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EN LA BOLSA DE VALORES SUBIÓ EL PRECIO DEL GATO

Si, y si tiene botas, más mejor.

La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos.

Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente responsables, podrán cuidarnos mucho mejor, liberándonos del oscuro flagelo de la delincuencia.

Cuando digo oscuro, es en todos los sentidos, porque una estadística que surge de los grandes cerebros de Macri/Michetti dice que el 99,9999999 etc. de los delincuentes son oscuros, melenudos, sucios o hippies. El 0.0000001 restante son claritos, pero porque son teñidos.

El pequeño problemita, es que quien esto escribe, es morochón u oscuro (para hablar en la jerga del argentino medio), y con una carita que puede ameritar comerse una pequeña balita federal, pero la puede recibir contento, porque todo es en aras de la más mejor seguridad.

Saben para qué queremos más seguridad??, Para lo que importa hoy, incluso más que mi vida. Para defender que lo que es mío es mío: y lo tuyo es tuyo. Mi derecho de propiedad vale más que vos, lectora/or, salvo que seas de mí dominio.

La constitución liberal argentina basada en el modelo norteamericano estableció dentro de los derechos fundamentales que la propiedad es inviolable, y nadie puede ser privado de ella sin que medio sentencia previa fundada en ley; también se puso algo así, como el estado de inocencia, que más o menos significa que nadie puede ser condenado (declarado culpable) sin sentencia firme fundada en un juicio previo.

Además, el Código Penal estableció reglas claras para admitir la legítima defensa para los particulares o para los policías: tiene que haber agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (Art.34 del Código Penal).

En el año 1.990 el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, estableció principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fijando de manera precisa la proporcionalidad, racionalidad, el uso del arma como última ratio, y la necesidad de preservar la vida.

Con la resolución de la Ministra con botas, damos un paso para defendernos, y tenemos que entender en esta hermosa Argentina, que la Constitución, la ONU y otras leyes, son detalles menores. Un super noble capacitado policía federal, prefecto o gendarme será ahora tan capo que podrá dictar una condena sin juicio previo, y debido a que nuestras fuerzas están tan preparadas, no se van a equivocar y seguro que el herido o muerto era delincuente o iba camino a serlo; y además morocho o latino o indio.

Para finalizar, es menester señalar con absoluta honestidad, que esto puede ser una ola que se viene, o una estrategia electoral o una ilustre idea de Macri/Peña/Durán Barba (y toda esa mersa), o una elucubración del piñón “it” diputado Olmedo; pero es muy esperanzador y humano que una gran parte de esta hermosa sociedad quiera seguridad y orden, bajo estos términos.

Así pienso en mi hijo y el futuro, y me siento feliz y ahora puedo dormir tranquilo.

Vamos todas y todos contra la inseguridad, porque cambiamos y si se puede.

Portada: Germán Busin

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    La hidrovía, el lobby portuario y los nombres que el Gobierno no quiere explicar

     

    El problema político para Milei es que la discusión por la Hidrovía empieza a parecerse demasiado a las viejas estructuras de poder que prometía erradicar.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La caída de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay dejó algo más grave que un fracaso administrativo. Lo que empezó como una discusión técnica sobre dragado y navegación terminó exponiendo una feroz interna empresaria, operadores históricos del negocio marítimo y vínculos incómodos para un Gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”.

    La llamada Vía Navegable Troncal no es un contrato más. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, aceites y derivados agroindustriales. El control del sistema implica manejar peajes millonarios, logística estratégica y una enorme capacidad de influencia sobre el comercio exterior argentino.

    Por eso la pelea alrededor de la Hidrovía nunca fue solamente técnica.

    El rol de Juan Manuel Ondarcuhu y Emilio Elías

    En el centro de las versiones que circulan en el sector marítimo aparece el nombre de Juan Manuel Ondarcuhu, ligado al grupo naviero Maruba, una de las empresas históricas del transporte fluvial argentino.

    Ondarcuhu es un actor conocido dentro del mundo portuario y marítimo. Su nombre empezó a sonar con más fuerza alrededor de la discusión por la Hidrovía debido a presuntos movimientos de lobby y articulación empresarial vinculados a la futura concesión del corredor fluvial.

    Junto a él aparece mencionado Emilio Elías, señalado por distintos actores del sector como otro de los operadores con influencia dentro de las negociaciones informales que rodearon el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno.

    La importancia política del tema radica justamente ahí: la discusión sobre la Hidrovía empieza a mostrar la presencia de los mismos grupos empresarios y operadores históricos que desde hace décadas orbitan alrededor de los grandes negocios del Estado.

    Una licitación envuelta en sospechas

    La administración de Milei había presentado la nueva licitación como una demostración de transparencia y apertura al sector privado. Sin embargo, el proceso terminó convertido en un problema político.

    La licitación fue anulada luego de que sólo quedara una oferente formal, la empresa belga DEME. A partir de ahí comenzaron las acusaciones cruzadas, las denuncias de presiones empresariales y las sospechas sobre posibles intentos de direccionamiento de los pliegos.

    Dentro del sector naviero aseguran que detrás de la caída del proceso existió una guerra silenciosa entre grupos económicos con intereses en el control del negocio portuario y del dragado.

    Y es ahí donde empiezan a aparecer los nombres de operadores, estudios jurídicos, empresarios marítimos y compañías vinculadas históricamente al comercio exterior argentino.

    Mucho más que barcos

    La Hidrovía concentra uno de los negocios estratégicos más importantes de la región. No se trata solamente de barcos circulando por el Paraná.

    Lo que está en juego incluye: peajes multimillonarios, control logístico, acceso privilegiado a información comercial, influencia sobre puertos privados y capacidad de presión sobre buena parte del ingreso de dólares al país.

    Por eso cada movimiento alrededor de la concesión genera tensión política y económica.

    En despachos oficiales y empresas del sector existe preocupación por la posibilidad de que comiencen a trascender reuniones reservadas, gestiones privadas y contactos informales vinculados al armado de la licitación.

    Si el expediente escala judicialmente, la situación podría transformarse en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno.

    El choque entre el discurso anticasta y los viejos operadores

    El problema político para Milei es evidente.

    Mientras el oficialismo construyó su identidad alrededor del combate contra “la casta”, la discusión por la Hidrovía muestra la persistencia de estructuras empresariales tradicionales con fuerte capacidad de influencia sobre áreas estratégicas del Estado.

    La aparición de nombres ligados históricamente al negocio marítimo y portuario alimenta además la sensación de que detrás del relato libertario siguen operando viejos mecanismos de poder económico.

    La pelea por la Hidrovía expone justamente eso: una disputa feroz entre sectores empresarios por el control de una de las cajas más importantes de la Argentina.

    Y en ese tablero, nombres como Juan Manuel Ondarcuhu, Emilio Elías, Maruba y los grupos vinculados al negocio portuario empiezan a quedar cada vez más cerca del centro de la escena política.

     

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    Morales fue convocado a declarar en dos ocasiones anteriores, en octubre de 2024 y enero de 2025, pero no acudió alegando falta de garantías judiciales. Tras su segunda ausencia, el juez Nelson Rocabado, ordenó su arraigo, su aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes.

    Morales fue convocado a declarar en dos ocasiones anteriores, en octubre de 2024 y enero de 2025, pero no acudió alegando falta de garantías judiciales. Tras su segunda ausencia, el juez Nelson Rocabado, ordenó su arraigo, su aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes.

    La reapertura del juicio vuelve a poner el foco sobre varias polémicas que han marcado la trayectoria política de Evo, relacionadas con sus vínculos con mujeres jóvenes y disputas por paternidad. En 1997 y 2002, la Justicia lo obligó a reconocer a dos hijos, Álvaro Morales Peredo y Evaliz Morales Alvarado, tras denuncias por falta de manutención y precariedad económica. El reconocimiento llegó cuando los menores tenían 12 y 8 años, aunque posteriormente la relación familiar terminó consolidándose.

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    Actualmente, Morales permanece escondido en la región cocalera de Chapare, en Cochabamba,  donde vive desde septiembre de 2024 rodeado de seguidores que lo custodian de forma permanente para evitar su detención, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

     

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