribuye…
Durante el fin de semana, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, realizó controles vehiculares, de documentación y alcoholemia, en distintas calles de la ciudad. Se trabajó en conjunto con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia y personal policial de la Comisaría 5ta de la localidad….
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Axel Kicillof desistió de avanzar en el Senado con la aprobación de dos proyectos de ley que crean empresas de emergencias y que pierden estado parlamentario esta semana. A partir del 10 de diciembre el peronismo cuenta con el número para aprobarlos.
Se trata de dos proyectos que establecen la creación de una empresa de Emergencias Médicas y del Centro de Industria Farmacéutica, iniciativas enviadas por Kicillof a la Legislatura en diciembre de 2023.
Esas iniciativas fueron aprobadas en Diputados, pero quedaron frenadas en el Senado donde la vicegobernadora no consiguió el apoyo de los bloques opositores. «Hace cuatro años que están dando vueltas y no fueron aprobados. Eran proyectos importantes que fueron promovidos por el Ejecutivo», dijo esta mañana Carlos Bianco.
A partir del recambio legislativo, el peronismo tiene en el Senado mayoría propia por lo que se abrió una ventana de tres semanas para convertir esos proyectos en ley. Fueron senadores cercanos a Cristina Kirchner quienes vienen pidiendo a Magario por nota que convoque a una sesión en diciembre.
La Cámpora presiona a Magario con una sesión para tratar la vicepresidencia del Senado
Sin embargo, por debajo asoma la pelea por la vicepresidencia primera del Senado, un lugar que en el gobierno consideran clave en términos institucionales toda vez que es el tercer lugar en la línea de sucesión después de Kicillof y la vice.
En la sesión del 8 de diciembre, Magario pateó esa definición para el 26 de febrero. El gobierno quiere que ese lugar lo ocupe la senadora Ayelén Durán, que reporta al Cuervo Larroque.
En tanto, desde La Cámpora entienden que el gobernador está rompiendo un acuerdo que establece que en la elección de las autoridades de la Legislatura se debe respetar el mismo esquema que se impuso hace dos años. La vicepresidencia primera la ocupó hasta el 10 de diciembre Luis Vivona (que pasó a la Cámara Baja) y en el kirchnerismo aseguran que ese cargo le corresponde a alguien del sector de Cristina Kirchner.
Mariel Fernández, Axel Kicillof y Nicolás Kreplak.
Desde Casa de Gobierno refutan eso y argumentan que la elección de Vivona se dio en un contexto político distinto dentro del peronismo.
El kirchnerismo asegura que el candidato a ocupar ese sillón debe ser Mario Ishii. El intendente de José C. Paz articulaba muy cerca de Kicillof en los primeros años de su gestión en la provincia. En la universidad de ese distrito habían encontrado espacio varios de los ministros más cercanos al gobernador entre 2015 y 2019. Sin embargo, esa buena sintonía duró hasta julio de este año cuando el intendente armó una cumbre para exigirle al gobernador que dé marcha atrás con el desdoblamiento de la elección provincial.
La caída del juicio abreviado contra el financista Luis Herrera y sus dos hijos provoca una crisis que tiene impacto institucional. El defensor de los acusados de estafar a un centenar de ahorristas declaró que el fiscal regional de Rosario los metió en una trampa a sus clientes. Primero al avalar ante él mismo y los fiscales del caso la celebración de un acuerdo en el que sus defendidos aceptaron los delitos. Pero luego al quitarle su respaldo de manera repentina y con argumentos endebles.
El fiscal regional de Rosario Matías Merlo rechazó este lunes que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos cierre un juicio abreviado hacia Luis Herrera al que los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja le acordaron una pena de cinco años de cárcel y una pena condicional para sus hijos que con ella quedarían en libertad. Los Herrera están acusados por administración fraudulenta y lavado de activos por un perjuicio de entre 30 y 60 millones de dólares contra unas 150 víctimas.
Una situación que añade perplejidad es que hace tres días a pedido de la misma fiscalía actuante, con el abreviado cuestionado, a los tres imputados les prorrogaron la prisión preventiva hasta el 14 de abril. Cuando el acuerdo firmado a dos de ellos les aseguraba irse en libertad.
Cuando trascendió que el abreviado estaba en marcha un grupo de damnificados cuestionó por muchos motivos que se eligiera este tipo de cierre al caso. Sobre todo porque se trataba de delitos de gran conmoción pública que merecían ventilarse en un juicio oral y público, y no en un acuerdo de partes de limitada publicidad.
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Pero lo que afirma el defensor de los imputados, Gustavo Franceschetti, es que el fiscal regional Matías Merlo los colocó en una posición de efectos irreversibles en cuanto al derecho de defenderse. «Mis representados fueron conducidos a una trampa en la que se han quedado sin un juicio justo y sin un tribunal imparcial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) les hizo una propuesta de abreviado a Luis Herrera y sus hijos que era difícil de rechazar. Y una vez que la aceptaron, se echaron hacia atrás, lo hicieron público y ahora no hay juez en toda la provincia que no se haya enterado», le dijo a LPO.
¿Qué quiere decir esto último? Que ahora los Herrera serán juzgados en forma oral y pública, dice Franceschetti, por jueces que ya saben que ellos aceptaron declararse culpables. Y que esa circunstancia tiene un peso demoledor en la futura sentencia.
Dos discusiones
Este es un debate que es trascendental en términos de los procedimientos con que se juzgan a las personas en Santa Fe. Es algo que corre por otro andarivel de los hechos que se le atribuyen a los tres imputados y de la prueba que hay contra ellos a la que este medio se refirió reiteradamente. El problema institucional, dice el defensor, es que el fiscal regional de Rosario comprometió que el abreviado avanzara y finalmente volvió sobre su propia decisión, cuando los imputados ya tenían firmado el acuerdo.
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Este viernes LPO le consultó a Merlo sobre su decisión. «Antes de avalar cualquier abreviado tenemos que tener la conformidad de las víctimas. Más en los casos de multiplicidad de víctimas. Debemos constatar que la respuesta sea ajustada a derecho y después se toma decisión. En este caso no se cumplía esa circunstancia y no había una reparación a las víctimas», sostuvo Merlo.
«No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento. Los bienes cautelados se hallan sujetos al proceso concursal y no podrían ser objeto de disposición, lo que vuelve ilusoria cualquier compensación penal anticipada», escribió Merlo en los fundamentos del rechazo.
El defensor de los Herrera es un abogado que es docente de la Facultad de Derecho de la UNR y fue dos períodos jefe de la Defensa Pública de Rosario entre 2011 y 2023. El remarca con contundencia que Merlo había convalidado ante los fiscales Moreno y Narvaja la salida del juicio abreviado en una reunión en la que él estuvo presente.
«No pueden titubear»
«Las autoridades del MPA tienen la facultad de ir a juicio o de ofrecer una propuesta alternativa. Lo que no puede hacer es titubear, faltar a la palabra. Esas marchas y contramarchas generan expectativas y daños irreversibles. Las razones que dio la Fiscalía Regional para no avalar el acuerdo, estaban presentes desde el minuto uno, no eran desconocidas», remarcó Franceschetti.
«Solo un 25 por ciento de los querellantes manifestó disconformidad con el acuerdo del abreviado y se sabe que para que sea viable tiene que haber una mayoría de aceptación. En un caso con casi 200 querellantes, donde era seguro que no todos iban a estar de acuerdo, es obvio que se obtienen avales previos y supongo que no caerán en la bajeza de negarlo», enfatizó el defensor.
Merlo, que acaba de quedar por concurso como fiscal regional tras haber estado interino en el mismo cargo, le dijo a LPO lo contrario de Franceschetti. «Uno está tranquilo con lo que resuelve. No había esa mayoría. La respuesta no era la más justa por el daño ocasionado», afirmó.
Según plantea Merlo 33 querellantes aceptaron el abreviado, mientras que 27 se opusieron formalmente. El resto de las víctimas, unas 350 en total, no estaban constituidas como querellantes o no expresaron postura alguna. Eso para la fiscalía es fundamental para el rechazo al abreviado. Franceschetti dice que la ley es taxativa respecto que no expresar posición no puede tomarse como rechazo.
Franceschetti interviene en un caso donde hay sustanciosa prueba contra sus clientes. Pero sostuvo que no siempre la aceptación de un abreviado tiene que ver con reconocerse como culpable sino con optar por la situación menos opresiva. «Luis Herrera y sus hijos están en prisión preventiva hace un año. Según los tiempos de la Justicia rosarina, el juicio recién se podría hacer en dos años más. Entonces les ofrecen asumir responsabilidad a cambio de que obtengan la libertad los hijos, o bien soportar dos años de prisión. Es algo difícil de rechazar. Luis acepta declararse culpable para que sus hijos sean excarcelados. Ellos no se reconocen culpables pero es muy duro soportar tres años de prisión para tener la oportunidad de demostrar la inocencia en juicio».
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El abogado de los Herrera califica como un bochorno institucional la actuación de la Fiscalía Regional de Rosario en esto. «Es escandaloso. El MPA le ha agregado una razón más a la habitual crítica a los acuerdos abreviados. Las personas encarceladas no deciden libremente, quedan contra la espada y la pared, máxime cuando el sistema les ofrece un juicio recién a dos o tres años del encarcelamiento. En estas condiciones, el sistema todo el tiempo se está arriesgando a condenar a inocentes o imponer sanciones más graves de las que corresponden en Derecho. Esto va en contra la naturaleza misma del proceso penal que debe ser una garantía contra estas situaciones. Si además se hace público un acuerdo fracasado, ese riesgo aumenta mucho más», declaró.
Esto lo dice porque partes de la resolución del fiscal regional Merlo que rechaza el abreviado, y con eso mismo reconoce su existencia, fue publicada en diversos medios periodísticos. «Cuando hay un proceso con 140 querellantes uno solo puede haberlo filtrado», dice justamente uno de los querellantes que habló con LPO por este asunto. «Pero por eso es muy complicado para la Fiscalía volver atrás de su compromiso inicial. Es difícil pensar que la fiscalía lo filtró, pero que se haya filtrado revela la ambigüedad de la fiscalía, y además los fiscales intervinientes quedan desautorizados», subrayó el abogado.
Que se escurra el texto de una negociación secreta entre partes es un problema y además un descrédito a futuro para el MPA. «Cualquier juez al que le toque en el futuro este caso sabe que hay tres imputados en juicio que se declararon culpables. Ellos lo hicieron midiendo conveniencias. Pero el efecto es uno solo y es que se asumieron culpables. Acá está el escándalo», dijo Franceschetti.
Esto además es diferente a cuando un tribunal de jueces no homologa un abreviado por defectos legales, como pasa rutinariamente, o como pasó en el caso del abreviado de miembros de la banda de Los Monos. En este caso, remarca la defensa, la Fiscalía primero impulsó el abreviado autorizando a sus fiscales actuantes a firmar el acuerdo. Y después lo rechazó.
«La solución propuesta resulta contradictoria y no se ha demostrado, a la luz de los hechos investigados, una actitud de reconocimiento del daño o arrepentimiento genuino por parte de los imputados hacia las víctimas», indica la resolución del fiscal regional Merlo. Que sobrevino a una reunión en la que participó el mismo Merlo, querellantes y el representante de los imputados. Pocos días después de esa reunión, donde hubo objeciones al acuerdo de algunos querellantes, la fiscalía regional lo rechazó.
«Es un papelón. Indujeron a mis representados a firmar primero, expusieron públicamente que firmaron lo que la fiscalía les propuso, y rechazaron ellos mismos lo que propusieron», dijo Franceschetti. «Este proceder institucional no es sin consecuencias».
