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EN LA BOLSA DE VALORES SUBIÓ EL PRECIO DEL GATO

Si, y si tiene botas, más mejor.

La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos.

Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente responsables, podrán cuidarnos mucho mejor, liberándonos del oscuro flagelo de la delincuencia.

Cuando digo oscuro, es en todos los sentidos, porque una estadística que surge de los grandes cerebros de Macri/Michetti dice que el 99,9999999 etc. de los delincuentes son oscuros, melenudos, sucios o hippies. El 0.0000001 restante son claritos, pero porque son teñidos.

El pequeño problemita, es que quien esto escribe, es morochón u oscuro (para hablar en la jerga del argentino medio), y con una carita que puede ameritar comerse una pequeña balita federal, pero la puede recibir contento, porque todo es en aras de la más mejor seguridad.

Saben para qué queremos más seguridad??, Para lo que importa hoy, incluso más que mi vida. Para defender que lo que es mío es mío: y lo tuyo es tuyo. Mi derecho de propiedad vale más que vos, lectora/or, salvo que seas de mí dominio.

La constitución liberal argentina basada en el modelo norteamericano estableció dentro de los derechos fundamentales que la propiedad es inviolable, y nadie puede ser privado de ella sin que medio sentencia previa fundada en ley; también se puso algo así, como el estado de inocencia, que más o menos significa que nadie puede ser condenado (declarado culpable) sin sentencia firme fundada en un juicio previo.

Además, el Código Penal estableció reglas claras para admitir la legítima defensa para los particulares o para los policías: tiene que haber agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (Art.34 del Código Penal).

En el año 1.990 el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, estableció principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fijando de manera precisa la proporcionalidad, racionalidad, el uso del arma como última ratio, y la necesidad de preservar la vida.

Con la resolución de la Ministra con botas, damos un paso para defendernos, y tenemos que entender en esta hermosa Argentina, que la Constitución, la ONU y otras leyes, son detalles menores. Un super noble capacitado policía federal, prefecto o gendarme será ahora tan capo que podrá dictar una condena sin juicio previo, y debido a que nuestras fuerzas están tan preparadas, no se van a equivocar y seguro que el herido o muerto era delincuente o iba camino a serlo; y además morocho o latino o indio.

Para finalizar, es menester señalar con absoluta honestidad, que esto puede ser una ola que se viene, o una estrategia electoral o una ilustre idea de Macri/Peña/Durán Barba (y toda esa mersa), o una elucubración del piñón “it” diputado Olmedo; pero es muy esperanzador y humano que una gran parte de esta hermosa sociedad quiera seguridad y orden, bajo estos términos.

Así pienso en mi hijo y el futuro, y me siento feliz y ahora puedo dormir tranquilo.

Vamos todas y todos contra la inseguridad, porque cambiamos y si se puede.

Portada: Germán Busin

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    En este caso, la política de la crueldad de Milei falló y encontró un límite gracias a la participación activa de las familias afectadas. Ellas ocuparon el espacio público y lograron que fragmentos de la historia de la institucionalización de sus derechos traspasaran la espesa cobertura de noticias falsas y distorsiones que había lanzado el Gobierno. Así, se supo que el incremento en el número de beneficiarios por discapacidad se debía al cumplimiento de obligaciones jurídicas que habían sido exigidas por la ONU. El contenido de estas recomendaciones, que estaban escritas con la supuesta frialdad del lenguaje de los expertos jurídicos y los procesos del derecho internacional, se traducía muy fácil al lenguaje ordinario de cualquier ciudadano capaz de reflexionar moralmente sobre asuntos públicos: “no consideren sólo a las personas incapaces para trabajar como los únicos individuos susceptibles de ser ayudados para enfrentar situaciones de discapacidad”. Esta recomendación va en el sentido de la tan mitificada “cultura del trabajo” que defienden los sectores conservadores y promueve beneficios generales para el conjunto de la población. Pero estas historias de los derechos sociales no pueden ser entendidas ni desde el vértigo de la bolsa de valores, ni desde la ideología discriminatoria de las derechas radicales contemporáneas.   

    Pudimos constatar de qué está hecha una buena parte de la legitimación política del Gobierno al día siguiente de la derrota electoral. Espontáneamente empezaron a fluir en público, sin pudor, todos los tropos del neo-fascismo. Los adherentes al gobierno de Milei comentaban que usaron mensajes violentos para llamar la atención y para expresar la rabia por el fracaso político. El que se destacó en esas faenas fue el empresario cordobes Lucas Salim, simpatizante “apolítico” del gobierno de Milei. Después de acusar de burros y brutos a los ciudadanos bonaerenses, pidió para todos ellos “25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil”. Todas estas obsesiones perversas hacia la vida de los otros tienen explicaciones psico-sociales que son pertinentes y deben ser analizadas, pero desde el punto de vista político terminan encarnando en la vida pública el reservorio subjetivo para el resurgimiento de regímenes autoritarios. Si observamos los resultados electorales del domingo enfocándonos en el 33 por ciento de La Libertad Avanza, queda claro el desafío que representa para el sistema político el hecho de que se haya tornado habitual que entre un tercio y un cuarto de la población participe del juego democrático promoviendo abiertamente creencias anti-democráticas. 

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    Este proceso de deterioro de la democracia responde también a causas globales que son fáciles de entender pero difíciles de enfrentar. Muchas de ellas inciden sobre la vida cotidiana de las personas: provocan temores y ansiedades económicas que luego son canalizados por el mesianismo autoritario de las extremas derechas, tal como está sucediendo en muchos países, desde los Estados Unidos de Trump hasta la resiliencia del bolsonarismo en Brasil. Dos de estas causas están muy activas en la actualidad: la globalización sin normas de la economía y el cambio tecnológico acelerado. Ambos procesos ponen a los trabajadores de los países democráticos frente a la experiencia radical de su propia fungibilidad, la amenaza de poder ser reemplazados sin pérdidas funcionales para el sistema y sin noticias de los daños subjetivos que esa sustitución provoca. En el plano de la regulación del proceso económico ambos fenómenos hacen posible que las grandes empresas diseñen estrategias que se basan en lo que los economistas denominan “race to the bottom” (se podría traducir como “carrera hacia el abismo”): atraer inversiones promoviendo cada vez peores regulaciones, especialmente en materia de presión tributaria y justicia fiscal, derechos laborales, libertad sindical, vigencia de los derechos humanos en las cadenas de valor y protección del medio ambiente. Hace tiempo que se volvió relativamente evidente que el race to the bottom económico iba a terminar provocando un race to the bottom institucional en el sistema político democrático. Y es finalmente esto lo que estamos viviendo a nivel global en las diferentes historias de debilitamiento y fractura de la legitimidad de la democracia. 

    Para decirlo de un modo simplificado: si las democracias no les pueden subir los impuestos a los billonarios para financiar al Estado y no pueden regular los daños que provoca el proceso productivo sobre el mundo de la vida de los trabajadores, efectivamente el contrato democrático se debilita y el espacio público parece hundirse en discusiones farsescas sobre la solución de los problemas económicos a través de las deportaciones masivas o la reducción de los servicios sociales de las personas con discapacidad. 

    En la Argentina a esta problemática general se le agrega la necesidad de reducir los escandalosos niveles de informalidad económica, las demandas para volver más razonables y eficaces las políticas del Estado de bienestar y la urgencia de poder contar con una política monetaria realmente profesionalizada. Pero encauzar esta discusión, la experiencia reciente así lo demuestra, no es nada fácil. Para regular democráticamente al sistema económico global se requiere, al mismo tiempo, participación ciudadana en temas poco atractivos como la política tributaria o la política comercial, coordinación internacional en un momento de desconfianza geopolítica y un compromiso por parte de los dirigentes con reformas que no siempre responden a sus intereses políticos de corto plazo. Para poner sólo un ejemplo entre muchos: los impuestos a las compañías globales (el intento que comienza a regir lentamente de imponer un 15 por ciento sobre sus ganancias) o a los super-billonarios (la idea de un tributo que logre recaudar el 3 por ciento sobre su patrimonio) avanzan mucho más lentos que el malestar social que genera la desigualdad y la precarización.    

    Esta es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos y los dirigentes políticos de las democracias contemporáneas. Ya no pueden seguir jugando –sin consecuencias catastróficas– el juego de la política habitual, pero tampoco disponen de las herramientas institucionales para resolver los problemas del sistema económico que están a la vista de todos. 

    En un escenario relativamente parecido a este, en la política del siglo XX apareció una gran disyuntiva: recurrir a un líder extraordinario que sea capaz de proveer con su decisión inescrutable aquello de lo que la realidad objetiva carece o abocarse a la experimentación de la construcción democrática de nuevas instituciones. En la escena política contemporánea vemos que, un siglo después, algunos de nuestros dilemas políticos vuelven a ser muy similares a los de las grandes crisis del siglo XX. 

    La entrada Un límite a la brutalidad se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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