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EN LA BOLSA DE VALORES SUBIÓ EL PRECIO DEL GATO

Si, y si tiene botas, más mejor.

La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos.

Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente responsables, podrán cuidarnos mucho mejor, liberándonos del oscuro flagelo de la delincuencia.

Cuando digo oscuro, es en todos los sentidos, porque una estadística que surge de los grandes cerebros de Macri/Michetti dice que el 99,9999999 etc. de los delincuentes son oscuros, melenudos, sucios o hippies. El 0.0000001 restante son claritos, pero porque son teñidos.

El pequeño problemita, es que quien esto escribe, es morochón u oscuro (para hablar en la jerga del argentino medio), y con una carita que puede ameritar comerse una pequeña balita federal, pero la puede recibir contento, porque todo es en aras de la más mejor seguridad.

Saben para qué queremos más seguridad??, Para lo que importa hoy, incluso más que mi vida. Para defender que lo que es mío es mío: y lo tuyo es tuyo. Mi derecho de propiedad vale más que vos, lectora/or, salvo que seas de mí dominio.

La constitución liberal argentina basada en el modelo norteamericano estableció dentro de los derechos fundamentales que la propiedad es inviolable, y nadie puede ser privado de ella sin que medio sentencia previa fundada en ley; también se puso algo así, como el estado de inocencia, que más o menos significa que nadie puede ser condenado (declarado culpable) sin sentencia firme fundada en un juicio previo.

Además, el Código Penal estableció reglas claras para admitir la legítima defensa para los particulares o para los policías: tiene que haber agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (Art.34 del Código Penal).

En el año 1.990 el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, estableció principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fijando de manera precisa la proporcionalidad, racionalidad, el uso del arma como última ratio, y la necesidad de preservar la vida.

Con la resolución de la Ministra con botas, damos un paso para defendernos, y tenemos que entender en esta hermosa Argentina, que la Constitución, la ONU y otras leyes, son detalles menores. Un super noble capacitado policía federal, prefecto o gendarme será ahora tan capo que podrá dictar una condena sin juicio previo, y debido a que nuestras fuerzas están tan preparadas, no se van a equivocar y seguro que el herido o muerto era delincuente o iba camino a serlo; y además morocho o latino o indio.

Para finalizar, es menester señalar con absoluta honestidad, que esto puede ser una ola que se viene, o una estrategia electoral o una ilustre idea de Macri/Peña/Durán Barba (y toda esa mersa), o una elucubración del piñón “it” diputado Olmedo; pero es muy esperanzador y humano que una gran parte de esta hermosa sociedad quiera seguridad y orden, bajo estos términos.

Así pienso en mi hijo y el futuro, y me siento feliz y ahora puedo dormir tranquilo.

Vamos todas y todos contra la inseguridad, porque cambiamos y si se puede.

Portada: Germán Busin

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    Mientras Caputo busca acuerdos con el Banco Mundial y el BID Kicillof asegura que es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina

     

    Dos proyectos en disputa.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno nacional acelera su estrategia de financiamiento externo mientras desde la oposición se consolida una crítica cada vez más frontal al rumbo económico. En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebra acuerdos con organismos internacionales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof advierte que “es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina” y denuncia un modelo que no genera producción ni empleo.

    La escena sintetiza dos proyectos en tensión: uno basado en el endeudamiento y la refinanciación financiera; otro que vuelve a poner en el centro la economía real.


    Deuda, organismos internacionales y el regreso al crédito externo

    Caputo cerró una semana de negociaciones en Washington con una batería de anuncios que el oficialismo presenta como un respaldo internacional. Según explicó el propio ministro, los acuerdos con el Banco Mundial y el BID permitirán “refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado”, reduciendo el costo financiero del país.

    El esquema incluye una garantía de hasta 2.000 millones de dólares por parte del Banco Mundial para afrontar vencimientos, junto con nuevas líneas del Banco Interamericano de Desarrollo que también apuntan a reemplazar deuda cara por financiamiento más barato.

    Detrás del discurso oficial, el objetivo es claro: conseguir dólares para cumplir con compromisos inmediatos, en un contexto donde el acceso al mercado voluntario de crédito sigue condicionado por el riesgo país y la fragilidad macroeconómica. De hecho, el propio Caputo admitió que la Argentina busca alternativas porque las tasas que obtendría en el mercado siguen siendo elevadas.

    La estrategia no es nueva. Se inscribe en una lógica de administración de la deuda que prioriza el rollover permanente, es decir, tomar nueva deuda para pagar la anterior. Un mecanismo que, históricamente, condicionó la soberanía económica del país.


    Kicillof: “no hay sector de la economía que le vaya bien”

    Desde el otro lado del mostrador, Kicillof expuso una crítica contundente durante su participación en la cumbre progresista internacional realizada en Barcelona. Allí sostuvo que “es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina” frente al modelo que impulsa el Gobierno nacional.

    El gobernador fue aún más directo al describir la situación actual: afirmó que Caputo repite argumentos como “un disco rayado” y remarcó que “no hay sector de la economía que le vaya bien”, en referencia a la caída de la actividad, el deterioro del consumo y el freno a la inversión productiva.

    Según Kicillof, el esquema económico vigente está basado en un proceso de “saqueo de los recursos naturales” y negocios financieros, sin impacto positivo en el empleo, la producción o la calidad de vida.

    El planteo no es aislado: forma parte de una construcción política que busca posicionar una alternativa al modelo libertario, con eje en el desarrollo industrial, la inversión pública y la recuperación del mercado interno.


    Dos modelos en disputa

    El contraste es cada vez más nítido. Mientras el oficialismo apuesta a recomponer la confianza de los mercados a través del ajuste fiscal y el financiamiento externo, desde el campo nacional y popular se insiste en que la salida no puede ser más deuda ni más especulación financiera.

    Los acuerdos con organismos multilaterales pueden aliviar tensiones en el corto plazo, pero también consolidan una dependencia estructural que condiciona las decisiones económicas futuras. En paralelo, las críticas de Kicillof reflejan una preocupación creciente: la desconexión entre la macroeconomía celebrada por el Gobierno y la realidad cotidiana de la mayoría de la población.

    En ese cruce se juega algo más profundo que una discusión técnica. Se trata, en definitiva, de dos formas de entender el país: una orientada a los mercados financieros y otra que vuelve a poner en el centro la producción, el trabajo y la soberanía económica.

     

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    El ajuste en la salud: Milei disuelve el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales

     

    A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), un organismo clave en el estudio de la alimentación y la salud pública. La medida, presentada como una “reorganización”, despierta fuertes críticas por el impacto en la ciencia y en un contexto de creciente deterioro social.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Un cierre que no es técnico, sino político

    La decisión de disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) quedó formalizada hopy mediante el Decreto 192/2026, en el marco de una reestructuración más amplia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán).

    Según el texto oficial, las funciones del organismo serían absorbidas por otras áreas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y evitar superposiciones. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde una realidad más profunda: el avance de un modelo de ajuste que recorta capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles.

    No se trata de una oficina más. El CNIN era un espacio especializado en el estudio de la nutrición, la calidad alimentaria y su impacto en la salud de la población argentina.


    Reorganización o desmantelamiento encubierto

    El decreto no solo elimina el CNIN, sino que también fusiona otros institutos dentro de la ANLIS, en una lógica de concentración que ya se repite en distintas áreas del Estado.

    El Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos suelen derivar en menos equipos, menos investigación y menor capacidad operativa. En otras palabras: menos Estado donde más se lo necesita.

    En el campo de la salud pública, esto no es un detalle menor. Es un cambio estructural que puede afectar la capacidad del país para producir conocimiento propio y diseñar políticas basadas en evidencia.


    En un país con hambre, se elimina investigación sobre nutrición

    La medida resulta especialmente preocupante si se la analiza en contexto. Argentina atraviesa un escenario donde:

    • Crece la pobreza
    • Se deteriora el acceso a alimentos de calidad
    • Aumentan los problemas de malnutrición

    En ese marco, cerrar un organismo dedicado específicamente a estudiar la alimentación de la población no parece una decisión casual, sino profundamente ideológica.

    El CNIN no solo producía investigaciones: también aportaba datos clave para políticas públicas, diagnósticos sanitarios y estrategias de intervención.

    Eliminarlo implica dejar al Estado con menos herramientas para entender qué comen —y qué dejan de comer— millones de argentinos.


    El modelo Milei: ajuste, ciencia en retroceso y Estado mínimo

    La disolución del CNIN se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei: reducir el tamaño del Estado incluso en áreas críticas como salud y ciencia.

    El problema es que estas decisiones no son fácilmente reversibles. Desarmar equipos de investigación, interrumpir líneas de trabajo y dispersar profesionales tiene efectos que pueden durar años o décadas.

    Mientras tanto, las problemáticas que esos organismos abordaban —como la nutrición y la salud alimentaria— no desaparecen. Al contrario: se agravan.

     

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