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EN LA AGRIA ESPERA…

Lxs trabajadorxs de La Reginense siguen manifestándose en búsqueda del pago de sus haberes de marzo y febrero (aquí toda la info). Hoy (martes) por la mañana se presentaron en las instalaciones centrales del municipio de Villa Regina con la intención de dialogar con el intendente Marcelo Orazi con el principal objetivo de que el ejecutivo local colabore en la búsqueda y gestión de las soluciones a los problemas de 51 familias reginenses. La presencia pacífica en el municipio se debió al incumplimiento de lo prometido por el partido oficialista.

Sobre el cierre de la semana pasada los trabajadores de la icónica sidrera tuvieron una sensación de alivio ya que luego de presentarse en el Concejo Deliberante recibieron la comunicación del concejal Silvio Rodriguez del bloque Juntos Somos Rio Negro con la noticia proveniente de provincia que se estaban gestionando mediante el ministro de producción Carlos Banacloy los pagos (totales o parciales) de sus haberes. A esto sumarle, el compromiso del presidente del CD Edgardo Vega de la entrega de 51 módulos alimentarios de manera inmediata para cubrir (en parte) la urgencia de las familias. Sin embrago el compromiso de la entrega de módulos que era inmediata no se realizó, y el pago que se propuso resolver antes de este lunes, tampoco. El alivio duró poco.

“Después de habernos presentado en el CD, un Concejal me llamó telefónicamente para comunicarme que se estaba gestionando el pago de lo que se nos debe y se iba a realizar entre el jueves de la semana pasada y el lunes. Cuando estuvimos en el CD tomaron el compromiso de gestionar un módulo alimentario rápido para asistir a los trabajadores ya que como les comunicamos en ese momento hace dos meses que no tenemos ningún tipo de ingreso quedando fuera del sistema”, así lo explica el referente de los trabajadores Juan Caniupán.

Este módulo se iba a entregar la semana pasada y no se cumplió al igual que la transferencia del dinero adeudado. Asique ante esa falta de respuesta nos presentamos hoy (martes) en el municipio para comunicarle la situación al intendente buscando colaboración y respuestas por parte del ejecutivo. Como también saber si nos podían dar un panorama más claro de cómo estaba nuestra situación en cuanto al cobro de lo que se nos debe y la asistencia rápida del módulo alimentario. Necesitamos saber que va a pasar con nuestros depósitos, nuestros salarios, si realmente se va actuar rápido ya que no se cumplió con lo transmitido desde provincia”, cuenta Caniupán.

 Y agrega el intendente entendió y se comprometió a dar un respuesta entre hoy y mañana. Una respuesta concreta sobre el depósito al que se había comprometido provincia.  No nos atendieron como lo esperábamos, hubiéramos preferido una reunión o un dialogo abierto fuera del municipio. Fue una situación un poco tensa pero nuestra intención no era escrachar a nadie sino más bien encontrar colaboración para la resolución de este problema”.

A su vez, otra noticia caló hondo y repercutió fuerte sobre el grupo de trabajadores, el interventor José Perez fue removido del cargo y si bien durante esta semana seguirá asistiendo será solo para hacer el traspaso de gestión con las nuevas interventoras Karina Rosetani y Andrea Damen. La sensación de los trabajadores es que si bien no les soluciona el problema inmediato, sienten que los están escuchando y que luego de tanto trajín el avispero se agitó.

“En base a eso si tuvimos una respuesta positiva podría decirse ya que provincia tomó nota, por más que no resuelva el problema sentimos que fuimos escuchados  porque se tomó la decisión de apartar al interventor de su cargo. El lunes se hizo oficial y durante aproximadamente una semana el interventor actual hará el traspaso de información y pondrá en situación a las nuevas interventoras que pasan a tomar funciones, ellas son contadoras de la ciudad de Villa Regina Karina Rosetani y Andrea Damen”, así lo expresan los trabajadores.

Las nuevas interventoras ya han hecho presencia en La Reginense teniendo contacto sobre la situación. A partir de ese cambio de mandato ellas se van a hacer cargo de la administración y de la intervención. “En principio es algo positivo pero no deja de ser algo que no sabemos cómo va a terminar y nos resuelve el problema inemdiato de seguir son cobrar lo que se nos adeuda”.

“Ahora no nos queda otra que esperar y si no tendremos que ver si endurecemos la medida para la semana que viene, nosotros abogamos por el cobro de lo que nos corresponde. Esto es algo que a nosotros nos tiene en vilo desde hace meses y todos los días desde que nos despertamos hasta que nos dormimos”, sentencia Caniupán agobiado por la situación.

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  • El procurador Casal impulsa un DNU por el traspaso de la Justicia a la Ciudad y resiste al avance de Mahiques

     

    Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri. 

    Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.

    En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.

    Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.

    El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.

    La Corte Suprema sentó un precedente que favorece a Macri en la causa Correo 

    Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.

    Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».

    Sebastián Galmarini.

    El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

    Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».

    Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.

    El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.

    Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.

    Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.

    Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.

     

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  • Le pusieron una bandera a Juez en su partido: «te vendiste a todos, no vendas la Argentina»

     

    El debate de este jueves en el Senado acerca de la propiedad privada y la posibilidad de que extranjeros compren tierras sin límites en nuestro país comenzó a jugarse este fin de semana en Córdoba. Primero, el viernes con la decisión de la senadora Alejandra Vigo de anticipar su rechazo a la iniciativa que tiene juntando los votos a Patricia Bullrich; en una decisión, la de la mujer del exgobernador Juan Schiaretti que mete un ruido en el acuerdo que explora Llaryora con Milei para el 2027.

    Sin embargo, el segundo capítulo de esa previa se vivió este sábado porque, al igual que en otros momentos, aparecieron banderas en la sede del Frente Cívico, la fuerza provincial que lidera el senador Luis Juez; y en un shopping de barrio Alberdi que es propiedad de la familia de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

    Como en su momento con la reforma laboral y en esos mismos lugares, ahora la consigna fue la ley de propiedad privada y las consignas fueron contundentes. «Juez te vendiste a todos, no vendas la Argentina», le colocaron al senador. Mientras que a la bullrichista le pusieron en el centro comercial: «senadora Carmen vendé tu shopping, no la Argentina».

    Al igual que en otras ocasiones, y a pesar del guiño que hace una buena porción del electorado cordobés al libertario en contraposición con el kirchnerismo, la discusión acerca de la posibilidad de que extranjeros puedan comprar tierras sin límites interpela a la clase media y asoma un rechazo.

    Los aliados rechazan la ley de tierras y el gobierno se expone a otro fracaso con el proyecto de Propiedad Privada 

    Sin embargo, en ambos casos, tanto Juez como Álvarez Rivero no tienen ninguna posibilidad de apartarse de la orden de Casa Rosada y deberán acompañar. El senador, porque intenta complacer a Karina para tener un lugar expectante en las listas del 2027 y fortalecerse como un aliado confiable del libertario Gabriel Bornoroni; y la empresaria devenida en senadora, porque se le vence el mandato el año próximo y busca reciclarse en la lista de diputados nacionales.

     

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