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Los jueces Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah anularon este jueves una serie de allanamientos y embargos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, socio de Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de Osprera, la obra social de los peones rurales.

Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.

Tal como informó LPO, el socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.

Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.

Un socio de Martín Menem embargado y a indagatoria por corrupción en la obra social de los peones rurales

Por azar en el sorteo, Bertuzzi terminó siendo el magistrado que desempató a favor de los interventores y Aguirre, todos cercanos a los primos Menem.

Bertuzzi anudó con este fallo, una seguidilla de cuatro definiciones a favor del gobierno a una semana de que el decreto de su nombramiento se publicara por Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

Eduardo Farah.

Primero confirmaron el apartamiento de las querellas en la causa LIBRA, dejando el caso al borde del archivo porque el fiscal Eduardo Taiano mantiene la investigación planchada. Luego, votó junto a Llorens para enterrar la pesqiusa por el endeudamiento perpetrado por Mauricio Macri y Luis Toto Caputo en 2018, con un dictamen contundente del fiscal Franco Picardi. Y el lunes pasado votó también el archivo de la causa por el espionaje que se instrumentó desde la AFI y que descubrió la ex interventora Cristina Camaño en los discos rígidos de las computadoras de la central de inteligencia.

En Comodoro Py, señalan que Bertuzzi «se está apurando a pagar al contado su designación», en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei y su antiguo promotor, el ex presidente Mauricio Macri.

Bertuzzi se está apurando a pagar al contado su designación, dicen en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei.

Más extraño es el caso de Farah, que ingresó a la cámara por impulso del peronismo, responde al auditor Javier Fernández y viene desmarcándose de los compromisos que el kirchnerismo le reclamaría. Auditor de la Nación desde 2001, Fernández solía decir que su conducción era Cristina Kirchner y que ejercía ascendencia sobre Farah.

El voto del camarista es otro elemento más en el desconcierto de los peronistas. «Hay un vínculo entre Javier Fernández y Cristina pero juega para él mismo y Farah está ahí gracias a nosotros, que lo repusimos, pero en la mayoría de los casos jugó para el orto», resumió una fuente del Congreso.

El único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas.

Con todo, el único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía «a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación N° 1, y de lo obrado en su consecuencia, porque la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó a cabo con exclusión de la intervención de las defensas, sin que existiera una justificación legal para ello».

Bertuzzi, por su parte, consideró los procedimientos dispuestos por Casanello como «inadmisibles». «Aun si este accionar fue efectuado con el objetivo de perseguir un delito o de aportar pruebas que den cuentan de su comisión, resulta inadmisible el resultado de un procedimiento ilegal o contrario a derecho», planteó.

El 30 de agosto de 2025 LPO había revelado la escandalosa vinculación del socio de Martín Menem con la intervención de la obra social de los peones rurales. «Petroni es el que firmaba los acuerdos pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre, que es socio de Martín Menem», afirmó en ese momento un abogado al tanto de la situación de Osprera.

Este medio también reveló que Marijuan había accedido a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: «Eso lo tienen que saber Martín y Lule», y en otro fue más directo: «Nosotros somos Lule y Karina».

 

 

Los bomberos voluntarios harán un sirenazo nacional en todos los cuarteles del país para reclamarle a Alejandra Monteoliva que les pague una deuda de 60 mil millones de pesos, ante la

La medida se hará este jueves a las 10 y los bomberos pidieron a los vecinos de cada cuartel que no se alarmen. Con el sirenazo los bomberos buscan visibilizar el creciente malestar del sector ante la falta de respuesta de la ministra de Seguridad ante los reclamos presupuestarios.

Monteoliva mantiene sin ejecutar ni distribuir $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios agrupa a más de 1000 asociaciones y 52.000 efectivos voluntarios en toda la Argentina,

En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

«Nos están dejando con la manguera a medias», dijeron a LPO desde el cuartel de bomberos de Gualeguaychú. Los bomberos dijeron a LPO que generalmente el pago del subsidio se cancela entre marzo y mayo, por lo que van entre cuatro y seis meses de demora este año.

Desde el sector remarcaron que esos fondos provienen de un régimen de afectación específica recaudado por ley, por lo que desestimaron que se trate de asistencia extraordinaria o aportes discrecionales. El congelamiento de las partidas representa un recorte directo estimado en unos $45 millones por cada asociación de bomberos del país.

En un contexto en que Nación no baja recursos a las provincias ni las provincias a los municipios, los bomberos están desamparados para atender la emergencia de El Niño.

A la disputa presupuestaria se suman otras tres demandas operativas que impactan directamente en las arcas de los 1000 cuarteles locales. Por un lado, los bomberos reclaman ser compensados por la atención médica y técnica en siniestros dentro de rutas concesionadas, y solicitan que la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones impulsada por el Decreto 97/2025 incluya convenios obligatorios, una contraprestación fija mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y mecanismos de compensación por daños en equipamiento.

Por otra parte, la conducción de Bomberos exige la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, con especial énfasis en la devolución del IVA por compras de bienes, servicios y equipamiento a cargo de ARCA. A esto se añade un reclamo directo al Ministerio de Economía y al Banco Central para que se agilicen los pagos al exterior.

Ante los elevados costos de los vehículos de emergencia en el mercado interno, los cuarteles recurren a la compra de unidades usadas en el extranjero, una operatoria que requiere pagos anticipados totales contra factura proforma y que hoy enfrenta severas trabas operativas.