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EN LA BOLSA DE VALORES SUBIÓ EL PRECIO DEL GATO

Si, y si tiene botas, más mejor.

La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos.

Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente responsables, podrán cuidarnos mucho mejor, liberándonos del oscuro flagelo de la delincuencia.

Cuando digo oscuro, es en todos los sentidos, porque una estadística que surge de los grandes cerebros de Macri/Michetti dice que el 99,9999999 etc. de los delincuentes son oscuros, melenudos, sucios o hippies. El 0.0000001 restante son claritos, pero porque son teñidos.

El pequeño problemita, es que quien esto escribe, es morochón u oscuro (para hablar en la jerga del argentino medio), y con una carita que puede ameritar comerse una pequeña balita federal, pero la puede recibir contento, porque todo es en aras de la más mejor seguridad.

Saben para qué queremos más seguridad??, Para lo que importa hoy, incluso más que mi vida. Para defender que lo que es mío es mío: y lo tuyo es tuyo. Mi derecho de propiedad vale más que vos, lectora/or, salvo que seas de mí dominio.

La constitución liberal argentina basada en el modelo norteamericano estableció dentro de los derechos fundamentales que la propiedad es inviolable, y nadie puede ser privado de ella sin que medio sentencia previa fundada en ley; también se puso algo así, como el estado de inocencia, que más o menos significa que nadie puede ser condenado (declarado culpable) sin sentencia firme fundada en un juicio previo.

Además, el Código Penal estableció reglas claras para admitir la legítima defensa para los particulares o para los policías: tiene que haber agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (Art.34 del Código Penal).

En el año 1.990 el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, estableció principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fijando de manera precisa la proporcionalidad, racionalidad, el uso del arma como última ratio, y la necesidad de preservar la vida.

Con la resolución de la Ministra con botas, damos un paso para defendernos, y tenemos que entender en esta hermosa Argentina, que la Constitución, la ONU y otras leyes, son detalles menores. Un super noble capacitado policía federal, prefecto o gendarme será ahora tan capo que podrá dictar una condena sin juicio previo, y debido a que nuestras fuerzas están tan preparadas, no se van a equivocar y seguro que el herido o muerto era delincuente o iba camino a serlo; y además morocho o latino o indio.

Para finalizar, es menester señalar con absoluta honestidad, que esto puede ser una ola que se viene, o una estrategia electoral o una ilustre idea de Macri/Peña/Durán Barba (y toda esa mersa), o una elucubración del piñón “it” diputado Olmedo; pero es muy esperanzador y humano que una gran parte de esta hermosa sociedad quiera seguridad y orden, bajo estos términos.

Así pienso en mi hijo y el futuro, y me siento feliz y ahora puedo dormir tranquilo.

Vamos todas y todos contra la inseguridad, porque cambiamos y si se puede.

Portada: Germán Busin

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    Karina Milei retrocede con su cautelar por los audios y reconoce que no hay riesgo para la seguridad nacional

     

    En un giro inesperado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la medida cautelar que había conseguido para frenar la difusión de audios atribuidos a su persona, presuntamente grabados en la Casa Rosada. La hermana de Milei presentó un escrito ante el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello, quien había otorgado la cautelar que luego fue apelada por periodistas, dueños de medios y cuestionada por diversas asociaciones de abogados.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El repliegue

    La presentación de Karina Milei se produjo en el marco de la apelación impulsada por Jorge Fontevecchia, uno de los principales afectados por la restricción. En su escrito, los abogados de la funcionaria comunicaron que desistían de la cautelar y remarcaron que, aunque no ven riesgo para la seguridad nacional, sigue abierta una investigación penal por la filtración de los audios.

    Según el texto presentado, los audios ventilados “no afectan la seguridad nacional” y se realizó una denuncia penal en el fuero federal. El expediente quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli.

    La causa penal sigue abierta

    Aunque Karina Milei cedió en su intento de frenar la reproducción de los materiales, subrayó que la denuncia penal continúa su curso. En la presentación, sus representantes legales sostuvieron que los audios fueron obtenidos de manera ilícita y que su publicación buscó desinformar y provocar un daño político a su familia.

    Un revés en el intento de blindaje

    La marcha atrás de Karina Milei ocurre luego de una fuerte controversia pública. Distintos sectores del periodismo y del ámbito jurídico habían advertido que la cautelar implicaba un precedente peligroso para la libertad de expresión. Desde Noticias La Insuperable ya habíamos señalado los riesgos de habilitar la censura previa en casos de evidente interés público.

    Con su decisión, Karina Milei desactiva un frente que amenazaba con convertirse en un costo político innecesario para el gobierno. Sin embargo, la discusión sobre el origen y el contenido de los audios sigue abierta y promete nuevos capítulos en los tribunales.

     

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    Mendoza y CABA: De la persecución docente al control biométrico destino China

     

    El avance de medidas de control sobre los docentes en Mendoza parece no tener límites para quienes gobiernan y abre un antecedente preocupante que encuentra su correlato en la Ciudad de Buenos Aires. Entre denuncias de estigmatización, medidas económicas punitivas y la futura entrega de datos biométricos a empresas privadas, los trabajadores de la educación se ven nuevamente en la mira de gobiernos que priorizan el control sobre la educación.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En Mendoza, se conoció hace unos días, el Gobierno provincial implementó una controvertida medida que permite a los padres supervisar el ausentismo docente a través de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) como si fuesen Fiscales. Mediante un botón denominado “inasistencia docente”, se instiga a los adultos a notificar a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre la falta de un maestro o profesor. Esta iniciativa se suma a un doble control ya existente: los reportes de las direcciones de cada establecimiento y un sistema biométrico presente en la mayoría de las escuelas locales.

    Para Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la medida genera un clima de confrontación: “Primero nos ponen en contra de la comunidad. Segundo, desconfían o les sacan la tarea o desconfían de la tarea que realizan los equipos directivos”, advirtió en diálogo con Cadena 3. Según Sedano, este tipo de control es innecesario y conflictivo, y puede derivar en reportes falsos si un padre decide perjudicar a un docente por cuestiones personales.

    El sistema, además, se conecta con incentivos económicos que condicionan la asistencia docente: el ítem aula, implementado en 2016, representa el 10% del sueldo, mientras que el ítem arraigo, que premia la permanencia en la escuela, también se pierde ante ausencias. Sedano señaló que estas medidas, lejos de garantizar la calidad educativa, ponen en riesgo la salud de los docentes y pueden afectar la convivencia escolar.

    La escalada del control llega a CABA

    Un fenómeno similar, aunque con otra tecnología, se registra en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicamos hace unos días en Noticias La Insuperable, desde la gestión de Jorge Macri se busca implementar relojes de control biométrico para acreditar el presentismo docente y no docente, bajo el argumento de mejorar la liquidación de haberes.

    Desde el sindicato Ademys alertan que la medida es parte de una persecución: “El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin”. El sistema elegido, tal cual dimos la Primicia en este portal, es el de la empresa china ZKTeco, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, y según informes internacionales, posee 24 vulnerabilidades críticas que podrían exponer información sensible de miles de trabajadores.

    La licitación porteña, además, ha sido cuestionada por su falta de transparencia: solo se permite la provisión de equipos de una marca específica, mientras que los pedidos de informe de legisladores quedaron sin respuesta. El monto estimado para la adquisición asciende a $362 millones, en un contexto donde los salarios docentes continúan por debajo de la línea de la pobreza y la infraestructura escolar presenta problemas estructurales graves.

    Mendoza y CABA: un patrón de persecución

    La combinación de herramientas digitales, incentivos económicos punitivos y sistemas biométricos muestra un patrón que se repite entre provincias y la Ciudad: el control y la supervisión se priorizan sobre la educación y la protección de los trabajadores. Mientras en Mendoza se coloca a los padres en la tarea de fiscalizar a los docentes, en CABA se delega la información personal y biométrica a una empresa privada con historial de vulnerabilidades.

    Como señaló Carina Sedano, “los avances en educación son resultado del trabajo de los docentes, no de su ausencia”. Sin embargo, las medidas implementadas tanto en Mendoza como en la Ciudad parecen poner en jaque la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la educación, favoreciendo el disciplinamiento y el control por sobre la mejora real del sistema educativo.

    La experiencia mendocina y la implementación biométrica porteña dejan en claro que el conflicto docente y el debate sobre la privacidad y la transparencia no son casos aislados, sino parte de una tendencia creciente de gobiernos que buscan auditar y vigilar a los trabajadores bajo la bandera de la eficiencia y el control.

     

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